Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Se impusieron nuevas restricciones a la libertad de expresión. Persistían la justicia selectiva y el procesamiento por motivos políticos de oponentes al gobierno. Se aprobaron leyes que ampliaban las facultades de vigilancia del gobierno y erosionaban aún más la independencia del poder judicial y los organismos de control oficiales. Las mujeres y las niñas seguían sufriendo discriminación y altos niveles de violencia. La ausencia de investigaciones eficaces sobre los casos de tortura y otros malos tratos continuó suscitando preocupación en los territorios escindidos y bajo control del gobierno.
Información general
Georgia siguió experimentando una prolongada crisis política. En junio, en este preocupante contexto, la Comisión Europea aplazó la decisión de reconocer a Georgia la condición de país candidato a ingresar en la Unión Europea, supeditándola a que el país abordara 12 áreas prioritarias que incluían la gobernanza democrática, la reforma judicial y el respeto de los derechos humanos.
El brusco aumento de las remesas de dinero procedentes de Rusia y la afluencia desde ese país de más de 100.000 personas tras la invasión rusa en gran escala de Ucrania contribuyeron al crecimiento económico, pero, al parecer, también al aumento del coste de la vida y de la desigualdad económica. Las terribles condiciones del mercado laboral para la juventud dispararon la emigración.
En marzo, el Comité Europeo de Derechos Sociales consideró que las medidas adoptadas por Georgia para combatir la contaminación ambiental y garantizar el acceso a agua potable eran insuficientes y expresó preocupación por la falta de medidas para garantizar seguridad social a todos los trabajadores y trabajadoras y a las personas a su cargo.
Libertad de expresión
La retórica cada vez más agresiva de las autoridades y las demandas por difamación contra periodistas que mostraban posturas críticas tuvieron un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión, como lo tuvo que no se investigaran eficazmente los delitos cometidos contra periodistas. En mayo, la ONG Reporteros sin Fronteras bajó de puesto a Georgia en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, en parte debido a las injerencias de cargos públicos que socavaban la libertad de expresión e incrementaban los riesgos de ejercer la labor periodística, tendencias que continuaron durante todo el año.
El 4 de abril, el Tribunal Municipal de Tiflis condenó a seis personas a cinco años de prisión cada una por los ataques violentos a periodistas en la marcha del Orgullo de Tiflis en julio de 2021, que se cobraron la vida del camarógrafo Lekso Lashkarava. Sin embargo, no fueron procesados los presuntos instigadores de la multitud violenta responsable de los ataques.
En julio, un ex alto cargo de los servicios de seguridad publicó una carta mientras estaba en prisión preventiva en la que afirmaba que el secuestro en Georgia del periodista azerbaiyano Afgan Mukhtarli y su entrega a Azerbaiyán en 2017 habían sido obra de agentes de seguridad georgianos. En octubre, Afgan Mukhtarli contó al medio crítico georgiano TV Pirveli que había reconocido en fotografías a un alto cargo de seguridad georgiano como uno de sus secuestradores. El secuestro no se investigó eficazmente y al final del año no se habían presentado cargos.
Derecho a la privacidad
El 6 de septiembre, el Parlamento anuló un veto presidencial y aprobó las controvertidas reformas que concedían a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley poderes más amplios para llevar a cabo vigilancia encubierta. La nueva ley ampliaba el alcance y la duración de las actividades de investigación encubierta y permitía vigilar indefinidamente a una persona sin su conocimiento.
Siguió utilizándose la vigilancia encubierta contra miembros de la oposición, medios de comunicación críticos y ONG. En julio, medios de comunicación afines al gobierno publicaron una grabación realizada en secreto del personal del canal crítico Mtavari TV en la que éste hablaba de asuntos editoriales. Más materiales filtrados en septiembre mostraban a periodistas, miembros de partidos de la oposición y activistas espiados presuntamente por los servicios de seguridad e incluían audios y fotografías con información detallada de su vida privada. El nuevo Servicio de Investigación Especial abrió una investigación sobre la posible “grabación y escucha no autorizadas de una comunicación privada”, pero al terminar el año no había hecho públicas sus conclusiones.
Juicios injustos
Seguían preocupando la influencia creciente del gobierno sobre el poder judicial, el uso selectivo de la justicia y los enjuiciamientos de motivación política de oponentes políticos y medios de comunicación críticos.
En enero, Mamuka Khazaradze y Badri Japaridze, líderes del partido opositor Lelo, junto con Avtandil Tsereteli, fundador de TV Pirveli, fueron condenados a siete años de prisión cada uno por cargos de fraude basados en motivos políticos, aunque quedaron libres porque los delitos ya habían prescrito en el momento de dictarse la sentencia. Debido a su condena, Badri Japaridze fue despojado de su mandato parlamentario.
Continuó el juicio del expresidente de Georgia Mijeil Saakashvili mientras su salud se deterioraba. Pese a los informes médicos que indicaban un posible “envenenamiento por metales pesados” y un “riesgo elevado de mortalidad”, al concluir el año, un tribunal de Tiflis no había aplazado por motivos médicos el cumplimiento de su pena de prisión. En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió para su examen denuncias sobre violaciones del derecho del expresidente a un juicio justo. En mayo, Nika Gvaramia, director de Mtavari TV, fue condenado a 42 meses de prisión por cargos infundados de abuso de autoridad. El Tribunal de Apelación confirmó la condena en noviembre.1
En junio, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa señaló que el alcance de las reformas de la Ley sobre Tribunales Ordinarios y la rapidez en adoptarlas podían tener un “efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de la judicatura y la independencia judicial interna”, con la aparente intención de “controlar y silenciar” el poder judicial. En abril, cinco miembros de la judicatura impugnaron la nueva ley ante el Tribunal Constitucional por violaciones de la protección de la libertad de expresión garantizada por la Constitución.
Tortura y otros malos tratos
El 12 de enero, el Servicio de Inspección del Estado, encargado de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, fue disuelto y sustituido por dos nuevas agencias que, según las críticas de la sociedad civil, eran menos efectivas e independientes, lo que mermaba la capacidad del Estado de investigar eficazmente dichas violaciones de derechos humanos —incluidas denuncias de tortura, otros malos tratos y muerte bajo custodia— y garantizar justicia por estos delitos.
Derechos de las mujeres y de las niñas
De enero a septiembre, los medios de comunicación informaron sobre 14 casos de asesinato y 23 de intento de asesinato de mujeres, lo que suscitó preocupación por el continuo aumento de los femicidios y otras formas de violencia de género. Las medidas destinadas a reducir la mortalidad infantil y materna seguían siendo insuficientes y las desigualdades económicas también se mantenían en niveles alarmantes: en marzo, el Banco Mundial calculó que el 50% de las mujeres continuaban excluidas del mercado laboral debido a las tareas domésticas frente al 5% de los hombres, y que las mujeres seguían ganando alrededor de un 16% menos que los hombres.
Abjasia y Osetia del Sur / Región de Tsjinvali
En varias zonas de las dos regiones escindidas de Georgia, el historial de derechos humanos, incluido el relativo a la libertad de expresión, continuó deteriorándose. Persistió la impunidad por abusos cometidos en el pasado.
Tortura y otros malos tratos
Gennady Kulayev, residente en Osetia del Sur / Región de Tsjinvali, murió el 31 de agosto por las lesiones causadas por las palizas y otros malos tratos que había sufrido bajo custodia en 2020. Su caso y el de Inal Dzhabiev, muerto bajo custodia en 2020 a causa de la tortura, seguían sin investigarse eficazmente.
Tampoco se había llevado a cabo una investigación efectiva sobre la muerte bajo custodia de Anri Ateiba en Abjasia en 2021. Según informes, Irakli Bebua, en prisión por haber quemado la bandera de Abjasia en 2020, fue privado de acceso a atención adecuada para sus enfermedades crónicas.
Georgia
Jefa del Estado: Salome Zurabishvili
Jefe del gobierno: Irakli Garibashvili
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