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Finlàndia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Los cambios introducidos en el procedimiento de asilo continuaban perjudicando a quienes lo solicitaban. Los servicios de apoyo a las mujeres que sufrían violencia en el ámbito familiar aún eran insuficientes. La legislación sobre el reconocimiento legal de la identidad de género seguía vulnerando los derechos de las personas transgénero. Se presentó un proyecto de reforma legislativa que limitaba el derecho a la privacidad.

En 2016 se habían introducido en la legislación numerosos cambios —como las restricciones del derecho a asistencia letrada gratuita y la reducción de los plazos para presentar recursos— que continuaban afectando a los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Aumentaron las probabilidades de que las personas solicitantes de asilo fueran devueltas a países donde podían sufrir violaciones de derechos humanos. Al terminar el año, el gobierno no había evaluado los efectos combinados de esos cambios.

La reagrupación familiar seguía siendo difícil para la mayoría de las personas refugiadas debido a la existencia de obstáculos tanto legislativos como prácticos, como el requisito de tener unos ingresos elevados.

A pesar de la preocupación expresada por ONG internacionales, Finlandia continuó devolviendo a Afganistán a solicitantes de asilo cuyas solicitudes habían sido rechazadas.

En contravención de las normas internacionales, las autoridades siguieron deteniendo a menores de edad no acompañados y a familias con hijos por su condición de inmigrantes. No había límite de tiempo para la detención de las familias con hijos. En febrero se introdujo una nueva forma de privación de libertad para migrantes y solicitantes de asilo, el “requisito de residencia”, que obligaba a las personas solicitantes de asilo a presentarse en un centro de acogida hasta cuatro veces al día.

La legislación sobre el reconocimiento legal de la identidad de género seguía violando los derechos de las personas transgénero, que sólo podían conseguirlo si eran mayores de 18 años, se les diagnosticaba un trastorno mental y aceptaban su esterilización. El gobierno no consideró reformar la ley, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una decisión adoptada en abril, había condenado la esterilización.

Las ONG y las instituciones públicas que trabajaban para combatir la violencia contra mujeres y niñas seguían careciendo sistemáticamente de recursos suficientes. No se habían habilitado servicios adecuados y accesibles de atención sin cita previa ni de apoyo a largo plazo para las sobrevivientes de violencia, y la legislación existente no protegía suficientemente de la violencia sexual a las personas hospitalizadas o ingresadas en residencias.

En mayo se inauguró el primer Centro de Apoyo a las Víctimas de Agresión Sexual en el Hospital de Mujeres de la capital, Helsinki. Finlandia seguía sin tener una red nacional y accesible de servicios para las víctimas de violencia sexual en todas sus formas, que también pudiera proporcionar apoyo a largo plazo.

En enero, el Comité Administrativo de Coordinación sobre Violencia contra las Mujeres, requerido por el Convenio de Estambul, comenzó su labor para mejorar la aplicación del Convenio y facilitar el trabajo destinado a evitar la violencia contra las mujeres. No obstante, las organizaciones de mujeres y de apoyo a las víctimas no estaban representadas en el Comité, que además carecía de recursos suficientes.

En abril se publicó un anteproyecto de legislación sobre inteligencia civil y militar que permitía recabar información sobre amenazas para la seguridad nacional, al autorizar a los servicios civiles y militares de inteligencia vigilar las comunicaciones sin necesidad de que estuvieran relacionadas con un delito específico.

Las personas que manifestaban su objeción de conciencia al servicio militar seguían siendo sancionadas por negarse a realizar el servicio civil alternativo, cuya duración seguía siendo punitiva y discriminatoria. El servicio civil alternativo duraba 347 días, más del doble de los 165 días del periodo, más breve, de servicio militar.

República de Finlandia
Jefe del Estado: Sauli Niinistö
Jefe del gobierno: Juha Sipilä