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Rússia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Hubo nuevas restricciones de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Continuaron el hostigamiento y la intimidación a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a las ONG independientes. Se limitaron los derechos culturales mediante, entre otras cosas, represalias y autocensura. Las minorías religiosas continuaron sufriendo hostigamiento y persecución. Se vulneró con frecuencia el derecho a un juicio justo. Persistieron la tortura y otros malos tratos; el trabajo de los órganos independientes que vigilaban los lugares de detención se menoscabó aún más. Continuaron cometiéndose violaciones graves de derechos humanos en el Cáucaso Septentrional. Rusia ejerció su derecho de veto para bloquear las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria. Se negó la protección de sus derechos a las personas migrantes y refugiadas. Se despenalizaron algunas formas de violencia intrafamiliar. Las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación y violencia; las autoridades chechenas sometieron a los hombres gays a una campaña coordinada de secuestros, tortura y homicidios.

El 10 de febrero, el Tribunal Constitucional falló que el mero hecho de celebrar una concentración pacífica “no autorizada” no era constitutivo de delito en virtud del artículo 212.1 del Código Penal, según el cual el incumplimiento reiterado de las normas sobre protestas constituía delito.1 El 22 de febrero se revisó la condena impuesta al activista Ildar Dadin en virtud del artículo 212.1 por manifestarse de forma pacífica; el Tribunal Supremo ordenó su puesta en libertad.

En julio se promulgaron disposiciones que permitían a las autoridades privar de la nacionalidad rusa a quienes la hubieran adquirido “con la intención de amenazar las bases del orden constitucional [ruso]”. Las ONG criticaron la redacción de la ley por considerar que podía aplicarse de forma arbitraria.

En febrero se promulgó una ley que despenalizaba los actos de violencia intrafamiliar cometidos por “familiares cercanos” que causasen dolor pero no heridas o pérdida de capacidad para trabajar. Esto desencadenó un aumento de los actos violentos, en su mayoría contra mujeres, en varias regiones.

En todo el país se celebraron las protestas más multitudinarias en años. Cientos de personas que se manifestaban pacíficamente, así como transeúntes y periodistas, fueron detenidas; muchas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria prolongada y juicios injustos en los que se impusieron cuantiosas multas y “detenciones administrativas” de varios días.

En marzo hubo concentraciones contra la corrupción en al menos 97 ciudades y pueblos. En muchos lugares, la policía dispersó a los manifestantes pacíficos utilizando fuerza innecesaria y excesiva. Más de 1.600 personas fueron detenidas, entre ellas al menos 14 periodistas que informaban sobre las protestas. Muchas de las personas detenidas se enfrentaron a juicios injustos por cargos de motivación política, y cientos fueron detenidas únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y reunión. Un total de 14 personas empleadas y voluntarias de la Fundación Anticorrupción fueron detenidas arbitrariamente en la oficina de la Fundación en Moscú, la capital, por difundir en directo por Internet las protestas en una retransmisión que vio un público muy numeroso. El 27 y 28 de marzo, 12 de ellas fueron condenadas a “detención administrativa”.2

Desde el 26 de marzo, se impusieron condenas penales al menos a ocho manifestantes por delitos violentos presuntamente cometidos mientras intentaban protegerse a ellos mismos o a otras personas de la violencia policial en Moscú, en Petrozavodsk y en Volgogrado. Se iniciaron acciones penales contra más manifestantes, algunos de los cuales se enfrentaron a más cargos cuestionables.

Muchas de las personas que participaron en las protestas más multitudinarias eran adolescentes y estudiantes jóvenes. Las autoridades los presionaron a través de los colegios y las universidades con advertencias informales y expulsiones y, en algunos casos, con amenazas de impugnar los derechos de custodia de los padres de los manifestantes menores de edad.

El 7 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en la causa Lashmankin and Others v. Russia, iniciada por 23 personas de diferentes regiones. Según el Tribunal, las limitaciones impuestas en cuanto a dónde y cuándo podían celebrarse las manifestaciones en la calle y el modo en que debían comportarse los manifestantes violaban el derecho a la libertad de reunión de éstos sin poner recursos efectivos a su disposición. Las demandas eran relativas a sucesos ocurridos entre 2009 y 2012, cuando las restricciones a las manifestaciones eran menos estrictas que en 2017.

Las ONG se vieron afectadas por la ley de “agentes extranjeros”. El Ministerio de Justicia incluyó en su lista de “agentes extranjeros” a 13 ONG que recibían financiación extranjera. Varias decenas de organizaciones fueron borradas de la lista tras su cierre o cuando dejaron de recibir financiación extranjera o cesó su “actividad política”, según la definición de la ley. Al finalizar el año quedaban 85 organizaciones en la lista. Sin embargo, las ONG afectadas por esta ley, entre ellas destacados grupos de derechos humanos, no percibieron esto como una mejora.

En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos agrupó y comunicó las denuncias de 61 ONG rusas contra la ley de “agentes extranjeros”, y las autoridades rusas presentaron sus comentarios en septiembre. Al terminar el año, la causa estaba pendiente de resolución ante el Tribunal.

El 19 de junio se retiró, por falta de elementos constitutivos de delito, el cargo de “evasión maliciosa” de las responsabilidades impuestas por la ley de “agentes extranjeros” presentado contra la defensora de los derechos humanos Valentina Cherevatenko. Ésta fue la primera y única causa penal de esta índole.

Se declaró “indeseables” a cuatro organizaciones extranjeras más, lo que las convirtió en ilegales en Rusia, al igual que trabajar para ellas o apoyarlas. Al finalizar el año había 11 organizaciones “indeseables”.

Entre septiembre y noviembre se iniciaron procedimientos administrativos contra las ONG Centro SOVA, la Fundación Andrey Rylkov para la Salud y la Justicia Social, el Centro para la Investigación Social Independiente y el Centro para la Asociación Social por distribuir, presuntamente, materiales de organizaciones “indeseables”. Las ONG no habían eliminado menciones antiguas a organizaciones “indeseables” ni los enlaces a sus sitios web. Los procedimientos administrativos contra el Centro SOVA concluyeron por la prescripción de las presuntas faltas. Otras ONG fueron multadas con 50.000 rublos (871 dólares estadounidenses) cada una.

La mayoría de los medios de comunicación seguían sometidos en la práctica al control del Estado y las autoridades los utilizaban para difamar a defensores y defensoras de los derechos humanos, opositores políticos y otras voces disidentes. En todo el país, las personas que lideraban las protestas y las que estaban comprometidas con el activismo político y apoyaban a las voces críticas se enfrentaron a hostigamiento, procedimientos administrativos y penales, y violencia física por parte de activistas progubernamentales y personas “no identificadas” que se cree eran agentes de las fuerzas de seguridad y personas que actuaban en connivencia con ellos.

Para restringir aún más la libertad de expresión en la web, las autoridades prohibieron los programas de anonimato y las redes privadas virtuales, entre otras medidas restrictivas. En mayo, el presidente aprobó la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información para 2017-2030, que establecía la “prioridad de los valores espirituales y éticos tradicionales rusos” en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Se amplió aún más la legislación contra el extremismo, que se utilizó de forma arbitraria contra los discursos amparados por la libertad de expresión En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial mostró su preocupación por el uso de dicha legislación para silenciar a personas pertenecientes a grupos vulnerables a la discriminación y reiteró su recomendación de que se incluyera en la legislación una definición jurídica clara de extremismo y se abandonara la lista federal de material de contenido extremista.

La expresión artística se vio restringida en ocasiones a causa de la presión de grupos conservadores que consideraban que algunas producciones artísticas concretas eran una ofensa a sus creencias religiosas. Se cancelaron actuaciones y las personas vinculadas a ellas sufrieron hostigamiento y violencia. Se iniciaron procedimientos penales contra una serie de destacados profesionales del teatro de Moscú, procedimientos que los seguidores de estos profesionales criticaron ampliamente por considerar que obedecían a motivos políticos.

En noviembre se promulgó una ley que permitía a las autoridades reconocer como “agentes extranjeros” a los medios de comunicación que estuvieran registrados en el extranjero y recibieran financiación extranjera, lo que estigmatizó a estos medios y les impuso requisitos restrictivos sobre la difusión de información. Al concluir el año, había nueve medios de comunicación de masas reconocidos como “agentes extranjeros”.

Los grupos religiosos minoritarios continuaron sufriendo hostigamiento, que incluía su prohibición, el bloqueo de sus sitios web y la inclusión de sus publicaciones en la lista federal de material de contenido extremista.

El 20 de abril, el Tribunal Supremo prohibió la organización central de los Testigos de Jehová y todas sus organizaciones afiliadas en Rusia, y resolvió que el grupo, con 395 organizaciones locales y más de 170.000 seguidores, era “extremista”. Los testigos de Jehová que siguieran manifestando sus creencias corrían el riesgo de ser procesados penalmente y condenados a penas de hasta 12 años de prisión.

Las restricciones a las actividades misioneras que se habían introducido en 2016 se aplicaron de forma indiscriminada. Dichas restricciones abarcaban desde el intento de enjuiciamiento de un instructor de yoga de San Petersburgo en enero por dar una conferencia pública, hasta la confiscación de ejemplares de la Biblia del Ejército de Salvación en Vladivostok por no incluir el sello oficial de la organización distribuidora conforme estaba prescrito.

El 11 de mayo, un tribunal de Ekaterinburgo condenó al bloguero Ruslan Sokolovsky a una pena condicional de tres años y medio de prisión, que se redujo a dos años y tres meses en apelación, por “incitar al odio” y “ofender los sentimientos de los creyentes” por publicar un vídeo en el que jugaba al juego de realidad virtual Pokémon Go en una catedral.

Persistieron la discriminación y la persecución promovidas por el Estado contra las personas LGBTI, y se aplicó de forma activa la “ley de propaganda” de corte homofóbico. El 18 de octubre, la activista Evdokia Romanova fue declarada culpable de la infracción administrativa de “propaganda a través de Internet de relaciones sexuales no tradicionales entre menores”. Un tribunal de Samara le impuso una multa de 50.000 rublos (871 dólares estadounidenses) por compartir en las redes sociales, en 2015 y 2016, unos enlaces al sitio web de la organización internacional Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.3

En abril, el periódico independiente Novaya Gazeta informó de que, en Chechenia, más de 100 hombres, a quienes se creía gays, habían sido secuestrados y sometidos a tortura y otros malos tratos en prisiones secretas, y que algunos de ellos habían muerto. Los sobrevivientes que escaparon denunciaron una campaña de violencia coordinada por las autoridades. Según testigos, algunos prisioneros fueron asesinados y varios fueron entregados a sus familias para que los sometieran a homicidios en nombre del “honor” según las “tradiciones” locales.

Las autoridades federales encargadas de la investigación actuaron con lentitud a la hora de responder a esas denuncias. Se negaron a abrir una investigación oficial después de que en una prolongada investigación previa se declarara que las denuncias no estaban fundamentadas, a pesar de los esfuerzos del Defensor del Pueblo federal para establecer y comprobar los hechos. Al terminar el año no se tenía constancia de que se hubiera abierto investigación alguna.

Siguieron recibiéndose noticias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas en el Cáucaso Septentrional, tales como desapariciones forzadas, detenciones ilegítimas, tortura y otros malos tratos a personas detenidas, y ejecuciones extrajudiciales. La situación en Chechenia empeoró, y siguieron impunes los incidentes violentos contra defensores y defensoras de los derechos humanos ocurridos en el pasado.

En enero, Magomed Daudov, presidente del Parlamento checheno, utilizó su cuenta de Instagram para amenazar a Grigory Shvedow, redactor jefe de Caucasian Knot, un proyecto independiente de noticias por Internet.4 En abril, periodistas de Novaya Gazeta recibieron amenazas desde Chechenia por su cobertura sobre una campaña contra los gays en la región. También recibieron amenazas similares periodistas de Radio Ekho Moskvy por expresar su solidaridad con sus colegas de Novaya Gazeta.5

Novaya Gazeta denunció la detención ilegal de decenas de personas desde diciembre de 2016 y la ejecución secreta de al menos 27 personas cautivas a manos de las fuerzas de seguridad el 26 de enero de 2017. Al terminar el año no se tenía constancia de que nadie hubiera sido investigado o hubiera rendido cuentas por estos incidentes.

Los observadores judiciales independientes denunciaron violaciones sistemáticas del derecho a un juicio justo en vistas penales y administrativas, incluidas las causas contra manifestantes pacíficos. La mayoría de los juicios administrativos se basaban principalmente en informes de la policía, ampliamente cuestionados, como única prueba. Los juicios, que daban lugar a reclusiones prolongadas y multas cuantiosas, solían ser rápidos; tras la manifestación del 26 de marzo, el Tribunal de Distrito de Tverskoi, en Moscú, vio 476 casos en 17 días laborables.

El 22 de agosto, Aleksandr Eivazov, exsecretario del tribunal del distrito de Octubre de San Petersburgo y denunciante de irregularidades, fue arrestado por supuestamente “interferir en el trabajo del tribunal”, debido a su negativa a firmar y adelantar la fecha del acta de una vista judicial que había sido elaborada por otra persona. Aleksandr Eivazov había sido testigo de numerosas violaciones de los procedimientos judiciales, de la ética judicial y de los derechos de los trabajadores del tribunal, y las había denunciado a las autoridades, además de difundirlas en las redes sociales. No se tenía conocimiento de que se hubieran tomado medidas en relación con las denuncias presentadas por Aleksandr Eivazov, que al terminar el año continuaba recluido a pesar de sufrir asma.6

Persistieron las noticias sobre tortura y otros malos tratos en prisiones y centros de detención de toda Rusia. Las condiciones durante el traslado de personas presas equivalían a tortura y otros malos tratos, y en muchos casos, a desaparición forzada.7 Algunas de estas personas soportaban viajes de un mes o más, durante los cuales eran transportadas en vagones de tren y furgones atestados, y pasaban semanas en celdas de tránsito de camino hacia colonias penitenciarias remotas. Sus familias y abogados no tenían información sobre su suerte y su paradero.

El preso de conciencia Ildar Dadin fue sometido a desaparición forzada durante un mes mientras era trasladado a otra prisión; en enero se conoció su paradero. Denunció que lo habían torturado en la colonia penitenciaria de Segezha en octubre de 2016 y, a consecuencia de ello, las autoridades lo trasladaron a otra colonia penitenciaria. Durante su traslado, y hasta después de llegar a su destino, las autoridades se negaron a facilitar información sobre su paradero a sus familiares y abogados.

En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en las causas de ocho personas procedentes de Rusia, declarando que las condiciones en que fueron transportadas por el servicio penitenciario de Rusia equivalían a trato inhumano y degradante. Entre estas causas estaban las de Anna Lozinskaya y Valery Tokarev, que fueron transportados repetidamente en furgones, dentro de compartimentos individualesde 0,3m2.

La función y la efectividad de las Comisiones de Supervisión Pública, un mecanismo independiente de vigilancia para los lugares de detención, se menoscabó aún más, entre otras cosas mediante la falta continuada de financiación. Se modificaron las normas para la elección de sus miembros a través de Cámaras Públicas (órganos consultivos formados por miembros de organizaciones de la sociedad civil nombrados por el gobierno). Esto dio lugar a una reducción del número de miembros de algunas de las comisiones, lo que en algunos casos afectó a su independencia al impedir en la práctica que algunos defensores y defensoras de los derechos humanos pudieran pertenecer a ellas.

Hubo noticias de que las administraciones penitenciarias habían negado arbitrariamente el acceso a las colonias penitenciarias a observadores independientes, entre ellos miembros de las Comisiones de Supervisión Pública y del Consejo Presidencial de Derechos Humanos.

Rusia utilizó cinco veces su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear resoluciones con las que se habríanimpuesto sanciones por la fabricación y el uso de armas químicas en Siria. Además, condenó el presunto ataque con armas químicas a la localidad de Khan Shaykhun, pidió al gobierno sirio que permitiera el acceso a cualquier emplazamiento y el derecho a inspeccionarlo, y renovó el mandato del Mecanismo Conjunto de Investigación, creado para determinar la autoría de los ataques con armas químicas.

Rusia continuó devolviendo a personas solicitantes de asilo o refugiadas a países en los que corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

El 1 de agosto, un tribunal de Moscú falló que el periodista de nacionalidad uzbeka Khudoberdi Nurmatov (también conocido como Ali Feruz) había infringido las leyes de inmigración rusas y debía ser devuelto a Uzbekistán. Khudoberdi Nurmatov había huido de Uzbekistán años antes para evitar que los servicios de seguridad lo persiguieran por negarse a actuar como informante secreto. Además, podría ser enjuiciado en aplicación de la legislación uzbeka, que penalizaba la homosexualidad. Tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le concedía medidas provisionales urgentes, el Tribunal Municipal de Moscú suspendió su devolución el 8 de agosto, pero ordenó su prisión preventiva en un centro de detención para extranjeros, donde permanecía al finalizar el año. En diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó a las autoridades rusas la queja del periodista.

Los trabajadores y trabajadoras y otras personas migrantes seguían teniendo la obligación de registrarse en la policía local de su lugar de residencia como condición previa para acceder a servicios de salud y educación. Sin embargo, muchos propietarios de las viviendas en las que vivían de alquiler, que debían dar su consentimiento para el registro, se oponían sistemáticamente.

En septiembre, la defensora de los derechos humanos Tatiana Kotlyar fue declarada culpable de registrar de forma ficticia a 167 personas migrantes en su domicilio para que pudieran cumplir las normas sobre inmigración y acceder a los servicios básicos. El tribunal la condenó a pagar una multa de 150.000 rublos (2.619 dólares estadounidenses), que quedó sin efecto por la prescripción del delito.

  1. Rusia: La justicia ofrece un “rayo de luz” en el caso presentado por el manifestante encarcelado Ildar Dadin (noticia, 10 de febrero)
  2. Russian Federation: Detained members of corruption watchdog are prisoners of conscience and should be freed immediately (EUR 46/5998/2017)
  3. Rusia: Uso de legislación homófoba para perseguir a una activista que compartió artículos LGBTI en Facebook (noticia, 18 de octubre)
  4. Federación Rusa: Periodista amenazado por alto cargo checheno (EUR 46/5442/2017)
  5. Federación Rusa: Periódico amenazado por informar sobre secuestros (EUR 46/6075/2017)
  6. Federación Rusa: Denunciante recluido por cargos falsos (EUR 46/7200/2017)
  7. Prison transportation in Russia: Travelling into the unknown (EUR 46/6878/2017)
Federación Rusa
Jefe del Estado: Vladímir Putin
Jefe del gobierno: Dimitri Medvedev