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El Salvador

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Los elevados índices de violencia de género seguían haciendo de El Salvador uno de los países más peligrosos para las mujeres. Continuaba vigente la prohibición total del aborto, y había mujeres que eran declaradas culpables de homicidio agravado después de haber sufrido un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Para combatir la violencia, el gobierno aplicó una serie de medidas de seguridad que no cumplían las normas de derechos humanos. Se adoptaron medidas para abordar la impunidad por abusos históricos; no obstante, los poderes ejecutivo y legislativo del Estado admitieron estar incumpliendo una sentencia de 2016 de la Corte Suprema de Justicia que había declarado inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993.

A pesar de la disminución de la cifra de homicidios (de 5.280 en 2016 a 3.605 en 2017), El Salvador continuaba teniendo una de las tasas de asesinato más altas del mundo. La cifra de 2017 incluía 429 feminicidios.

El aborto seguía estando prohibido en todas las circunstancias y acarreaba sanciones penales para las mujeres y para profesionales de la salud. Esta prohibición afectaba de manera desproporcionada a las mujeres de entornos pobres.

En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una petición en el caso de Manuela, una mujer condenada por homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo, y que murió de cáncer en prisión mientras cumplía condena.

El 5 de julio, Evelyn Beatriz Hernández Cruz fue condenada a 30 años de cárcel tras ser declarada culpable del cargo de homicidio agravado, habiendo sufrido complicaciones obstétricas que derivaron en un aborto espontaneo. El 13 de diciembre, un tribunal rechazó poner en libertad a Teodora del Carmen Vásquez, que en 2007 había dado a luz a un bebé muerto y que posteriormente había sido condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.

En agosto, un parlamentario del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista presentó una nueva propuesta de despenalización del aborto en dos circunstancias: cuando peligrara la vida de la mujer o cuando el embarazo fuera consecuencia de la violación de una niña. Al concluir el año, la propuesta seguía pendiente en el Parlamento. Esto sucedía tras infructuosos intentos anteriores de lograr una despenalización parcial del aborto en 2016.

En agosto, el Congreso aprobó una ley que prohibía el matrimonio infantil sin excepciones.

En noviembre, la CIDH admitió una petición sobre el caso de “Beatriz”, una mujer a la que en 2013 se le había negado el aborto a pesar de que el embarazo hacía peligrar su vida y de que al feto se le había diagnosticado una malformación mortal que no habría permitido su supervivencia tras el nacimiento.

En junio, agentes de la Policía Nacional Civil registraron ilegalmente el domicilio de la defensora de los derechos humanos Sonia Sánchez Pérez. En 2015, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos había dictado medidas cautelares en su favor por su labor de protección del medio ambiente.

En octubre, Karla Avelar, defensora de los derechos humanos y fundadora de la primera asociación de personas transgénero de El Salvador, anunció que iba a pedir asilo en Europa debido a la falta de protección por parte de las autoridades, una protección que se le negaba a pesar de haber sufrido varios incidentes relativos a su seguridad, haber recibido amenazas y haber sido víctima de extorsión de las maras. Entre enero y septiembre, la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS) denunció 28 ataques graves, sobre todo asesinatos, perpetrados contra personas LGBTI.1

En septiembre, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la ONG Servicio Social Pasionista denunciaron ante la CIDH que la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil eran responsables de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales.

En noviembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos instó a El Salvador a poner fin a las medidas de seguridad extraordinarias —adoptadas desde 2016 para combatir la violencia de las maras y la delincuencia organizada—, que no cumplían las normas internacionales de derechos humanos. Dichas medidas incluían la detención prolongada y en régimen de aislamiento en condiciones inhumanas y la suspensión prolongada de las visitas de familiares a las personas detenidas.

Los días 6 y 13 de octubre, por primera vez, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió dos peticiones de amparo para proteger a las personas internamente desplazadas. Las peticiones incluían medidas de protección para una familia que se había visto obligada a desplazarse internamente a causa de la violación, las amenazas, las palizas y el hostigamiento sufridos a manos de una mara. La CIDH y la relatora especial de la ONU sobre las personas internamente desplazadas acogieron con satisfacción la decisión.

Se adoptaron medidas a nivel nacional e internacional para reparar los crímenes de derecho internacional y castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de El Salvador, que tuvo lugar entre 1980 y 1992.

En mayo, un tribunal ordenó reabrir el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980 por un escuadrón de la muerte mientras celebraba una misa.

Tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2016 que consideraba inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, la Corte celebró una audiencia en julio para determinar qué medidas había adoptado el gobierno para cumplir con la sentencia. En dicha audiencia, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo del Estado admitieron estar incumpliendo la sentencia.

En septiembre, el gobierno creó una comisión para buscar a las personas que habían sido objeto de desaparición forzada durante el conflicto armado.

En noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino para que se juzgara al coronel Inocente Orlando Montano Morales en España por cargos de conspiración en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta en El Salvador en 1989.

  1. Américas: “Sin lugar que me proteja”. Solicitantes de asilo en México por razón de su orientación sexual y/o identidad de género provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras (AMR 01/7258/2017)
República de El Salvador
Jefe del Estado y del gobierno: Salvador Sánchez Cerén