El Salvador

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Seguía vigente el estado de excepción declarado en 2022, lo que dio lugar a violaciones generalizadas de derechos humanos, el debilitamiento del Estado de derecho y la criminalización de la disidencia. Aumentaron las restricciones a la libertad de asociación, y continuaron los obstáculos a la protesta pacífica y la estigmatización de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. La prohibición total del aborto permanecía vigente. Las autoridades no aprobaron legislación que garantizara los derechos de las víctimas de los crímenes cometidos durante el conflicto armado del periodo 1980-1992.

Información general

A propuesta del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa prorrogó el estado de excepción, que seguía vigente al concluir 2023. La Asamblea aprobó y modificó numerosas leyes que vulneraban el derecho a un juicio justo. Los mecanismos internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por el hecho de que la prórroga no se ciñera al carácter temporal y excepcional que exigía la declaración de un estado de excepción.

En octubre, el presidente se inscribió formalmente como candidato presidencial, pese a las objeciones presentadas por especialistas del ámbito jurídico y organizaciones de la sociedad civil que alegaban la prohibición constitucional de la reelección inmediata.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

Entre el inicio del estado de excepción el 27 de marzo de 2022 y finales de 2023 se registraron más de 73.000 detenciones. La mayoría de las personas detenidas fueron acusadas de “agrupaciones ilícitas”, delito relacionado con la actividad de las pandillas y la pertenencia a ellas. La mayoría de las detenciones efectuadas en virtud del estado de excepción eran arbitrarias porque violaban las garantías procesales debido a la ausencia de órdenes judiciales claras, la prolongación de las detenciones administrativas, la falta de información oficial exacta sobre el paradero de los detenidos dada a las familias, y el ocultamiento de la identidad de los jueces que tramitaban los casos. El estado de excepción afectó especialmente a las comunidades marginadas y empobrecidas, e intensificó su vulnerabilidad.¹

Los mecanismos nacionales de protección, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, registraron un aumento considerable de las solicitudes de verificación del paradero de personas detenidas. Pero, bajo el estado de excepción, esta institución tenía limitada la capacidad para dar cumplimiento a su mandato y no podía acceder a todos los centros de detención. Las organizaciones de la sociedad civil también denunciaron la ineficacia de la Corte Suprema de Justicia a la hora de tramitar los recursos de hábeas corpus, lo que incrementaba la vulnerabilidad de los detenidos.

Aunque las autoridades notificaron la excarcelación de más de 7.000 personas, el 85% de ellas no quedaron absueltas de los cargos de “agrupaciones ilícitas” y seguían enfrentándose a procedimientos judiciales pendientes. El riesgo de que fueran sometidas a procesos injustos se vio agravado por una normativa que autorizaba los juicios sumarios y dificultaba el acceso al derecho a una defensa efectiva.

Tortura y otros malos tratos

El sistema penitenciario salvadoreño se enfrentaba a niveles críticos de hacinamiento, con un índice de ocupación que alcanzó el 300%, lo que equivalía a más de 100.000 personas reclusas. Esta cifra representaba el 1,14% de la población nacional y situó a El Salvador como el país con la tasa de encarcelamiento más elevada del mundo, según las organizaciones de la sociedad civil locales.

Muchas personas reclusas denunciaron haber sido sometidas a tortura y otros malos tratos, como restricciones de alimentos, agua y acceso a servicios de saneamiento; falta de atención médica adecuada, y uso excesivo de la fuerza por parte del personal de guardia penitenciaria. No se atendían las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad, como el acceso a servicios de salud reproductiva y la protección frente a la violencia de género. Desde el inicio del estado de excepción se habían producido al menos 190 muertes bajo custodia del Estado provocadas por la tortura y la falta de atención médica.²

Entidades como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no investigaron esos casos con la diligencia ni la eficacia debidas. La Fiscalía ordenó que se archivaran la mayoría de las investigaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó acceso a las prisiones para realizar una evaluación independiente de las condiciones penitenciarias, pero las autoridades se lo denegaron.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Conforme la situación del país se deterioraba bajo el prolongado estado de excepción, se produjo un aumento de las protestas. Los manifestantes denunciaban las violaciones de derechos humanos cometidas en virtud de ese régimen, exigían que se respetaran los derechos económicos, sociales y culturales, y defendían la tierra y el territorio. La respuesta obstruccionista de las autoridades a estas expresiones legítimas de descontento social vulneraba el derecho de la población a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Entre las actuaciones del gobierno figuraban la estigmatización y el cuestionamiento de la legitimidad de los manifestantes por parte de altos cargos del Estado a través de declaraciones públicas y en las redes sociales; la intimidación y las amenazas dirigidas a quienes organizaban las protestas y quienes participaban en ellas, y el sometimiento de esas personas a vigilancia excesiva; restricciones a la libertad de circulación mediante el bloqueo de las carreteras y los puntos de acceso a determinadas zonas para impedir la participación en esas actividades, y la detención arbitraria y la criminalización de los manifestantes.

El gobierno menoscabó la autonomía y eficacia de los sindicatos. El Movimiento de Trabajadores Despedidos registró la disolución de 10 sindicatos derivada de la eliminación de un número igual de dependencias gubernamentales. Además, el gobierno impuso restricciones injustificadas a los procesos de inscripción en registro de los sindicatos y de acreditación de las juntas directivas sindicales. Las autoridades también hicieron caso omiso de la inmunidad sindical, incumplieron los acuerdos de negociación colectiva y emprendieron actuaciones que ponían en riesgo la estabilidad laboral del personal del sector público.

Según organizaciones locales, en 2023 se detuvo al menos a 16 sindicalistas y se presentaron contra ellos cargos por delitos tales como desórdenes públicos y resistencia al arresto durante protestas pacíficas. En virtud del estado de excepción, se detuvo arbitrariamente al menos a 3 sindicalistas y se los acusó del delito de “agrupaciones ilícitas”.

Una investigación realizada en 2022 reveló que 35 periodistas y activistas de El Salvador habían sido objeto de espionaje con el software Pegasus entre 2020 y 2021. Pese a los llamamientos que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) había hecho a la Fiscalía General de la República para que investigara esos incidentes y los informes de hackeo de cuentas de WhatsApp, habían transcurrido 21 meses sin que se conocieran resultados, según la Asociación. La inexistencia de un equipo especializado y la falta de una investigación inmediata, efectiva, imparcial e independiente habían fomentado una situación generalizada de impunidad y mermado la confianza del periodismo independiente en las autoridades.

APES presentó un informe sobre las consecuencias del estado de excepción en la libertad de prensa. Según sus datos, entre marzo de 2022 y julio de 2023 se habían producido 222 violaciones de la libertad de expresión y 385 casos de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación, generalmente en forma de ataques digitales y declaraciones estigmatizantes. La misma organización denunció los casos de 6 periodistas que se habían visto obligados a abandonar el país en el primer semestre del año debido al aumento de las amenazas, el hostigamiento y las agresiones, y al peligro inminente de que se presentasen cargos contra ellos. En abril, el medio de comunicación digital El Faro trasladó su sede administrativa a Costa Rica debido a la hostilidad hacia el periodismo que existía en El Salvador.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades siguieron estigmatizando y hostigando a través de las redes sociales a quienes defendían los derechos humanos, con acciones tales como publicar contenidos amenazadores —por ejemplo, declaraciones de funcionarios públicos que incitaban a acosar y atacar la reputación de personas y organizaciones— y difundir desinformación a través de las plataformas digitales para desacreditar e intimidar a las voces críticas y la disidencia. Esa campaña de hostigamiento afectaba a la integridad, la seguridad y el bienestar personal de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, y limitaba su libertad de expresión y de asociación.

Se utilizó el estado de excepción para criminalizar a quienes defendían los derechos humanos, mediante la aplicación indebida de la legislación antipandillas y con el fin de justificar su detención arbitraria. La mayoría de esos casos tenían que ver con personas defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales, así como de los derechos laborales. Los mecanismos internacionales de derechos humanos criticaron al Estado por la falta de claridad e investigación sobre estas detenciones, así como por la ausencia de garantías procesales.

Derecho a la información

Faltaba transparencia y había restricciones graves para acceder a la información pública; El Salvador fue excluido de la Alianza de Gobierno Abierto. El gobierno dificultaba el acceso a datos esenciales imponiendo restricciones sistemáticas a la información y requisitos excesivos para proporcionar documentos. Organismos del gobierno tales como la Dirección General de Centros Penales y el Ministerio de la Defensa Nacional incumplían las normas internacionales sobre los requisitos necesarios para restringir el acceso a la información sobre seguridad. La Asamblea Legislativa aceleró los procesos legislativos, restringiendo la participación ciudadana en los debates en torno a las leyes nuevas, lo que limitaba la transparencia.

Derechos sexuales y reproductivos

Continuaba vigente la prohibición total del aborto, que exponía a las mujeres al encarcelamiento por cargos relacionados con emergencias obstétricas, lo que vulneraba sus derechos sexuales y reproductivos. A causa de ese veto, al menos 21 mujeres se enfrentaban a procedimientos judiciales por acusaciones referentes a situaciones de emergencia obstétrica al concluir 2023.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Las autoridades seguían sin adoptar legislación adecuada para garantizar los derechos de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil librada entre 1980 y 1992. Hubo pocos avances en la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos responsables penales de los crímenes cometidos durante ese periodo.