Egipte

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Las elecciones presidenciales se celebraron en un entorno represivo, en el que se impidió concurrir a candidaturas de auténtica oposición y se restringió con severidad el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Las autoridades excarcelaron a 834 personas recluidas por motivos políticos, pero arrestaron a casi el triple durante 2023. Miles de personas que criticaban al gobierno —o que se consideraba que lo hacían— continuaron detenidas de manera arbitraria o fueron procesadas injustamente. Las desapariciones forzadas, y la tortura y otros malos tratos continuaban siendo endémicos. Se impusieron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos, pero el índice de ejecuciones descendió. Persistió la impunidad de violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2023 y en años anteriores. Se sometió a mujeres y niñas, personas LGBTI y miembros de minorías religiosas a discriminación, violencia y procesamiento por ejercer sus derechos humanos. Las autoridades no abordaron el problema de los derechos económicos y sociales afectados por la cada vez más grave crisis económica ni protegieron a los trabajadores y trabajadoras de los despidos improcedentes de las empresas privadas. Continuaron los desalojos forzosos de asentamientos informales, y se prohibió regresar a sus hogares a decenas de miles de habitantes de Sinaí del Norte. Se detuvo arbitrariamente a personas refugiadas y solicitantes de asilo por entrar o permanecer de manera irregular en Egipto y se llevaron a cabo expulsiones.

Información general

En mayo comenzó el “diálogo nacional”, pero hubo políticos de la oposición y defensores y defensoras de los derechos humanos que se retiraron de él a raíz de que se reanudaran las detenciones de oponentes al gobierno. El diálogo se suspendió en septiembre, tres meses antes de la celebración de las elecciones presidenciales, en un contexto de agudización de la crisis financiera y económica. El presidente Abdel Fatah al Sisi ganó las elecciones, en las que se había prohibido la participación de candidaturas de auténtica oposición.

El presidente anunció celebraciones por el “fin del terrorismo” en enero, aunque seguía habiendo ataques esporádicos en Sinaí del Norte. En agosto, el grupo de defensa de derechos Fundación Sinaí para los Derechos Humanos denunció la utilización de niños y niñas soldado en operaciones militares en Sinaí del Norte. En un informe publicado en marzo y dirigido al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Egipto confirmó que los 16 años eran la edad mínima para el reclutamiento voluntario en las fuerzas armadas.

Desde el 9 de octubre, Israel atacó reiteradamente el paso fronterizo de Rafá, entre Egipto y Gaza, y restringió con severidad la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto a la sitiada Gaza.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades siguieron reprimiendo la disidencia y acallando a la sociedad civil. Entre las personas blanco de represión había políticos de la oposición y sus simpatizantes, familiares de disidentes que se encontraban en el extranjero, sindicalistas y personas críticas con el historial de las autoridades en materia de derechos humanos y su gestión de la crisis económica y con el papel del ejército.

En enero, tras un juicio manifiestamente injusto, un tribunal supremo (de excepción) de seguridad del Estado impuso a 82 personas de Suez —incluidas 23 que eran niños y niñas en el momento de los presuntos delitos— penas de entre 5 años de prisión y cadena perpetua en relación con protestas contra el gobierno celebradas en septiembre de 2019.¹

Las fuerzas de seguridad arrestaron al menos a cuatro periodistas por hacer su trabajo o por sus opiniones. Entre ellos se encontraba Hisham Kaseem, editor y presidente de la coalición de partidos liberales de oposición Movimiento Corriente Libre, que fue condenado en septiembre a seis meses de prisión y al pago de una multa por los cargos de “difamación”, debido a sus criticas en Internet a la presunta corrupción de un exministro, y de “insultar a funcionarios públicos”.²

Al menos 21 periodistas permanecían en prisión tras haber sido declarados culpables o mientras se investigaban acusaciones en su contra de “difusión de noticias falsas”, pertenencia a grupo “terrorista” o “uso indebido de las redes sociales”.

Continuaron bloqueados más de 600 sitios web de noticias, derechos humanos y otros ámbitos. Las autoridades bloquearon el sitio web de la ONG Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, en enero, y los sitios web de noticias Soulta 4 y Masr 360, en junio, pero desbloquearon el sitio web de noticias opositor Daarb, en abril.

Miembros del personal de la plataforma independiente de medios de comunicación Mada Masr afrontaban procesos judiciales e investigaciones de motivación política por razones como haber publicado en octubre un reportaje de investigación sobre el paso fronterizo de Rafá.

Entre 820 personas que el gobierno añadió a lo largo del año a la “lista de terroristas” sin el debido proceso, privándolas de sus derechos civiles y políticos, figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas.

En abril se cumplió el plazo de registro de organizaciones con arreglo a la draconiana ley de ONG de 2019, lo que puso a las no registradas en peligro de cierre.³

Se siguieron aplicando de manera arbitraria la prohibición de viajar, la congelación de activos o ambas medidas contra al menos 20 defensores y defensoras de los derechos humanos en relación con su trabajo.

Las fuerzas de seguridad impidieron a la ciudadanía registrar su apoyo a posibles candidaturas de la oposición a las elecciones presidenciales y detuvieron arbitrariamente al menos a 137 simpatizantes y familiares de políticos de la oposición y al aspirante a candidato presidencial Ahmed Altantawy. En septiembre, Citizen Lab confirmó que el teléfono de Ahmed Altantawy estaba infectado con el software espía Predator y verificó con “gran seguridad” la implicación del gobierno.

En octubre, las fuerzas de seguridad de las ciudades de El Cairo y Alejandría arrestaron a decenas de personas, incluidos niños y niñas, por protestar en solidaridad con la población palestina de Gaza. Según la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, al finalizar el año, al menos 67 permanecían detenidas en espera de juicio por cargos relacionados con protestas y terrorismo.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

Durante el año se excarceló a 834 personas recluidas por motivos políticos, al tiempo que la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado interrogaba al menos a 2.504 que eran sospechosas de criticar u oponerse al gobierno y que fueron detenidas en 2023 tras ser acusadas de implicación en delitos de terrorismo, ciberdelitos, protestas y difusión de “noticias falsas”.

Las fuerzas de seguridad se negaron a liberar a 251 personas que habían sido absueltas o puestas en libertad provisional por fiscales o jueces o que habían cumplido ya sus penas de prisión.

En junio, el presidente Sisi elogió las detenciones mantenidas para “salvar a Egipto”.

Los jueces y los fiscales adscritos a la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado renovaban sistemáticamente las órdenes de detención preventiva, dictadas contra miles de personas, sin permitir impugnar de manera efectiva la legalidad de la detención. Las vistas de renovación de la detención se realizaban por videoconferencia, con la persona conectada desde prisión, por lo que se le negaba su derecho a una defensa adecuada y se la exponía a sufrir represalias si denunciaba abusos delante de los guardias penitenciarios.

En las causas abiertas por motivos políticos se infringían sistemáticamente las garantías de juicio justo. En marzo, tras un juicio injusto, un tribunal supremo (de excepción) de seguridad del Estado impuso a 30 personas, entre las que figuraba el director de Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades, penas de entre 5 años de prisión y cadena perpetua por cargos absurdos derivados de su trabajo de derechos humanos o de su disidencia pacífica.

Desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos

Las fuerzas de seguridad, incluida la Agencia de Seguridad Nacional, continuaron sometiendo a disidentes a desaparición forzada. Según la campaña Basta de Desapariciones Forzadas, al menos 70 personas detenidas en 2023 fueron víctimas de esta práctica, y al final del año seguían sin conocerse la suerte y el paradero de 6 de ellas.

La tortura y otros malos tratos seguían siendo habituales en las prisiones, las comisarías de policía y los centros a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional.

En enero, las fuerzas de seguridad arrestaron al abogado Shaaban Mohamed en una calle de Guiza y lo sometieron a desaparición forzada en un centro de la Agencia de Seguridad Nacional durante seis semanas, en cuyo transcurso le propinaron palizas, lo tuvieron colgado y le aplicaron descargas eléctricas.

Las personas presas seguían siendo recluidas en condiciones que vulneraban la prohibición total de la tortura y otros malos tratos, por medios como negarles deliberadamente atención médica; someterlas a reclusión prolongada en régimen de aislamiento, exposición a luces brillantes o videovigilancia permanente, y negarles las visitas de familiares.⁴ Decenas de personas recluidas en el complejo penitenciario de Badr (gobernación de El Cairo) y en la prisión 10 de Ramadán (gobernación Oriental), a donde se había transferido a cientos de presas y presos políticos desde mediados de 2022 hasta mediados de 2023, se declararon en huelga de hambre para protestar por su condiciones de reclusión.

Pena de muerte

Los tribunales penales, incluidas las secciones especializadas en causas de terrorismo, y los tribunales militares impusieron condenas a muerte tras juicios sin las debidas garantías.

En enero, un tribunal penal de El Cairo dictó sentencia de muerte por delitos de terrorismo tras un juicio empañado por denuncias de desaparición forzada y de “confesiones” obtenidas mediante tortura.

El número de ejecuciones llevadas a cabo disminuyó respecto a años anteriores.

Impunidad

Persistió la impunidad de homicidios ilegítimos, tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2023 y en años anteriores. Después de 10 años, ningún alto cargo había rendido cuentas por el homicidio ilegítimo de al menos 900 personas durante la violenta dispersión de las acampadas celebradas por simpatizantes del depuesto presidente Mohamed Morsi el 14 de agosto de 2013.⁵

Las autoridades no investigaron adecuadamente las causas y circunstancias de al menos 47 muertes bajo custodia tras haberse denunciado torturas y negación de atención médica. Las fuerzas de seguridad amenazaron con detención arbitraria y otros perjuicios a familiares que buscaban verdad y justicia.

Ningún alto cargo rindió cuentas por la muerte de Mahmoud Abdel Gawad en la comisaría de policía de Nabaroh (gobernación de Dacalía) en julio, cuatro días después de su detención, entre denuncias fidedignas de que la policía lo había golpeado brutalmente y le había aplicado descargas eléctricas.

No se abrió investigación alguna sobre la muerte del abogado Ali Abbas Barakat el 26 de junio. Padecía una enfermedad hepática y, el 10 de junio, se había desplomado, inconsciente, en la prisión de Al Qanater, en la región metropolitana de El Cairo, pero las autoridades habían esperado 48 horas para trasladarlo a un hospital penitenciario.

En septiembre, el Tribunal Constitucional italiano resolvió que el juicio in absentia de cuatro agentes egipcios acusados de torturar y asesinar al estudiante italiano Giulio Regeni en Egipto en 2016 podía celebrarse en Italia. El proceso se había estancado porque Egipto había ocultado la dirección de los sospechosos para impedir que se les notificara el juicio.

Discriminación y violencia por motivos de género

Las mujeres continuaban siendo objeto de discriminación, en la ley y en la práctica, en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la posibilidad de acceder a cargos políticos. Las modificaciones de la Ley del Estatuto Personal, prometidas hacía ya mucho tiempo, se estancaron en un contexto de preocupación por la ausencia de consultas significativas con todas las defensoras de los derechos humanos.

Las autoridades no prevenían adecuadamente la violencia de género ejercida por actores estatales y no estatales, pese a que en los medios de comunicación egipcios proliferaban las noticias sobre mujeres muertas a manos de familiares o de pretendientes rechazados.

Se enjuició a mujeres por cuestiones de “moralidad” o por alzar la voz contra la violencia sexual.

En noviembre, un tribunal de asuntos económicos anuló en apelación la condena de dos años de prisión impuesta a la modelo e influencer de TikTok Salma Elshimy y le ordenó pagar una multa por contenido “inmoral” que vulneraba “los valores familiares egipcios”. Al menos tres mujeres influencers permanecían encarceladas por cargos relacionados con la “moralidad” u otras acusaciones falsas.

Las autoridades siguieron hostigando y procesando a personas por su orientación sexual o identidad de género, reales o supuestas. Varias de ellas denunciaron haber sufrido palizas y otros abusos bajo custodia policial.

Derechos económicos y sociales

La grave crisis económica que sufría Egipto tuvo consecuencias devastadoras en el acceso de la población a los derechos socioeconómicos.

El gobierno asignó aproximadamente la mitad del presupuesto de 2023-2024 al pago de la deuda e incumplió el mandato constitucional de dedicar al menos el 3% del PIB a sanidad y, el 6%, a la educación básica y superior.

Tras un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional a finales de 2022 para aceptar la flotación de la libra egipcia, la divisa se depreció significativamente. En febrero, la inflación anual oscilaba en torno al 40%. Los precios de los alimentos aumentaron un 68% entre agosto de 2022 y julio de 2023, según la Agencia Central de Movilización Pública y Estadística (CAPMAS). Según una trabajadora de alto nivel de CAPMAS, el índice de pobreza aumentó significativamente en 2022 y 2023, y, con él, la necesidad urgente de que el gobierno adaptara sus programas de protección social.

El gobierno no adoptó medidas adecuadas para mitigar el impacto de la crisis económica en los derechos de la población, especialmente en el derecho a un nivel de vida adecuado. En septiembre, el presidente anunció un incremento del salario mínimo mensual para el personal del sector público de 3.500 a 4.000 libras egipcias (de 114 a 130 dólares estadounidenses), cifra que según especialistas en derechos económicos no se correspondía con la inflación, y las autoridades no actuaron contra las empresas privadas que no pagaban el salario mínimo.

En septiembre, el presidente afirmó que “el hambre y la privación” eran sacrificios aceptables en aras del desarrollo y el progreso.

Derechos laborales

Las autoridades continuaron poniendo obstáculos e intimidando a quienes se declaraban en huelga para pedir mejores salarios y condiciones laborales.

En octubre, las fuerzas de seguridad impidieron que los trabajadores y trabajadoras en huelga de Universal Group for Home Appliances se concentraran frente a la sede de la empresa, en la ciudad Seis de Octubre, y les advirtieron de que no presentaran quejas al Ministerio de Trabajo. Asimismo, la Agencia de Seguridad Nacional citó e interrogó sobre la huelga a algunas de las personas participantes en ella.

Al menos 14 profesores y profesoras continuaban privados de libertad mientras se los investigaba por acusaciones de terrorismo tras haber protestado en octubre en la Nueva Capital Administrativa (gobernación de El Cairo) por impedírseles optar a nombramientos. Algunas personas que aspiraban a trabajar en el sector público denunciaron que se les había negado el certificado de realización del curso de la academia militar —que se hizo obligatorio para los nombramientos en 2023— por motivos de seguridad, por estar embarazadas o por tener sobrepeso.

Derecho a la vivienda

Las autoridades continuaron llevando a cabo desalojos forzosos y demoliciones de viviendas en lugares como los asentamientos informales de El Cairo y el histórico cementerio de la “Ciudad de los muertos”, donde vivían decenas de miles de personas, y practicaron detenciones por protestar.

En marzo, un tribunal administrativo falló en contra de personas residentes en la isla de Waraq, en Guiza, que en 2021 habían denunciado la decisión del gobierno de apropiarse de sus tierras por el “bien común” sin ofrecerles una indemnización adecuada. En febrero, las fuerzas de seguridad dispersaron una protesta de decenas de habitantes de la isla empleando gas lacrimógeno y practicaron detenciones.

Según la Fundación Sinaí para los Derechos Humanos, se llevaron a cabo demoliciones de viviendas y desalojos forzosos en la ciudad de El Arish, en Sinaí del Norte.

En octubre, el ejército disparó ilegítimamente munición real para dispersar a cientos de personas que estaban participando en una sentada pacífica en la ciudad de Sheij Zuwayed, en Sinaí del Norte, para pedir que se les permitiera regresar a sus casas allí y en la ciudad de Rafá, también en Sinaí del Norte, de donde llevaban desplazadas a la fuerza desde 2014 por las operaciones militares contra grupos armados, entre ellos Wilayat Sinai, asociado al Estado Islámico.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades siguieron discriminando a la población cristiana en la ley y en la práctica.

Nadie rindió cuentas por unos ataques sectarios perpetrados en enero contra la población cristiana de la pequeña localidad de Ashruba (gobernación de Minia), que se saldaron con daños personales y materiales.

El derecho a construir o reparar iglesias seguía restringido por una ley de 2016 que exigía para ello la aprobación de las agencias de seguridad y otros órganos estatales. En mayo, el primer ministro anunció que, desde la entrada en vigor de esa ley, el gobierno había aprobado la legalización de 2.815 iglesias, aproximadamente la mitad de las que la habían solicitado.

Una noticia positiva fue que, en marzo, un tribunal de familia de El Cairo aplicó reglamentos cristianos ortodoxos en un caso sobre herencias interpuesto por Huda Nassralla, abogada del grupo de defensa de derechos Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. Generalmente, los jueces aplicaban la Ley del Estatuto Personal para musulmanes, que discriminaba a las mujeres en las cuestiones relativas a herencias.

Hubo casos de personas pertenecientes a minorías religiosas, ateas o con creencias religiosas no autorizadas por el Estado que fueron citadas o interrogadas por la Agencia de Seguridad Nacional o sometidas a otro tipo de amenazas y hostigamiento, incluso por parte de sus instituciones educativas y a través de Internet.

Abdul Baqi Saeed Abdo, musulmán yemení que se había convertido al cristianismo, permanecía detenido a la espera de ser investigado por la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, acusado de “difamación de la religión islámica” y pertenencia a un “grupo terrorista” por unas publicaciones en las redes sociales sobre sus creencias.⁶

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Desde abril, alrededor de 370.000 personas de nacionalidad sudanesa huyeron a Egipto, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Las autoridades endurecieron las restricciones de entrada, exigiendo a todas las personas de esa nacionalidad la obtención de visados en consulados y acreditaciones de seguridad para los niños y hombres de entre 16 y 50 años. Se impidió a varias personas sudanesas, eritreas y sirias entrar por las fronteras terrestres, y al menos un solicitante de asilo fue devuelto a Sudán por no disponer de un documento válido de residencia (véase el apartado sobre Sudán).

Las fuerzas de seguridad arrestaron a decenas de personas refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de Afganistán, Siria y países de África subsahariana, así como a uigures de China, por entrar o permanecer de manera irregular en Egipto. En mayo se deportó a Ruanda a Alfred Djasnan, refugiado de Chad, periodista y presidente de African Refugees Rights Initiative. Había sido arrestado después de una manifestación organizada por personas subsaharianas frente a la sede del ACNUR en la ciudad Seis de Octubre para protestar por sus condiciones de vida.