Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Continuaron las devoluciones sumarias y las expulsiones colectivas. Los pleitos por difamación hicieron peligrar el trabajo de periodistas y medios de comunicación. El acceso al aborto continuó muy restringido. Se reconoció a las parejas del mismo sexo el derecho a adoptar. La comunidad romaní sufría discriminación generalizada. Aumentó la violencia de género en el ámbito familiar.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
El número de personas que intentaban entrar en el país desde la vecina Bosnia y Herzegovina aumentó respecto a 2021, y las organizaciones de ayuda humanitaria documentaron devoluciones ilegales y expulsiones colectivas continuadas por parte de las autoridades croatas. Grupos de la sociedad civil pidieron una investigación adecuada sobre las violaciones de derechos humanos sistémicas en las fronteras del país.
En febrero, la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo concluyó que la Comisión Europea no había garantizado el respeto de los derechos humanos fundamentales en las operaciones fronterizas llevadas a cabo por las autoridades de Croacia y financiadas por la Unión Europea (UE).1
Los agentes de policía captados por cámaras golpeando a solicitantes de asilo en 2021 fueron sancionados por incumplimiento leve de sus funciones y volvieron al trabajo en enero.
En julio, el mecanismo croata independiente de vigilancia de las fronteras, financiado por la UE, concluyó que no había irregularidades graves en las operaciones fronterizas, pero dijo que la policía de fronteras devolvía ilegalmente a posibles solicitantes de asilo a Bosnia y Herzegovina cuando encontraba a estas personas en las zonas fronterizas presuntamente minadas. Organizaciones de defensa de derechos y de la sociedad civil reiteraron la preocupación de que el mecanismo carecía de independencia, un mandato firme y acceso adecuado a la zona fronteriza.
En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el recurso de Croacia y confirmó la sentencia de 2021 que establecía que Croacia había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos con la devolución de una familia afgana a Serbia que había tenido como consecuencia la muerte de Madina Hussiny, de seis años. Las autoridades propusieron un plan de acción para ejecutar la sentencia, pero las organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la calidad de las medidas propuestas.
En diciembre, el Consejo de la UE decidió admitir a Croacia en el espacio Schengen. Las organizaciones de derechos humanos criticaron a las instituciones de la UE por haber “mirado hacia otro lado” ante las abrumadoras pruebas de violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades.2
Las autoridades concedieron protección temporal a más de 22.000 personas ucranianas que huían de la guerra y ofrecieron alojamiento y ayuda para la integración a las que estaban en situación de necesidad. Sin embargo, las tasas de reconocimiento de solicitantes de asilo de países no europeos siguieron siendo bajas y en octubre sólo se había concedido protección internacional a 16 personas.
En mayo, las autoridades arrestaron a Aysoltan Niyazova, activista e integrante del grupo musical Pussy Riot, cuando estaba en Croacia en una gira contra la guerra y amenazaron con extraditarla a Turkmenistán. Fue liberada tras la condena de grupos de derechos humanos a las autoridades.3
Libertad de expresión y de asociación
Periodistas y medios de comunicación que informaban sobre la delincuencia organizada y la corrupción seguían sufriendo amenazas, hostigamiento y agresiones físicas. Figuras políticas y empresas demandaron con frecuencia a periodistas por difamación, que seguía siendo delito. La Asociación de Periodistas de Croacia documentó más de 1.000 demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) activas en las que se reclamaban más de 10 millones de euros por daños y perjuicios, y las calificó de “terrorismo judicial”. En marzo, la Coalición Europea contra las SLAPP citó a Croacia como uno de los países de la UE donde más se utilizaban las acciones judiciales para silenciar a periodistas y activistas.
Derechos sexuales y reproductivos
El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva continuó siendo limitado por la negativa general del personal médico y de algunas clínicas a practicar abortos alegando motivos de conciencia. En mayo, el caso de una mujer embarazada a quien se le habían negado servicios de aborto en cuatro clínicas a pesar del diagnóstico de un agresivo tumor cerebral en el feto desencadenó protestas y dividió a la opinión pública. La operación se llevó finalmente a cabo tras la intervención del Ministerio de Salud. La defensora del Pueblo para los Derechos Humanos dijo que la negativa a practicar el aborto por parte de profesionales médicos basada en su derecho individual a ejercer la objeción de conciencia no podía ser un obstáculo para el acceso a una asistencia médica adecuada.
Derechos económicos, sociales y culturales
En septiembre, para paliar los efectos de la rápida subida de los precios y el costo de la vida, el gobierno aprobó medidas que incluían topes en el precio de la electricidad, el gas y los alimentos básicos, así como un incremento temporal de las prestaciones sociales para personas en situación de vulnerabilidad económica.
Discriminación
Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En una sentencia firme dictada en mayo, el Tribunal Administrativo Superior confirmó que las parejas del mismo sexo debían poder solicitar la adopción infantil en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales.
Romaníes
Aunque hubo algún progreso, las comunidades romaníes siguieron sufriendo discriminación generalizada en todos los ámbitos de la vida. Los niños y niñas romaníes tenían menos posibilidades de terminar la enseñanza primaria y secundaria, y las niñas sufrían especialmente los efectos de la práctica del matrimonio precoz y a menudo eran víctimas de trata. Según las autoridades, el 50% de las mujeres romaníes tenían su primer hijo siendo menores de edad. El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, instó a las autoridades a garantizar una mayor integración de los niños y niñas romaníes en la educación general y a eliminar las barreras que obstaculizaban su acceso a la educación, la asistencia médica y los servicios sociales.
Violencia contra mujeres y niñas
Las autoridades informaron de un fuerte aumento de la violencia de género, incluida la cometida en el ámbito familiar, respecto a 2021. Diversas organizaciones de la sociedad civil avisaron de que las penas destinadas a los perpetradores seguían siendo inadecuadas.
El gobierno anunció un paquete de medidas que incluía penas más elevadas para los autores de estos delitos y la mejora de la protección para las víctimas de violencia de género intrafamiliar, como un protocolo de evaluación de riesgos en todos los casos, y alternativas a las medidas temporales existentes, que se consideraban ineficaces. La defensora del Pueblo para la Igualdad de Género señaló que los servicios encargados de hacer cumplir la ley seguían sin proteger a las víctimas y pidió una reforma integral que incluyera programas efectivos de prevención, resocialización y educación.
República de Croacia
Jefe del Estado: Zoran Milanović
Jefe del gobierno: Andrej Plenković
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