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Corea del Sud

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Se celebraron grandes concentraciones de protesta contra un escándalo de corrupción en el que estaba implicada la expresidenta Park Geun-hye, que fue separada del cargo en marzo. Tras el cambio de gobierno, el Departamento de Policía Nacional de Corea aceptó recomendaciones para una reforma integral que exigían modificar el enfoque general de la actuación policial en reuniones para lograr un mayor respeto de la libertad de reunión pacífica, aunque su plena aplicación seguía pendiente al concluir el año.

Un número cada vez mayor de tribunales inferiores dictaron sentencias en las que reconocían el derecho a la objeción de conciencia. La discriminación contra personas LGBTI seguía estando muy extendida en la vida pública, especialmente en el ejército. Continuaron las detenciones arbitrarias sobre la base de la poco precisa Ley de Seguridad Nacional. Una serie de muertes de trabajadores migrantes suscitó preocupación por la seguridad en los lugares de trabajo.

Moon Jae-in, exabogado de derechos humanos y líder del Partido Democrático, fue elegido presidente en mayo, tras el fallo emitido en marzo por el Tribunal Constitucional que confirmaba la votación parlamentaria por la que se separaba de su cargo a la entonces presidenta Park, acusada de soborno y abuso de poder.1

Han Sang-gyun, presidente de la Confederación de Sindicatos Coreanos, fue considerado responsable penal de enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y policía y de participar en la organización de una serie de protestas mayoritariamente pacíficas contra el gobierno en 2014 y 2015. En mayo, el Tribunal Supremo rechazó su apelación final contra la condena a tres años de prisión, a pesar de una opinión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria que concluía que los cargos contra Han Sang-gyun violaban su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y que su detención era arbitraria. El Grupo de Trabajo pidió su liberación inmediata.

En junio, Lee Cheol-seong, comisario general del Departamento de Policía Nacional de Corea, pidió disculpas a la familia de Baek Nam-gi, activista campesino que murió en 2016 a consecuencia de las lesiones provocadas por un cañón de agua empleado por la policía durante las manifestaciones contra las políticas agrarias del gobierno. Sus familiares y grupos de la sociedad civil criticaron la tardía disculpa, en la que la policía no reconocía claramente su responsabilidad.

En septiembre, tras los llamamientos realizados por organizaciones de la sociedad civil, el Departamento de Policía Nacional de Corea aceptó las recomendaciones formuladas por el recién establecido Comité de Reforma Policial.2 Éstas incluían la presunción de que las reuniones serían pacíficas y el deber de proteger las manifestaciones espontáneas y otras reuniones pacíficas urgentes, lo que constituía un cambio respecto al planteamiento general previo relativo a las tareas policiales. Aunque esta decisión supuso un importante avance, las medidas eran insuficientes en otros aspectos, incluido el hecho de que no se levantara la prohibición general de las reuniones en la vía pública en lugares y momentos concretos. Además, las medidas adoptadas todavía debían consagrarse en la ley para adecuarlas al derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Al tiempo que el Tribunal Constitucional examinaba la legalidad de la objeción de conciencia, cada vez más tribunales inferiores fallaban a favor de hombres que se negaban a realizar el servicio militar por motivos de conciencia. Durante el año se contabilizaron 44 fallos de tribunales de distrito.

En mayo y diciembre, el Tribunal Administrativo de Seúl ordenó suspender la práctica de publicar los datos personales de los objetores de conciencia, incluidos el nombre, la edad y el domicilio, hasta que emitiera su fallo definitivo en dos causas contra la Administración de Reclutamiento Militar por publicar las listas. El tribunal administrativo señaló los daños irreversibles que esta práctica de revelar los datos infligía a los objetores de conciencia.

Aumentaron los llamamientos para introducir una alternativa al servicio militar. En mayo se presentaron ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley adicionales destinados a reformar la Ley sobre el Servicio Militar mediante la introducción de un servicio civil alternativo. En junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea emitió nuevamente una recomendación dirigida al Ministerio de Defensa Nacional para que introdujera una alternativa al servicio militar.

Los gays hacían frente a dificultades considerables para realizar el servicio militar obligatorio sin sufrir violencia, acoso o insultos. En mayo, un soldado gay fue declarado culpable de violar el artículo 92.6 de la Ley Penal Militar, que prohibía al personal militar mantener relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Decenas de hombres también fueron acusados en virtud del mismo artículo.

El grupo de incidencia Centro por los Derechos Humanos en el Ejército de Corea publicó capturas de pantalla de conversaciones en aplicaciones de citas que, según afirmaba, eran consecuencia de la presión ejercida por el ejército sobre hombres concretos para que identificaran a otros presuntos gays. El grupo sostenía que los investigadores militares habían confiscado los teléfonos móviles de hasta 50 soldados sospechosos de ser gays y que habían insistido en que identificaran a otros gays en sus listas de contactos y aplicaciones de citas para gays.

En septiembre, la Asamblea Nacional rechazó el nombramiento de Kim Yi-su como presidente del Tribunal Supremo, a pesar de haber sido designado por el presidente Moon Jae-in. Durante la sesión pública de la Asamblea Nacional, se le había preguntado por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI, y había en marcha campañas de algunos grupos religiosos que se oponían a su candidatura.

A causa del Sistema de Permiso de Empleo, los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban expuestos a sufrir explotación, como por ejemplo tener que trabajar durante muchas horas con poco tiempo de descanso o sin descanso, con salarios bajos o abonados de manera irregular y en condiciones de trabajo peligrosas.

En mayo, dos trabajadores migrantes nepalíes murieron asfixiados cuando limpiaban una fosa séptica en una granja de cerdos en la provincia de Gyeongsang del Norte. Dos semanas después, dos trabajadores migrantes, uno de china y el otro de Tailandia, murieron tras perder el conocimiento cuando limpiaban excrementos en otra granja de cerdos en la provincia de Gyeonggi.

En agosto, un trabajador migrante nepalí se suicidó en un dormitorio de una fábrica en la provincia de Chungcheong del Norte. Dejó una nota en la que afirmaba que su empleador se había negado a permitirle cambiar de lugar de trabajo o a regresar a Nepal para recibir tratamiento contra su grave insomnio.

Continuaron las detenciones arbitrarias sobre la base de la poco precisa Ley de Seguridad Nacional. Lee Jin-young, propietario de la biblioteca en línea Labour Books, fue llevado ante los tribunales por presunta violación de la Ley de Seguridad Nacional tras distribuir materiales por Internet que, según se consideró, “beneficiaban” a la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). Un tribunal de distrito lo absolvió en julio, pero seguía pendiente ante el Tribunal Supremo un recurso de apelación presentado por el gobierno.

En abril, el Tribunal Administrativo de Seúl resolvió que la decisión de la Comisión de Normas sobre Comunicación de Corea —que censuraba el contenido de Internet y había prohibido un blog titulado North Korea Tech que informaba sobre los avances informáticos de Corea del Norte— era ilegal. La Comisión había alegado que el sitio web infringía la Ley de Seguridad Nacional, que había sido utilizada en el pasado para encarcelar a personas por “elogiar” a Corea del Norte o manifestar simpatía por ese país.

Los tribunales dictaron sentencias en las que reconocían la responsabilidad de empresas multinacionales por las muertes relacionadas con el trabajo o con enfermedades de empleados o exempleados. Una de esas sentencias la dictó el Tribunal Supremo en agosto contra Samsung Electronics; en ella, ordenaba que la empresa reconociera que un exempleado sufría una enfermedad profesional. El Tribunal Supremo devolvió el caso al Tribunal Superior, señalando que la falta de pruebas —consecuencia de la negativa de la empresa a proporcionar información y de la inadecuada investigación llevada a cabo por el gobierno— no podía ser utilizada contra el trabajador.

  1. South Korea: 8-point human rights agenda for presidential candidates (ASA 25/5785/2017)
  2. Mission failed: Policing assemblies in South Korea (ASA 25/7119/2017)
República de Corea
Jefe del Estado y del gobierno: Moon Jae-in (sustituyó al presidente en funciones Hwang Kyo-an en mayo, quien a su vez había sustituido a Park Geun-hye en marzo)