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Corea del Nord

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

A pesar de que el gobierno adoptó medidas positivas para colaborar con mecanismos internacionales de derechos humanos, la situación sobre el terreno no mostró avances reales. Hasta 120.000 personas seguían recluidas arbitrariamente en campos penitenciarios para presos y presas políticos, donde las condiciones distaban mucho de cumplir las normas internacionales. Seguía habiendo fuertes restricciones del derecho a la libertad de expresión y de circulación. Las personas enviadas a trabajar al extranjero sufrían duras condiciones.

La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) llevó a cabo una prueba nuclear el 3 de septiembre, la sexta de su historia, y realizó numerosas pruebas de misiles de medio y largo alcance durante el año. Las provocaciones militares dieron lugar a que la ONU impusiera sanciones de una dureza sin precedentes al país. El intercambio de amenazas militares y políticas entre las autoridades de Corea del Norte y de Estados Unidos aumentó todavía más la tensión. Aumentó la preocupación por los riesgos de seguridad de las pruebas nucleares a raíz de que los medios de comunicación informaran de corrimientos de tierra cerca de un campo de ensayos nucleares y de que personas que habían vivido cerca de los campos presentaban signos de posible exposición a la radiación. El homicidio de Kim Jong-nam, hermano de padre del líder Kim Jong-un, perpetrado el 13 de febrero en Malasia por dos mujeres que presuntamente habían empleado agentes químicos, suscitó dudas sobre la posible implicación de agentes estatales norcoreanos.

Persistían las violaciones de derechos humanos sistemáticas, generalizadas y graves, ya que hasta 120.000 personas permanecían recluidas en los cuatro campos penitenciarios para presos y presas políticos que se conocían, donde se las sometía a trabajo forzoso, así como a tortura y otros malos tratos. Algunas de las violaciones de derechos humanos constituían crímenes de lesa humanidad; no se tuvo noticia de que durante el año se hubiera emprendido acción alguna para garantizar la rendición de cuentas. Muchas de las personas recluidas en estos campos no habían sido condenadas por ningún delito reconocido internacionalmente, sino que habían sido detenidas de forma arbitraria por su relación con otras personas que el Estado consideraba amenazas o por “culpabilidad por asociación”.

Continuó la práctica de detener y recluir a personas extranjeras durante periodos prolongados. El 22 de abril y el 6 de mayo se detuvo respectivamente a Tony Kim y Kim Hak-song, ambos ciudadanos estadounidenses y profesores en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang, financiada con fondos extranjeros, por “actos hostiles contra el país”. Se permitió a un diplomático estadounidense reunirse con ellos en junio. Las autoridades norcoreanas afirmaron estar investigando los presuntos delitos, y los tribunales todavía no habían dictado sentencia ni impuesto condenas. Al finalizar el año continuaban recluidos.

El ciudadano estadounidense Otto Warmbier, encarcelado en 2016 por robar un cartel de propaganda, murió el 19 de junio de 2017, seis días después de ser devuelto a Estados Unidos en estado de coma. Las autoridades de Corea del Norte no explicaron adecuadamente los motivos de sus problemas de salud. Un informe de la pesquisidora publicado el 27 de septiembre en Ohio, estado natal de Otto Warmbier, no señaló indicios de tortura u otros malos tratos, pero tampoco descartó la posibilidad de que se le hubieran infligido.

El 9 de agosto, el sacerdote canadiense Lim Hyeon-soo, condenado a cadena perpetua con trabajos forzados en 2015, quedó en libertad por “razones humanitarias”, tras más de dos años recluido sin acceso a tratamiento médico adecuado.1

Las autoridades continuaron enviando a personas a trabajar a otros países, entre ellos China y Rusia. Aunque la cifra de trabajadores y trabajadoras desplegados era difícil de calcular, se creía que estaba disminuyendo, ya que algunos países, como China, Kuwait, Polonia, Qatar y Sri Lanka, habían dejado de renovar o emitir visados de trabajo adicionales a personas norcoreanas para cumplir con las nuevas sanciones impuestas por la ONU a las actividades económicas de Corea del Norte en el extranjero. Corea del Norte obtenía parte de sus ingresos estatales de estos trabajadores y trabajadoras, que no recibían los sueldos directamente de sus empleadores, sino del gobierno norcoreano, después de que éste hubiera deducido sumas considerables. Las autoridades norcoreanas mantenían un estricto control de sus comunicaciones y sus movimientos y los privaban de información sobre los derechos laborales en los países de acogida.

Las personas que seguían trabajando en los países de acogida continuaban sometidas a horarios de trabajo excesivos y eran vulnerables en términos de salud y seguridad en el trabajo. Los medios de comunicación informaron de casos de ciudadanos norcoreanos que habían muerto trabajando en Rusia, que albergaba al menos a 20.000 personas de esta nacionalidad. En mayo, dos trabajadores de la construcción norcoreanos murieron en la capital rusa, Moscú, tras quejarse de problemas respiratorios; se creía que habían sufrido una insuficiencia cardíaca aguda. Un subcontratista en un proyecto de construcción de un estadio de la Copa Mundial en San Petersburgo, en el que un trabajador norcoreano había muerto de insuficiencia cardíaca en noviembre de 2016, afirmó en una entrevista concedida a los medios de comunicación que muchos trabajadores sufrían de fatiga grave por trabajar largas horas de manera continua durante meses, sin días de descanso.

A lo largo del año llegaron a Corea del Sur (República de Corea) 1.127 personas procedentes de Corea del Norte, lo que suponía la cifra más baja desde 2002. El incremento de la vigilancia en ambos lados de la frontera entre Corea del Norte y China podía ser una de las posibles razones de ese cambio. Algunas mujeres norcoreanas pudieron salir del país mediante acuerdos con traficantes de personas, sólo para verse sometidas a abusos físicos y sexuales o a trabajo en condiciones de explotación una vez se encontraban en el lado chino de la frontera.

Durante el año, en China se detuvo a un gran número de personas norcoreanas o se las devolvió a Corea del Norte, donde corrían peligro de sufrir trabajo forzoso y tortura y otros malos tratos.2 Los medios de comunicación también informaron de que el gobierno norcoreano estaba solicitando activamente a China que repatriara a personas sospechosas de haber salido de Corea del Norte sin autorización previa.

Diversas fuentes, entre ellas el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Corea del Norte, informaron de casos de personas norcoreanas que habían salido del país pero que habían regresado o manifestado su deseo de regresar tras llegar a Corea del Sur. Algunas personas que habían regresado aparecieron en los medios de comunicación del gobierno dando testimonio de las penurias que habían sufrido fuera de Corea del Norte. Como los procedimientos para que estas personas regresaran a Corea del Norte seguían sin estar claros, su aparición dio lugar a especulaciones acerca de si habían regresado voluntariamente o habían sido secuestradas para traerlas de nuevo al país, y si las autoridades de Corea del Norte las habían persuadido para que dieran testimonios falsos.

El gobierno siguió restringiendo severamente el intercambio de información entre la población norcoreana y el resto del mundo. Todos los servicios de telecomunicaciones, postales y de radiodifusión continuaban siendo de propiedad estatal, y no había periódicos, otros medios de comunicación ni organizaciones de la sociedad civil que fueran independientes. A excepción de unas pocas personas pertenecientes a la élite gobernante, la población carecía de acceso a Internet y a servicios de telefonía móvil internacional.

A pesar del riesgo de detención y reclusión, las personas que vivían cerca de la frontera con China seguían manteniendo contacto con personas en el extranjero conectándose a la red de telefonía móvil china con teléfonos móviles de contrabando. Según algunos medios de comunicación, las autoridades habían intensificado todavía más los esfuerzos para rastrear la actividad de teléfonos móviles en las redes chinas e interferir en las señales mediante la instalación de detectores de radar en las zonas fronterizas.

Tras la ratificación por Corea del Norte de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en diciembre de 2016, la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad realizó una visita oficial al país entre el 3 y el 8 de mayo de 2017. Era la primera visita a Corea del Norte de un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño, ambos de la ONU, examinaron en 2017 el historial de Corea del Norte en materia de derechos humanos. El país presentó informes como Estado Parte ante los comités, tras sendos intervalos de 14 y 9 años, y respondió a las preguntas durante los periodos de sesiones. En su análisis, el Comité de los Derechos del Niño señaló la imposibilidad de los niños y niñas de Corea del Norte de comunicarse con regularidad con sus progenitores y con los miembros de su familia que vivían en otros países.3 También señaló la exclusión de los niños y niñas de entre 16 y 17 años de edad de la Ley para la Protección de los Derechos de la Infancia, en vigor y de carácter nacional, y la obligación de algunos niños y niñas de realizar gran cantidad de tareas extenuantes.

  1. North Korea: Pastor Lim Hyeon-soo released after more than two years of imprisonment (ASA 24/6921/2017)
  2. China: Ocho norcoreanos en peligro de devolución (ASA 17/6652/2017)
  3. North Korea: Amnesty International’s submission to the United Nations Committee on the Rights of the Child (ASA 24/6500/2017)
República Popular Democrática de Corea
Jefe del Estado: Kim Jong-un
Jefe del gobierno: Pak Pong-ju