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Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y a lo largo del año seguía siendo un motivo de preocupación. Persistía el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra indígenas mapuches. La Ley Antiterrorista se empleaba contra mapuches, pese a que hacerlo suponía una violación de las normas internacionales sobre garantías procesales. Entró en vigor una ley que despenalizaba el aborto en tres circunstancias específicas; en el resto de los casos, el aborto seguía penalizado.

Entre noviembre y diciembre se celebraron elecciones presidenciales y legislativas, y Sebastián Piñera Echenique fue elegido presidente. Los mandatos del presidente electo y de los nuevos miembros del Congreso debían comenzar en marzo de 2018.

El Congreso estudió un proyecto de ley propuesto por el ejecutivo para la adopción de una nueva Ley de Migraciones.

Las primeras 14 familias sirias (un total de 66 personas) llegaron en octubre, en el marco de un programa de reasentamiento anunciado en 2014.

Persistían las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

En junio, las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno muy cerca de un colegio de la comunidad mapuche de Temucuicui, mientras los niños y niñas pequeños se hallaban en clase. La Corte Suprema consideró “proporcionada” esa acción.

En noviembre, un juez de Collipulli, en la provincia de Malleco, abrió una investigación contra un agente de policía por disparar en diciembre de 2016 a Brandon Hernández, un joven de 17 años que recibió más de 100 perdigonazos en la espalda. La audiencia se reprogramó tres veces, porque el policía acusado no comparecía ante el tribunal.

La Corte Suprema reabrió el caso de Alex Lemún, muerto por disparos de un agente de policía en Ercilla, provincia de Malleco, en 2002. Un tribunal militar había archivado el caso en 2004 sin hallar responsables.

Las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar chileno seguían exigiendo justicia, verdad y reparación. Aunque los tribunales habían conocido de cientos de casos, la mayoría de los condenados no cumplían penas de prisión, y muchas víctimas carecían aún de acceso a mecanismos institucionales para exigir reparación.

El Congreso debatió un proyecto de ley para poner a disposición de los fiscales y de las partes en los procedimientos judiciales pertinentes la información recabada por antiguas comisiones de la verdad.

En mayo, el gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley para la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura.

En junio, el gobierno anunció el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de la Araucanía para fomentar la participación de los pueblos indígenas, el desarrollo económico y la protección de las víctimas de violencia.

La presidenta Bachelet pidió formalmente perdón al pueblo mapuche por los “errores y horrores” cometidos por el Estado en su contra. Se estaba debatiendo un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas.

En el marco del proceso de elaboración de una nueva Constitución, cuya conclusión estaba prevista para 2018, se realizó una consulta con representantes de pueblos indígenas. Algunos de esos representantes criticaron el proceso por excluir varias cuestiones clave planteadas por los pueblos indígenas.

El Ministerio Público y el gobierno seguían abusando de la Ley Antiterrorista para procesar a mapuches sin cumplir las debidas garantías procesales. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado (en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile) que aplicaciones similares de la Ley Antiterrorista contra activistas mapuches violaban la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En octubre fueron absueltas 11 personas mapuches, incluida la machi Francisca Linconao, que habían sido acusadas formalmente de “terrorismo” por un incendio que mató a los terratenientes Werner Luchsinger y Vivian Mackay en enero de 2013. Las 11 personas acusadas habían estado detenidas en espera de juicio o bajo arresto domiciliario durante 18 meses. Tras la apelación del Ministerio Público en diciembre, el juicio y la absolución se declararon nulos. Estaba previsto que el juicio se repitiera en 2018.

El gobierno y el Ministerio Público también acusaron formalmente de “terrorismo” a cuatro hombres mapuches por un incendio que destruyó una iglesia en la ciudad de Padre las Casas en junio de 2016. Nadie resultó herido en ese incendio. Los mapuches fueron arrestados, detenidos y acusados el mismo día del incidente, y seguían detenidos en espera de juicio a finales de 2017. Después de que los cuatro hicieran una larga huelga de hambre, el gobierno presentó una solicitud de modificación del delito del cual se los acusaba. Sin embargo, la fiscalía decidió mantener el procesamiento por cargos de terrorismo.

En septiembre, el gobierno implementó la “Operación Huracán”, en la que se detuvo a ocho hombres y se los acusó formalmente de asociación ilícita para la comisión de actos terroristas en conexión con los incendios de decenas de vehículos de carga y la planificación de tales incendios. Nadie resultó herido en esos incidentes. Los ochos acusados estuvieron detenidos en espera de juicio hasta octubre, cuando la Corte Suprema declaró ilegítima su detención y ordenó su excarcelación, dado que la jueza no había justificado adecuadamente la necesidad de la prisión preventiva. Seguía en curso la investigación de los presuntos delitos.

En abril, Rodrigo Mundaca y otros líderes del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA) en la provincia de Petorca recibieron amenazas de muerte. Había una investigación en curso sobre el acoso y la intimidación a los que se había sometido durante varios años a los líderes de esta organización.

En mayo, la Fiscalía de Temuco anunció el cierre de la investigación por el secuestro y la tortura cometidos en junio de 2016 de Víctor Queipul Hueiquil, un lonko (autoridad comunitaria tradicional) mapuche de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. A Víctor Queipul lo habían amenazado con matarlo si persistía en su labor como líder y defensor del pueblo mapuche. El fiscal señaló que la investigación no podía proseguir porque Víctor Queipul no colaboraba. En mayo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una nueva demanda relativa a las torturas infligidas a Víctor Queipul; la investigación de ese segundo caso estaba en curso.

En septiembre entró en vigor una ley que despenalizaba el aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo suponía un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no era viable o cuando el embarazo era resultado de una violación. Esa ley también establecía el derecho a la objeción de conciencia para el personal médico y las instituciones que optaran por no realizar abortos incluso en esas circunstancias. Las directrices para la implementación de esa ley se aprobaron en diciembre. El aborto seguía estando penalizado en todas las demás circunstancias.

En agosto se cerró un caso penal contra un juez por permitir el cambio de nombre y de indicadores de género para una niña transgénero, y se retiraron todos los cargos contra él.

En junio, el Senado aprobó la Ley de Identidad de Género, que establecía el derecho de las personas mayores de 18 años al reconocimiento legal de su identidad de género modificando su nombre y sus indicadores de género en documentos oficiales mediante un proceso administrativo, sin necesidad de una cirugía de reasignación de género ni de un certificado médico. La propuesta de ley estaba pendiente ante el Congreso al finalizar el año.

En agosto, el gobierno presentó ante el Senado un proyecto de ley que pretendía otorgar a las parejas de personas del mismo sexo derecho a contraer matrimonio y a adoptar, en igualdad con las parejas de personas de sexos distintos.

República de Chile
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet Jeria