Saltar al contenido
Actuem pels drets humans a tot el món
Buscar

Txad

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El grupo armado Boko Haram siguió cometiendo abusos alrededor del lago Chad. Las autoridades chadianas prohibieron reuniones pacíficas de forma reiterada, y detuvieron y enjuiciaron a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas, algunos de los cuales fueron considerados presos de conciencia. Se violó el derecho a la libertad de asociación mediante restricciones ilegítimas al derecho a la libre sindicación, incluida la criminalización de algunas asociaciones ciudadanas. Más de 408.000 personas refugiadas seguían viviendo en duras condiciones en los campos situados, entre otros lugares, en Baga-Sola.

El presidente Déby promulgó la revisión del Código Penal en la que se revocaba la pena de muerte, salvo para el delito de “terrorismo”, y se elevaba a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

Se concedieron nuevos poderes, entre ellos el de detención, a la Agencia de Seguridad Nacional.

Una grave crisis económica, tras el pronunciado descenso del precio del petróleo en los últimos años, dio lugar a medidas de austeridad, descontento de la ciudadanía y huelgas en sectores como la salud, la educación y la justicia.

El grupo armado Boko Haram siguió matando, secuestrando e hiriendo a civiles, y destruyendo bienes.

El 5 de mayo, miembros de Boko Haram mataron al menos a cuatro civiles y quemaron 50 casas en Kaiga Kindjiria. La noche del 25 de mayo, al menos tres personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque de Boko Haram contra el pueblo de Kirnatchoulma (parte occidental de Kaiga Kindjiria). El 26 y 27 de mayo, Boko Haram llevó a cabo varios ataques contra los pueblos de Konguia, Wangui y Kagrerom (zona de Tchoukoutalia).

El 30 de mayo, una mujer fue secuestrada por Boko Haram a unos 4 km de Kaiga Kindjiria. En mayo y junio se registraron ataques similares en otras zonas, como Bodou-Doloum (subprefectura de Baga-Sola), en los que murieron tres personas y otras tres fueron secuestradas.

Durante el año, las autoridades prohibieron al menos seis reuniones pacíficas, y se detuvo a quienes organizaban protestas y participaban en ellas.

El 6 y el 15 de abril, respectivamente, Nadjo Kaina y Bertrand Solloh, dirigentes del movimiento ciudadano IYINA (“Estamos hartos”), fueron detenidos por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional por hacer un llamamiento a la ciudadanía para que vistiera de rojo en el aniversario de las elecciones presidenciales de 2016 como protesta contra la corrupción y la impunidad. La Agencia de Seguridad Nacional los mantuvo recluidos sin acceso a sus familiares ni a sus abogados, y después los entregó a la policía judicial. A ambos los acusaron de tentativa de conspiración para delinquir y de organizar una reunión no autorizada, y les impusieron una condena condicional de seis meses. Los dos denunciaron haber sido torturados bajo custodia, con métodos como la asfixia con bolsas de plástico llenas de pimiento picante.

El 12 de abril, Dingamnayal Nely Versinis —presidente de la organización Colectivo Chadiano contra la Carestía de la Vida— fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional en el ayuntamiento de la capital del país, Yamena. Había hecho un llamamiento a los comerciantes del mercado de mijo de Yamena para que hicieran una huelga en protesta por la subida de las tasas del mercado. Estuvo detenido sin acceso a sus familiares ni a sus abogados, y lo acusaron de fraude y usurpación de identidad. La fiscalía lo puso en libertad el 27 de abril por considerar que no había cometido ningún delito.

Se prohibieron algunos movimientos sociales y plataformas de la sociedad civil, y se restringió el derecho a la huelga, en contra de lo establecido por el derecho internacional.

El movimiento ciudadano IYINA seguía estando prohibido y, el 6 de enero, el ministro de Administración Territorial prohibió las actividades del Movimiento Nacional del Despertar de la Ciudadanía (que agrupaba a organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y partidos políticos), al que calificó de “antinatural” y “carente de fundamento jurídico”. El 27 de mayo, la policía interrumpió y prohibió la Asamblea General de este movimiento.

Se violaron los derechos de los sindicatos a raíz de la huelga que éstos pusieron en marcha desde septiembre de 2016 hasta enero de 2017. Los sindicatos seguían sujetos a un decreto de 2016 que limitaba el derecho a la huelga, y se rechazaron sus solicitudes para realizar manifestaciones.

En enero, las autoridades se inmiscuyeron en los asuntos internos del sindicato que representaba a investigadores y docentes universitarios —el Sindicato Nacional de Docentes e Investigadores de Enseñanza Superior— para forzar la destitución de su presidente y poner fin a la huelga. Ese mismo mes se denegaron los visados a representantes de la Confederación General del Trabajo, socia internacional de los sindicatos chadianos.

Hubo periodistas críticos con el gobierno que recibieron amenazas y fueron sometidos a vigilancia, mientras se seguían utilizando las leyes sobre desacato y difamación para tratar de silenciarlos.

Entre el 22 y el 24 de febrero, Eric Kokinagué —director de publicación del periódico Tribune Info— recibió más de una docena de llamadas amenazantes anónimas desde diferentes números tras haber publicado un artículo que criticaba duramente al presidente Déby. El 25 de febrero, Daniel Ngadjadoum —el columnista que escribió el artículo— fue secuestrado por hombres armados, recluido hasta 24 horas en lo que él creía que era un centro de la Agencia de Seguridad Nacional, y obligado a escribir una carta de disculpa al presidente.

En junio, Déli Sainzoumi Nestor, director del periódico bimensual Eclairages, fue acusado de difamación después de que Daoussa Déby Itno —exministro y hermano del presidente Déby— presentara una querella sobre un artículo que denunciaba su implicación en actos de fraude en la industria azucarera.

El 4 de septiembre, el periodista de radio Mbairaba Jean Paul fue detenido y acusado de difamación tras informar sobre un conflicto comunitario entre pastores y agricultores en Doba. Quedó en libertad al día siguiente y el prefecto que ordenó su detención fue destituido.

Las autoridades continuaron deteniendo a periodistas por hacer su trabajo, y a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos por ejercer su libertad de expresión y opinión.

Seguía privado de libertad el ciberactivista Tadjadine Mahamat Babouri (también conocido como Mahadine), detenido desde el 30 de septiembre de 2016. Había sido arrestado por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional tras publicar varios vídeos en Facebook en los que se criticaba la presunta gestión indebida de fondos públicos por parte del gobierno. Más tarde fue acusado de socavar el orden constitucional, amenazar la integridad territorial y la seguridad nacional, y colaborar con un movimiento de insurrección. El ciberactivista denunció que, mientras estuvo bajo custodia de la Agencia de Seguridad Nacional, lo habían privado de alimentos y agua durante tres días, le habían aplicado descargas eléctricas y lo habían golpeado.

El 5 de mayo, Maoundoe Decladore Djikoldingam —portavoz de la organización Ça doit changer (Las Cosas Tienen que Cambiar)— fue detenido en Moundou por cuatro hombres armados vestidos de civil. Permaneció recluido durante 25 días sin acceso a sus familiares ni a sus abogados, en lo que él creía que era un centro de la Agencia de Seguridad Nacional. El 30 de mayo lo transfirieron a la policía judicial y lo acusaron de desórdenes públicos. Maoundoe Decladore quedó en libertad bajo fianza debido al deterioro de su salud y estaba en espera de juicio al finalizar el año.

El 20 de junio, el Tribunal Superior de Moundou condenó a Sylver Beindé Bassandé —periodista y director de la cadena de radio comunitaria Al Nada FM en Moundou— a dos años de cárcel y una multa de 100.000 francos CFA (180 dólares estadounidenses) por complicidad en desacato al tribunal y menoscabo de la autoridad judicial. Las acusaciones contra él se formularon tras emitir una entrevista de radio con un concejal municipal que había criticado a los jueces después de haber sido declarado culpable junto con otros dos concejales en un proceso judicial distinto. Sylver Beindé Bassandé presentó un recurso, y quedó en libertad bajo fianza el 19 de julio. El 26 de septiembre, el Tribunal de Apelación invalidó el fallo del Tribunal Superior de Moundou y condenó a Sylver Beindé Bassandé a una multa 100.000 francos CFA (180 dólares estadounidenses) por complicidad en difamación. El condenado recurrió contra esta decisión ante el Tribunal Supremo.

Más de 408.000 personas refugiadas procedentes de República Centroafricana, República Democrática del Congo, Nigeria y Sudán seguían viviendo en condiciones precarias en los campos de refugiados. La inseguridad generada por los ataques de Boko Haram y por las operaciones militares provocó el desplazamiento de más de 174.000 personas, entre ellas al menos 25.000 únicamente en 2017.

En junio, casi 5.000 personas huyeron de una oleada de ataques de Boko Haram contra poblados en los alrededores de Kaiga Kindjiria y Tchoukoutalia, y crearon dos nuevos emplazamientos para personas internamente desplazadas: Kengua (cantón de Kiskra, en el departamento de Fouli) y Kane Ngouboua (Diameron). Desde julio, unas 6.700 personas llegaron a Baga Sola desde Níger después de la retirada de las tropas chadianas del país, y ante el temor a los ataques de Boko Haram.

Las fuerzas armadas chadianas siguieron imponiendo restricciones a la libertad de circulación de personas y bienes a orillas del lago Chad, lo que dificultaba el sustento de las comunidades y elevaba el riesgo de inseguridad alimentaria.

Según la ONU, la desnutrición aguda grave aumentó del 2,1% al 3,4% en la región durante el año. En todo el país, la ONU calculó que 2,8 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria, de ellas más de 380.000 en niveles de crisis o emergencia.

República de Chad
Jefe del Estado: Idriss Déby Itno
Jefe del gobierno: Albert Pahimi Padacké