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Canadà

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Persistía la discriminación contra los pueblos indígenas y, en particular, no se protegían sus derechos a la tierra y los recursos. Se necesitaban medidas urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas indígenas mientras se llevaba a cabo una investigación nacional. Se registró un aumento sustancial del número de solicitantes de asilo que cruzaban de forma irregular la frontera desde Estados Unidos.

Los compromisos formulados por el gobierno de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas se contradecían con el hecho de que, al prever la inundación del valle del río de la Paz, en la provincia de la Columbia Británica, para la construcción de la represa Site C, no se habían abordado las violaciones de los derechos de caza y pesca de esos pueblos, protegidos por tratados.

El Tribunal Canadiense de Derechos Humanos emitió tres avisos de incumplimiento contra el gobierno federal por discriminación en los servicios brindados a los niños y las niñas de las Primeras Naciones y sus familias.

La Comisión de investigación pública sobre las relaciones entre los pueblos indígenas y ciertos servicios públicos en Quebec celebró audiencias durante todo el año.

En junio, la provincia de Ontario aceptó financiar la limpieza de un sistema fluvial contaminado con mercurio. En noviembre, el gobierno federal accedió a brindar atención médica especializada para casos de envenenamiento con mercurio, tal como pretendían desde hacía mucho los miembros de la comunidad Grassy Narrows de las Primeras Naciones.

En julio, el Tribunal Supremo de Canadá resolvió, en un caso presentado por el poblado inuit de Clyde River, que el gobierno tenía obligación de intervenir cuando los organismos reguladores no protegiesen los derechos de los pueblos indígenas.

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó su preocupación por las violaciones de los derechos indígenas sobre la tierra y por el hecho de que Canadá no respetaba el derecho al consentimiento libre, previo e informado. El Comité pidió a Canadá que le presentara, en el plazo de un año, un informe sobre las medidas previstas para hacer frente a los efectos de la represa Site C. En diciembre, el gobierno provincial de la Columbia Británica anunció que la construcción de esa represa iba a seguir adelante, a pesar de las objeciones de las Primeras Naciones afectadas.

En noviembre, el gobierno anunció su apoyo a un proyecto de ley destinado a desarrollar un marco legislativo para la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En noviembre, el Tribunal Supremo rechazó una apelación de la nación ktunaxa, en la Columbia Británica, en la que se pedía que se aplicara la protección constitucional de la libertad religiosa a la preservación de los lugares sagrados de los pueblos indígenas. De haber sido favorable, la sentencia habría sido histórica.

En junio, el gobierno federal puso en marcha una Política de Asistencia Feminista Internacional y se comprometió a dar a los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos un lugar central en su política exterior. En noviembre, el gobierno hizo público su segundo Plan de Acción Nacional sobre las mujeres, la paz y la seguridad.

En junio, el gobierno federal hizo pública su estrategia para combatir la violencia de género, pero lo hizo sin un plan de acción nacional.

La Investigación Nacional sobre las Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas continuó durante todo el año. Cada vez más familiares de mujeres y niñas desaparecidas expresaban su frustración por la lentitud con que avanzaba la Investigación y por la deficiente comunicación; varias integrantes del personal de la Investigación y una de sus cinco comisarios dimitieron. Las audiencias comunitarias empezaron en junio, y en noviembre se emitió un informe provisional.

En octubre, Quebec aprobó la Ley para Fomentar el Cumplimiento de la Neutralidad Religiosa del Estado, que requería que todas las personas, incluidas las mujeres musulmanas que vistieran niqab, se descubrieran el rostro para utilizar o prestar servicios gubernamentales, incluidos el transporte público y las bibliotecas. En diciembre, un tribunal suspendió la aplicación de esa ley hasta que se resolviera un recurso constitucional contra ella.

En junio, el Parlamento aprobó legislación para añadir la identidad y expresión de género como motivos prohibidos de discriminación en la Ley de Derechos Humanos y el Código Penal de Canadá.

En enero, seis fieles murieron y 19 resultaron heridos cuando un hombre armado abrió fuego en una mezquita de la ciudad de Quebec.

En marzo, el Parlamento adoptó una moción en la que pedía que un comité llevara a cabo un estudio para el desarrollo de un nuevo enfoque contra la islamofobia y la discriminación por motivos religiosos.

En marzo, los ciudadanos canadienses Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati y Muayyed Nureddin recibieron una indemnización y una disculpa por el papel desempeñado por agentes canadienses en su detención ilegítima, encarcelamiento y tortura en Siria y Egipto entre 2001 y 2004.

En junio se propusieron reformas jurídicas relativas a la seguridad nacional, entre ellas una mejora de la revisión y supervisión de las agencias de seguridad nacional. Entre las cuestiones que seguían suscitando preocupación se incluían la falta de salvaguardias suficientes en materia de intercambio de información, unas disposiciones inadecuadas relativas a la apelación para quienes figuraban en listas de “prohibición de vuelo”, y la ampliación de la potestad de vigilancia masiva y minería de datos.

En junio se aprobó legislación para revocar las reformas introducidas en 2014 a la Ley de Ciudadanía que permitían privar de la nacionalidad canadiense a las personas con doble nacionalidad condenadas por terrorismo y otros delitos.

En julio, el ciudadano canadiense Omar Khadr recibió una indemnización y una disculpa por el papel desempeñado por agentes canadienses en las violaciones de sus derechos que le fueron infligidas en el centro de detención estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, durante 10 años a partir de 2002.

En septiembre, las directrices revisadas reforzaron las garantías contra la complicidad en actos de tortura y en el intercambio de información confidencial con otros gobiernos, pero no prohibieron por completo el uso de información obtenida por otros gobiernos mediante torturas.

En junio se presentó una propuesta de legislación federal que establecería un límite de 20 días para la reclusión en régimen de aislamiento; ese límite se reduciría a 15 días una vez que la ley llevara en vigor 18 meses. El proyecto de ley no prohibía someter a régimen de aislamiento a personas que padecieran enfermedades mentales. En diciembre, una sentencia judicial declaró inconstitucionales las disposiciones de reclusión en régimen de aislamiento vigentes, por considerar que no brindaban garantías de protección adecuadas; la sentencia daba al gobierno un año para adoptar nuevas normas.

En octubre se aprobó la Ley de Protección de Fuentes Periodísticas, que establecía una “ley-escudo” para proteger a profesionales del periodismo y a sus fuentes.

Más de 18.000 solicitantes de asilo cruzaron de manera irregular la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el transcurso del año, al deteriorarse las condiciones para las personas refugiadas y migrantes en Estados Unidos. Las personas solicitantes de asilo cruzaban la frontera de manera irregular para eludir la prohibición de presentar solicitudes en puestos fronterizos oficiales impuesta por el Acuerdo de Tercer País Seguro, firmado por Canadá y Estados Unidos en 2004. En julio, grupos de la sociedad civil y solicitantes de asilo individuales presentaron conjuntamente una apelación judicial contra ese acuerdo.

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a Canadá a fijar un plazo máximo para la detención por razones de inmigración, a poner fin a la detención de menores de edad por ese mismo motivo y a dar acceso a atención médica esencial a todas las personas que se encontraran en Canadá, independientemente de su situación migratoria. Las nuevas directrices que se hicieron públicas en noviembre establecían que solamente se podía recluir a menores de edad por razones de inmigración en “circunstancias sumamente limitadas”.

Los objetivos anuales del gobierno en materia de reasentamiento de personas refugiadas se redujeron hasta niveles anteriores a 2016, con 7.500 personas anuales, tras incrementarse hasta las 25.000 personas en 2016 en el marco del programa gubernamental de reasentamiento de personas refugiadas sirias.

El Servicio de Conservación de la Columbia Británica concluyó su investigación sobre la rotura de la balsa de residuos de Mount Polley Mining Corporation (MPMC) en 2014, sin presentar cargos. Seguía en curso una investigación federal por incumplimiento de la Ley de Pesca. En abril, en contra de los deseos de una serie de comunidades indígenas y de otro tipo, las autoridades de la Columbia Británica aprobaron el plan de MPMC para verter al lago Quesnel aguas residuales procedentes de actividades mineras que no cumplían las directrices provinciales sobre agua potable. En junio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos respaldó la recomendación del auditor general de la Columbia Británica de establecer una unidad independiente del Ministerio de Energía y Minas encargada de la aplicación y el cumplimiento de las normas. En agosto se presentó una acción penal privada contra MPMC. Ese mismo mes, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a Canadá que presentara en el plazo de un año un informe sobre sus acciones en relación con el desastre de 2014.

En enero, el Tribunal de Apelaciones de la Columbia Británica resolvió que podía juzgarse en Canadá una denuncia contra Tahoe Resources por los disparos efectuados contra personas que protestaban ante la mina de esta empresa en Guatemala. En noviembre, el Tribunal confirmó la sentencia de un tribunal de instancia inferior que había resuelto que podían proseguir las acciones judiciales contra Nevsun Resources por complicidad en trabajos forzados en su mina en Eritrea.

En diciembre, el gobierno anunció sus planes de crear, a principios de 2018, una Defensoría del Pueblo para cuestiones de derechos humanos aplicables a las empresas extractivas canadienses que operan fuera del país.

Había negociaciones en curso para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y México, que incluían propuestas canadienses sobre igualdad de género y pueblos indígenas.

Continuaban las conversaciones sobre un posible tratado de libre comercio con China, pese a la preocupación por sus posibles implicaciones para la protección de los derechos humanos en el país asiático.

En junio, el gobierno presentó una propuesta legislativa de adhesión al Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas de la ONU, pero no se aplicaría a las transferencias de armas a Estados Unidos, el principal mercado para la venta de armas canadienses.

En octubre se aprobó la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos, que reforzó las reparaciones y las sanciones en determinados casos de violaciones graves de derechos humanos.

En diciembre se reunieron, por primera vez desde 1988, los ministros federales, provinciales y territoriales responsables de los derechos humanos; se comprometieron a establecer un “mecanismo de alto nivel” para coordinar con mayor eficacia el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Canadá en materia de derechos humanos.

Canadá
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por la gobernadora general Julie Payette (sustituyó a David Johnston en octubre)
Jefe del gobierno: Justin Trudeau