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Cambodja

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Se intensificó la represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, los medios de comunicación, la sociedad civil y la oposición política en el periodo previo a las elecciones, previstas para julio de 2018. Las autoridades continuaban haciendo uso indebido del sistema de justicia. Se presentaron nuevos cargos penales contra dirigentes y exdirigentes del principal partido de la oposición. Las autoridades incrementaron la presión sobre la sociedad civil, con medidas como vigilar a trabajadores y trabajadoras de derechos humanos y restringir o suspender la actividad de organizaciones de observación electoral. Se redujo drásticamente la libertad y la diversidad de los medios de comunicación. Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron sometidos a vigilancia, amenazas, detenciones y encarcelamientos. Las personas montagnards solicitantes de asilo corrían el riesgo de ser devueltas a Vietnam.

La perspectiva de unas elecciones generales reñidas en 2018 generó un clima político inestable, así como amenazas para los derechos humanos. En febrero, Sam Rainsy dimitió como líder del opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya para evitar la disolución del partido a causa de la sentencia condenatoria dictada contra él en 2016 por cargos penales. El periodo previo a las elecciones comunales de junio de 2017 estuvo marcado por la retórica amenazante del primer ministro y otros altos funcionarios del gobierno y mandos militares. El Partido del Pueblo Camboyano, en el gobierno, se hizo con el control del 70% de las comunas. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó otros dos años el mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya. El 16 de noviembre fue disuelto el Partido de rescate Nacional de Camboya entre denuncias de que formaba parte de una “revolución de color” presuntamente financiada por Estados Unidos para derrocar al régimen.

Aumentó el hostigamiento a la oposición política y la sociedad civil a través del uso indebido del sistema de justicia penal, en un evidente intento de obstaculizar las actividades previas a las elecciones generales de 2018.1 Las reformas de la Ley de Partidos Políticos de febrero y julio conferían al Ministerio del Interior y los tribunales nuevos poderes sobre los partidos políticos y prohibían a las personas declaradas culpables de algún delito ocupar puestos de liderazgo.

En marzo, Sam Rainsy fue declarado culpable de “difamación e incitación a delinquir” por afirmar en las redes sociales que el asesinato del comentarista político Kem Ley, cometido en julio de 2016, había sido un acto de “terrorismo de Estado”. El analista político Kim Sok fue declarado culpable de los mismos cargos en agosto por unos comentarios en una entrevista radiofónica en los que, al parecer, vinculaba al gobierno con el asesinato. Tras las elecciones comunales, el Ministerio del Interior ordenó a una coalición local de observación de las elecciones suspender sus actividades.

En agosto, el Instituto Nacional Democrático, con sede en Estados Unidos, fue expulsado de Camboya por presuntas infracciones de la normativa. También en agosto se silenciaron más de 30 radiofrecuencias de FM. Al parecer, las emisoras de radio habían incumplido sus contratos con el gobierno al “sobrevender” tiempo de emisión a programación de Radio Free Asia (RFA) y Voice of America —emisoras con sede en Estados Unidos—, así como de la emisora camboyana Voice of Democracy. En septiembre se cerró el periódico en inglés The Cambodia Daily, que llevaba largo tiempo publicándose, después de que las autoridades dieran a sus editores un plazo de 30 días para pagar una factura tributaria de 6,3 millones de dólares estadounidenses, medida que en general se consideró arbitraria. Ese mismo mes, RFA cesó su actividad en Camboya aduciendo el restrictivo ambiente para los medios de comunicación. En noviembre, dos exreporteros de RFA fueron arrestados por cargos falsos de “espionaje”; se enfrentaban a penas de hasta 15 años de prisión.

El 3 de septiembre, Kem Sokha, nuevo líder del Partido de Rescate Nacional de Camboya, fue arrestado en su domicilio en la capital, Phnom Penh, y posteriormente acusado de “conspiración con una potencia extranjera” en relación con un discurso pronunciado en 2013 en el que había hablado del asesoramiento internacional que había recibido en materia de cambio democrático. Posteriormente, los legisladores del Partido del Pueblo Camboyano votaron a favor de retirarle la inmunidad parlamentaria que le otorgaba la Constitución.

El Ministerio del Interior ordenó a la organización en favor del derecho a la tierra Equitable Cambodia (EC) suspender sus actividades durante 30 días por presuntas infracciones de la normativa. Tras vencer el plazo de la suspensión el 15 de noviembre, no se permitió a EC reanudar sus actividades. Al menos tres personas fueron arrestadas durante el año por publicar comentarios en Facebook que las autoridades consideraban insultantes para el primer ministro. El 26 de noviembre, el primer ministro amenazó con cerrar el Centro Camboyano para los Derechos Humanos. Tras una investigación del Ministerio del Interior y un anuncio del primer ministro el 2 de diciembre, se permitió que siguiera abierto.

Se hostigó y procesó a defensores y defensoras de los derechos humanos por realizar pacíficamente su labor. En febrero, Tep Vanny, destacada activista en favor del derecho a la tierra de la comunidad del lago Boeung Kak, fue declarada culpable de “actos deliberados de violencia con agravantes” en relación con una protesta de 2013 y condenada a dos años y seis meses de prisión. En diciembre, el Tribunal Supremo confirmó la condena de seis meses de prisión impuesta a Tep Vanny y a otras dos mujeres de la comunidad por una protesta en 2011. En febrero se investigó a los defensores de los derechos humanos Am Sam Ath y Chan Puthisak por haber instigado presuntamente a la comisión de actos de violencia en una manifestación celebrada en octubre de 2016 en Phnom Penh. Pese a que ambos habían sido golpeados por agentes parapoliciales durante la manifestación, sus denuncias formales de agresión parecían haber sido ignoradas.

En junio, cinco personas que pertenecían o habían pertenecido al personal de ADHOC (Asociación Camboyana de Derechos Humanos y Desarrollo) quedaron en libertad bajo fianza tras pasar más de un año detenidas en espera de juicio acusadas de sobornar a un testigo. A tres de ellas —Ny Sokha, Nay Vanda y Yi Soksan— se les había negado arbitrariamente el acceso a atención médica durante dos meses antes de su puesta en libertad. Los cargos seguían pendientes al terminar el año.

En septiembre, dos activistas de la organización ecologista Mother Nature fueron arrestados mientras grababan los movimientos de dragas de arena frente a la costa de Koh Kong en un intento de dejar patente el presunto contrabando ilegal de este material. Fueron acusados de incitación a delinquir y grabación ilegal.

Oeuth Ang fue condenado a cadena perpetua el 23 de marzo tras ser declarado culpable por el Tribunal Municipal de Phnom Penh del asesinato, en 2016, del destacado comentarista político Kem Ley. El juicio sólo había durado medio día. Las autoridades no respondieron a las peticiones de que se realizase una investigación independiente, imparcial y efectiva del asesinato de Kem Ley.

Camboya no presentó el informe, que debía haber presentado en octubre, sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas en 2013 por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ni proporcionó la información solicitada relativa a la violencia sexual y de género, en particular en cuanto a la reparación y la protección para las víctimas. Las mujeres seguían estando infrarrepresentadas en el ámbito político. A pesar de que la cifra de mujeres jefas de comuna elegidas en las elecciones comunales de 2017 aumentó, el número total de concejalas disminuyó.

El acaparamiento de tierras, las concesiones de tierras al sector privado para uso agroindustrial y los grandes proyectos de infraestructura continuaban afectando al derecho a una vivienda adecuada de comunidades en todo el país. Un informe publicado en enero por el Ministerio de Ordenación Territorial mostraba un aumento de las denuncias de conflictos de tierras recibidas en 2016 frente a las recibidas el año anterior. Avanzaron las obras en la presa hidroeléctrica Bajo Sesan II, en la provincia nororiental de Stung Treng. Los pueblos indígenas que se negaban a abandonar sus tierras ancestrales se enfrentaban a la reubicación forzosa. Las personas que aceptaron la reubicación fueron trasladadas a lugares de reasentamiento precarios y afectados por inundaciones.

El gobierno rechazó 29 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas por personas montagnards solicitantes de asilo provenientes de Vietnam, que se enfrentaban a una posible devolución. El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, declaró que los solicitantes tenían motivos legítimos. Al finalizar el año continuaban en Camboya.

En febrero, los jueces que colaboraron en la instrucción de la causa 004/1 contra Im Chaem en las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya emitieron una orden conjunta de sobreseimiento. Concluyeron que la acusada no entraba en la jurisdicción personal de las Salas Especiales al no haber sido alto cargo ni una de las máximas autoridades responsables durante el régimen del Jemer Rojo.

En junio se hicieron los alegatos finales en el segundo juicio de Nuon Chea y Khieu Samphan en la causa 002. La sala de primera instancia de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya había dividido la causa contra ellos en 2011, dando lugar a dos juicios por cargos distintos. Ambos estaban acusados de crímenes de lesa humanidad, genocidio e infracciones graves de los Convenios de Ginebra.

  1. Courts of injustice. Suppressing activism through the criminal justice system in Cambodia (ASA 23/6059/2017)
Reino de Camboya
Jefe del Estado: rey Norodom Sihamoni
Jefe del gobierno: Hun Sen