Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Se restringía la libertad de expresión, y las autoridades expulsaron a periodistas extranjeras y suspendieron medios de comunicación en el contexto del régimen de transición después del golpe de Estado y del conflicto armado. Los grupos armados y las fuerzas gubernamentales cometieron ataques ilegítimos. Varias figuras públicas fueron víctimas de desaparición forzada, y hubo mujeres y niñas secuestradas. Los grupos armados restringían gravemente los derechos económicos y sociales de la población civil en ciudades y pueblos asediados.
Información general
Continuó el conflicto armado entre fuerzas del ejército, junto con la fuerza auxiliar denominada Voluntarios para la Defensa de la Patria, y Ansarul Islam y otros grupos armados. Uno de cada 10 habitantes de Burkina Faso había tenido que desplazarse a causa del conflicto. El control del gobierno sobre su territorio se limitaba al 65%, según el primer ministro. El gobierno amplió el estado de excepción a 8 provincias más y promulgó un decreto que permitía a las autoridades reclutar a ciudadanos y ciudadanas con fines de defensa nacional. Burkina Faso también concertó con Malí y Níger la Alianza de Estados del Sahel, con fines de defensa.
Libertad de expresión
Las autoridades que habían llegado al poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2022 reprimían a toda persona a la que consideraban crítica con su forma de gobernar. Las autoridades hicieron uso del reclutamiento para silenciar y hostigar a las voces independientes. En marzo, Boukaré Ouedraogo, presidente de la organización de la sociedad civil Llamamiento de Kaya, fue alistado a la fuerza durante un mes como miembro de los Voluntarios para la Defensa de la Patria en el ejército, a pesar de su deficiencia visual, tras haber criticado al gobierno por la falta de agua potable en la ciudad de Kaya y por la respuesta inadecuada de las autoridades a la situación de seguridad. A principios de noviembre, Daouda Diallo, secretario del Colectivo contra la Impunidad y la Estigmatización de las Comunidades, fue reclutado por el gobierno junto con otros 11 actores de la sociedad civil y figuras de los medios de comunicación que habían expresado públicamente sus críticas a las políticas gubernamentales. El 1 de diciembre, Daouda Diallo fue secuestrado por fuerzas de seguridad, y unos días después circuló en las redes sociales una imagen en la que aparecía armado y vestido con prendas militares. El 27 de diciembre, Ablassé Ouedraogo, político y exministro de Asuntos Exteriores, fue detenido en su domicilio por individuos vestidos de civil y conducido a un lugar desconocido.
Periodistas y medios de comunicación
El 31 de marzo, dos corresponsales de los periódicos franceses Libération y Le Monde fueron citadas a presentarse en la Seguridad del Estado, autoridad encargada de la inteligencia interior, donde las interrogaron en relación con las informaciones que publicaban sobre el conflicto. Posteriormente, ambas fueron expulsadas del país.1
En marzo, la agencia francesa de medios de comunicación France 24 fue suspendida tras informar sobre las respuestas por escrito del líder de Al Qaeda en el Magreb Islámico a preguntas formuladas por un periodista.
En mayo, Lookman Sawadogo y Alain Traoré, periodistas de Omega Media Group, fueron detenidos y acusados formalmente de “complicidad en la no denuncia de un delito” en el caso relacionado con unos mensajes de audio que pedían a la ciudadanía que incendiara el palacio del Mogho Naaba, uno de los principales jefes tradicionales de Burkina Faso. Ambos fueron absueltos en julio.
En agosto, Omega Media Group fue suspendido por un mes tras la emisión de una entrevista con un destacado político de Níger, exmiembro del gabinete del presidente derrocado y portavoz de un movimiento político opuesto a las nuevas autoridades militares.
Homicidios y ataques ilegítimos
Abusos cometidos por grupos armados
Según informaciones de medios de comunicación y de la ONG Movimiento Burkinés en favor de los Derechos Humanos y de los Pueblos (MBDHP), al menos 60 civiles perdieron la vida en febrero durante un ataque contra la localidad de Partiaga, en la provincia de Tapoa (región Este) presuntamente perpetrado por miembros de Ansarul Islam.
El 11 de mayo, al menos 33 civiles murieron a manos de un grupo armado en la localidad de Youlou mientras trabajaban en sus campos, según un comunicado del gobernador de la región de Boucle de Mouhoun.
El 6 de agosto, al menos 22 personas fueron víctimas de homicidios ilegítimos cometidos por presuntos miembros de Ansarul Islam durante un ataque en la localidad de Nohao, en la región Centro-Este, dirigido contra comerciantes. Durante el ataque también se incendiaron más de una decena de automóviles y camiones que transportaban mercancías.
Abusos cometidos por fuerzas gubernamentales
El 13 de febrero, soldados de las fuerzas armadas y miembros de los Voluntarios para la Defensa de la Patria secuestraron a 7 civiles, al menos uno de ellos menor de edad, en el barrio de La Ferme, en Ouahigouya, donde había una importante población de personas desplazadas. A esas 7 personas las llevaron al campamento militar de Zondoma, donde las golpearon y apedrearon hasta la muerte, crimen que fue grabado en vídeo y difundido a través de las redes sociales.
Los días 3 y 4 de abril, varios soldados con base en Dori (provincia de Sahel) apalearon y mataron a tiros a 7 civiles en el barrio de Petit Paris, e hirieron a varios más, según el MBDHP. El ataque, según informes, se realizó como represalia por el asesinato de un soldado que había tenido lugar en la vecindad unos días antes.
El 20 de abril, unos soldados acompañados de miembros de los Voluntarios para la Defensa de la Patria mataron al menos a 147 civiles en el pueblo de Karma (provincia de Yatenga, región Norte) durante una operación de patrulla. En la operación participaron miembros de la unidad especial del ejército Tercer Batallón de Intervención Rápida.2
Desapariciones forzadas
Varias figuras públicas fueron víctimas de desaparición forzada.
El 25 de marzo, Hamidou Bandé, presidente nacional de la organización Ruugas, que representaba los intereses de los pastores, fue secuestrado por 4 hombres en Fada Ngourma (región Este). Unos días después, uno de sus asociados, Moussa Thiombiano —jefe koglweogo conocido como “Django”—, fue secuestrado cerca de su residencia.
El 28 de abril, Mohamed Diallo, de 74 años, imán de la mezquita de Lafiabougou de Bobo-Dioulasso, en la región de Hauts-Bassins, fue detenido en su domicilio por unos hombres que se presentaron como miembros de las fuerzas de seguridad y defensa.
El 21 de septiembre, presuntos miembros de los servicios de inteligencia sacaron de su domicilio al empresario Anselme Kambou y lo llevaron a un destino desconocido. En noviembre, un tribunal de la capital, Uagadugú, ordenó a los servicios de inteligencia que lo pusieran en libertad, pero el empresario continuó detenido.
Al terminar el año seguían sin conocerse la suerte y paradero de estos 4 hombres.
Violencia por motivos de género
El 12 de enero, 66 mujeres, niñas y bebés recién nacidos fueron secuestrados por presuntos miembros de Ansarul Islam cerca del pueblo de Liki, en la provincia de Soum (región de Sahel).3 Estas mujeres estaban recolectando alimentos debido al asedio de la localidad de Arbinda por Ansarul Islam. Fueron liberadas en la localidad de Tougouri el 16 de enero, durante un control de carreteras rutinario del camión en el que se hallaban.
Derechos económicos, sociales y culturales
Los grupos armados, como Ansarul Islam, cometieron abusos contra los derechos económicos, sociales y culturales de miles de personas burkinesas al asediar al menos 46 ciudades y pueblos. La inflación se convirtió en endémica en varias de las localidades asediadas, como Djibo, Tanwalbougou y Gayeri. Grupos armados sabotearon infraestructuras hídricas en Djibo, atacaron convoyes de suministro de alimentos que intentaban llegar a estas localidades y prohibieron a la población residente cultivar sus tierras o pastorear el ganado en los alrededores de muchas de éstas.
Derecho a la educación
En octubre, al menos 6.549 escuelas se habían visto obligadas a cerrar debido al conflicto, según el Ministerio de Educación. La misma fuente afirmó que en 2023 se reabrieron 539 escuelas. Según UNICEF, más de 31.000 docentes y de un millón de escolares se veían afectados por este cierre de escuelas.
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