Aunque disminuyó el número de personas refugiadas y migrantes que llegaban a Bulgaria, continuaron las denuncias frecuentes de devoluciones sin el debido proceso, de uso excesivo de la fuerza y de robos a manos de la policía de fronteras. El cruce irregular de fronteras seguía penalizado y dio lugar a la detención administrativa de personas refugiadas y migrantes, entre ellas menores no acompañados, cuyo número iba en aumento. Las organizaciones de derechos humanos documentaron numerosas denuncias de malos tratos a personas refugiadas y solicitantes de asilo, así como condiciones deficientes en los centros de detención.

En febrero, las autoridades locales del municipio de Elin Pelin se negaron a recibir a una familia siria a la que se había concedido el estatuto humanitario en Bulgaria. El alcalde advirtió públicamente que “las personas musulmanas procedentes de Siria no [eran] bienvenidas” y se negó a inscribir en registro a la familia o a entregarle documentos de identidad. Otros municipios también se mostraron reacios a acoger a personas refugiadas.

En julio, el gobierno aprobó un reglamento sobre la integración de la población refugiada que no incluía un mecanismo efectivo para dicha integración. Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el reglamento no abordaba el problema persistente de la falta de cooperación de los municipios ni proponía medidas para crear condiciones más favorables para la integración en las comunidades locales. Tampoco subsanaba las lagunas en el acceso de las personas refugiadas a viviendas sociales, prestaciones familiares por hijos e hijas o la enseñanza del idioma, lo que limitaba su disfrute de los derechos sociales y económicos.

En septiembre, el gobierno emitió una orden que restringía la libertad de circulación de las personas solicitantes de asilo registradas e imponía límites territoriales a las que estaban en centros de refugiados, a las que prohibía salir de las zonas prescritas.

Aunque Bulgaria se comprometió a aceptar a 1.302 personas solicitantes de asilo procedentes de Grecia e Italia en virtud del programa de reubicación de emergencia de la UE, al finalizar el año sólo había reasentado a 50 personas procedentes de Grecia. Tampoco acogió a ninguna persona refugiada siria procedente de Turquía en virtud del acuerdo de reasentamiento “uno por uno” establecido entre la UE y Turquía, a pesar de que en un principio se había comprometido a aceptar a 100 en cumplimiento del programa.

Las condiciones de acogida de menores refugiados y migrantes no acompañados continuaban siendo inadecuadas, pues se les negaba . sistemáticamente un acceso adecuado a asistencia letrada, servicios de traducción, atención médica y asistencia psicosocial. En los centros de acogida no se impartía educación básica, y la mayoría de los menores de edad no estaban matriculados en las escuelas locales. Las actividades sociales y educativas eran escasas y estaban organizadas varios días a la semana exclusivamente por ONG y organizaciones humanitarias.

Las autoridades no disponían de sistemas desarrollados para la pronta detección y evaluación de los menores no acompañados, y tampoco contaban con mecanismos para derivarlos a otros lugares. A menudo, los niños y las niñas no tenían acceso a tutores legales cualificados ni a asistencia letrada. En febrero, los alcaldes y habitantes de varias localidades se negaron a acoger a dos niños refugiados no acompañados en centros de sus comunidades. Los niños fueron trasladados varias veces y finalmente los separaron, provocando la huida del más pequeño.

En septiembre, la Asamblea Nacional aprobó, en la primera lectura, reformas a la Ley de Extranjería que incluían la obligación de ofrecer asistencia letrada a todos los menores no acompañados y de dar mayor autoridad a la Dirección de Asistencia Social en todos los procesos que afectaran a menores no acompañados que no hubieran solicitado protección internacional. Sin embargo, las reformas también proponían revocar la obligación de realizar una evaluación individual del interés superior del niño antes de internar a los menores en centros de detención de inmigrantes durante periodos breves. Las organizaciones de derechos humanos advirtieron que las propuestas legitimarían la práctica de “unir” a menores no acompañados a personas adultas que viajan en el mismo grupo con las que a menudo no están relacionados para evitar la prohibición de detener a menores.

Continuaron el discurso y los crímenes de odio contra los grupos minoritarios, como la población turca y la romaní; las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes siguieron expuestas a sufrir violencia y hostigamiento. Durante la campaña de las elecciones parlamentarias celebradas en marzo, los candidatos y los partidos políticos realizaron declaraciones discriminatorias o xenófobas, al igual que el Frente Patriótico, coalición de partidos ultraderechistas que obtuvo suficientes escaños para entrar en el gobierno.

Persistían la marginación y la discriminación generalizadas de la población romaní, que se enfrentaba a obstáculos sistémicos en todos los ámbitos, incluidos la educación, la atención médica y el empleo. Se matriculaba a los niños y niñas romaníes en escuelas especiales y se les negaba el acceso al sistema de enseñanza general. Muchas personas romaníes carecían de seguro de salud y encontraban barreras persistentes para acceder a atención y servicios médicos adecuados. Las autoridades continuaban efectuando desalojos forzosos sin proporcionar viviendas alternativas adecuadas, con lo que dejaban sin hogar a numerosas familias. Las organizaciones de derechos humanos documentaron numerosos casos de malos tratos y abusos físicos a la comunidad romaní por parte de la policía. El porcentaje de personas romaníes en los centros de detención seguía siendo desproporcionado. En julio hubo manifestaciones multitudinarias contra la población romaní en las localidades de Asenovgrad y Byala, organizadas por el Frente Patriótico tras un incidente violento entre un equipo deportivo juvenil y varias personas romaníes.

Las personas con discapacidad, especialmente los niños y las niñas, continuaron sufriendo discriminación y exclusión social sistémica, que incluía la limitación del acceso a la educación, los servicios de salud y el empleo. A las personas con discapacidad intelectual y con problemas psicosociales se las privaba de capacidad jurídica y del derecho a una vida independiente, y con frecuencia se las ponía bajo tutela o en instituciones de atención social sin su consentimiento.

A pesar de las numerosas amenazas y las contramanifestaciones simultáneas organizadas por grupos ultraderechistas, en junio se celebró en Sofía la marcha del Orgullo Gay, con fuerte presencia policial.

El patrón de amenazas, presiones políticas y agresiones a periodistas persistió a lo largo de 2017; un número significativo de medios de comunicación permaneció bajo estricto control de los partidos políticos y oligarcas locales. En octubre, Valeriy Simeonov, viceprimer ministro, y Anton Todorov, parlamentario, amenazaron públicamente al periodista televisivo Victor Nikolaev con despedirlo si no abandonaba la investigación sobre la compra de un avión de combate por parte del gobierno. El incidente fue objeto de una amplia condena por parte de la sociedad civil, pero no se emprendió ninguna acción contra ambos políticos.

Bulgaria seguía siendo el Estado miembro de la UE con peor puntuación en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, y la ONG Reporteros sin Fronteras lo clasificó en el puesto número 109 de un total de 180 países en cuanto a libertad de prensa.