Saltar al contenido
Actuem pels drets humans a tot el món
Buscar

Brasil

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Varias propuestas que suponían amenazas para los derechos humanos y representaban reveses enormes para la legislación y las políticas vigentes avanzaron en el proceso legislativo. Aumentaron la violencia y los homicidios, que afectaban principalmente a los varones negros jóvenes. Los conflictos por la tierra y los recursos naturales se saldaron con decenas de homicidios. Los defensores y defensoras de los derechos humanos no contaban con una protección efectiva. La policía respondía a la mayoría de las protestas con un uso excesivo e innecesario de la fuerza.

Hasta 200 propuestas diferentes de enmiendas constitucionales, leyes nuevas y cambios en la legislación vigente amenazaban una serie de derechos humanos. Entre otras medidas regresivas, se hicieron propuestas para reducir a menos de 18 años la edad a la que se podía juzgar como personas adultas a los niños y las niñas; para cambiar o revocar el Estatuto de Desarme con el objetivo de facilitar la obtención de licencias de arma de fuego y la compra de esas armas; para restringir el derecho de reunión pacífica y criminalizar las protestas sociales; para imponer una prohibición total del aborto, lo que violaría los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas; para cambiar el proceso de demarcación de la tierra y los requisitos de consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes; y para reducir la protección de los derechos laborales y el acceso a la seguridad social.

La Ley 13.491/2017, promulgada por el presidente Temer el 13 de octubre, establecía que las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles, incluidos los asesinatos consumados o en grado de tentativa, debían juzgarlas tribunales militares.1 Esa ley violaba el derecho a un juicio justo, ya que los tribunales militares de Brasil no garantizaban la independencia judicial.

Pese a esos reveses, en mayo entró en vigor una nueva ley de migraciones (la Ley 13.445/2017) que incluía mejoras para los derechos de las personas migrantes.

Brasil se sometió por tercera vez al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos.2 El país recibió 246 recomendaciones en relación, entre otras cosas, con los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, los homicidios perpetrados por la policía, las torturas y las condiciones degradantes en las prisiones, y la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Brasil aceptó todas las recomendaciones menos cuatro; sin embargo, persistía la preocupación por su implementación en el contexto de las leyes y políticas regresivas que se habían adoptado durante el año.

En mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución contra Brasil, por no hacer justicia por los homicidios de 26 personas perpetrados por la policía en la favela de Nova Brasília, en el Complexo do Alemão de la ciudad de Río de Janeiro, en octubre de 1994 y mayo de 1995.

Aumentó el despliegue de las fuerzas armadas para labores policiales y de orden público.

Las autoridades no adoptaron medidas para reducir la tasa de homicidio, que seguía siendo alta para los varones negros jóvenes. El número de homicidios se incrementó en las grandes ciudades, especialmente en el nordeste del país. Los datos nacionales reunidos y publicados durante el año por el Foro Brasileño de Seguridad Pública revelaron que en 2016 habían sido víctimas de homicidio 61.619 personas, 4.657 de ellas mujeres. Las políticas de seguridad pública seguían basándose en intervenciones policiales muy militarizadas, motivadas principalmente por la denominada “guerra contra las drogas”.

En enero, el Ministerio de Justicia anunció un Plan Nacional de Seguridad Pública que debía centrarse en reducir la cifra de homicidios, combatir el tráfico de drogas y llevar a cabo una revisión del sistema penitenciario. No llegó a presentarse ni implementarse un plan detallado y exhaustivo, y la situación en materia de seguridad pública se deterioró en el transcurso del año.

En varias ciudades se incrementaron los casos de “homicidios múltiples” (sucesos únicos con más de tres víctimas) y de chacinas (homicidios múltiples al estilo de ejecuciones), sin que, a menudo, las autoridades los investigaran adecuadamente. El 5 de enero, un grupo de hombres armados mató a 8 hombres en Porto Seguro, en el estado de Bahía. El 3 de junio, unos encapuchados armados mataron a 6 hombres en una casa de Porto das Dunas, en Fortaleza, estado de Ceará. El 6 de junio, un grupo de 10 hombres armados y encapuchados mató a 4 hombres y una mujer e hirió a otras 9 personas en un bar de Belém, en el estado de Pará. El 22 de septiembre, 6 varones jóvenes de entre 16 y 23 años fueron asesinados en Grande Natal, en el estado de Rio Grande do Norte. En el barrio de Bom Jardim de Fortaleza, en el estado de Ceará, 5 hombres murieron y otros 3 resultaron heridos el 20 de febrero, y 4 varones jóvenes de entre 14 y 20 años fueron asesinados en una casa el 8 de octubre. En la mayoría de los casos no se identificó a los responsables.

Las intervenciones policiales en favelas y zonas marginales tenían muchas veces como consecuencia tiroteos intensivos y muertes. Los datos sobre las personas que morían a manos de la policía seguían siendo imprecisos, ya que los estados mantenían registros deficientes y empleaban metodologías distintas; sin embargo, las cifras oficiales indicaban que esas muertes habían aumentado en todo Brasil. Estas cifras mostraban que, entre enero y septiembre, agentes de policía de servicio habían matado a 494 personas en el estado de São Paulo y, entre enero y noviembre, a 1.035 en el estado de Río de Janeiro y a 148 en el estado de Ceará.

El 13 de febrero, cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas por la Policía Militar durante una intervención de ésta en la favela de Chapadão, en la ciudad de Río de Janeiro.

En febrero, una huelga de 21 días llevada a cabo por la Policía Militar en el estado de Espírito Santo desató el caos. A consecuencia de ello, se empleó personal de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad nacional para cumplir tareas policiales en el estado.

El 12 de julio, un hombre sin hogar murió a manos de un agente de la Policía Militar en el barrio de Pinheiros, en la ciudad de São Paulo.

En agosto, al menos siete personas murieron a manos de la policía durante operaciones policiales que se prolongaron varios días en la favela de Jacarezinho, en la ciudad de Río de Janeiro. Los habitantes de la zona denunciaron que el personal policial se había comportado de forma violenta y que había cometido varios abusos, entre ellos agresiones, registros ilegales de viviendas y homicidios ilegítimos. Es posible que esas intervenciones policiales se produjeran en represalia por el homicidio de un agente de policía en la zona.

El 3 de septiembre, 10 hombres murieron a manos de agentes de la Policía Civil durante una intervención policial para tratar de impedir un robo a mano armada en el barrio de Morumbi, en la ciudad de São Paulo.

A principios de año, unos agentes de la Unidad de Policía Pacificadora, perteneciente a la Policía Militar, asaltaron varias casas en la favela del Complexo do Alemão, en la ciudad de Río de Janeiro. Esas acciones ilegítimas de la policía persistieron incluso después de que un tribunal resolviera que las fuerzas policiales debían abandonar la zona. Quienes denunciaban las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía recibían amenazas y sufrían intimidación. Tras meses de movilización, el Ministerio Público presentó cargos contra dos agentes de policía que comandaron la operación y eran responsables de la zona.

El 11 de noviembre, siete hombres murieron durante una operación conjunta de seguridad llevada a cabo por la Policía Civil y el ejército en São Gonçalo, estado de Río de Janeiro. Las autoridades civiles se declararon incompetentes para investigar esas muertes después de que una nueva ley ampliara la jurisdicción de los tribunales militares para juzgar delitos cometidos por personal militar. Las fuerzas armadas negaron haber empleado armas de fuego y no hicieron público si habían abierto una investigación sobre las muertes.

El sistema penitenciario seguía masificado, y quienes estaban en prisión padecían condiciones inhumanas y degradantes. La población reclusa llegó a las 727.000 personas, de las que un 55% tenían entre 18 y 29 años y un 64% eran afrodescendientes, según el Ministerio de Justicia. Una proporción significativa de las personas recluidas (un 40% a nivel nacional) estaban en prisión preventiva, y muchas veces debían esperar varios meses hasta ser sometidas a juicio.

En enero se produjeron motines en prisiones de varios estados que dejaron al menos 123 muertos: 64 en el estado de Amazonas, 31 en Roraima, 26 en Rio Grande do Norte y 2 en Paraíba.3

En mayo, 32 reclusos escaparon de la prisión de Pedrinhas, en el estado de Maranhão; 2 de los fugados murieron a manos de guardias penitenciarios.

Como consecuencia de la masificación extrema de las prisiones del estado de Rio Grande do Sul, algunas personas detenidas por la policía debían permanecer más de 48 horas en lugares inapropiados en comisarías de policía y vehículos policiales mientras esperaban que se les asignara espacio en el sistema penitenciario.

En octubre, un hombre murió tras pasar un día y una noche detenido en una celda al aire libre —una especie de jaula— en una comisaría de policía de Barra do Corda, en el estado de Maranhão. La celda no estaba protegida del sol ni de las altísimas temperaturas, lo cual exponía a las personas recluidas en ella al riesgo de deshidratación y otras consecuencias peligrosas.

En el estado de Río de Janeiro, las inhumanas condiciones de reclusión se degradaron aún más debido a la crisis económica, que hizo peligrar la provisión de alimentos, agua y medicinas para más de 50.800 personas encarceladas. La tuberculosis y las enfermedades cutáneas alcanzaron niveles epidémicos en las prisiones de ese estado.

El 2 de octubre se cumplió el 25  aniversario de la masacre de Carandiru, prisión de São Paulo en la que la policía mató a 111 hombres. Los responsables aún no habían respondido de sus actos.

El 31 de marzo, miles de personas protestaron en las grandes ciudades contra las reformas propuestas de la legislación laboral y la política de seguridad social. El 28 de abril, movimientos sociales, estudiantes y sindicatos convocaron una “huelga general” y decenas de miles de personas protestaron en todo el país tras la aprobación de las reformas laborales. En muchas zonas, incluida la ciudad de Río de Janeiro, la policía hizo uso excesivo e innecesario de la fuerza contra personas que se manifestaban pacíficamente.

El 24 de mayo, al menos 49 personas resultaron heridas, entre ellas 8 agentes de la Policía Militar y un hombre herido por arma de fuego, después de que la policía empleara fuerza excesiva contra quienes protestaban en la capital del país, Brasilia. Decenas de miles de personas se manifestaron contra el presidente Temer en una protesta que terminó con enfrentamientos con la policía y daños a edificios públicos. El gobierno federal desplegó a las fuerzas armadas para patrullar la zona en los días siguientes.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes trabajaban en zonas rurales, continuaban siendo objeto de amenazas, agresiones y homicidios. Los estados de Pará y Maranhão figuraban entre los que mayor riesgo entrañaban para estas personas. Según la coalición de la sociedad civil Comité Brasileño de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, 62 defensores y defensoras fueron víctimas de homicidio entre enero y septiembre, lo cual suponía un aumento en relación con el año anterior. La mayoría murieron en el contexto de conflictos por la tierra y los recursos naturales. Los recortes presupuestarios y la falta de voluntad política para priorizar la protección de quienes defendían los derechos humanos llevaron al desmantelamiento del Programa Nacional de Protección, lo que dejó a cientos de personas expuestas a un mayor riesgo de sufrir ataques.

El 20 de abril, al menos nueve hombres murieron y otras personas resultaron heridas en Colniza, en el estado de Mato Grosso, cuando unos hombres armados atacaron a trabajadores rurales en el asentamiento de Taquaruçu do Norte. Siguiendo una tendencia iniciada diez años atrás, persistían los ataques frecuentes y violentos por parte de hombres armados a sueldo de latifundistas y de madereros ilegales, .

El 24 de mayo, una trabajadora y nueve trabajadores rurales que estaban acampando en los márgenes de la explotación agrícola de Santa Lucia en Pau D’Arco, estado de Pará, murieron por disparos en una operación conjunta de agentes de la Policía Militar y la Policía Civil. El 7 de julio resultó muerto a tiros uno de los líderes del grupo de trabajadores y trabajadoras rurales, Rosenildo Pereira de Almeida. Quienes sobrevivieron a la masacre aún temían por sus vidas tras esas muertes.

En septiembre, un grupo de mineros armados amenazó a pequeños agricultores en el asentamiento rural de Montanha e Mangabal, en la zona del río Tapajós, en el municipio de Itaituba, estado de Pará.

Continuaban los conflictos de tierras y la invasión de territorios indígenas por parte de madereros y mineros ilegales, lo cual provocó varios episodios de violencia contra los pueblos indígenas. El gobierno y los tribunales debilitaron el marco institucional y las políticas nacionales; eso causó más retrasos en el ya lento proceso de demarcación de tierras y agravó los conflictos sobre la tierra en los territorios indígenas. Los datos publicados durante el año por el Consejo Indigenista Misionero revelaron que al menos 118 indígenas habían sido víctimas de homicidio en 2016.

En enero, el Ministerio de Justicia emitió un decreto que cambió el proceso de demarcación de tierras y lo hacía aún más lento y más vulnerable a la presión de los terratenientes.

En abril, al menos 22 personas del pueblo indígena gamela fueron atacadas por hombres armados en Viana, en el estado de Maranhão; a algunas les dispararon, a otras las golpearon y a dos les cortaron las manos.

La Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (dos instituciones independientes creadas por el Estado para proteger los derechos de los pueblos indígenas y promover el acceso a la tierra) presentó su informe final, que la Cámara de Diputados aprobó en mayo. El informe supuso un claro ataque contra los derechos de los pueblos indígenas y tenía la intención directa de criminalizar a los líderes y las lideresas indígenas, a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos técnicos del Estado que trabajaban por los derechos de los pueblos indígenas, entre otros medios, solicitando que se presentaran acusaciones penales formales contra decenas de personas. Los recortes presupuestarios de la FUNAI afectaron negativamente a la labor de protección de los pueblos indígenas llevada a cabo por este organismo.

Según denuncias formuladas por indígenas de Vale do Javari, en el estado de Amazonas, durante el año se había dado muerte a miembros de grupos indígenas aislados de la zona. Esas muertes no se investigaron. La tierra indígena demarcada de Vale do Javari sufría la invasión de personas dedicadas a la minería.

Según el Grupo Gay de Bahía, 277 personas LGBTI fueron víctimas de homicidio en Brasil entre el 1 de enero y el 20 de septiembre, la cifra más alta desde que esa organización empezó a recopilar datos en 1980.

El 15 de febrero, la mujer transgénero Dandara dos Santos murió de una paliza en el barrio de Bom Jardim, en la ciudad de Fortaleza. Según quienes investigaron el caso, al menos 12 personas estuvieron implicadas en su muerte; durante el año, dos hombres fueron detenidos en relación con ella.

En septiembre, un juez del distrito federal autorizó a los profesionales de la psicología a emplear terapias dañinas y faltas de ética conocidas como “terapias de conversión” para intentar modificar la orientación sexual de las personas. Esa decisión incumplía una resolución del Consejo Federal de Psicología que había confirmado previamente que los profesionales de la psicología no podían realizar ninguna acción que implicara “patologizar la homosexualidad”. La decisión del juez contribuyó a incrementar la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTI.

Se presentaron diversas propuestas a nivel local, estatal y nacional que trataban de prohibir la inclusión en el material educativo de cuestiones relativas al género y a la orientación sexual.

A lo largo del año, centros religiosos (terreiros) de las religiones afrobrasileñas umbanda y candomblé del estado de Río de Janeiro sufrieron varios ataques de bandas delictivas, fieles de otras religiones y personas que actuaban por su cuenta. En agosto y septiembre, al menos ocho centros fueron atacados y destruidos, la mayoría en la ciudad de Río de Janeiro y municipios circundantes de la región de Baixada Fluminense.

Los centros de detención de menores seguían masificados, y los niños y niñas recluidos en ellos padecían condiciones inhumanas y degradantes.

En el estado de Ceará, las torturas a manos de agentes estatales en los centros de detención de menores eran práctica recurrente. Durante el año, hubo al menos 20 motines y 37 fugas de unidades de Ceará. De las 200 denuncias formales de torturas de adolescentes en unidades de detención de menores en Ceará entre 2016 y septiembre de 2017, sólo dos desembocaron en investigaciones formales del estado para obtener más datos. Los informes sobre la caótica situación del sistema de justicia de menores en Ceará provocaron en septiembre una visita formal del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil.

A principios de año, el estado de Espirito Santo tenía 1.198 menores detenidos en un sistema con capacidad para sólo 754, lo cual suponía una tasa de superpoblación de más del 39%. De los 13 centros de detención de ese estado, sólo 4 operaban dentro de los límites de su capacidad prevista.

El 3 de junio, 7 niños de entre 15 y 17 años murieron a manos de otros detenidos adolescentes durante un motín en un centro de detención de menores de Lagoa Seca, en el estado de Paraíba.

El 13 de noviembre, cuatro niños murieron a manos de unos hombres encapuchados que entraron en el centro del sistema de justicia de menores en el que estaban recluidos.

  1. Brasil: Aprobada la ley que conduce a la impunidad del ejército (AMR 19/7340/2017)
  2. Brazil: Police killings, impunity and attacks on defenders. Amnesty International submission for the UN Universal Periodic Review – 27th session of the UPR working group, May 2017 (AMR 19/5467/2016)
  3. Más de 90 hombres muertos en motines en prisiones de Brasil (AMR 19/5444/2017)
República Federativa del Brasil
Jefe del Estado y del gobierno: Michel Temer