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Brasil 2019

El gobierno federal y los gobiernos estatales adoptaron medidas administrativas y legislativas con las que pusieron en práctica la retórica abiertamente contraria a los derechos humanos desplegada por el presidente Bolsonaro en la campaña electoral de 2018. El año también fue escenario de un aumento del número de homicidios cometidos por policías en servicio activo; graves crisis medioambientales en la Amazonía que afectaban de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, los quilombolas y otras comunidades locales tradicionales; intentos de restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, y homicidios y amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Las autoridades no ofrecieron una respuesta adecuada a una amplia gama de violaciones de derechos humanos.

Información general

El presidente y otros altos cargos mantuvieron un discurso abiertamente contrario a los derechos humanos que incluía declaraciones dirigidas a debilitar el sistema interamericano de derechos humanos.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

Las autoridades federales promovieron varios decretos ejecutivos, medidas provisionales, anteproyectos de ley y otros instrumentos jurídicos que amenazaban con tener un impacto negativo en los derechos humanos en el país. Por ejemplo, se introdujeron una serie de medidas anticorrupción y de seguridad pública que contenían una definición de la defensa propia muy general e imprecisa que distaba mucho de ajustarse al derecho y las normas internacionales de los derechos humanos y que podía emplearse para justificar el uso excesivo de fuerza letal por parte de agentes del Estado. Se suavizó la normativa sobre la posesión y el transporte de armas de fuego y se adoptaron medidas para bloquear la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante el régimen militar.

Crisis medioambiental en la Amazonía

Al terminar el año, no había una política pública coherente ni de prevención de la deforestación y los incendios ni en materia de protección y recursos efectivos para las poblaciones afectadas. Tampoco se habían iniciado investigaciones independientes ni se habían tomado medidas integrales para hacer rendir cuentas a todas las personas implicadas en los incendios de la selva amazónica en 2019. Según el Instituto Socioambiental, en ocho meses ardieron alrededor de 435.000 hectáreas, lo que afectó a los medios de vida y la salud de comunidades rurales y urbanas, especialmente las comunidades indígenas y las comunidades quilombolas que vivían en la región. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial, agencia gubernamental brasileña encargada del seguimiento por satélite de la situación en la Amazonía, se calculaba que el ritmo de deforestación en los nueve estados de la Amazonía Legal brasileña fue de 9.762 km² en el periodo comprendido entre agosto de 2018 y julio de 2019. Este valor suponía un aumento del 29,54% en relación con el ritmo de deforestación calculado el año anterior, que había sido de 7.536 km². El mismo instituto confirmó un incremento del 30% de los incendios forestales en 2019, con 89.178 focos de incendio detectados por satélite.

Los devastadores incendios en la Amazonía eran el síntoma de una crisis mayor de deforestación ilegal y confiscación de tierras. Había indicios de que los incendios estaban vinculados a los intereses de la agroindustria, y de que se utilizaban sobre todo para convertir el bosque en pasto para el ganado, en algunos casos con la connivencia de las autoridades. La legislación brasileña contenía disposiciones firmes para la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las reservas medioambientales. Sin embargo, el presidente Bolsonaro trató activamente de socavar dichos mecanismos de protección. Como parte de la respuesta del gobierno a la crisis, el 29 de agosto, Bolsonaro firmó un decreto que prohibía durante 60 días las quemas para despejar tierras. Un funcionario de un organismo vinculado al Ministerio de Medioambiente de Brasil expresó preocupación por que el decreto sólo tendría efectos limitados, ya que la mayoría de las quemas recientes ya estaban prohibidas por la legislación vigente. Algunos representantes de ONG y funcionarios locales sostenían que muchas de las personas que iniciaban los incendios habían sido animadas por políticos y agricultores locales a ocupar terrenos situados en territorios indígenas y reservas medioambientales.[1]

Se detectó un patrón común que consistía en que se identificaban zonas de selva y se confiscaban ilegalmente, se talaban y eliminaban los árboles, y posteriormente se prendían fuegos (a menudo repetidas veces en la misma zona), para luego plantar hierba y finalmente introducir ganado. Por ejemplo, se había cercado la zona en torno a un incendio que en agosto había causado estragos en el territorio indígena de los manoki, en el estado de Mato Grosso, y líderes manoki contaron a Amnistía Internacional que creían que el propósito del incendio había sido facilitar la creación de pastizales para el ganado.

En noviembre, el presidente Bolsonaro declaró que esperaba que continuara la destrucción de la mayor selva del mundo, en referencia a la promesa de su campaña presidencial de abrir la Amazonía a más agricultura y minería. Aunque el ministro de Medio Ambiente afirmó que el gobierno esperaba reducir la deforestación ilegal en 2020, no señaló ningún objetivo concreto.

Derechos de los pueblos indígenas

El gobierno de Bolsonaro no cumplió con su obligación de proteger a los pueblos indígenas y, de hecho, adoptó varias medidas que aumentaron los riesgos que enfrentaban.

Por ejemplo, a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) se le retiraron algunas de sus competencias. El presidente Bolsonaro también reiteró algunas de sus declaraciones dirigidas a desacreditar y socavar al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Ambas organizaciones habían desempeñado un papel fundamental de vigilancia y protección de la Amazonía, y debilitar sus competencias e influencia aumentaba los riesgos que enfrentaban los pueblos indígenas y sus líderes.

El reconocimiento y demarcación oficiales de territorios de los pueblos indígenas continuó siendo lento y en gran medida ineficaz. De hecho, la situación se agravó con la introducción de la Medida Provisional núm. 870/2019, que transfería las competencias de demarcación de la FUNAI al Ministerio de Agricultura y amenazaba con detener la demarcación de tierras indígenas y la resolución de títulos de propiedad de las tierras de comunidades quilombolas. La medida provisional fue criticada por la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas porque socavaba el papel de protección de los pueblos indígenas desempeñado por la FUNAI. En junio de 2019 la medida quedó derogada tras la aprobación de la Ley 13.844, y se devolvió el control de la FUNAI al Ministerio de Justicia. No obstante, seguía suscitando preocupación el hecho de que al concluir el año no se hubiera aprobado la medida definitiva.

Según un informe del Consejo Indigenista Misionero, entre enero y noviembre al menos 21 territorios indígenas en los que se había registrado la presencia de pueblos en aislamiento voluntario habían sido invadidos por madereros, prospectores, cazadores, pescadores y personas que trataban de adueñarse de las tierras y explotar sus recursos naturales. El estudio no incluía los territorios en los que estaban presentes los pueblos, sino territorios donde sus tierras todavía debían ser demarcadas y protegidas.

Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes se vieron sometidos a una presión cada vez mayor por la ocupación ilegal de tierras perpetrada por madereros y otros intereses comerciales. La supervisión gubernamental de estas comunidades aisladas se redujo y, en algunos casos, era nula. Además, los líderes comunitarios y las personas defensoras de los derechos humanos recibieron amenazas y ataques.

Por ejemplo, los pueblos indígenas de tres territorios del norte de Brasil —los pueblos karipuna y uru-eu-wau-wau en el estado de Rondônia y el pueblo arara en el estado de Pará— denunciaron confiscaciones ilegales de sus tierras ancestrales. Describieron cómo los invasores de tierras habían abierto nuevos caminos en la selva cerca de sus poblados. En los tres lugares, los líderes indígenas denunciaron reiteradamente ante las autoridades actividades ilegales de confiscación de tierras y extracción de madera, pero la respuesta de las autoridades fue limitada y esas actividades continuaron. Entre enero y abril de 2019, la Fiscalía Federal envió al menos cuatro cartas al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública —responsable de la FUNAI— y al Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos en las que describía el deterioro de la seguridad en los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau, advertía del peligro de conflicto y solicitaba apoyo inmediato de la Fuerza de Seguridad Nacional. Al terminar el año, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos no se habían coordinado con la Fuerza de Seguridad Nacional para proteger los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau, y seguía sin elaborarse un plan de protección a largo plazo. Además, los líderes karipuna y uru-eu-wau-wau recibieron amenazas de muerte.[2]

Según el Consejo Indigenista Misionero, las invasiones de territorios indígenas, que habían aumentado de 96 en 2017 a 109 en 2018, se incrementaron espectacularmente en 2019, año en cuyos primeros nueve meses —de enero a septiembre— se registraron 160 casos. Los homicidios de indígenas, que habían aumentado de 110 en 2017 a 135 en 2018, parecían destinados a alcanzar cifras sin precedentes en 2019. Un informe de Global Witness señaló que el incremento de la cifra de homicidios de activistas medioambientales, incluidos líderes indígenas, estaba relacionado con la extracción de recursos naturales.

Una de las víctimas más recientes había sido Paulo Paulino Guajajara, líder guajajara de 26 años al que mataron en noviembre en el resguardo indígena Araribóia (estado de Maranhão). Era el cuarto integrante de los “Guardianes del Bosque” —grupo de 120 activistas guajajara que luchaba contra la extracción maderera ilegal en el resguardo Araribóia— que moría asesinado.

El gobierno brasileño no adoptó medidas efectivas para garantizar justicia por estos homicidios, y continuó criminalizando a las personas defensoras de los derechos humanos —sobre todo a las que trabajaban sobre cuestiones relativas al medioambiente, la tierra y el territorio—, lo que generaba un clima de temor y hacía de Brasil un lugar todavía más peligroso para defender los derechos humanos.

Policía y fuerzas de seguridad

Las autoridades federales y estatales adoptaron un discurso de línea dura que alimentaba la creciente violencia contra la población en general y contra las personas defensoras de los derechos humanos en particular.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, realizó declaraciones y llevó a cabo acciones relacionadas con la denominada “guerra contra las drogas”, que continuaba empleándose como pretexto para realizar intervenciones policiales militarizadas que se caracterizaban por altos niveles de violencia policial, crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos. En este contexto aumentaron los homicidios de presuntos delincuentes, especialmente de aquellos que, según las autoridades de seguridad, estaban implicados en narcotráfico.

Según cifras oficiales, entre enero y julio la policía mató a 1.249 personas en Río de Janeiro. Según un estudio de la Fiscalía Estatal de Río de Janeiro, dicha cifra suponía un incremento del 16% respecto al mismo periodo de 2018 (1.075 personas). Entre las personas muertas a manos de policías en servicio activo figuraban cinco niños negros que vivían en favelas y en comunidades desfavorecidas situadas en las afueras de ciudades de la región metropolitana de Río de Janeiro. El estudio dio lugar a que la Fiscalía de Río de Janeiro declarara que “Río t[enía] la policía más letal de Brasil, aunque no se halla[ba] entre los 10 estados más violentos del país”.

La violencia generalizada también provocó una gran cantidad de muertes de policías. Según la Policía Militar del estado de Río de Janeiro, entre enero y septiembre de 2019, 39 agentes habían muerto de manera violenta en el estado, lo que suponía un descenso del número de estas muertes en Río de Janeiro.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En consonancia con las declaraciones efectuadas durante la campaña de las elecciones presidenciales, el presidente Bolsonaro, que había criticado reiteradamente el trabajo de las ONG, creó el Departamento para las Relaciones con Organizaciones No Gubernamentales a través de medidas legislativas, como la Medida Provisional 870 y el Decreto núm. 9.669/2019, que parecían diseñadas para interferir indebidamente en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que operaban en Brasil, o para crear costosos procedimientos burocráticos que dificultaran sus actividades. El Congreso Nacional enmendó dichas medidas tras las movilizaciones de las organizaciones de la sociedad civil.

Durante el año, el presidente siguió denigrando a las ONG. Por ejemplo, el 21 de agosto, en una declaración a periodistas en el contexto del aumento del 82% de los incendios forestales en la Amazonía, acusó a las organizaciones de la sociedad civil de ser responsables de esos incendios: “Entonces, puede estar habiendo —sí, puede, no estoy afirmando— acción criminal de esos 'oenegeros' [miembros de ONG] para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil. Ésta es la guerra a la que nos enfrentamos”.

De un modo similar, el 25 de octubre, el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles insinuó, en una publicación en las redes sociales, que la organización internacional Greenpeace podría ser responsable del vertido de petróleo que afectaba a aguas brasileñas y a más de 2.250 km de costa en el nordeste de Brasil y que había generado otra crisis ambiental y de derechos humanos en el país. Al ser preguntado por periodistas sobre las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, el presidente Bolsonaro afirmó: “Para mí, este es un acto terrorista. Yo creo que Greenpeace sólo nos entorpece”. El 30 de octubre, Greenpeace presentó una demanda por difamación contra el ministro de Medio Ambiente ante el Tribunal Supremo Federal. Al terminar el año estaba pendiente el resultado de dicha demanda.

Impunidad

Un año después de que mataran a la defensora de los derechos humanos Marielle Franco y a su chófer Anderson Gomes en la ciudad de Río de Janeiro, la Policía Civil del estado de Río de Janeiro detuvo al agente de policía retirado Ronnie Lessa y al expolicía Elcio de Queiroz por dichos homicidios. El 14 de marzo, 14 expertos y relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocieron, en una nota publicada en Ginebra, la labor llevada a cabo por los investigadores policiales y la Fiscalía para descubrir la verdad y los avances realizados en el caso. No obstante, subrayaron que era necesario hacer más para establecer el motivo del ataque y destapar a las personas que estaban detrás de él, e instaron a las autoridades a concluir la investigación lo antes posible, llevar ante la justicia en juicios justos a todos los sospechosos de ser penalmente responsables —incluidos los mandos que pudieran haber ordenado, autorizado o consentido el delito— y ofrecer compensaciones a las familias de las víctimas.

Marielle Franco había respaldado abiertamente los derechos de la juventud negra, las mujeres, las personas que vivían en la pobreza, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y las víctimas de la violencia policial en Río de Janeiro. Las autoridades rechazaron las alegaciones de que la familia del presidente Bolsonaro tenía vínculos con los responsables del homicidio. No obstante, el retraso en resolver el caso alimentó la preocupación por la posibilidad de que destacadas figuras del gobierno pudieran estar implicadas en el homicidio.

En julio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos escribió a las autoridades brasileñas en relación con el caso de Davi Fiuza, de 16 años, víctima de desaparición forzada en Salvador (estado de Bahía) en 2014. La alta comisionada reiteró las recomendaciones previas sobre el caso y solicitó información que explicara por qué los resultados de las investigaciones concluidas por la Unidad de Policía Civil en abril de 2016 no se transmitieron a la Fiscalía hasta el 7 de julio de 2017, y luego se transmitieron nuevamente el 2 de agosto de 2018. El juicio fue trasladado a un tribunal militar y no se disponía de información sobre el proceso.


[1] Brasil: Las autoridades deben investigar y procesar a los responsables de la destrucción de la Amazonía (noticia, 2 de septiembre)

[2] Brasil: Riesgo de derramamiento de sangre en la Amazonía a menos que el gobierno proteja a los pueblos indígenas de las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales (noticia, 7 de mayo)

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