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Bolivia 2019

El bosque chiquitano de Bolivia sufrió una serie de incendios devastadores que provocaron una crisis ambiental y de derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos en general, y de los derechos de los pueblos indígenas en particular, siguieron sufriendo amenazas y hostigamiento. El país atravesaba una crisis social, económica, política y de derechos humanos que comenzó con las elecciones del 20 de octubre.

Información general

En octubre, entre protestas y denuncias de fraude electoral, el presidente Evo Morales declaró que había ganado las elecciones por un margen que eliminaba la posibilidad de una segunda vuelta con el candidato opositor. En respuesta a las protestas, el presidente Morales declaró el estado de excepción, durante el cual hubo denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional. El día de las elecciones, el defensor de los derechos humanos Waldo Albarracín resultó herido por el golpe de un bote de gas lacrimógeno.

El 8 de noviembre, tras varios días de violentas protestas, las policías de Sucre, Cochabamba y Santa Cruz se declararon en rebeldía contra el gobierno, y la policía de La Paz se unió al motín el 9 de noviembre. Ese mismo día, el presidente Morales pidió a todas las fuerzas políticas de Bolivia que entablaran un diálogo para pacificar el país.

El 10 de noviembre, la Organización de los Estados Americanos publicó los resultados de una auditoría que había llevado a cabo y en la que se señalaban graves irregularidades en las elecciones, y pidió que se convocaran nuevos comicios. Ese mismo día, algunas personas partidarias del presidente lo instaron a abandonar el cargo, y las Fuerzas Armadas emitieron una declaración que sugería que el presidente debía renunciar a su cargo para llevar la paz al país. El presidente Morales dimitió horas después, y las protestas violentas se intensificaron.

Hubo información pública sobre ataques e intentos de incendio cometidos contra bienes pertenecientes a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, como la quema de la vivienda de Waldo Albarracín, por parte de multitudes simpatizantes del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS). También se denunciaron ataques contra los bienes de las familias de las autoridades del gobierno dimisionario. La Policía Nacional pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas para efectuar operaciones conjuntas con el fin de restaurar el orden.

El 12 de noviembre, Jeanine Áñez asumió el cargo de presidenta en funciones con el mandato de convocar nuevas elecciones presidenciales. Las protestas organizadas por simpatizantes del MAS continuaron y, el 14 de noviembre, el gobierno emitió el Decreto 4078, que disponía la participación de las Fuerzas Armadas en “la defensa de la sociedad y la conservación del orden público” y eximía de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participara en las operaciones para el restablecimiento del orden interno y la seguridad pública “cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, act[uasen] en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Con el decreto en vigor, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operaciones conjuntas para controlar manifestaciones, y hubo denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza. También se informó de la presencia de manifestantes armados en lugares como Sacaba y Senkata, donde se denunció que se habían producido muertes y que decenas de personas habían resultado heridas. El Instituto de Investigaciones Forenses informó de que, entre el 20 de octubre y el 22 de noviembre, había llevado a cabo 27 autopsias de personas muertas en el contexto de las protestas. Según la información a disposición pública de la Defensoría del Pueblo, 35 personas murieron entre el 30 de octubre y el 28 de noviembre, y 832 resultaron heridas entre el 24 de octubre y el 21 de noviembre. El 27 de noviembre, la presidenta en funciones Áñez derogó el Decreto 4078.

Durante la crisis, varias ciudades quedaron inaccesibles, lo que provocó escasez de comida y combustible. También hubo denuncias de amenazas y ataques contra periodistas y de otras violaciones del derecho a la libertad de expresión. El 24 de noviembre, la presidenta en funciones promulgó una ley que anulaba las elecciones del 20 de octubre y convocaba un nuevo proceso electoral. Estaba previsto que las elecciones se celebraren el 3 de mayo de 2020.

Del 22 al 25 de noviembre de 2019, por invitación del Estado, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una visita de observación a Bolivia.

El 12 de diciembre de 2019, la CIDH y el Estado firmaron un acuerdo para crear un grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes encargado de apoyar las investigaciones sobre los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Escrutinio internacional

En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró el historial de derechos humanos de Bolivia en el marco del Examen Periódico Universal; se formularon 238 recomendaciones. En julio, Bolivia ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El deterioro de la situación a la que se enfrentaban los defensores y defensoras de los derechos humanos seguía siendo motivo de preocupación. Las autoridades, entre ellas el expresidente Morales, hicieron declaraciones que ponían en entredicho la labor de las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil. Continuaban vigentes los requisitos establecidos en 2013 para que las ONG, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que trabajaban en más de un departamento desarrollaran sus actividades legalmente. La falta de claridad en torno a estos requisitos ponía a las organizaciones de la sociedad civil en riesgo de perder su condición jurídica y les impedía funcionar de manera eficaz.

Derechos de los pueblos indígenas

Los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el de participar en los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones que afectaban a sus derechos, seguían viéndose amenazados por la concesión de licencias para proyectos económicos (como las concesiones petroleras) en tierras comunitarias sin su consentimiento libre, previo e informado.

Derecho a un medioambiente sano

En julio comenzó una serie de incendios forestales que causaron estragos en la zona de la Chiquitanía. Los incendios se produjeron después de que el expresidente Morales promulgara el 10 de julio el Decreto Supremo 3973, que autorizaba “el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias” y permitía “las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente” en los departamentos de Santa Cruz y Beni, ambos afectados por los incendios forestales. El gobierno boliviano no abrió ninguna investigación para determinar las causas de los incendios y su posible relación con el Decreto, que continuaba vigente y seguía aplicándose al terminar el año.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El 17 de marzo, unos agentes de policía y de inmigración detuvieron arbitrariamente en un albergue de La Paz a 14 personas (3 mujeres y 11 hombres) de nacionalidad venezolana. Estas personas habían participado el 15 de marzo en una manifestación pacífica ante la Embajada de Cuba para protestar contra las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela. Fueron conducidas a una oficina de inmigración, interrogadas y acusadas de “acciones conspirativas” y “actividades políticas [...] a cambio de dinero”, lo que violaba su derecho al debido proceso. Según organizaciones locales y testigos, muchas de ellas recibieron malos tratos y amenazas por parte de agentes de policía. Ese mismo día, seis de esas personas fueron expulsadas arbitrariamente a Perú. Las ocho restantes, que habían solicitado asilo, fueron puestas en libertad, pero cinco huyeron posteriormente a Perú ante el temor a sufrir nueva persecución. Las tres que permanecían en Bolivia al terminar el año temían ser objeto de persecución y expulsión arbitraria.

Impunidad

En abril, la Comisión de la Verdad que investigaba violaciones de derechos humanos cometidas entre 1964 y 1982 recibió documentos desclasificados procedentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, así como archivos históricos procedentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estaba previsto que la Comisión presentara su informe final en 2020.

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