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Belarús

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Entre febrero y abril, las autoridades reprimieron con violencia manifestaciones pacíficas. El gobierno continuó rehusando aceptar el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia. Varias personas que buscaban protección internacional fueron devueltas a países donde corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. Seguían en vigor las fuertes restricciones legislativas impuestas sobre medios de comunicación, ONG, partidos políticos y reuniones públicas. Una persona fue ejecutada y cuatro fueron condenadas a muerte.

Después de varios años sin grandes protestas, en febrero y marzo hubo manifestaciones multitudinarias contra un impuesto a las personas desempleadas introducido por decreto presidencial en 2015. Las autoridades reprimieron las protestas. En marzo acusaron a 35 hombres de conspirar para organizar disturbios multitudinarios con financiación extranjera y dieron a entender que tenían relación con las manifestaciones. Las detenciones fueron ampliamente difundidas por televisión; en julio, todos los hombres habían quedado en libertad.

Continuó el acercamiento entre Bielorrusia y sus vecinos occidentales. En julio se celebró la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en la capital, Minsk.

En abril fue ejecutado Siarhei Vostrykau, condenado a muerte desde mayo de 2016. El Tribunal Regional de Homel recibió confirmación de su ejecución el 29 de abril. La última carta que su madre había recibido de él estaba fechada el 13 de abril.

Había al menos cinco hombres en espera de ejecución: Aliaksei Mikhalenya, cuya condena fue dictada el 17 de marzo y confirmada por el Tribunal Supremo el 30 de junio; Ihar Hershankou y Siamion Berazhnoy, ambos condenados el 21 de julio, cuyas apelaciones fueron rechazadas por el Tribunal Supremo el 20 de diciembre; y Viktar Liotau, condenado el 22 de septiembre. Kiryl Kazachok, condenado el 28 de diciembre de 2016, prefirió no apelar.

Decenas de personas que habían participado en manifestaciones fueron condenadas por su activismo pacífico. El 7 de abril, el Tribunal de Distrito de Zavodski, en Minsk, cambió la condena condicional impuesta a Dzmitry Paliyenka en 2016 por una condena de dos años de cárcel después de que se le impusieran dos sanciones administrativas. La primera, de siete días de detención por “vandalismo menor” y “desacato a requerimientos lícitos de la policía”, se le impuso el 10 de marzo por criticar abiertamente la sentencia en un juicio al que asistía como observador. La segunda, de 15 días de detención por “organizar actos multitudinarios no autorizados o participar en ellos”, se le impuso el 20 de marzo por haber protestado pacíficamente el 25 de febrero contra la construcción de un edificio en el centro de Minsk. La condena condicional de dos años se le había impuesto por su supuesta agresión a un agente de policía durante una manifestación pacífica de ciclistas celebrada en Minsk en abril de 2016.

En febrero y marzo, miles de personas asistieron a una serie de concentraciones pacíficas en todo el país para protestar por el impuesto a las personas desempleadas. Algunos organizadores y participantes denunciaron hostigamiento por parte de la policía, con breves detenciones y citaciones policiales para interrogatorio. El 25 de marzo, la policía impidió a manifestantes pacíficos congregarse en el centro de Minsk y detuvo a varios cientos, en algunos casos empleando fuerza excesiva. Varias de las personas que se manifestaban fueron brutalmente golpeadas en el momento de su detención y mientras estaban bajo custodia policial por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Entre febrero y abril fueron detenidas en relación con las protestas más de 900 personas, entre las que había activistas políticos a los que se impidió asistir a las manifestaciones, así como periodistas. Al menos 177 fueron declaradas culpables de supuestas infracciones administrativas y multadas o privadas de libertad durante periodos de entre 5 y 25 días. Todas las personas detenidas menos una fueron declaradas culpables en juicios sumarios; los tribunales admitieron invariablemente los informes policiales como pruebas en su contra sin cuestionamientos.

Continuaron en vigor las fuertes restricciones impuestas a las ONG. Según el artículo 193.1 del Código Penal, fundar una organización no registrada o participar en sus actividades seguía siendo delito punible con hasta dos años de prisión.

El 25 de marzo, agentes de policía enmascarados asaltaron la oficina del grupo de derechos humanos Viasna y detuvieron a las 57 personas que allí se encontraban, entre las que había periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos locales e internacionales que asistían a una sesión formativa sobre la observación de manifestaciones. Tras permanecer tres horas en la comisaría de policía local, quedaron en libertad sin cargos y sin recibir ninguna explicación. Un detenido fue hospitalizado por lesiones en la cabeza sufridas durante el arresto.

La acreditación oficial seguía siendo obligatoria para toda persona que trabajara para un medio de comunicación extranjero y continuaba denegándose de forma sistemática y arbitraria. Más de 100 blogueros y blogueras y periodistas de radio y televisión fueron detenidos por no haber obtenido la acreditación, algunos de forma reiterada, por lo que fueron multados. En al menos ocho casos se detuvo como si fueran manifestantes a periodistas que estaban cubriendo manifestaciones y se los sometió a detención administrativa durante periodos de entre 5 y 15 días.

La periodista Larysa Schyryakova, de la ciudad de Homel, en el sudeste de Bielorrusia, fue detenida y multada repetidamente por informar sobre manifestaciones. Según informó, la policía la había advertido de que, si cometía más infracciones administrativas, podía ser considerada “socialmente irresponsable” y su hijo de 11 años podía ser internado en un hogar de menores.

El impuesto a las personas desempleadas continuó en vigor; su incumplimiento seguía comportando multas administrativas y servicios comunitarios obligatorios. En marzo, a raíz de las manifestaciones contra el impuesto, el presidente encargó al gobierno que suspendiera su recaudación hasta 2018; en agosto prometió eximir de su pago a “las personas con muchos hijos, las personas enfermas y las personas discapacitadas”. En octubre se aprobaron los cambios correspondientes.

Bielorrusia carecía de un sistema de asilo operativo y entregó reiteradamente a personas que buscaban protección internacional a las autoridades de países donde corrían un peligro real de sufrir tortura u otros malos tratos.

Devolución

Imran Salamov, de etnia chechena, que afirmaba haber sido torturado repetidamente en Chechenia, fue devuelto a Rusia el 5 de septiembre, mientras tramitaba su recurso contra la denegación de su solicitud de asilo. El 11 de septiembre, las autoridades chechenas confirmaron que estaba bajo custodia de la policía en Grozni, capital de Chechenia. Desde esa fecha no había tenido ningún contacto con familiares ni abogados, y al final del año seguía sin revelarse su paradero. Con posterioridad a su devolución, las autoridades bielorrusas abrieron una investigación cuyas conclusiones fueron que se había infringido la legislación bielorrusa y que Imran Salamov había sido expulsado de Bielorrusia de forma prematura. Se tomaron medidas disciplinarias contra varios funcionarios relacionados con su caso, que continuaba abierto al término del año.

Aleksandr Lapshin, bloguero ruso-ucranio-israelí, fue detenido en Bielorrusia en diciembre de 2016, a petición de Azerbaiyán, y extraditado en febrero a este país, donde sufrió detención arbitraria y fue procesado por comentarios publicados en su blog en los que criticaba a las autoridades azerbaiyanas. Fue condenado a tres años de cárcel y el 11 de septiembre quedó en libertad en virtud de un indulto presidencial (véase el apartado sobre Azerbaiyán).

República de Bielorrusia
Jefe del Estado: Alexander Lukashenko
Jefe del gobierno: Andrei Kobyakov