Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
En el norte del país se registraron homicidios ilegítimos cometidos por grupos armados. La libertad de expresión continuó sujeta a restricciones debido al Código del Sector Digital, de 2018. Una lideresa de la oposición siguió sometida a detención arbitraria. El gobierno hizo avances para aplicar la ley de 2021 que legalizaba el aborto. Se liberó a unas mujeres que habían sido confinadas en una unidad hospitalaria por no pagar los costes del hospital. Miles de personas desalojadas por la fuerza en relación con proyectos de desarrollo turístico seguían exigiendo una indemnización adecuada.
Información general
Continuaron los ataques de grupos armados en los departamentos de Alibori y Atacora, fronterizos con Níger y Burkina Faso. Según el ejército de Benín, desde 2019 habían perdido la vida en torno a 40 habitantes de estos departamentos y 25 soldados. En agosto se puso en libertad a 127 personas acusadas de pertenecer a grupos terroristas, tras haberse sobreseído sus causas. Hubo especialistas del Instituto de Investigación Pesquera y Oceanográfica de Benín que advirtieron del riesgo de subida del nivel del mar en varias zonas del país, incluida la capital económica, Cotonú, debido al cambio climático.
Homicidios ilegítimos
El presidente Patrice Talon ordenó que se investigara la muerte de unas 15 personas en unos ataques de grupos armados contra habitantes de la comuna de Kérou, en el departamento de Atacora, ocurridos en mayo.
Libertad de expresión y de reunión
El Código del Sector Digital, de 2018, que castigaba con penas de prisión la publicación de información falsa en Internet, continuaba suponiendo una importante amenaza para la libertad de expresión. El gobierno siguió utilizando la situación de la seguridad en el norte del país para justificar las restricciones constantes del derecho de huelga.
El 24 de mayo, la Fiscalía solicitó una pena de 12 meses de prisión para el periodista Maxime Lissanon, que llevaba bajo custodia desde el 13 de enero por “incitación a la rebelión”. La detención del periodista se había producido a raíz de una publicación en su página de Facebook, realizada durante las elecciones legislativas del 8 de enero, en la que escribió que se había impedido entrar en los colegios electorales a los representantes del partido de oposición Los Demócratas.
El 15 de junio, Virgile Ahouansè, director de informativos de la emisora de radio digital Crystal News, fue condenado a una pena condicional de 12 meses de prisión por “difusión de información falsa”. En diciembre de 2022 había informado sobre una investigación con declaraciones de testigos que acusaban a la policía de cometer ejecuciones extrajudiciales en una escuela de Porto Novo.
El 8 de agosto, la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación suspendió hasta nuevo aviso “todos los medios de comunicación de masas” del grupo de prensa Gazette du Golfe, en relación con una supuesta “apología de los golpes de Estado”.
El 31 de agosto, unos agentes de policía del Parque Nacional de Pendjari detuvieron y recluyeron a Damilola Ayeni, periodista de la Fundación para el Periodismo de Investigación, quien, según dicha fundación, trabajaba en un informe sobre cuestiones medioambientales en Nigeria y Benín. Damilola Ayeni fue acusado de participar en actividades terroristas y quedó en libertad sin cargos 9 días después.
La prohibición del derecho de huelga en los sectores del transporte aéreo y marítimo, el petróleo y el gas seguía en vigor después de que el Parlamento aprobara una ley al respecto en octubre de 2022.
Detención arbitraria
La lideresa opositora Reckya Madougou permaneció detenida, a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había emitido en 2022 una declaración en la que consideraba arbitraria su detención.
Uso excesivo de la fuerza
La noche del 4 de septiembre, Martin Hounga, de 18 años, perdió la vida durante una operación policial en la ciudad de Hêvié. El 12 de septiembre, la policía anunció que se había remitido el caso al fiscal del tribunal de Abomey-Calavi y al inspector técnico de la policía para que se llevara a cabo una investigación judicial y administrativa sobre esta muerte.
Derechos de las mujeres
El 12 de abril, el gobierno adoptó un decreto en el que se establecían las condiciones de aplicación del aborto voluntario, que habían sido ampliadas por ley en diciembre de 2021.
Derecho a la salud
En mayo, cuatro mujeres que permanecían confinadas en un sector del Hospital de Distrito de Mènontin desde marzo por no abonar los costes hospitalarios fueron liberadas tras una visita al hospital por parte de los servicios sociales y una delegación del Ministerio de Salud y el Ministerio de Asuntos Sociales.1
Desalojos forzosos
Varios miles de personas desalojadas por la fuerza en relación con proyectos de desarrollo turístico en la zona costera, entre las ciudades de Cotonú y Ouidah, seguían denunciando la ausencia de una indemnización adecuada. En muchos casos, se violaron tanto el derecho internacional de los derechos humanos como la legislación de Benín antes, durante y después de los desalojos; esas vulneraciones se referían a la notificación previa y a una indemnización previa y justa.
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