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Bèlgica

Bélgica 2019

El Parlamento aprobó una ley para establecer una institución federal de derechos humanos. Continuaron las transferencias de armas a las partes enfrentadas en el conflicto de Yemen. La sociedad civil pidió mejores respuestas a la violencia de género. Aunque la intención del gobierno era continuar su política de detener a menores de edad para su repatriación, el Consejo de Estado se lo impidió.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

A finales de abril, el Parlamento Federal aprobó una ley que establecía una institución federal de derechos humanos. Los agentes de la sociedad civil consideraron positiva su adopción, aunque expresaron su preocupación por el limitado mandato de la institución y por cómo encajaría en el complejo panorama institucional de Bélgica.

Seguridad y medidas antiterroristas

En enero y febrero entraron en vigor nuevas leyes destinadas a mejorar el sistema de asistencia económica a las víctimas de atentados terroristas. A pesar de las recomendaciones de las asociaciones de víctimas, las autoridades no abordaron suficientemente la complejidad del sistema de indemnizaciones.

Derechos de la infancia

Decenas de niños y niñas con al menos un progenitor belga continuaban confinados en los campos para personas internamente desplazadas de Al Hol, Al Roj y Aïn Issa, en el norte de Siria. Con la intervención de las autoridades belgas, seis de estos menores —tres niños y una niña huérfanos y un niño y una niña víctimas de secuestro parental internacional— fueron repatriados a Bélgica. Decenas más que iban acompañados de un progenitor no fueron repatriados debido a que el Estado continuaba aplicando la política de no facilitar el retorno de personas adultas. Según la fundación Child Focus, al menos cinco menores belgas de corta edad murieron en campos para personas internamente desplazadas en 2019.

Derechos de las personas migrantes

En abril, el Consejo de Estado suspendió la práctica de recluir con fines de control migratorio a familias con menores a su cargo En agosto de 2018, el gobierno había empezado a recluirlas en “unidades familiares” en el centro de detención para inmigrantes de Steenokkerzeel, próximo a una pista de aterrizaje del aeropuerto. La suspensión de esta práctica se basó en las posibles consecuencias para la salud del ruido del aeropuerto. El gobierno anunció que mejoraría el aislamiento acústico para poder seguir recluyendo a las familias.

La comisión que evaluaba las políticas relacionadas con el retorno voluntario o forzoso de personas extranjeras publicó un informe intermedio en febrero. Esta comisión se había establecido en febrero de 2018 para revisar las políticas y prácticas de devolución de Bélgica, después de la identificación y devolución de nacionales de Sudán en incumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe a los Estados devolver a personas a países donde exista un peligro real de que sufran persecución. La falta de evaluación crítica decepcionó a la sociedad civil, que manifestó también su decepción por la ausencia de representantes de la sociedad civil y de especialistas independientes en la composición de la comisión.

En febrero, el Comité Permanente de Control de los Servicios de la Policía publicó un informe sobre la actuación policial respecto a las personas refugiadas y migrantes en tránsito, a raíz de una sucesión de informes de ONG que denunciaban malos tratos de la policía a estas personas. El Comité concluyó que en “las operaciones en gran escala" se había tratado “correcta y humanamente” a las personas migrantes y formuló recomendaciones para la adopción de políticas con un enfoque más integrado, uniforme y humano. Según un examen de Myria, el centro federal en materia de migración, el informe del Comité no contradecía las conclusiones de las ONG, ya que no verificaba los casos denunciados por éstas y sólo se centraba en las operaciones en gran escala y en las denuncias formales. En su examen, Myria resaltaba una serie de asuntos relacionados con la protección de los derechos humanos de las personas migrantes durante la detención y recomendaba a las autoridades una actitud más proactiva en la investigación de la violencia policial, incluso cuando no hubiera una denuncia formal.

Reclusión

Las cárceles continuaban superpobladas, sus instalaciones eran precarias y no proporcionaban a la población reclusa acceso suficiente a servicios básicos.

En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en la causa Clasens v. Belgium. Concluyó que, durante una prolongada huelga de personal que había tenido lugar en 2016, las condiciones materiales de reclusión habían constituido una violación de la prohibición del trato inhumano o degradante.

En julio entró en vigor una nueva ley que tenía por objeto introducir la prestación de servicios mínimos en las prisiones durante las huelgas.

Violencia contra mujeres y niñas

En febrero, Bélgica presentó su primer informe al Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, en el que se describían los esfuerzos del Estado para aplicar el Convenio de Estambul. Casi 50 organizaciones de la sociedad civil instaron a Bélgica a incrementar sus esfuerzos y asignar recursos suficientes para abordar la violencia de género.

Comercio de armas

Valonia continuó autorizando transferencias de armas a miembros de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen, después de haber concedido licencias por valor de 195,8 millones de dólares estadounidenses para transferencias a Arabia Saudí en 2018.

El Consejo de Estado canceló ocho licencias en junio, alegando que Valonia no había examinado la conducta del país comprador. Las ONG pidieron al gobierno que suspendiera las transferencias de armas a países que cometían graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía Internacional y otras entidades lanzaron la iniciativa Observatorio de Armas de Valonia, que tenía por objeto obligar a la Región Valona a rendir cuentas respecto a sus obligaciones internacionales en materia de comercio de armas.

Policía y fuerzas de seguridad

En febrero, el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre las Personas de Ascendencia Africana llevó a cabo una misión de investigación, y pidió que se tomaran medidas respecto al uso policial de perfiles raciales, lo que incluía documentar y analizar las operaciones de interceptación y registro por parte de la policía. En diciembre, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la persistencia del uso de perfiles raciales y exhortó a Bélgica a reformar su legislación para prohibirlo expresamente.

Discriminación racial

Varios organismos de la ONU, entre ellos la UNESCO y órganos de derechos humanos, expresaron su preocupación por la persistencia del racismo y el antisemitismo y pidieron al Estado que tomara medidas.

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