Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica continuaron gravemente restringidos. Las minorías religiosas sufrían discriminación. Se abusó del sistema de justicia para reprimir la disidencia. La tortura y otros malos tratos eran endémicos y prevalecía la impunidad. Las personas refugiadas y migrantes sufrieron abusos a manos de las autoridades. Siguieron imponiéndose condenas de muerte.
Información general
Aumentó el aislamiento internacional de Bielorrusia, y sus vecinos de la Unión Europea endurecieron los controles fronterizos después de que el país acordara albergar a la empresa militar privada rusa Wagner y desplegar armas nucleares tácticas rusas en su territorio.
Se estimaba que alrededor de 350.000 personas habían salido de Bielorrusia desde la represión de la disidencia de 2020, lo que provocaba escasez de mano de obra. Las autoridades trataron de obligar a muchas de ellas a regresar con métodos como suspender la renovación del pasaporte en los consulados bielorrusos en el extranjero.
Libertad de expresión
La libertad de expresión seguía estando gravemente restringida. En mayo, unas reformas del Código Penal facilitaron aún más a las autoridades iniciar procesos penales por “delitos de orientación contraria al Estado” e introdujeron la responsabilidad penal por “desacreditar” a las fuerzas armadas y otras fuerzas gubernamentales, incluidas las paramilitares.
Siguieron prohibidos libros y otros productos impresos por “contenido extremista” y todos los meses fueron arrestadas decenas de personas por suscribirse a canales de mensajería “extremistas” de Telegram.
En enero, Darya Losik fue condenada a 2 años de prisión por “asistencia en actividades extremistas” por una entrevista sobre su esposo, el preso de conciencia Ihar Losik, emitida en el canal de televisión Belsat en 2022. Había sido acusada de calificar a su esposo de “preso político” y de protestar de su inocencia.
Los tribunales bielorrusos siguieron imponiendo condenas por “insultar” a autoridades, “desacreditar” símbolos e instituciones del Estado o “incitar a la discordia y la enemistad”.
En mayo, Pavel Belavus, destacada figura cultural, fue condenado a 13 años de prisión y al pago de una multa de 18.500 rublos bielorrusos (5.500 dólares estadounidenses) por 4 cargos penales, incluidos los de traición y “liderar una formación extremista”. Había sido acusado, entre otras cosas, de “difundir ideas nacionalistas bielorrusas con el propósito de cambiar el poder del Estado”.
Libertad de asociación
Se intensificó la represión de organizaciones de la sociedad civil independientes, ONG, organizaciones profesionales, y comunidades étnicas y religiosas. Los 12 partidos que conformaban la oposición al gobierno vieron denegada la renovación de su inscripción y fueron disueltos en un intento de despejar el camino de cara a las elecciones de 2024.
Se formularon cargos arbitrarios de “extremismo” para cerrar organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos Viasna, al que en agosto se catalogó de “formación extremista”.
Se practicaron detenciones por “financiación de actividades u organizaciones extremistas”. Kiryl Klimau fue condenado a 4 años de prisión por enviar 6 donaciones de 10 dólares estadounidenses a organizaciones benéficas que brindaban apoyo a las víctimas de la represión política.
Libertad de religión o de creencias
Desde octubre, en el marco de una campaña represiva de gran alcance contra la disidencia, se requirió a todas las organizaciones religiosas que se volvieran a inscribir para no ser clausuradas.
Continuó la represión de sacerdotes católicos. Desde el 31 de mayo, Uladzislau Beladzed fue arrestado 3 veces consecutivas por “difundir material extremista”; cada detención duró 15 días. Según informes, durante un registro en la catedral católica de la capital, Minsk, donde Belayed ejercía su ministerio, las fuerzas de seguridad golpearon a varios sacerdotes.
Las autoridades continuaron sometiendo a persecución a la congregación protestante Nueva Vida. En junio se demolió el edificio de su iglesia. En agosto se catalogaron como “extremistas” 2 publicaciones en Internet de 2020 que habían condenado la violencia contra manifestantes pacíficos y se arrestó a 2 pastores. En octubre, la iglesia fue “liquidada” por decisión judicial debido a sus “actividades extremistas”.
Libertad de reunión pacífica
El derecho a la libertad de reunión pacífica continuó gravemente restringido. Tres años después de las protestas de 2020, las autoridades seguían rastreando para someter a procesamientos infundados y encarcelamiento tanto a personas que se habían manifestado pacíficamente como a quienes las habían apoyado, por ejemplo, con donaciones.
Juicios injustos
Las autoridades continuaron abusando del sistema de justicia para reprimir toda disidencia, incluidos la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la abogacía. En marzo, Sviatlana Tsikhanouskaya, Pavel Latushka, Maria Maroz, Volha Kavalkova y Siarhei Dyleuski fueron condenados in absentia a penas de entre 12 y 18 años de prisión por cargos falsos. Las vistas judiciales a puerta cerrada seguían siendo una práctica generalizada.
Continuó la persecución de profesionales de la abogacía que defendían a víctimas de enjuiciamientos de motivación política; un grupo de derechos humanos denunció que al menos 10 estaban en prisión y más de 100 habían sido objeto de inhabilitación o de denegación de la renovación de la licencia como represalia por desempeñar su labor profesional.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos continuaban siendo generalizados y endémicos, y sus autores gozaban de impunidad. Las personas declaradas culpables de cargos de motivación política sufrían un trato duro y condiciones inhumanas, pues se les negaba atención médica adecuada, contacto con sus familiares y la posibilidad de hacer ejercicio al aire libre. Durante varios meses seguidos no se tuvo noticia del paradero y el estado de Syarhei Tsikhanouski, Maryia Kalesnikava, Ihar Losik, Maksim Znak, Mikalai Statkevich, Viktar Babaryka y otras figuras destacadas del activismo, el periodismo y la política en prisión.
En julio murió en la ciudad de Grodno el artista preso Ales Pushkin, según informes, a causa de una úlcera perforada que no recibió tratamiento. Cumplía una pena de cinco años de prisión impuesta por cargos infundados.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Con medidas como la detención arbitraria, las autoridades continuaron impidiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos desempeñar su labor.
En marzo, Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovic y Uladzimir Labkovich, miembros de la destacada organización de derechos humanos Viasna, fueron condenados a 10, 9 y 7 años de prisión, respectivamente, por cargos falsos.1
En junio, Nasta Loika fue condenada a 7 años de prisión por cargos falsos en un juicio a puerta cerrada. Su nombre se añadió a la lista de personas implicadas en “actividades terroristas”.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las autoridades bielorrusas continuaron atrayendo a personas refugiadas y migrantes al país con la falsa promesa de que podrían entrar sin dificultades en la Unión Europea y después las obligaban con violencia a cruzar la frontera a países de la Unión donde también podían ser objeto de devolución sumaria como Polonia, Lituania y Letonia. En la frontera, las personas refugiadas y migrantes a menudo sufrían tortura y otros malos tratos a manos de las autoridades bielorrusas.
Pena de muerte
Continuó la imposición de condenas a muerte, pero no se tuvo noticia de que se llevaran a cabo ejecuciones.
Nuevas disposiciones del Código Penal adoptadas en mayo ampliaron la aplicación de la pena de muerte al delito de traición cometido por “funcionarios con cargos de responsabilidad”, funcionarios públicos y militares.
Derecho a un medioambiente saludable
Según la OMS, la contaminación atmosférica por partículas finas en Bielorrusia, causada sobre todo por las emisiones de vehículos, era 3 veces superior al límite de seguridad recomendado y responsable del 18% de las muertes por derrame cerebral y cardiopatía isquémica. Las políticas climáticas del país eran incompatibles con sus obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo de París.
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