Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Continuaron los informes de grave represión de la libertad de expresión y reunión pacífica, incluido el uso de fuerza excesiva o innecesaria por la policía para sofocar protestas. Los derechos laborales y de las minorías étnicas y religiosas corrían peligro. Siguió siendo un importante desafío para el país garantizar los derechos humanos de la población refugiada rohinyá en el campo para personas refugiadas más grande del mundo.

Información general

En agosto, Michelle Bachelet realizó la primera visita oficial a Bangladesh de un alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Posteriormente, la comisionada resaltó varios motivos de preocupación en materia de derechos humanos, entre ellos la reducción del espacio cívico, el aumento de la vigilancia y la intimidación y las represalias, que a menudo se traducían en autocensura.

Libertad de expresión

La libertad de expresión continuó sujeta a restricciones. Según informes, se calculaba que en los 9 primeros meses del año al menos 179 periodistas habían sufrido hostigamiento o represalias, en la mayoría de los casos en forma de agresiones mientras desempeñaban de su trabajo o de demandas por artículos que habían publicado.

Se utilizó reiteradamente la draconiana Ley de Seguridad Digital para acallar la disidencia y las críticas al gobierno. Según un informe del grupo de derechos humanos Ain o Salish Kendra (ASK), a lo largo del año se presentaron 2.249 demandas en virtud de esa ley sólo ante los Tribunales de Delitos Informáticos de Dacca, Rajshahi y Chittagong. La organización Article 19 documentó la información aparecida en los medios de comunicación sobre 114 causas judiciales abiertas en aplicación de la Ley de Seguridad Digital entre los meses de enero y noviembre, y observó que una amplia mayoría de ellas (78) estaban relacionadas con publicaciones en las redes sociales. Asimismo, halló que, de las 114 causas, 46 habían sido presentadas por personas relacionadas con el partido gobernante.

Acogiéndose a una serie de disposiciones de la Ley de Seguridad Digital sobre la difamación y la publicación de información ofensiva, falsa o amenazante, una exdiputada de la Liga Awami y su hija presentaron sendas demandas contra Fazle Elahi, director de un periódico de Chittagong Hill Tracts, que fue detenido en junio. Fazle Elahi había publicado un artículo en el que se exponían con detalle presuntas irregularidades y el uso indebido de una propiedad pública arrendada por la diputada y su hija.

En agosto, el vicepresidente de la unidad de la Liga Awami en el distrito de Rangpur presentó una demanda contra el sitio web de noticias Netra News en aplicación de la Ley de Seguridad Digital. La demanda en cuestión, por “divulgación de propaganda”, hacía referencia a un artículo de denuncia publicado por Netra News sobre prisiones secretas de la Dirección General de Fuerzas de Inteligencia —principal órgano de la inteligencia militar del Estado— destinadas a albergar a personas sometidas a desaparición forzada, cuya existencia había verificado el propio medio mediante imágenes de satélite. La demanda se dirigió también contra un sobreviviente de este sistema de prisiones secretas que había hablado con Netra News sobre su experiencia.

Las autoridades intentaron también limitar la libertad de expresión de las ONG. La Oficina de Asuntos con las ONG —órgano dependiente de la Oficina de la Primera Ministra— rechazó la solicitud presentada por la organización de derechos humanos Odhikar para renovar su inscripción en el registro, alegando que había publicado “información engañosa” sobre homicidios extrajudiciales, desapariciones forzadas y asesinatos. La Oficina arguyó que esa información “empañaba la imagen” internacional de Bangladesh.

También se amenazó la libertad de expresión de particulares. En marzo, un profesor del distrito de Munshiganj fue detenido por “herir los sentimientos religiosos” tras haber hablado en clase sobre la diferencia entre ciencia y religión y ser denunciado por un miembro del personal administrativo del centro educativo donde trabajaba. Tras quedar en libertad 19 días más tarde, el profesor declaró a los medios de comunicación que creía que le habían “tendido una trampa” debido a conflictos internos del centro.

El anteproyecto de la Ley de Protección de Datos introducía nuevas restricciones de la libertad de expresión y amenazaba el derecho a la privacidad al establecer una serie de exenciones, expresadas en términos muy amplios, que permitían a las autoridades acceder a los datos personales de particulares y a información de instituciones sin supervisión judicial.

Libertad de reunión

La policía reprimió varias protestas a lo largo del año. En enero, se enfrentó en Sylhet a cientos de estudiantes de una universidad pública que exigían la dimisión del vicerrector, quien anteriormente había solicitado la actuación policial para despejar el acceso al recinto universitario, bloqueado por estudiantes. Según informes, la policía utilizó porras, granadas aturdidoras y balas de goma contra el alumnado, causando diversas lesiones, y presentó una denuncia colectiva contra 200 estudiantes.

En febrero, la policía disparó balas y proyectiles de gas lacrimógeno contra trabajadores y trabajadoras del sector textil que protestaban por el cierre de una fábrica. En marzo empleó gas lacrimógeno y cañones de agua contra manifestantes de organizaciones de izquierda durante actos de protesta contra el alza de los precios de servicios y artículos esenciales. En junio reprimió las protestas del personal de varias fábricas textiles de la capital, Dacca, que pedían una subida del salario mínimo del país —establecido en 2018 en 8.000 takas mensuales (80 dólares estadounidenses)— por el aumento de la inflación. En julio detuvo a 108 jóvenes varones en un centro comunitario de Chuadanga por participar en juegos “nocivos y adictivos” en una competición de juegos online.

En diciembre se produjeron enfrentamientos entre la policía y activistas y simpatizantes del Partido Nacionalista de Bangladesh, el principal de la oposición, a las puertas de la sede de este último en Dacca. El partido acababa de comunicar su intención de organizar una concentración política para pedir la dimisión del partido gobernante y que un gobierno provisional neutral supervisara las elecciones de 2023. Un hombre murió por herida de bala y al menos otras 60 personas resultaron heridas al disparar la policía contra miles de manifestantes. Durante la primera mitad de diciembre, la policía detuvo a 23.968 personas en todo el país, de las que al menos varios cientos eran dirigentes y activistas de partidos de oposición.

Tortura y otros malos tratos

Seguían siendo habituales las denuncias sobre tortura y otros malos tratos bajo custodia. Las organizaciones de la sociedad civil Odhikar y ASK calculaban que durante los 9 primeros meses del año se habían producido 54 presuntas muertes bajo custodia. ASK señaló que 34 de estas personas habían fallecido mientras estaban siendo juzgadas.

Tuvo amplia resonancia informativa el caso de un repartidor acusado de robo que murió bajo custodia. Aunque la policía afirmó que se había ahorcado, su esposa, Zannat Akhter, sostenía que lo habían matado de una paliza porque su familia no había podido pagar el dinero que la policía había exigido tras su detención. Zannat Akhter declaró a los medios de comunicación: “[los] policías nos exigieron 500.000 takas [unos 4.870 dólares estadounidenses] tras la detención de mi marido. Lo mataron porque no pudimos pagar ese dinero. Alá juzgará a quienes dejaron huérfano a mi hijo”.

Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas

Las elevadas cifras de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que venían registrándose desde hacía 10 años siguieron suscitando preocupación tanto dentro como fuera del país y, en concreto, entre varios mecanismos de derechos humanos de la ONU, como el Comité contra la Tortura. Durante su visita a Bangladesh, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos instó al gobierno a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Según cálculos de Odhikar, durante los 9 primeros meses del año al menos 25 personas habían muerto en ejecuciones extrajudiciales y 16 habían sido sometidas a desaparición forzada. Aunque esto representaba una disminución considerable con respecto al año anterior, el número de estas graves violaciones de derechos humanos seguía siendo preocupante, pese a las sanciones que Estados Unidos había impuesto a la policía de Bangladesh en diciembre de 2021. Un informe de investigación de Netra News hizo públicos datos e imágenes de satélite del centro secreto “Aynaghar” para la detención de personas sometidas a desaparición forzada, gestionado por la Dirección General de Fuerzas de Inteligencia en el centro de Dacca. Dos hombres que habían estado detenidos en el centro describieron condiciones de reclusión crueles, inhumanas y degradantes, con celdas sin ventanas en las que había grandes ventiladores que permanecían encendidos casi ininterrumpidamente para ahogar todos los demás sonidos.

Violencia contra mujeres y niñas

Basándose principalmente en la recopilación de noticias procedentes de 9 periódicos, ASK calculó que se habían registrado como mínimo 936 violaciones de mujeres y niñas, y que 292 mujeres habían sido asesinadas por sus esposos o por otros familiares. Si bien esas cifras eran inferiores a las registradas por ASK en 2021, persistía la cultura de impunidad en relación con la violencia de género, y la falta de datos oficiales sobre la violencia contra las mujeres y las niñas dificultaba evaluar su grado de incidencia real.

Según informes, una estudiante de la Universidad de Chittagong fue agredida sexualmente y desnudada en el campus por 5 hombres —al parecer, miembros de la Liga Chhatra de Bangladesh, rama estudiantil del partido gobernante— que, además, la amenazaron con publicar un vídeo de los hechos si denunciaba. Aun así, la joven denunció ante la policía y ante la universidad. Tras una investigación se detuvo a 5 jóvenes, de los cuales al menos 2 resultaron ser miembros activos de la Liga Chhatra de Bangladesh y estar matriculados en la Universidad de Chittagong. Fueron expulsados de la universidad después de que decenas de estudiantes formaran cadenas humanas para protestar contra la pasividad de las autoridades.

En respuesta a la presión constante ejercida por grupos de defensa de los derechos de las mujeres, el Parlamento aprobó un proyecto de reforma de la Ley sobre Pruebas de 1872 por el que se derogaba el artículo 155.4, que permitía a la defensa someter a las mujeres que denunciaban una violación a preguntas sobre su presunta moralidad y carácter. Sin embargo, la Coalición por la Reforma de la Legislación sobre Violación criticó el proyecto de reforma, al detectar en él omisiones y ambigüedades cruciales que podían seguir permitiendo humillar a las víctimas ante los tribunales aunque se eliminara el artículo 155.4.

Derechos laborales

Pese a las reformas institucionales y a otros cambios aplicados tras el derrumbe con numerosas víctimas mortales del edificio Rana Plaza en 2013, la seguridad en el trabajo seguía siendo un lejano objetivo aún por alcanzar. La Sociedad por la Seguridad y los Derechos calculaba que durante los 6 primeros meses de 2022 habían perdido la vida al menos 333 personas en 241 accidentes laborales, en comparación con las 306 muertes ocurridas durante el mismo periodo de 2021.

En junio, un incendio en el depósito de contenedores de la empresa BM Container Depot se saldó con al menos 49 víctimas mortales y 250 personas heridas. Además de toda una serie de irregularidades, el Departamento de Explosivos detectó que el depósito carecía de autorización para almacenar peróxido de hidrógeno, cuya presencia podía haber causado la explosión. Trabajadores sobrevivientes explicaron al periódico Prothom Alo que una de las salidas estaba cerrada con llave y no habían podido utilizarla para escapar. Esa misma circunstancia había contribuido a las muertes provocadas por el incendio de la fábrica de Hashem Foods Factory menos de un año antes, y por el de la empresa Tazreen Fashions, ocurrido en 2012. En el Parlamento, una diputada de la oposición criticó al gobierno por no tomar medidas contra los propietarios del depósito, vinculados a la sección de la Liga Awami del distrito de Chattogram Sur.

La frecuencia de estos accidentes laborales ponía en evidencia la pasividad del gobierno a la hora de supervisar y garantizar que los empleadores cumplieran las salvaguardias de seguridad en el trabajo establecidas en la legislación laboral y de seguridad de las edificaciones.

En agosto, más de 150.000 trabajadores y trabajadoras de 168 plantaciones de té repartidas por todo Bangladesh se declararon en huelga indefinida para exigir la subida de su jornal mínimo diario de 120 takas (1,2 dólares estadounidenses) a 300 takas (3 dólares estadounidenses). Tras una serie de negociaciones infructuosas, la primera ministra, Sheij Hasina ordenó a los propietarios de plantaciones de té aumentar el salario mínimo a 170 takas (1,7 dólares estadounidenses).

Discriminación

Los grupos minoritarios denunciaron sufrir distintas formas de discriminación, sobre todo en relación con la etnia y la religión. En abril, el ministro de Justicia presentó ante el Parlamento el largamente esperado proyecto de Ley contra la Discriminación, que prohibía la discriminación por diversos motivos, incluidos el género, la religión, la etnia, el lugar de nacimiento, la casta y la ocupación. Además, en virtud de esta ley se crearía un mecanismo de denuncia para que las víctimas de discriminación pudieran buscar resarcimiento.

En marzo se recibieron informes sobre la muerte del activista de los derechos indígenas Chakma Milon bajo custodia militar. En mayo, la Comisión de Chittagong Hill Tracts emitió un comunicado de prensa en el que expresaba su gran preocupación por el despliegue de nuevas unidades del Batallón de la Policía Armada en Chittagong Hill Tracts para sustituir al ejército en los campamentos que éste dejaba vacíos, algo que, a juicio de la Comisión, constituía una violación del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts.

En julio, en el distrito de Narail una multitud vandalizó un templo hindú y saqueó e incendió varias viviendas de familias hindúes, así como una tienda de alimentación propiedad de un hindú, alegando que el hijo de éste había publicado un mensaje en Facebook que “hería los sentimientos religiosos”. Los hechos seguían una pauta similar a la de otros ataques multitudinarios cometidos contra comunidades hindúes en años anteriores, en los que tras un calculado acto de saqueo se pasaba a la destrucción violenta, supuestamente en respuesta a una publicación en las redes sociales que con frecuencia resultaba ser falsa. La población residente afectada relató cómo grupos de personas les habían robado sus posesiones, les habían exigido, además, dinero y luego habían quemado sus casas o amenazado con provocar incendios.

Grupos marginados de la costa suroccidental de Bangladesh aseguraron que su acceso al agua se veía gravemente obstaculizado no sólo por los daños que el cambio climático estaba provocando en las infraestructuras de agua y saneamiento, sino también por la discriminación sistémica. A las personas dalits se las discriminaba por ser consideradas impuras y por su condición de intocables.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El acceso a la educación de la población refugiada rohinyá procedente de Myanmar mejoró a lo largo del año, pese a ciertos contratiempos iniciales. Según informes, entre diciembre de 2021 y abril de 2022 el gobierno cerró y desmanteló unas 30 escuelas comunitarias. Personas rohinyás refugiadas denunciaron que el Batallón de la Policía Armada había detenido a docentes de escuelas, que, para quedar en libertad, se habían visto obligados a firmar un documento en el que se comprometían a dejar de enseñar. En mayo, la situación mejoró. UNICEF informó de la inscripción de 10.000 niños y niñas rohinyás en un programa piloto que tenía por objeto ofrecerles una educación basada en el plan de estudios de su país de origen, Myanmar. Ésa había sido una de las principales demandas de los agentes humanitarios desde el principio de la crisis de refugiados. Sin embargo, UNICEF calculaba que más de 400.000 niños y niñas rohinyás en edad escolar que vivían en campos de refugiados de Bangladesh seguían sin asistir a ningún centro de enseñanza.

El 19 de junio, un día antes del Día Mundial de los Refugiados, decenas de miles de personas refugiadas rohinyás celebraron una manifestación con el lema “Bari Cholo” (Volvamos a casa) en 23 campos de los subdistritos de Ukhia y Teknaf. Pese a los motivos de preocupación de la comunidad internacional y de los grupos de derechos humanos, el gobierno de Bangladesh persistió en su plan de reubicar a un mínimo de 100.000 personas rohinyás refugiadas en la remota isla de Bhasan Char, propensa a las inundaciones. En octubre fueron reubicadas en la isla 963 personas rohinyás refugiadas, lo que según datos oficiales elevaba el total a 30.079. Según informes, las personas refugiadas que intentaban huir de esa remota isla eran detenidas por la policía, lo que hacía dudar de que su reubicación en ella hubiera sido voluntaria.