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Austràlia

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Se aprobaron leyes que restringían el derecho a la protesta pacífica en varios estados y territorios. Se siguió discriminando a los pueblos indígenas. Se violaron los derechos de menores de edad bajo custodia. Aunque Australia aceptó la oferta de Nueva Zelanda de reasentar a personas refugiadas en su territorio, se siguió recluyendo a solicitantes de asilo de manera indefinida. Se establecieron por ley nuevos objetivos de reducción de las emisiones de carbono que, no obstante, siguieron sin alcanzar los niveles necesarios.

Libertad de reunión

Los estados de Nueva Gales del Sur, Tasmania y Victoria adoptaron leyes que castigaban la participación en protestas no autorizadas con cuantiosas multas y penas de prisión.

En agosto, en una manifestación celebrada en Sídney (estado de Nueva Gales del Sur) para protestar contra la pasividad del gobierno ante el cambio climático, la policía detuvo a 34 personas que protestaban pacíficamente y a una observadora autorizada. En aplicación de la Ley de Reforma de la Legislación sobre Actos Delictivos en Espacios Públicos de 2022, se presentaron cargos contra 21 personas que, de ser declaradas culpables, se enfrentarían a penas de 2 años de prisión o multas de hasta 22.000 dólares australianos (unos 14.170 dólares estadounidenses).

Derechos de los pueblos indígenas

Aunque había objetivos concretos de reducción del número de aborígenes y naturales de las islas del estrecho de Torres en prisión, su porcentaje siguió siendo desproporcionadamente alto entre la población penitenciaria adulta.

A lo largo del año murieron bajo custodia 21 personas aborígenes y de las islas del estrecho de Torres.

En septiembre, el gobierno propuso reformar la Constitución para establecer la Voz Aborigen y de las Islas del Estrecho de Torres, órgano facultado para exponer directamente ante el gobierno cuestiones que afectaban a esas poblaciones.

En septiembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la falta de medidas por parte de Australia para proteger de manera adecuada a la población indígena de las islas del estrecho de Torres contra los efectos del cambio climático violaba los derechos de ésta a disfrutar de su cultura y a no sufrir injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia y su hogar.

Derechos de la infancia

Australia siguió deteniendo a niños y niñas de tan sólo 10 años. El 50% de las personas menores de edad detenidas eran indígenas, aunque la población indígena representaba el 6% de la población de entre 10 y 17 años.

En julio fueron trasladados a la prisión de Casuarina, un centro de máxima seguridad para adultos, 17 muchachos que se encontraban internados en el centro de detención para menores de Banksia Hill (estado de Australia Occidental). Se notificaron casos de autolesión entre los menores trasladados.1 También se informó de un aumento del índice de autolesiones en el centro de detención para menores Don Dale (Territorio del Norte).

En agosto, durante una investigación oficial salieron a la luz denuncias de abusos sexuales y violencia física en el centro de detención para menores Ashley (estado de Tasmania), a consecuencia de lo cual se alzaron voces para pedir su cierre inmediato.2

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En marzo, el gobierno aceptó la oferta de Nueva Zelanda de reasentar en su territorio a 150 personas refugiadas al año a lo largo de los 3 años siguientes. Aun así, se siguió recluyendo de manera indefinida a personas refugiadas y solicitantes de asilo tanto fuera del territorio nacional –en Nauru y Papúa Nueva Guinea– como dentro de Australia.

En julio, el refugiado kurdo iraní Mostafa “Moz” Azimitabar impugnó la legalidad de su detención durante 15 meses en hoteles, denominados por el gobierno “lugares alternativos de detención”. Al concluir el año, el caso continuaba pendiente de resolución.3

Actuación deficiente contra la crisis climática

La Ley sobre el Cambio Climático, aprobada el 9 de septiembre, establecía el objetivo de reducir las emisiones en un 43% con respecto a los niveles de 2005 para el año 2030. Aunque este porcentaje suponía un avance, era inferior al necesario para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 1,5 °C.

El gobierno se comprometió a incrementar a 2.000 millones de dólares australianos (unos 1.300 millones de dólares estadounidenses) la ayuda económica destinada a países de la región durante el periodo de 2020 a 2025 para mitigar los efectos del cambio climático, pero no se reincorporó a un fondo global de financiación para hacer frente al cambio climático que había abandonado en 2018.

  1. Moving kids with complex needs to maximum security prison shameful, 6 de julio
  2. Australia: Amnesty International calls for the closure of Ashley Youth Detention Centre in light of the latest evidence of sexual abuse, 19 de agosto
  3. Australia: Refugee Moz Azimitabar is taking the Australian government to court over its detention regime, 13 de julio
Australia
Jefe del Estado: Carlos III (sustituyó a Isabel II en septiembre), representado por David Hurley
Jefe del gobierno: Anthony Albanese (sustituyó a Scott Morrison en mayo)