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Austràlia

Australia 2019

Australia mantuvo su política de mano dura en materia de personas refugiadas, especialmente con las retenidas en centros de tramitación de personas refugiadas en ultramar. El gobierno siguió confinando en la isla de Manus en Papúa Nueva Guinea y en Nauru a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que llegaban en barco, cuando hace ya siete años que inició su política de tramitación y asentamiento en lugares de ultramar. Australia siguió rechazando barcos con personas que buscan seguridad, y devolviendo a personas (refoulement) a los países desde donde huían.

Las personas indígenas, entre ellas niños y niñas de tan solo 10 años, sufrieron altas tasas de encarcelamiento. Cuatro de ellas murieron en la cárcel o a manos de la policía. El último caso, producido en noviembre, dio lugar a la acusación de un policía por asesinato.

El Parlamento de Queensland se convirtió en la tercera jurisdicción en aprobar una Ley de Derechos Humanos, tras Victoria y el Territorio de la Capital Australiana. Sin embargo, Australia sigue siendo el único país occidental sin una Ley o Carta específica de Derechos Humanos.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Desde agosto de 2012, 4.177 personas han sido enviadas a Nauru o Papúa Nueva Guinea, dentro de la política australiana de tramitación de personas refugiadas en ultramar. El 30 de septiembre, 612 personas refugiadas y solicitantes de asilo seguían en Nauru y Papúa Nueva Guinea, 47 de ellos detenidas en malas condiciones en el Centro de Inmigración, financiado por Australia, conocido como Bomana, cerca de Port Moresby, la capital Papúa Nueva Guinea. Hubo organizaciones humanitarias que advirtieron de que muchas de ellas requerían de atención sanitaria por sufrir un deterioro en su salud mental debido a los años de detención, falta de contacto con su familia y el carácter indefinido de su reclusión. Seguían siendo frecuentes los intentos de autolesión y de suicidio.

Doce personas refugiadas y solicitantes de asilo han muerto en la Isla de Manus y en Nauru desde 2013, entre ellos Reza Berati, que fue asesinado. El Dr. Sayed Mirwais Rohani, que llevaba detenido en la Isla de Manus asimismo desde 2013 y que fue trasladado a Australia en 2018 para tener acceso a servicios de cuidados de salud mental, se suicidó en octubre.

Más 150 personas refugiadas y solicitantes de asilo adicionales fueron trasladadas a Australia para recibir atención médica solo cuando sus abogados amenazaron con procesamientos judiciales urgentes. Entre ellas había menores, a veces de tan solo 10 años de edad, con problemas mentales agudos, que en algunos casos dieron lugar a intentos de suicidio. Desde la aprobación, el 21 de octubre, de la Ley Medevac, diseñada para proporcionar asistencia médica a las personas refugiadas, 135 de ellas fueron trasladadas de conformidad con sus disposiciones. Otras 39 vieron aprobado su traslado, encontrándose a la espera del mismo. Sin embargo, 10 de ellas fueron detenidas por Papúa Nueva Guinea. Con fecha 30 de septiembre, un total de 1.117 personas habían sido llevadas a Australia para recibir asistencia médica o por otros motivos. Sin embargo, en un lamentable paso atrás, Australia derogó la Ley Medevac el 4 de diciembre, obligando así a las personas refugiadas retenidas en ultramar que necesitaban asistencia médica no disponible en Papúa Nueva Guinea o Nauru, a solicitar nuevamente permiso al Tribunal Supremo.

En febrero, se inició una investigación forense por la muerte del solicitante de asilo Omar Massoumali, que murió a causa de quemaduras autoinfligidas, tras el retraso de su traslado a Australia para recibir tratamiento.

Los trámites para llevar a cabo el acuerdo de 2016 de reasentamiento de algunas personas refugiadas en los Estados Unidos progresaban lentamente, con solo 632 personas enviadas allí desde entonces.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU instó a Australia a cumplir con sus obligaciones internacionales, especialmente en relación con las personas refugiados y las que están en busca de su seguridad.

Derechos indígenas/justicia penal

Siguió habiendo una sobre-representación de la comunidades indígenas australianas en el sistema de justicia penal, muchas veces por delitos menores como el impago de multas. A pesar de constituir sólo el 2% de la población del país, las personas aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres suponían un 28% de la población carcelaria adulta. Las mujeres indígenas representaban el 34% de la población carcelaria y los niños y niñas indígenas más del 50%.

Australia detuvo a menores de tan solo 10 años de edad. De media, casi tres de cada cinco menores (el 59%) de 10 a 17 años de los detenidos que duermen en centros de reclusión australianos, eran indígenas, lo que supone que tenían una probabilidad 26 veces mayor de estar detenidos que los menores no indígenas.

Se pusieron en práctica muy pocas de las recomendaciones de la Comisión Real para la Protección y Detención de Menores en el Territorio del Norte. A pesar de la recomendación de la Comisión de cerrar el centro de detención de Don Dale, éste permaneció abierto. El centro había sido el foco de un escándalo de abusos, donde la comisión encontró a menores con capuchas ajustables anti-saliva, lo que constituye un castigo cruel, inhumano y degradante, a menores en aislamiento y a víctimas de otros abusos. Durante el mes de mayo, todos los menores detenidos en el Territorio del Norte eran indígenas.

Cuatro personas indígenas murieron en cárceles a manos de la policía a lo largo del año., Alf Dean Eades, agredido por otros detenidos, murió a causa de sus heridas el 13 de marzo. JB se suicidó en la cárcel Acacia de Australia Occidental el 12 de junio, pocos días después de que su madre hubiese avisado a las autoridades de que tenía ideas suicidas. El 17 de septiembre la policía mató a Joyce Clark delante de su domicilio en la ciudad de Geraldton, en Australia Occidental. Lo mismo sucedió el 8 de noviembre cuando las fuerzas de seguridad dieron muerte a Kamanjayi Walker en Yuendemu, en el Territorio del Norte. Un agente fue acusado de su asesinato.

Libertad de expresión

La Policía Federal Australiana vulneró el derecho a la libertad de los medios de comunicación al realizar una redada en el domicilio de un periodista y en la sede de un medio de comunicación. Dicha redada se produjo tras la publicación de información sobre los abusos de las fuerzas de defensa australianas en Afganistán y los planes del gobierno de ampliar sus competencias de vigilancia.

Tras crecientes protestas en relación con el cambio climático en toda Australia, el Primer Ministro amenazó con valerse de su potestad para amordazar las campañas y las protestas. Se promulgaron leyes anti-protesta en Queensland que criminalizaban formas de protesta pacífica y vulneraban los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacífica de los habitantes de Queensland. Los delitos se podían castigar con penas de hasta dos años de cárcel.

Otros problemas de derechos humanos

A raíz de numerosas acusaciones de abusos, el gobierno creó la Comisión Real para la Atención a Ancianos con el fin de investigar el trato a las personas mayores. Los letrados que asesoraban a la comisión se encontraron a unas autoridades “desaparecidas en combate” ante las denuncias de abandono, y concluyeron que no había habido una rendición de cuentas sistemática, ni transparencia por parte de las organizaciones que dirigían, inspeccionaban y proporcionaban cuidados. Hacia finales de octubre, la comisión publicó un informe provisional que detectaba una asistencia deficiente e insegura. Uno de los problemas prioritarios señalados por el informe era la necesidad de limitar el uso de restricciones químicas.

Se creó también una Comisión Real para investigar la Violencia, el Abuso, el Abandono además de la Explotación de Personas con Discapacidades, cuyo informe está previsto para mediados de 2020.

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