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Alemanya

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El Parlamento aprobó una ley que otorgaba a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio. Las autoridades continuaron expulsando a Afganistán a personas solicitantes de asilo cuyas solicitudes habían sido rechazadas a pesar del deterioro de la situación en ese país. El Parlamento federal amplió los poderes de la policía para llevar a cabo medidas de vigilancia y para imponer medidas administrativas a personas identificadas como “atacantes en potencia”.

En marzo, en septiembre y en noviembre, 22 personas de nacionalidad siria residentes en Alemania presentaron cuatro denuncias penales ante la oficina del fiscal federal contra 27 agentes sirios que trabajaban para la policía militar y diferentes servicios de inteligencia por su presunta participación en actos de tortura como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Los presuntos crímenes ocurrieron en Saydnaya y en otras prisiones militares y de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea en Damasco y otros lugares de Siria. En mayo, el fiscal federal celebró unas vistas en las que comparecieron testigos sirios. Al concluir el año continuaban las investigaciones.

En abril, el Parlamento federal aprobó una reforma que ampliaba los poderes de control de la Policía Federal de Investigación Criminal para imponer a “atacantes en potencia” medidas administrativas tales como localizadores electrónicos de tobillo, asignación de residencia y vigilancia de las telecomunicaciones. Los “atacantes en potencia” se definían de manera imprecisa como “personas que podrían participar en la comisión de fdelitos relacionados con el terrorismo en el futuro”.

En mayo, el Parlamento federal aprobó una ley que facilitaba la detención de personas que representaban una “amenaza importante contra la seguridad” de la sociedad, en espera de que fueran expulsadas del país. La ley también facultaba a la Oficina Federal de Migración y Refugiados para confiscar los dispositivos electrónicos de las personas solicitantes de asilo que no poseyeran documentos de identidad.

En julio, el estado de Baviera incrementó de 14 días hasta un máximo de tres meses el periodo de detención administrativa sin cargos para los “atacantes en potencia”.

En junio, el Parlamento federal aprobó una ley que confería a las autoridades policiales facultades para utilizar nuevas técnicas de vigilancia, como la instalación de programas de vigilancia en equipos informáticos y teléfonos.

En el mismo mes, un tribunal administrativo superior falló en un procedimiento urgente que la conservación indiscriminada de datos, establecida en una ley que debía entrar plenamente en vigor en julio, era contraria a la legislación europea. Dicha ley quedó pendiente de aplicación en espera de una sentencia definitiva.

También en junio, una comisión parlamentaria de investigación —establecida en 2013 tras las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia de Estados Unidos a sus aliados, entre ellos Alemania— concluyó que el Servicio Federal de Inteligencia había empleado una interpretación excesivamente amplia de las leyes sobre vigilancia y había utilizado medidas para ese tipo de prácticas, como la vigilancia masiva de comunicaciones entre extranjeros, sin base legal ni supervisión suficientes.

Se presentaron 222.683 solicitudes de asilo, una disminución del 70,1% respecto a 2016, y estaban pendientes las decisiones sobre 68.245.

El derecho a la reagrupación familiar para las personas beneficiarias de protección subsidiaria permaneció suspendido durante todo el año, lo que afectó especialmente a las personas refugiadas sirias, a las que, cada vez más, se les concedía protección subsidiaria en lugar de la condición plena de refugiados, con lo que se les otorgaban menos derechos.

Pese al deterioro de la situación de seguridad en Afganistán, las autoridades continuaron devolviendo al país a personas de ciudadanía afgana cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas, lo que violaba el principio de no devolución (non-refoulement). Al concluir el año, 121 personas de nacionalidad afgana habían sido devueltas a su país.

En marzo, el Consejo Federal rechazó un anteproyecto de ley del gobierno para definir a Argelia, Marruecos y Túnez como países de origen “seguros” y establecer un procedimiento acelerado para determinar la condición de persona refugiada a quienes procedieran de dichos países.

Para final de diciembre, Alemania había reubicado a unas 9.100 personas solicitantes de asilo que habían llegado al país a través de Italia y Grecia. También reasentó a casi 280 personas refugiadas de Egipto y Líbano, y a unas 2.700 personas refugiadas sirias procedentes de Turquía como parte del acuerdo entre la UE y Turquía.

En junio, una segunda comisión de investigación —establecida por el Parlamento en 2015 para abordar la falta de investigación, por parte de las autoridades, de los delitos racistas cometidos por el grupo ultraderechista Clandestinidad Nacionalsocialista entre 2000 y 2007— concluyó que las autoridades tenían que establecer reglas claras para la infiltración en movimientos “extremistas de ultraderecha”, ofrecer financiación a largo plazo para iniciativas de la sociedad civil contra el racismo y prestar asistencia a las víctimas de delitos racistas. Las autoridades seguían sin poner en marcha una investigación oficial sobre la posible existencia de racismo institucional entre los motivos de que Alemania no hubiera investigado los delitos cometidos por el grupo Clandestinidad Nacionalsocialista.

Según el Ministerio del Interior, en los primeros nueve meses de 2017 se cometieron 1.212 delitos contra personas refugiadas y solicitantes de asilo y 210 delitos contra sus alojamientos. Las autoridades federales y estatales continuaron sin implementar una estrategia para evaluar de forma exhaustiva el riesgo de ataques contra albergues para solicitantes de asilo que les permitiera proporcionar protección policial adecuada si fuera necesario.

En junio, tras un proceso de consulta exhaustivo con organizaciones de la sociedad civil, el gobierno federal aprobó un plan de acción nacional contra el racismo y otras formas de discriminación, como la homofobia y la transfobia.

Las autoridades tanto federales como estatales siguieron sin establecer mecanismos independientes de denuncia para investigar los malos tratos por parte de la policía.

Las organizaciones de la sociedad civil continuaron denunciando que la policía sometía a controles de identidad discriminatorios a las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas.

En noviembre, la unidad central de investigación de Hamburgo estaba investigando denuncias presentadas contra 109 agentes de policía por presunto uso ilegítimo de la fuerza durante manifestaciones contra la cumbre del G20 celebrada en la ciudad en julio.

En ocho estados federales, los policías seguían sin estar obligados a llevar placas de identificación. En octubre, el Parlamento recién elegido de Renania del Norte-Westfalia derogó el requisito introducido recientemente según el cual los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del estado federal debían llevar placas de identificación.

Ese mismo mes, las autoridades del ministerio fiscal cerraron las nuevas investigaciones abiertas en mayo sobre la muerte bajo custodia de Oury Jalloh, nacional de Sierra Leona que murió en un incendio declarado en una celda de la comisaría de policía de Dessau en 2005. En noviembre, la información publicada por los medios de comunicación reveló que, meses antes de que se archivaran las investigaciones, una reunión de expertos en incendios celebrada en febrero había excluido por unanimidad la posibilidad de que Oury Jalloh se prendiera fuego a sí mismo. En diciembre, la ministra de Justicia de Sajonia-Anhalt asignó de nuevo las investigaciones al fiscal general de Naumburg.

Con el fin de mejorar la vigilancia de las exportaciones alemanas de armas pequeñas para garantizar el cumplimiento de los certificados de uso final, se inició una fase piloto del sistema de controles selectivos posteriores a los envíos. En mayo, de acuerdo con las autoridades indias, se realizó en India la primera misión de control sobre el destino de rifles de francotirador exportados.

El gobierno federal continuó concediendo licencias para la exportación de armas y otros materiales militares a países como India y Turquía, donde existía un riesgo muy importante de que dichas armas pudieran utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos.

En marzo, el Parlamento aprobó una ley para la aplicación de la Directiva de la UE de 2014 sobre la elaboración de informes no financieros, según la cual algunas grandes empresas debían informar sobre el impacto que sus operaciones globales tenían en los derechos humanos. Sin embargo, la ley tenía un alcance más limitado que la Directiva, y sólo exigía a las empresas que informaran sobre riesgos que “muy probablemente tuvieran graves consecuencias negativas” sobre los derechos humanos, y sólo en la medida necesaria para la comprensión de sus actividades comerciales.

Seguía sin haber un mecanismo vinculante para exigir a las empresas que ejercieran la diligencia debida con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones y en la cadena de suministros. El acceso al sistema de justicia para las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas, o en las que éstas hubiesen participado, continuaba siendo excesivamente oneroso.

En julio, el Parlamento federal aprobó una ley que reconocía a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio y a acceder a la adopción.

Los niños, las niñas y las personas adultas con variaciones de las características sexuales seguían sufriendo violaciones de derechos humanos. Los niños y las niñas con variaciones de las características sexuales seguían siendo sometidos a procedimientos médicos invasivos e irreversibles que tenían efectos negativos de por vida. No se aplicaron de forma generalizada las directrices elaboradas por activistas intersexuales y profesionales de la medicina para el tratamiento de las personas con variaciones de las características sexuales.

En noviembre, el Tribunal Constitucional Federal resolvió que, al finalizar 2018, las personas deberían poder elegir una identidad de género legal que no fuera masculina o femenina.

República Federal de Alemania
Jefe del Estado: Frank-Walter Steinmeier (sustituyó a Joachim Gauck en marzo)
Jefa del gobierno: Angela Merkel