Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

La ausencia de mecanismos de denuncia independientes y efectivos obstaculizó la rendición de cuentas por los abusos discriminatorios cometidos por la policía. Se prohibieron preventivamente varias protestas en solidaridad con los derechos de la población palestina. Los casos de detención administrativa de activistas contra el cambio climático planteaban múltiples motivos de preocupación en materia de derechos humanos. Aumentaron significativamente las redadas y las agresiones físicas de motivación política en centros de acogida de personas refugiadas. Un tribunal resolvió que el gobierno estaba infringiendo la Ley de Protección del Clima.

Discriminación

En mayo, el Ministerio Federal del Interior informó de que la cifra de delitos de odio del año anterior había sido la más alta registrada. En 2022, cada día se habían cometido en torno a 7 delitos de odio antisemita. Habían aumentado los delitos de odio contra la población romaní (33%); los que estaban basados en la orientación sexual (15%); y los que estaban motivados por el racismo (14%), la xenofobia (13%) y la “hostilidad hacia las personas extranjeras” (9%); estos 3 últimos tipos habían seguido siendo los más comunes en términos absolutos. Según un informe presentado en junio por el Grupo de Especialistas Independientes sobre Islamofobia, el racismo contra la población musulmana era generalizado en la sociedad alemana. Tras los ataques perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre y los posteriores bombardeos e invasión terrestre de Gaza por Israel, varias organizaciones de la sociedad civil informaron de un aumento de los ataques antisemitas contra personas e instituciones judías, así como de los ataques racistas contra personas musulmanas.

En octubre, un estudio realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales concluyó que Alemania era uno de los dos países de la Unión Europea en los que la población de ascendencia africana sufría más discriminación racial. Un proyecto de investigación financiado por la Fundación Alemana de Investigación concluyó que el 33% de las personas encuestadas sentían que habían sido discriminadas en sus interacciones con la policía. Los grupos marginados, como las personas racializadas, las personas LGBTI+ y las personas sin hogar, estaban especialmente expuestos a sufrir discriminación y era menos probable que presentaran denuncias.

El Consejo de Europa decidió emplear la supervisión reforzada en relación con la sentencia de la causa Basu v. Germany, relativa a la investigación inadecuada de denuncias de uso de criterios raciales. La ausencia de mecanismos de denuncia efectivos e independientes y la no obligatoriedad de que la policía federal y la de los estados llevaran una placa identificativa seguían obstaculizando la investigación de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía.

Personas LGBTI

En marzo se aprobó una reforma de la Ley de Transfusiones que abolía la exclusión discriminatoria de los hombres gays y bisexuales y de las personas transgénero de la donación de sangre. El Parlamento debatió una nueva ley de autodeterminación que permitía a las personas transgénero, las no binarias y las intersexuales obtener el reconocimiento legal de su identidad de género mediante una simple declaración en el registro.

Violencia por motivos de género

Según cifras presentadas en julio por la Oficina Federal de Investigación Criminal, en 2022 se habían registrado más casos de violencia por motivos de género que en los 5 años anteriores. Cada hora, más de 14 mujeres eran víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja. Casi a diario, una pareja o expareja trataba de matar a una mujer.

Desde el 1 de octubre se incluyeron explícitamente en el Código Penal como agravantes de cualquier delito los motivos basados en el género o la orientación sexual.

Libertad de reunión

En mayo, la autoridad competente en materia de reuniones del estado federado de Berlín impuso preventivamente la prohibición general de celebrar protestas en solidaridad con los derechos de la población palestina con motivo del Día de la Nakba, lo que vulneraba el derecho de reunión pacífica. Los motivos de la prohibición también violaban el derecho a no sufrir discriminación, pues se basaban en estereotipos estigmatizantes y racistas de las personas percibidas como árabes o musulmanas. Asimismo, después del 7 de octubre se prohibieron preventivamente numerosas protestas en solidaridad con el pueblo palestino. Los medios de comunicación informaron sobre el uso innecesario y excesivo de la fuerza por la policía, y sobre cientos de arrestos y el creciente uso de criterios raciales con personas percibidas como árabes o musulmanas en el contexto de esas protestas.

Antes del Salón Internacional del Automóvil que se celebró en septiembre, al menos 27 activistas contra el cambio climático fueron sometidos a prisión preventiva durante un máximo de 30 días en aplicación del artículo 17 de la Ley de Funciones Policiales de Baviera, que permitía a la policía solicitar detenciones sin la sospecha concreta de un delito y sin iniciar un procedimiento penal.

Hubo varias informaciones en medios de comunicación sobre uso excesivo de la fuerza por la policía, incluidas llaves de sumisión por dolor, para dispersar a personas que bloqueaban calles en protestas pacíficas contra el cambio climático.

Los ministerios públicos de dos estados federales investigaron a grupos de activistas contra el cambio climático en virtud del artículo 129 del Código Penal acusándolos de formar una organización delictiva. Las investigaciones recurrieron a medidas exhaustivas de registro y vigilancia, como escuchas de un teléfono de la prensa y la confiscación de datos personales de miembros de grupos de apoyo, lo que creó un efecto disuasorio en las protestas pacíficas.

Libertad de expresión

Después del 7 de octubre se impusieron varias restricciones a la libertad de expresión, en particular contra quienes expresaban solidaridad con el pueblo palestino. En noviembre, el Ministerio Federal del Interior prohibió el uso de la expresión “desde el río hasta el mar” por considerarla un símbolo de Hamás, pese a que era una consigna empleada históricamente con distintas connotaciones y por distintos actores.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En febrero, siete relatores y relatoras especiales de la ONU expresaron honda preocupación por la presunta “falta de medidas de reparación efectiva concedidas” a los pueblos ovaherero y nama de la excolonia alemana de “África del Sudoeste” (actualmente Namibia), incluida la ausencia de “un reconocimiento sin reservas del genocidio cometido” contra ellos durante la colonización, entre 1904 y 1908.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Residían en Alemania aproximadamente 1,1 millones de personas ucranianas, de las que en torno a 900.000 tenían permiso de residencia en virtud de la Directiva de Protección Temporal. Alemania había puesto en marcha en octubre de 2022 un programa de admisión humanitaria para personas afganas en situación de riesgo concebido inicialmente para admitir a 1.000 personas al mes; sin embargo, al concluir el año, sólo habían sido trasladadas a Alemania 94.

Las redadas de motivación política, los asaltos, el vandalismo y las agresiones físicas en centros de acogida para población refugiada aumentaron considerablemente en comparación con 2022. La mayoría de los ataques fueron presuntamente cometidos por supuestos ultraderechistas. Los procesos de reagrupación familiar para personas refugiadas en Alemania continuaron siendo lentos, lo que dejaba a no pocas familias separadas durante muchos años.

La reagrupación familiar para las personas con derecho a protección subsidiaria estaba sometida a cuotas y se otorgaba a discreción de la administración.

Derecho a la privacidad

En febrero, el Tribunal Constitucional Federal estableció criterios estrictos para el uso del análisis automático de datos en las operaciones policiales y resolvió que éste interfería en el derecho de las personas a tomar decisiones basadas en el consentimiento bien fundado sobre la comunicación de datos personales a terceros.

Rendición de cuentas de las empresas

El 1 de enero entró en vigor la Ley sobre la Obligación de Diligencia Debida de las Empresas en la Cadena de Suministro, que establecía para las empresas obligaciones vinculantes en materia de respeto de los derechos humanos. La Ley sólo se aplicaba a las empresas con 3.000 o más personas empleadas, aunque estaba previsto que a partir de 2024 también se aplicara a las que tuvieran más de 1.000. Su incumplimiento no daba lugar a responsabilidad civil.

Derechos sexuales y reproductivos

En marzo de 2023 se estableció una comisión para debatir sobre “la autodeterminación reproductiva y la medicina reproductiva”. Sin embargo, no se propuso ningún cambio en la legislación para despenalizar plenamente el aborto a fin de que estuviera en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y las nuevas directrices de la OMS, a pesar de la exhortación formulada en mayo en ese sentido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Derecho a un medioambiente saludable

En junio, el Consejo de Ministros aprobó una propuesta legislativa de reforma de la Ley Federal de Protección del Clima que suprimía los objetivos vinculantes de reducción de emisiones para cada sector económico y el requisito de adoptar programas de emergencia en caso de incumplimiento de los objetivos. Una sentencia del Tribunal Administrativo Regional Superior de Berlín-Brandemburgo confirmó en noviembre que los presupuestos de emisiones en los sectores del transporte y la construcción no se habían cumplido en 2021 ni en 2022.

Pese a la obligación que Alemania se había autoimpuesto de poner fin al apoyo económico internacional a proyectos de combustibles fósiles al terminar 2022, los bancos de desarrollo estatales aprobaron la financiación internacional de al menos 3 proyectos en 2023.

Derechos económicos, sociales y culturales

En abril, Alemania ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A consecuencia de ello, desde el 20 de julio podían presentarse quejas individuales al Comité encargado de supervisar la implementación del Pacto.

Transferencias irresponsables de armas

El gobierno estableció “licencias generales” para la exportación de determinados tipos de material militar y productos de doble uso. Dichas licencias reemplazaban la toma de decisiones caso por caso, reduciendo así aún más la transparencia y facilitando potencialmente las exportaciones irresponsables.

A pesar de los indicios crecientes de la comisión de crímenes de guerra por el ejército israelí en la Franja de Gaza ocupada, Alemania continuó concediendo licencias para la exportación de material militar a Israel. También otorgó licencias para la trasferencia de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos que representaban un gran riesgo para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.