Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Aumentaron exponencialmente las restricciones impuestas a los derechos de las mujeres, a la libertad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Se sometió a las instituciones de apoyo a los derechos humanos a fuertes limitaciones o se las clausuró totalmente. Las personas que se manifestaban de manera pacífica se exponían a detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. Los talibanes sometieron impunemente a ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y detenciones ilegítimas a quienes consideraban sus oponentes, con lo que crearon un clima de miedo. Aumentó la pobreza extrema, agravada por la sequía y por otras catástrofes naturales. Se llevaron a cabo ejecuciones y flagelaciones públicas para castigar delitos tales como el asesinato, el robo, las relaciones “ilegítimas” o la infracción de las normas sociales. Continuaron los ataques a los derechos de las mujeres, cuya participación en la vida pública se vio extremadamente limitada. Afganistán era el único país del mundo que prohibía a las niñas cursar la educación secundaria. Los talibanes cerraron casi todas las instituciones que el gobierno anterior había creado para abordar la violencia de género.

Información general

Afganistán, un país ya de por sí pobre, se sumió aún más en la pobreza debido a su aislamiento internacional y a las turbulencias económicas que había provocado la toma del poder por los talibanes en 2021. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el 97% de la población afgana vivía en la pobreza, mientras que en 2020 el porcentaje era del 47%. La falta de protección social impulsó a las familias a recurrir a opciones tales como el matrimonio precoz y la venta de órganos. La ayuda humanitaria no llegaba a cubrir las necesidades de la población. La congelación de las reservas extranjeras de Afganistán y el recorte de la ayuda al desarrollo —medidas impuestas por la comunidad internacional tras la toma del poder por los talibanes— siguieron limitando gravemente la economía. La ayuda que recibió Afganistán en 2022 fue, sobre todo, de carácter humanitario, destinada a evitar la hambruna, pero no contribuyó a otras necesidades sociales. En consecuencia, el acceso a la atención médica, el empleo y la educación siguió resintiéndose. El éxodo de profesionales de la medicina, la ingeniería, el derecho o la docencia y del funcionariado gubernamental provocó una grave carencia de recursos en esos sectores.

La cada vez más grave crisis humanitaria se vio agudizada por la sequía, las inundaciones repentinas, los terremotos y otras catástrofes naturales, algunas de ellas agravadas por el cambio climático.

En noviembre, el líder supremo talibán ordenó a los jueces talibanes imponer la sharia (ley islámica), y a partir de ese momento comenzaron las ejecuciones y flagelaciones públicas.

Ejecuciones extrajudiciales

Bajo el régimen talibán parecían ser generalizadas y sistemáticas las ejecuciones extrajudiciales de personas relacionadas con el anterior gobierno, de miembros de grupos armados —como el Frente de Resistencia Nacional y el Estado Islámico en la Provincia de Jorasán— y de personas que, presuntamente, incumplían las normas de los talibanes. Esto incluía también a la población afgana que había tenido relación con el anterior gobierno o las anteriores fuerzas de seguridad. La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) registró al menos 237 ejecuciones extrajudiciales desde el 15 de agosto de 2021, fecha en que los talibanes se hicieron con el poder, hasta el 15 de junio de 2022. En diciembre, la ONU informó de al menos otras 69 ejecuciones extrajudiciales, principalmente de miembros del Frente de Resistencia Nacional, 48 de ellas entre el 12 y el 14 de septiembre en la provincia de Panjshir.

En un caso ocurrido el 26 de junio en la provincia de Ghor, los talibanes atacaron el domicilio de un hombre relacionado con el anterior gobierno y mataron a 6 hazaras chiíes: 4 hombres, una mujer y una niña. De los hombres, 3 habían sido miembros de los grupos antitalibanes del Programa de Levantamiento Popular. Tras las ejecuciones extrajudiciales, los talibanes afirmaron que todas estas personas eran rebeldes, a pesar de su condición de civiles. En septiembre aparecieron en las redes sociales vídeos y fotografías de ejecuciones extrajudiciales de personas relacionadas con el Frente de Resistencia Nacional perpetradas por los talibanes en la provincia de Panjshir poco tiempo antes que constituían claramente crímenes de guerra. El Ministerio de Defensa talibán anunció una investigación sobre los hechos, pero no se hizo pública ninguna conclusión. Los medios de comunicación informaron de que la población civil de la zona había sido desalojada y se habían tomado sus viviendas para utilizarlas como instalaciones policiales y militares. Según noticias de los medios, los talibanes también torturaron a civiles hasta la muerte en la provincia. El 6 de septiembre, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán informó de la ejecución de combatientes capturados en el distrito de Balkhab de la provincia de Sari Pul.

Estos delitos quedaban habitualmente impunes bajo el régimen talibán. No había investigaciones adecuadas ni transparentes sobre las ejecuciones extrajudiciales ni sobre otras violaciones graves de derechos humanos. Las autoridades talibanas siguieron negando la existencia de estas violaciones, y rechazaron las conclusiones de las ONG, incluida Amnistía Internacional.

Pena de muerte, tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes

Los talibanes empezaron a ejecutar y flagelar en público a personas por delitos como asesinato, robo, relaciones “ilegítimas” y violación de las normas sociales. Según personas de la ONU expertas en derechos humanos, entre el 18 de noviembre y el 16 de diciembre más de un centenar de personas fueron flageladas en estadios de diferentes provincias.

En diciembre, las autoridades talibanas consumaron la primera ejecución pública en la provincia de Farah, en presencia de altos cargos talibanes, entre ellos el vice primer ministro, varios ministros y el presidente del Tribunal Supremo.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El espacio de los medios de comunicación libres se redujo drásticamente al crear los talibanes un ambiente cada vez más intimidante, que obligó a muchos a cerrar. El ejercicio del periodismo se enfrentaba cada vez a más restricciones —incluidas detención arbitraria, reclusión ilegítima y tortura— para informar sobre los talibanes desde un punto de vista crítico, lo que favorecía la autocensura. Se golpeaba y sometía a otras formas de tortura a periodistas bajo custodia. Gran número de profesionales del periodismo huyeron del país. En televisión se obligaba a las periodistas a cubrirse el rostro casi por completo.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, institución nacional de derechos humanos, continuaba cerrada, y el espacio para que las organizaciones de la sociedad civil documentaran la situación de derechos humanos e informaran al respecto se redujo de manera significativa. Los grupos independientes de derechos humanos no podían trabajar con libertad. Los talibanes detuvieron y recluyeron de manera ilegítima a quienes los criticaban en las redes sociales, sobre todo en Facebook.

Además, desmantelaron todos los espacios de reunión, manifestación o concentración pacíficas. La policía talibana utilizó fuerza excesiva e innecesaria contra manifestantes, y se arrestó de manera arbitraria, se detuvo, se torturó física y psicológicamente y se sometió a desaparición forzada a personas que protestaban pacíficamente. Las familias impedían a sus miembros femeninos protestar por temor a las consecuencias, con lo que se reducía aún más el espacio para la libertad de reunión.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Los talibanes cerraron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y lo sustituyeron por el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que emitía decretos restrictivos y abusivos sobre los derechos de las mujeres y las niñas. Cuando las mujeres protestaban contra estas restricciones, se les respondía con detenciones ilegítimas y violencia.

Las niñas siguieron teniendo vetada la educación secundaria y, a partir de diciembre, también la superior. Antes de eso, las mujeres que asistían a la universidad tenían que acudir a aulas separadas por sexos y con el cuerpo cubierto de la cabeza a los pies, entre otras restricciones. Las mujeres tenían dificultades para matricularse tanto en los cursos como en el examen nacional de acceso a la universidad y, en algunos casos, se les impedía entrar en los edificios universitarios, con lo que la educación superior quedaba casi fuera de su alcance. Además, se les prohibía estudiar determinadas materias. Al concluir el año, sólo se permitía a las mujeres y las niñas asistir a escuelas primarias.

Se fue impidiendo cada vez más a mujeres y niñas el libre acceso a otros espacios públicos a través de una serie de medidas. Los talibanes impusieron un código indumentario, obligaron a las mujeres a llevar un acompañante (mahram) para aparecer en público y prohibieron a mujeres y niñas ir a parques públicos. En agosto, los medios de comunicación informaron de que se había negado el derecho a salir de Afganistán a 60 estudiantes universitarias por no tener mahram. Estas normas se aplicaban de manera arbitraria y al azar, por lo que muchas mujeres decidían no viajar solas.

Los talibanes comunicaron que si una mujer o niña infringía las restricciones impuestas se responsabilizaría de ello a sus familiares varones. En consecuencia, las familias restringieron los derechos de sus miembros femeninos por temor a las represalias de las autoridades talibanas. Los talibanes reprimieron con dureza a las mujeres que protestaban contra estas restricciones en público o en las redes sociales, propinándoles palizas, arrestándolas, deteniéndolas ilegítimamente o arrestando a familiares suyos, principalmente. Algunas de las mujeres arrestadas, incluidas las que huían de abusos, fueron acusadas del impreciso y ambiguo “delito” de “corrupción moral”. Sin embargo, tras la toma del poder por los talibanes, la aplicabilidad de la legislación anterior era, en general, dudosa, ya que éstos imponían públicamente su interpretación estricta y restrictiva de la sharia (ley islámica) en el país. Aunque siguió habiendo protestas a lo largo de todo el año, éstas encontraron cada vez mayor oposición de la policía talibana, que bloqueaba su recorrido y detenía a periodistas que intentaban informar al respecto.

El desmantelamiento de anteriores estructuras del gobierno, como el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, y la transformación del sistema judicial en aplicación de la sharia, basada en preceptos religiosos, redujo las salvaguardas con las que contaban antes las mujeres y las niñas. En consecuencia, aumentaron las noticias sobre violencia de género intrafamiliar y matrimonios forzados. No había ningún mecanismo fiable al que pudieran recurrir las mujeres víctimas de ese tipo de violencia. Los tribunales y las fiscalías que antes se encargaban de investigar y juzgar los casos de violencia de género permanecían cerrados, y tanto las autoridades talibanas como los mecanismos comunitarios de resolución de disputas castigaban a las mujeres por denunciar la violencia de género intrafamiliar.

Además, a partir del mes de diciembre, los talibanes prohibieron a las mujeres y las niñas trabajar con ONG. Éstas y otras restricciones impuestas por los talibanes sobre el derecho de las mujeres a trabajar fuera de casa afectaron profundamente a la capacidad de éstas para ganarse la vida —sobre todo cuando sus ingresos eran los únicos de toda la unidad familiar— en un momento de cada vez mayor inseguridad alimentaria en el país.

Homicidios y ataques ilegítimos

Entre agosto de 2021 y junio de 2022, la UNAMA registró 2.106 víctimas civiles. Muchas de estas personas habían muerto a manos del Estado Islámico en la Provincia de Jorasán, que continuaba llevando a cabo ataques selectivos y sistemáticos contra grupos étnicos y religiosos minoritarios, como colocar bombas en centros religiosos y educativos y atacar los transportes públicos que esos grupos utilizaban. Ése fue el caso del ataque perpetrado el 18 de junio contra un templo sij en la capital, Kabul, y del atentado con bomba llevado a cabo el 30 de septiembre contra un centro educativo de un barrio predominantemente hazara en el que perdieron la vida al menos 52 adolescentes, en su mayoría chicas. Las autoridades talibanas no investigaron estos ataques ni tomaron medidas adecuadas para proteger a las minorías. Por el contrario, en algunos casos eliminaron las medidas de seguridad que el anterior gobierno había implantado para proteger a estos grupos minoritarios, retirando guardias que protegían lugares susceptibles de ser atacados y dejándolos expuestos a un mayor grado de peligro.

En los lugares en los que persistía la resistencia armada contra los talibanes —sobre todo en las provincias de Panjshir, Baghlan, Badajshán y Sari Pul— la población civil seguía enfrentándose al peligro de morir o de ser arbitrariamente detenida o torturada a manos de las autoridades talibanas, que restringían también su libertad de circulación. La población local de estas zonas denunció también desalojos forzosos practicados por los talibanes, sobre todo en Panjshir.

Derecho a la salud

La toma del gobierno por los talibanes siguió siendo profundamente perjudicial para el sistema de salud del país. La política talibana en relación con las mujeres que trabajaban en el sector de la salud continuó siendo ambigua e incongruente. El sector de la atención a la salud sufrió una grave pérdida de recursos humanos debido al requisito de que las mujeres viajaran con un mahram, al temor a las represalias de los talibanes contra las mujeres y al elevado número de mujeres con formación académica que habían huido del país. Esta situación planteaba dificultades especiales en las zonas rurales, donde los recursos de salud eran ya limitados bajo el anterior gobierno. La congelación de la mayoría de la ayuda internacional, que había sustentado en gran medida la atención a la salud antes de 2021, dejó a hospitales y clínicas con recursos o personal limitados, lo que contribuyó a la imposibilidad generalizada de acceder a la atención a la salud.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Un gran número de personas afganas siguieron huyendo del país por un temor bien fundado a ser perseguidas por los talibanes. Pese al peligro que corrían en Afganistán, había países que continuaban devolviendo a personas refugiadas y solicitantes de asilo afganas. Algunas de las personas afganas que intentaban huir morían abatidas a tiros, veían cómo se les negaba el derecho a solicitar asilo, eran devueltas sin el debido procedimiento al llegar a la frontera o sufrían otras violaciones de derechos humanos y explotación a manos de las autoridades de los países en los que buscaban refugio.

A principios de año en Afganistán había 3,8 millones de personas internamente desplazadas que vivían en circunstancias precarias con capacidad limitada para acceder a sus derechos humanos. El Consejo Noruego para los Refugiados informó de que los talibanes habían desalojado por la fuerza a algunas de las que estaban en zonas urbanas y las habían obligado a volver a sus pueblos de origen, donde se enfrentaban a un grado extremo de pobreza y no podían ganarse el sustento.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En Afganistán, la población LGBTI siguió sufriendo violaciones graves de derechos humanos perpetradas por los talibanes, incluidas amenazas, ataques selectivos, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias y otras. Muchas personas LGBTI seguían temiendo la vuelta de prácticas discriminatorias aplicadas por los talibanes en el pasado, entre las que figuraba históricamente la pena de muerte para las personas sospechosas de mantener relaciones homosexuales, y permanecían ocultas, temiendo por su vida.

Impunidad

En la estructura del gobierno talibán no había cabida para la justicia, verdad y reparación por los crímenes de derecho internacional o las violaciones de derechos humanos. Los tribunales y las fiscalías no investigaban las ejecuciones extrajudiciales ni enjuiciaban a quienes cometían otras violaciones de derechos humanos. Al sustituir los talibanes a los jueces, y los tribunales por sus propios sistemas de justicia, la independencia del sistema judicial sufrió un grave deterioro.

En octubre, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó a la Fiscalía de la Corte a reanudar su investigación sobre la situación de Afganistán. En su decisión, la Corte subrayó que la investigación debía hacer referencia a “todos los presuntos delitos y actores”, incluidos “los miembros de las fuerzas armadas o de los servicios de seguridad e información de actores no estatales”, a diferencia de la decisión previa de la Fiscalía de centrarse sólo en los delitos cometidos por los talibanes y por el Estado Islámico en la Provincia de Jorasán.