"Creemos que los videojuegos calificados según el código PEGI para mayores de 18 años no deberían poder venderse a los menores, estableciendo tal prohibición por ley", señala Alejandro Perales, presidente de AUC. Ana Fernández Guillén, abogada del departamento legal de la Asociación Protégeles, se expresa en términos similares: "Hay que prohibir, sancionar o tipificar legalmente la venta y distribución de estos productos no aptos para menores, impidiendo que éstos tengan acceso a los mismos". Mientras, Pilar Galán, responsable del equipo de menores de Amnistía Internacional en España, se muestra partidaria de que "exista una legislación nacional que regule el acceso o no de los menores a los videojuegos no adecuados para ellos". "No proponemos la creación de esta ley como medida restrictiva o prohibicionista, sino como protección a los menores", señala. "España, como Estado que ha firmado y ratificado los tratados internacionales de derechos humanos de niños, es un país que no ha implementado las medidas de protección a las que se ha comprometido respecto a los menores", denuncia. "Se trata de protegerlos, como ya se hace con el porno, el tabaco o el alcohol, de ofertas inadecuadas para su edad y que pueden afectar gravemente su desarrollo evolutivo", señala Perales.

El sector de los videojuegos, reunido en Adese (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento) se defiende de las críticas. Carlos Iglesias, presidente de la patronal, señala que la vía de la prohibición "no es la más adecuada". "Creo que la información es el mejor camino para un uso adecuado tanto de los videojuegos como de cualquier otro producto o servicio", afirma. Y añade que "siempre que los padres y educadores ejerzan de forma responsable la atención y protección de los menores", estos están a salvo de problemas con la violencia con la que se divierten. Y va más allá: "Los videojuegos son una opción de entretenimiento similar a la literatura, el cine, la TV o Internet. Por tanto cualquier iniciativa que restrinja o prohíba su uso habría de ser aplicable a todas estas manifestaciones. De lo contrario sería un agravio comparativo difícilmente entendible y explicable", concluye.

En España, actualmente, según explica Ana Fernández, no existe regulación o legislación que prohíba, sancione o penalice la distribución y venta de videojuegos no aptos para menores. Sin embargo, añade, en España y en la mayor parte de los países de la Unión Europea, existe un código de autorregulación cuyo objeto es proporcionar información sobre los contenidos y edades recomendadas (denominado código PEGI). Este sistema, no obstante, es voluntario y son los propios creadores del programa los que realizan una autovaloración del mismo.

Expertos en psicología y educación consultados no se muestran partidarios de la prohibición. Es el caso de Begoña Gros, profesora de la Facultad de Pedagogía y directora de investigación en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat de Barcelona (UB). "No me gustan las prohibiciones. Creo que hay que hacer recomendaciones sobre el tipo de contenido de los juegos, pero prohibir sólo va a suponer aumentar el interés de los jóvenes por acceder a los videojuegos con contenidos violentos", señala. En su opinión, "hay que educar a los niños, hacerlos consumidores responsables. Además, Gros no cree que la violencia desarrollada por una persona dependa de los contenidos de los videojuegos con los que jugó de pequeño. "Los efectos no dependen de forma directa del juego, sino del entorno social y familiar del menor. Los juegos violentos en un entorno que refuerza ese tipo de conducta ciertamente tendrá un efecto diferente a su utilización en un entorno favorable", señala.

Joel Feliu, profesor titular de psicología social de la UAB, coincide con sus tesis. "Las medidas prohibicionistas no tienen ninguna utilidad, si un menor quiere jugar a un videojuego determinado siempre encontrará la manera de hacerlo. Recomiendo a los padres que jueguen con sus hijos, de manera que puedan establecer un diálogo sobre los contenidos del videojuego cuestionado. La prohibición solo alimenta la curiosidad y consigue el efecto opuesto al que se pretende", afirma. Además, considera que "las causas de la violencia siempre están en las injusticias sociales y en el entorno familiar y relacional de las personas, nunca en las tecnologías que usan". "Desde los años cincuenta se vienen realizando estudios sobre los efectos de la televisión violenta, el cine violento y recientemente sobre los videojuegos violentos, y de momento ningún estudio ha podido concluir que el hecho de jugar a videojuegos violentos o ver televisión/cine violento tenga ningún efecto relevante sobre los menores", señala este profesor universitario.

Mientras tanto y a pesar de la demanda por parte de asociaciones y ONGs, el Gobierno no tiene intención de iniciar políticas prohibicionistas. "No hay ningún cambio legislativo previsto en este sentido", afirman fuentes del Ministerio de Sanidad y Consumo. El Ejecutivo cree que "en España se ha apostado por la autorregulación" y apoya la recomendación hecha recientemente por la Comisión Europea que pedía a la industria de los videojuegos y a las asociaciones de distribuidores que pongan en marcha en dos años un código de conducta sobre la venta de videojuegos a menores. Bruselas no quiere imponer nada por la fuerza, sino que pretende que, como hasta ahora, los fabricantes asuman de forma voluntaria la adopción de nuevas obligaciones. Hasta la fecha sólo Alemania, Irlanda, Italia y Reino Unido han prohibido algunos juegos para menores.