A nadie en su sano juicio, excepto tal vez a las autoridades de países como China, Irán o Arabia Saudí, se le podría pasar por la cabeza un escenario como el planteado en el anterior párrafo. Sin embargo, esa misma hipótesis (prohibición de contenidos en los que aparezcan muertes violentas) es real cuando se habla de la ciudad de Bonn y los videojuegos. Gracias a una autoridades con afán censor y un Tribunal Europeo de Justicia políticamente correcto, los habitantes de la que fuera capital de Alemania Occidental durante la Guerra Fría no podrán entretenerse con juegos como Counter Strike. Los responsables municipales prohibieron en 1994 los videojuegos en los que los participantes tienen que dispararse unos a otros. El argumento: este tipo de software de entretenimiento trivializa la violencia y supone un peligro para el orden público. Ahora, Tribunal Europeo de Justicia da el visto bueno a la intervencionista norma diciendo que protege la dignidad humana.

No se escuchan voces protestando contra la norma y la sentencia. Los políticos callan; las asociaciones de derechos fundamentales, también. La censura está aceptada cuando afecta a Internet o los videojuegos. Todo lo que tenga que ver con el ordenador se mide con una vara diferente a la que se aplica al celuloide o la televisión. Los argumentos utilizados por las autoridades de Bonn y el Tribunal hubieran sido considerados inaceptables si se hubieran utilizado contra las películas y las series, pero no parecen molestar en este caso. Claro que tampoco hubo apenas reacciones cuando Amnistía Internacional propuso que el Estado legislara en un sentido parecido.

La doble vara de medir puede fundamentarse en dos cuestiones. Por una parte, la mala imagen que tienen los entretenimientos electrónicos en Europa. Esto es posible gracias cómo han sido tratados tradicionalmente por los medios de comunicación clásicos, que utilizan casos como el del "Niño de la Katana" para arremeter contra los videojuegos, a pesar de que también hay desequilibrados que asesinan influidos por películas. La otra, y tal vez más importante, es el lobby de los actores, directores y demás personajes del mundo del cine y la televisión. Tienen influencia y dinero, y no dudan de saltar al cuello contra aquellos políticos que actúen contra sus intereses (sean legítimos o no). Frente a esto, la industria del videojuego está lejos de ser influyente y carece de organizaciones y portavoces con capacidad de influir sobre el gran público y las autoridades.

Resulta lamentable que, al final, el freno a las tentaciones totalitarias y censoras esté en los grupos de presión en vez de en los valores y creencias de los políticos, jueces y ciudadanos. La sentencia sobre los videojuegos y Bonn demuestra que esto sigue siendo así. Todavía queda mucho terreno que recorrer hasta que la sociedad y los poderes públicos comprendan que las libertades también deben ser protegidas para los usuarios de ordenador.