Actualmente hay 1.354 personas condenadas a muerte en las cárceles rusas, pero las sentencias no se ejecutan para no romper el compromiso adquirido, que el presidente Putin parece firmemente decidido a mantener. "Los intereses políticos exteriores no deberían ser superiores a la aplastante voluntad de la sociedad, que rechaza aceptar la abolición de la pena de muerte", señalaba la resolución de la Duma, aprobada por 266 votos a favor contra 86.

La resolución de la Duma refleja, efectivamente, la posición mayoritaria en la sociedad, pero lo peor es que tal punto de vista está sólidamente arraigado entre los sectores más instruidos de la sociedad. Eso quedó claro el mismo viernes, en el popular programa semanal de televisión "Libertad de expresión" del canal NTV, que fue dedicado al debate sobre la pena de muerte, después de que varios casos de asesinatos espectaculares, uno de ellos con un conocido académico como víctima, conmovieran a la opinión pública. En el programa, el grupo de profesionales de diversos ámbitos que argumentó con razones de peso estar en contra de la pena de muerte quedó en franca minoría.

El defensor del Pueblo, Sergei Mironov, arremetió contra la corrupción institucional y la desigualdad social como factores sociales de delincuencia, así como de ineficacia y degradación de la policía y del sistema judicial encargado de atajarla. Mironov alentó a la opinión pública a incidir en esos aspectos en lugar de sumarse a la inútil barbarie de la pena capital, pero su prédica resultó manifiestamente incomprendida, incluso cuando en el debate se recordó que el país pierde casi un millón de habitantes al año por razones directamente vinculadas a la quiebra del Estado social, lo que equivale a una pena de muerte de la que nadie es responsable.

Un 25% de los rusos, casi 40 millones de habitantes, dispone de ingresos mensuales inferiores al mínimo vital de 1.500 rublos (9.000 pesetas), según una estadística oficial del año pasado recién divulgada, y las cárceles están sobresaturadas. Al mismo tiempo, la ineficacia policial y del aparato judicial se ha incrementado hasta lo indecible. Mironov dijo que en las comisarías, las salas de instrucción y careo se han convertido en "meros centros de tortura" en los que los funcionarios arrancan las confesiones que necesitan para cumplir las cuotas de casos resueltos, fenómeno que el actual ministro de Interior, Boris Gryslov, intenta combatir.

Las condiciones en las cárceles rusas son tan malas, con epidemias endémicas de tuberculosis, que el 40 por ciento de los condenados a muerte pide que sus sentencias se ejecuten, dijo un ex alto funcionario del Ministerio del Interior, para refutar la opinión de que la cárcel no es suficiente castigo.