"La reforma no ha tenido ningún efecto porque la mayoría de las ejecuciones son resultado de ese derecho", declaró la semana pasada la premio Nobel Shirín Ebadí, en una conferencia de prensa organizada por el Centro de Defensores de los Derechos Humanos. El acto forma parte de una campaña para pedir a las autoridades iraníes que cumplan los convenios internacionales que han firmado, y pongan fin al ajusticiamiento de menores.

Al menos 150 jóvenes se encuentran, como Amir, condenados a muerte por un delito que cometieron cuando aún no habían cumplido los 18 años. Sus familias se llenaron de esperanza cuando el 15 de octubre Hosein Zebhi, el fiscal general adjunto para asuntos judiciales, anunció que la magistratura había decidido conmutar la pena capital por cadena perpetua para los delincuentes menores de edad. Tres días más tarde, Zebhi excluía a los ya condenados, y a quienes afrontaran una pena de qisas porque "no depende del Gobierno, sino de la acusación particular".

"Están dando a la familia el derecho de venganza, eso es algo que no pasa en ningún lugar del mundo", lamenta el padre de Amir. Sus esfuerzos para que los herederos de la víctima de su hijo acepten una indemnización (diyat, o dinero de sangre) han resultado vanos hasta ahora.

La aclaración del fiscal echó un jarro de agua fría sobre los afectados y sobre los activistas de derechos humanos. Por si había dudas, dos semanas después, la audiencia de la provincia de Isfahán anunció el ahorcamiento de Gholamreza H., un afgano de 19 años, convicto de un asesinato que cometió en noviembre de 2006 cuando tenía 17. Se trata del séptimo caso este año, con lo que Irán se apunta 27 de las 33 ejecuciones de delincuentes menores que han tenido lugar en el mundo desde 2005 (el resto ocurrieron en Arabia Saudí, Sudán, Pakistán y Yemen antes de 2008). Además, las autoridades siguen negando que ajusticien a menores.

"Hasta el año 2000 se les ejecutaba a la edad que tenían cuando acaba el juicio, pero desde ese año, debido a las presiones internacionales, se les mantiene en la cárcel hasta que cumplen los 18", explica Asieh Amini, autora del informe Ejecuciones de menores. No obstante, ha constatado que la prensa se ha hecho eco de cinco ajusticiamientos de menores en los últimos ocho años.

Los activistas critican que la República Islámica haya establecido la edad penal a partir de los 9 años para las niñas y los 15 para los niños. Eso permite a los jueces dictar sentencias que, en su opinión, no sólo violan la Convención de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de los Derechos del Niño, que Irán ha ratificado, sino que tampoco se sustentan en la legislación islámica, como pretenden sus dirigentes. "Castigar a los chiquillos como adultos es contrario a la ley divina", manifiesta Sedigheh Basmaqi, una jurisconsulta especializada en derechos de la infancia.

Los abogados que defienden a los menores denuncian las frecuentes irregularidades que rodean los juicios. "Algunos son condenados sin que se respeten los procedimientos", asegura el abogado Mohamed Mostafai.

"Mi hijo no confesó hasta que no le torturaron", constata el padre de Mohsen Ghabrai, acusado de sodomía hace un año, cuando tenía 15. "Le molieron a golpes, aún le quedan marcas en la cabeza", añade. Su hijo ha sido declarado culpable. "Aunque el otro chico le ha perdonado, el juez no acepta el perdón", concluye destrozado. Mohsen, como Amir, está recluido en la prisión de Adelabad, en Shiraz, y su suerte depende de un juez que, según el padre de Amir, "disfruta dictando sentencias de muerte". Según él, todos los miércoles hay alguna ejecución en Adelabad.