Los representantes de las asociaciones se reunieron durante media hora con el juez. En la reunión le entregaron un compendio de desaparecidos e informes que revelan la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas.

La secretaria de la plataforma de víctimas de desapariciones forzadas, Paqui Maqueda, explicó que las asociaciones están "satisfechas", aunque "extenuadas" por el "ingente" trabajo que han desarrollado en los últimos 15 días para recabar la información que les reclamó el juez. Por ello, pidió a los ayuntamientos que abran oficinas para recoger la información que les aporten los ciudadanos. Además, denunció la escasa colaboración de algunas administraciones como las de Andalucía y Extremadura. Por contra, la Xunta de Galicia y la Generalitat han ofrecido información por iniciativa propia.

Pese a las dificultades, las asociaciones han recogido datos de 42.131 casos en Andalucía; 29.034 en Valencia; 14.660 en Castilla y León; 3.338 en Catalunya; 3.424 en Madrid; 6.000 en Asturias; 1.000 en Murcia; 8.851 en Castilla-La Mancha; 9.538 en Aragón; 7.000 en Galicia; 2.535 en Cantabria; 1.900 en el País Vasco; 3.920 en Navarra; 2.070 en la Rioja; 2.211 en Canarias; 768 en Ceuta y Melilla; 1.486 en Baleares, y 9.486 en Extremadura.

Esta relación se unirá a las respuestas que deben remitir al juzgado la Abadía del Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal, los ayuntamientos de Granada, Madrid, Sevilla y Córdoba, el Ministerio de Defensa y el registro civil. El plazo de entrega de documentación venció ayer.

Ahora, el juez estudiará los papeles y resolverá si es competente para investigar estos hechos. Las asociaciones reclaman "verdad, justicia y reparación", según Maqueda, que se mostró "precavida" sobre la decisión que finalmente adopte Garzón. La fiscalía se ha opuesto frontalmente a esta investigación. En enero rechazó que la Audiencia Nacional sea competente para investigar estos hechos y apoyó que los juzgados territoriales controlen las exhumaciones. También afirmó el ministerio público que el delito de genocidio no se puede perseguir ahora porque no existía cuando se cometieron los hechos y no se puede condenar a nadie por la comisión de los mismos por la ley de amnistía de 1977.