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El concepto de los derechos humanos es, en gran parte, producto de la historia y de la civilización humana y como tal está sujeto a cambios y evoluciones. De hecho, el desarrollo de los derechos humanos ha atravesado varias etapas, y el concepto de los mismos tuvo su inicio como concepto político; por ejemplo, significaba el respeto del Estado hacia una esfera de libertad de la persona humana. En otras palabras, el Estado estaba obligado a no intervenir en esta esfera de "derechos civiles" o "derechos a la libertad" o, según se exponía en el párrafo anterior, los derechos dirigidos a la protección de la libertad, la seguridad y la integridad física y espiritual de la persona humana. Tales derechos son, en general, de carácter individualista. En el estadio siguiente, no se coloca al hombre en oposición al Estado, sino que es la propia persona la que toma parte en la estructuración política de la sociedad de la cual es miembro. Ello tiene lugar mediante el ejercicio de los derechos políticos en el seno del Estado. Por último, la aparición de la idea de los derechos económicos, sociales y culturales como un grupo distinto de derechos es un fenómeno más reciente. Tales derechos tienen que realizarse a través o por medio del Estado. En este punto, el Estado actúa como promotor y protector del bienestar económico y social. Mientras que en épocas anteriores el Estado fue, ante todo, una autoridad que vigilaba la protección y mantenimiento del orden público y la seguridad de la sociedad, el Estado moderno es (o debería ser) un instrumento para el bienestar de todas las personas dependientes de su jurisdicción, que les permitiera desarrollar al máximo sus facultades, individual o colectivamente. El papel del Estado en el tema de los derechos humanos ha cambiado considerablemente, y debe advertirse que la ampliación de las funciones del Estado no sólo es importante en relación con los derechos sociales, sino también respecto a todo el resto de derechos humanos, por cuanto las autoridades públicas tienen también el deber de garantizar los derechos civiles y políticos contra intromisiones de elementos de poder que puedan tener a su disposición grandes capacidades económicas, tecnológicas y científicas.