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Vietnam

Vietnam 2019

El año 2019 contempló un aumento del número de presos y presas de conciencia. Continuó la represión de los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica. Una nueva ley de ciberseguridad entró en vigor en enero, con el objetivo de restringir los derechos humanos en línea. Las autoridades sometieron a activistas y defensores y defensoras de derechos humanos a hostigamientos, intimidaciones y restricciones abusivas tanto online como offline. El gobierno procesó a activistas y defensores y defensoras de derechos humanos mediante una serie de preceptos del derecho penal. Fue común la detención preventiva prolongada. A los presos y presas de conciencia se les denegó el acceso a abogados y familiares, carecieron de un servicio de asistencia sanitaria adecuado y en algunos casos fueron sometidos a tortura.

Antecedentes

Vietnam firmó en julio un acuerdo de libre comercio con la UE del que se esperaba que impulsase el crecimiento económico. Sus disposiciones exigían que el gobierno vietnamita permitiese el establecimiento de sindicatos independientes y mejorase el marco legal relativo a los derechos laborales. El acuerdo también requería al gobierno vietnamita que ratificase una serie de convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Represión a la libertad de expresión

Las autoridades detuvieron y/o procesaron al menos a 23 personas a lo largo del año por motivos relacionados con la expresión y el discurso. La mayoría de las personas afectadas habían expresado opiniones sobre cuestiones como la corrupción, el medio ambiente, la política y los derechos humanos, utilizando Facebook como plataforma. Las condenas llegaron a ser de hasta 11 años de prisión.

El gobierno también lanzó una campaña dirigida tanto a cerrar la “Liberal Publishing House”, una editorial independiente de libros sobre democracia y política pública, así como a intimidar a sus partidarios. Las fuerzas de seguridad interrogaron al menos a cien personas en todo el país y registraron los domicilios de al menos una docena de ellas, confiscando libros impresos por la editorial. Los más preocupante es que, en octubre, la policía de la ciudad de Ho Chi Minh detuvo y torturó a una persona que ayudó a entregar libros de dicha editorial.

Presos y presas de conciencia

La represión sobre las manifestaciones pacíficas, así como los arrestos que siguieron, condujeron a un incremento sustancial del número de presos y presas de conciencia. En mayo había ya 118 presos y presas de conciencia de los que se tuviera constancia. Mientras que unos pocos prisioneros fueron liberados más tarde tras cumplir sus condenas, otros más fueron arrestados.

Los informes de familiares y grupos locales de derechos humanos indicaron que los presos y presas de conciencia continuaban sufriendo diversas formas de malos tratos, entre ellos régimen en aislamiento, comida de mala calidad, falta de acceso a atención médica o abuso mental o físico. Muchos administradores penitenciarios alentaron a prisioneros ingresados por delitos comunes a intimidar y agredir a los presos y presas de conciencia. Familiares de dos presos de conciencia informaron que sus relativos habían recibido amenazas de muerte en prisión.

Una vez condenados y sentenciados a prisión, los presos y presas de conciencia fueron trasladados frecuentemente a instalaciones alejadas de sus hogares, dificultando que sus familiares pudieran visitarles y proporcionarles apoyo emocional y material.

Plano legislativo

Una nueva ley de ciberseguridad entró en vigor en enero, a pesar de la preocupación manifestada tanto a nivel nacional como internacional respecto a que dicha ley podía criminalizar una amplia gama de formas de expresión en línea. El artículo 8 de la ley prohíbe “distorsionar la historia, negar los logros revolucionarios, destruir el bloque de solidaridad nacional y proporcionar información falsa que cause confusión entre la población y daño a las actividades socioeconómicas”. El artículo 16, en una línea similar, establece una definición demasiado amplia de lo que constituye propaganda contra el Estado, incluyendo “insultar al pueblo [vietnamita], la bandera nacional, el emblema nacional, el himno nacional, los grandes hombres, líderes, famosos o héroes nacionales”. Debido a este lenguaje excesivamente amplio y a la vaga formulación del mismo, estas disposiciones otorgan a las autoridades facultades arbitrarias y excesivas para prohibir un amplio abanico de actividades legítimas.

El anteproyecto para la implementación de la ley de ciberseguridad impondría mayores restricciones a los derechos humanos en Internet y podría tener un efecto paralizante de la expresión pacífica online. El párrafo 5 del artículo 58 obligaría a todas las compañías de Internet que operan en Vietnam a conservar los datos personales de los usuarios y presentarlos al Departamento de Ciberseguridad previa solicitud. Las empresas se expondrían a sanciones sustanciales si no lo hacen. Las disposiciones del decreto no indican cómo las autoridades utilizarían estos datos.

Muertes bajo custodia

Al menos 11 personas murieron bajo custodia según datos compilados por Radio Free Asia. Las autoridades continuaron impidiendo que se realizaran investigaciones independientes sobre dichas muertes, que pudiesen poner en duda las explicaciones oficiales de sus causas.

Un caso muy destacado fue el de Le Thanh Hien, un periodista independiente de la provincia de Hďu Giang. Arrestado el 9 de julio con cargos de fraude y detenido en la comisaria policial del distrito Vi Thuy, fue hallado muerto en su celda al día siguiente. La policía afirmó que Hien se había ahorcado, sin que se conozca de ninguna investigación al respecto que se hubiese llevado a cabo.

Desapariciones forzadas

Truong Duy Nhat, una destacada periodista política, desapareció forzosamente en Bangkok, Tailandia, mientras buscaba asilo en enero. Las pruebas y los testigos revelaron la involucración de las fuerzas de seguridad vietnamitas. Cinco meses después de su desaparición forzosa, las autoridades vietnamitas admitieron que estaban deteniendo a Nhat in Ha Noi con cargos de corrupción.

A principios de año, tres activistas tailandeses fueron sometidos a desaparición forzada mientras buscaban refugio en Vietnam. De acuerdo con las fuentes de Amnistía Internacional, estas tres personas fueron detenidos por la policía en enero.

Pena de muerte

El gobierno oculta desde hace mucho tiempo cualquier información relativa a la pena de muerte. En diciembre de 2018, durante el ExamenPeriódico Universal llevado a cabo por Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Vietnam, un representante vietnamita afirmó que el uso de la pena de muerte constituía un secreto de Estado.

Arrestos y detenciones arbitrarias

Varios activistas fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad públicas. Cao Vinh Thinh, miembro de Green Trees, una organización que trabaja para la protección del medio ambiente, fue detenida arbitrariamente en dos ocasiones (en marzo y junio) por las autoridades locales en Hanói. Otro miembro de la organización, Dang Vu Luonf, fue igualmente detenido sin orden ni otro tipo de justificación judicial en agosto. Ambos fueron liberados tras haber sido interrogados durante horas.

El 25 de octubre, el cineasta Thinh Nguyen fue arbitraria y violentamente detenido por agentes de la policía secreta. Los funcionarios no mostraron ningún documento judicial y cuando Thinh Nguyen cuestionó la legalidad de sus acciones, uno de ellos habría respondido que la detención se debía a “motivos de seguridad nacional”. Tras registrar el domicilio del cineasta, la policía trasladó a Thinh Nguyen a una comisaría donde fue interrogado y finalmente liberado más tarde ese mismo día.

Violencia contra las mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres y niñas, incluidas agresiones físicas y violencia sexual, fue objeto de una amplia repercusión pública. No solo los delitos fueron objeto de la atención de los medios de comunicación y de las protestas públicas, sino también la impunidad de la que gozan los autores.

En marzo, un hombre agredió sexualmente en Hanói a una mujer en un ascensor dotado con cámara de vídeo de circuito cerrado dentro que grabó el incidente. El vídeo circuló por las redes sociales desencadenando rápidamente una protesta masiva en las mismas. Las autoridades locales multaron al hombre con 200.000 dong (alrededor de 8 Euros), sin detenerle ni presentar cargos contra el, lo que aumentó el malestar público.

En abril, el ex fiscal adjunto de la ciudad de Da Nang apareció en un vídeo que circulaba en Internet en el que aparentemente agredía sexualmente a una niña de 7 años en un ascensor en la ciudad de Ho Chi Minh. En las protestas consiguientes, los manifestantes pidieron a la Asamblea Nacional una reforma legal para incrementar las penas por agresión y acoso sexual. Las autoridades procesaron al autor, condenándolo a 18 meses de prisión; sin embargo, a finales de año no había sido encarcelado.

La violencia doméstica contra la mujer fue común, y los casos de mujeres maltratadas por sus maridos aparecieron con frecuencia en los medios de comunicación. Aún así, fueron muy pocos los presuntos autores que fueron obligados rendir cuentas.

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