Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Uruguai

Uruguay 2019

La impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado seguía suscitando preocupación. Las condiciones de reclusión continuaban siendo deficientes y se veían agravadas por la utilización generalizada de la detención en espera de juicio. Los derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), seguían amenazados. Las deficiencias institucionales posibilitaban la repetición de violaciones de derechos humanos.

Impunidad

La inacción a la hora de garantizar la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el antiguo régimen militar (entre 1973 y 1985) seguía siendo un motivo de preocupación sin resolver. El 91% de las 187 investigaciones penales iniciadas sobre estos crímenes no habían dado lugar a juicios, y solo se habían dictado sentencias condenatorias en 14 casos.

Seguía sin esclarecerse la suerte de 163 de las 196 desapariciones forzadas reconocidas por las autoridades del Estado. Solamente se había encontrado a ocho de las 44 personas desaparecidas en el territorio uruguayo.

La Corte Suprema de Justicia confirmó nuevamente que los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1985 estaban sujetos a prescripción, lo que vulneraba el derecho internacional.

Se negaba la pensión especial reparatoria para las víctimas de la violencia del Estado entre 1973 y 1985 a las personas que recibieran otras pensiones o prestaciones sociales.

Seguridad pública y condiciones de reclusión

Las medidas adoptadas para aumentar la capacidad y mejorar las condiciones de las prisiones no lograron los objetivos de rehabilitación y prevención del delito. En mayo, el 53% de la población reclusa eran delincuentes reincidentes, y la tasa de reclusión era de 315 por cada 100.000 habitantes, el doble del promedio mundial. Según la Fiscalía General de la Nación, el 44% de las personas recluidas estaban en espera de juicio a principios de 2019.

Según el comisionado parlamentario penitenciario, una proporción significativa de la población reclusa vivía en condiciones muy deficientes o con elevados niveles de violencia, que constituían malos tratos.

Personas migrantes y solicitantes de asilo

Seguía sin existir un plan de acción oficial para garantizar la igualdad de acceso a los derechos para el creciente número de personas migrantes y refugiadas, especialmente quienes estaban en condiciones de vulnerabilidad.

En 2019, el 31% de todas las solicitudes de visado de residencia permanente habían sido presentadas por personas venezolanas, el 26% por personas cubanas, y el 2% por personas dominicanas. Según las organizaciones locales, las personas migrantes en situación de vulnerabilidad procedentes de esos países sufrían una especial falta de protección del derecho a trabajar en condiciones justas, a la vivienda y a la educación.

Violencia contra las mujeres

El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Uruguay informó de 24 feminicidios en 2019. El 55% del total de homicidios de mujeres que tuvieron lugar entre enero y junio habían sido cometidos por sus parejas, exparejas o familiares. El 30 de diciembre, el presidente Vázquez emitió una resolución en la que declaraba una emergencia nacional por la violencia de género.

Pese a la aprobación en 2017 de una ley para combatir la violencia de género, aún no había mecanismos básicos de ámbito nacional para prevenir la violencia contra las mujeres y ofrecer servicios a las víctimas.

Persistían los obstáculos para la lucha contra todas las formas de violencia de género, entre ellos la insuficiente financiación pública, las frecuentes sentencias judiciales contra la protección de las mujeres basadas en prejuicios clasistas y sexistas, y la inacción de la policía para dar seguimiento a los informes.

Derechos sexuales y reproductivos

En septiembre, como parte de la Estrategia Intersectorial y Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional de Adolescentes, el gobierno presentó una hoja de ruta para la atención integral de niñas y adolescentes menores de 15 años que estuvieran embarazadas.

Persistían los obstáculos a la interrupción voluntaria del embarazo, debido a la falta de regulación de la negativa a prestar servicios de aborto por motivos de conciencia por parte del personal médico y otros profesionales de la salud.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

No existía ninguna política antidiscriminatoria integral que protegiera a las personas LGBTI de la violencia en los colegios y en los espacios públicos.

En agosto se rechazó una iniciativa para derogar la ley de 2018 que reconocía y protegía los derechos de las personas trans.

Uruguai

A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.