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Ucraïna

Ucrania 2019

Continuaron los ataques y los actos de intimidación por parte de grupos que propugnaban la discriminación contra las minorías marginadas y contra los activistas de los derechos humanos, aunque la policía protegió un mayor número de reuniones públicas de activistas. Muy pocos autores de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones del Euromaidán comparecieron ante la justicia, y los miembros del servicio de seguridad responsables de recluir y torturar a personas en centros secretos del este de Ucrania de 2014 a 2016 continuaron disfrutando de impunidad absoluta. Sólo en algunos casos de gran repercusión se tuvo noticia de avances en los intentos de llevar ante la justicia a presuntos autores de ataques perpetrados contra activistas y periodistas en el pasado. Aunque se tomaron nuevas iniciativas para abordar la violencia de género, la falta de voluntad política o de recursos para aplicarlas mermaron sus efectos en la práctica. Los territorios del este de Ucrania (Dombás) estaban controlados por separatistas respaldados por Rusia y seguían siendo inaccesibles para muchos actores humanitarios y de la sociedad civil. La limitada información procedente de allí incluía informes de represión violenta de la disidencia en todas sus formas y una práctica generalizada de la tortura y otros malos tratos a personas presas. La situación de los derechos humanos en Crimea, ocupada por Rusia, continuó deteriorándose, y aumentaron todavía más las represalias contra voces disidentes y minorías religiosas.

Información general

El año estuvo marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias, que dieron lugar a una gran renovación política. En la segunda vuelta de las presidenciales, celebrada el 21 de abril, Volodímir Zelenski, humorista recién estrenado en la política, logró una victoria aplastante sobre el presidente en ejercicio, Petro Poroshenko. Al día siguiente de tomar posesión de su cargo, Zelenski convocó elecciones parlamentarias anticipadas para el 21 de julio, y su nuevo partido, Servidor del Pueblo, obtuvo una sólida mayoría parlamentaria. La principal promesa electoral de Zelenski, buscar una solución política al conflicto de Dombás, impulsó iniciativas como la retirada parcial de fuerzas de la línea de contacto, que fue condenada por varias figuras de la oposición nacional por considerarla una claudicación ante Rusia.

En un canje de personas presas realizado el 7 de septiembre, 35 nacionales de Ucrania regresaron al país, incluidas personalidades como el director de cine Oleg Sentsov y 24 marineros capturados por fuerzas rusas en el estrecho de Kerch en noviembre de 2018. Entre las 35 personas entregadas a cambio a Rusia había una buscada por las autoridades neerlandesas por sospecharse que había tenido una participación clave en el derribo de un avión civil en Dombás en 2014. El 29 de diciembre, Ucrania canjeó a 124 personas detenidas por 76 que estaban en manos de los separatistas de Dombás apoyados por Rusia; otras 5 personas que fueron liberadas por los separatistas decidieron quedarse en esta región.

La noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una llamada telefónica realizada en julio, había presionado a Volodímir Zelenski para que investigara al hijo de su rival político Joe Biden dio lugar a un proceso de destitución (impeachment) contra el presidente estadounidense y trajo complicaciones diplomáticas a Ucrania.

En enero, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla concedió la autonomía eclesial a la recién creada iglesia ortodoxa de Ucrania. No obstante, aunque obtuvo el reconocimiento de otras iglesias ortodoxas, esta recién creada iglesia fue declarada cisma por el Patriarcado de Moscú, la iglesia ortodoxa rusa rival, que seguía siendo la más importante de Ucrania a pesar de que, según informes, varios centenares de parroquias suyas habían pasado a pertenecer a la iglesia ortodoxa de Ucrania.

Reformas legislativas y constitucionales

El 30 de junio entró en vigor una enmienda al artículo 124 de la Constitución que abrió el camino a la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ucrania había firmado el Estatuto en el año 2000, pero al terminar 2019, aún no lo había ratificado.

Libertad de reunión

Colectivos de activistas que sufrían sistemáticamente los ataques de grupos que propugnaban la discriminación y la violencia pudieron celebrar varios actos públicos que contaron con mayor número de participantes que en años anteriores. El 8 de marzo hubo concentraciones por los derechos de las mujeres en ciudades de todo el país, como Járkov, Leópolis, Mariúpol, Odesa, Úzgorod, Zaporiyia y la capital, Kiev. La policía evitó con éxito los ataques violentos que habían empañado estas concentraciones en 2018. La Marcha de las Mujeres de Kiev, por ejemplo, contó con unas 1.300 participantes y estuvo protegida por 900 agentes de policía.[1]

Con la participación de más de 8.000 personas, la marcha del Orgullo de Kiev, celebrada el 23 de junio, fue la mayor de la historia del país. La Oficina de la Presidencia había pedido directamente a la policía que garantizara la seguridad del acto, y los agentes aislaron eficazmente a contramanifestantes agresivos durante su desarrollo. Unas 300 personas asistieron el 26 de septiembre a la marcha del Orgullo en Odesa, que estuvo protegida por 500 agentes encargados de hacer cumplir la ley.

El 23 de noviembre, gracias a la protección policial, decenas de activistas de los derechos transgénero se concentraron en el centro de Kiev para celebrar el Día Internacional de la Memoria Trans, a pesar de los intentos de perturbar el acto, ejercidos por quienes se oponían a él.

Sin embargo, la organización de la marcha del Orgullo de Krivói Rog, prevista para finales de julio, tuvo que cancelarla debido a las amenazas. El 15 de septiembre, la policía formó un cordón, en el centro de Járkov, en torno a unos 2.000 o 3.000 participantes en la primera marcha del Orgullo en la ciudad, y eso permitió celebrar el acto a pesar de las amenazas de contramanifestantes. Sin embargo, algunas de las personas participantes explicaron que, nada más terminar la marcha, fueron perseguidas y golpeadas sin que interviniera la policía que estaba en el lugar. También dijeron que algunos agentes de policía presentes en el acto habían hecho comentarios o mostrado actitudes de carácter homófobo.[2]

Impunidad de abusos cometidos en el pasado por agentes encargados de hacer cumplir la ley

Se siguió negando que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) hubiera administrado cárceles secretas de 2014 a 2016, y tampoco se investigó el asunto de manera efectiva. Los intentos de archivar o cerrar la investigación fueron impugnados por los equipos defensores de un reducido número de personas que habían estado detenidas y continuaban reclamando justicia. Al menos una de las exvíctimas denunció nuevos actos de hostigamiento del SBU durante el año, que incluyeron su detención arbitraria y tener que comprometerse verbalmente ante una cámara que a ser informador secreto suyo; este hombre denunció formalmente los hechos y se abrió una investigación oficial en julio, pero al final del año no se había hecho público ningún resultado.

Las autoridades no garantizaron justicia a todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones del Euromaidán en 2013 y 2014, que habían sido violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad y se habían saldado con la muerte de más de 100 hombres y cientos de personas heridas. La investigación, lenta e ineficaz,[3] se vio además obstaculizada por una reforma institucional que comportó el traspaso —con retraso y contestación interna— de funciones investigadoras de la Fiscalía General a la recién creada Oficina de Investigación del Estado, la disolución del equipo de investigación inicial y el despido de quien era su director desde hacía tiempo y de los demás miembros, y el aplazamiento en el Parlamento de las reformas legislativas necesarias.

En noviembre, sólo una pequeña parte de los más de 4.000 casos que eran objeto de investigación penal por tales abusos habían llegado a los tribunales, dando lugar a fallos condenatorios contra 49 hombres. El número total de presuntos autores de delitos ascendió a 445; alrededor de la mitad de ellos eran exagentes encargados de hacer cumplir la ley, pero también había altos cargos públicos, miembros de la fiscalía y la judicatura y casi 100 “titushkas” (particulares desplegados en la práctica por las autoridades para ejercer violencia contra manifestantes). Estos datos eran sólo ligeramente superiores a los del año anterior.

Cinco exagentes de la policía antidisturbios, que figuraban entre los que la investigación señalaba como implicados en los homicidios del Euromaidán y permanecían en prisión preventiva por presuntos delitos, fueron liberados y canjeados por presos ucranianos en manos de los separatistas respaldados por Rusia en diciembre (véase supra).

Impunidad de los ataques de odio

Continuaron las agresiones a periodistas, activistas de la sociedad civil y miembros de grupos marginados, como la comunidad romaní. No se investigaron eficazmente los ataques cometidos en el pasado, y las autoridades restaron importancia a su aparente motivación de odio en los pocos casos en los que se identificó a algunos de los presuntos perpetradores.

En junio, cinco hombres fueron declarados culpables en relación con la muerte, en 2018, de la activista Katerina Handzyuk; el cargo del que fueron declarados culpables era causar deliberadamente lesiones graves (el cargo inicial de homicidio se recalificó en abril), y los cinco hombres fueron condenados a entre tres y seis años y medio de cárcel. Un presunto cómplice fue incluido en una lista internacional de personas buscadas. Persistían las dudas en cuanto a quién había ordenado el ataque contra la activista y sus motivos, y el Parlamento estableció en diciembre una comisión temporal de investigación para supervisar el examen de este y otros casos de ataques a activistas perpetrados en 2017 y 2018. Ya se había formado una comisión de investigación análoga en el Parlamento anterior, y sus conclusiones, presentadas y aprobadas por el nuevo Parlamento el 11 de julio, señalaban múltiples deficiencias, errores y conflictos de intereses en la investigación de 2018 sobre Katerina Handzyuk.

Sólo dos de las seis personas que, en marzo de 2018, habían atacado a Vitalina Koval, activista de los derechos LGBTI y de las mujeres de Úzgorod, fueron procesadas por “lesiones leves”. La acusación presentó sus argumentos al tribunal, pero meses más tarde, en diciembre, las actuaciones judiciales seguían en una fase preliminar. Sin embargo, la motivación de odio del ataque era objeto de una investigación aparte, iniciada en diciembre de 2018 y todavía en curso un año después.

Libertad de expresión

Los medios de comunicación impresos, audiovisuales y online conservaron su pluralidad, pero la violencia contra periodistas era motivo de preocupación, al igual que las restricciones dirigidas principalmente contra medios de comunicación y periodistas extranjeros activos en el país a los que se acusaba de propaganda rusa contra Ucrania.

Al término de su mandato, en marzo, el presidente Poroshenko amplió la prohibición directa impuesta a varias redes sociales y recursos online rusos. No obstante, posteriormente sí pareció poder accederse, al menos a través de algunas redes, a servicios populares como VKontakte y Yandex, así como a otros de los recursos online prohibidos.

Durante meses, el Consejo Nacional de Radiodifusión consideró la posibilidad de cerrar medios de comunicación con líneas editoriales supuestamente prorrusas y pertenecientes a un miembro de la oposición parlamentaria. En septiembre, el Consejo alegó infracciones técnicas persistentes al negarse a prorrogar las licencias de cinco cadenas de televisión regionales que emitían contenido del canal de televisión por cable 112 Ukraine.

En octubre, el Parlamento estableció una comisión temporal de investigación para determinar si las cadenas de televisión NewsOne, ZIK y 112 Ukraine y sus anteriores propietarios habían actuado dentro de los márgenes legales durante el cambio de propiedad, así como para investigar la presunta influencia rusa en sus políticas editoriales.

En agosto, el Tribunal Mercantil de Kiev falló en contra del canal de televisión nacional Hromadske en el pleito por difamación iniciado por el grupo C14, cuyos miembros propugnaban la discriminación, recurrían a la violencia y usaban abiertamente símbolos asociados a la ideología supremacista blanca. El tribunal determinó que un tuit de Hromadske en el que se calificaba de neonazi al C14 era difamatorio, e impuso una multa equivalente a 145 dólares estadounidenses. En noviembre, Hromadske perdió el recurso de apelación contra esta decisión.

Continuó el juicio del preso de conciencia Vasyl Muravystkyi, acusado en agosto de 2017 de traición y delitos de terrorismo por sus publicaciones en medios de comunicación online rusos. Mientras, en noviembre, el tribunal cambió su arresto domiciliario por un toque de queda nocturno. Otro periodista recluido en espera de juicio por presunta traición tras su detención en mayo de 2018, Kyrylo Vyshynskyi, fue liberado en septiembre y trasladado en avión a Moscú en el marco del canje de personas presas con Rusia (véase supra).

Se recibieron informes sobre violentos ataques y amenazas a periodistas, cuyos autores no comparecieron ante la justicia salvo raras excepciones. El Sindicato Nacional de Periodistas documentó al menos 65 casos de violencia contra profesionales de medios de comunicación durante el año.

El periodista de investigación Vadym Komarov, de Cherkasi, sufrió un grave ataque el 4 de mayo y murió el 20 de junio a causa de las lesiones sufridas. Sus agresores no habían sido identificados al final del año.

En una conferencia de prensa ofrecida el 13 de diciembre, la policía anunció la detención de tres hombres y dos mujeres como presuntos autores del homicidio del periodista Pavlo (Pavel) Sheremet en julio de 2016, pero persistieron las dudas respecto a los motivos y la identidad de quienes lo habían ordenado.

El gobierno propuso introducir nuevas normas y sanciones para medios de comunicación, incluida la responsabilidad penal por desinformación. Estas propuestas, que causaron preocupación entre la comunidad periodística, no se habían llevado al Parlamento al final del año.

Violencia contra las mujeres

Cada vez se reconocía más la violencia de género, específicamente la ejercida en el ámbito familiar, como un problema que el Estado necesitaba abordar. En enero se introdujeron reformas del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para ajustarlos a lo dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul); sin embargo, siguió sin ratificarse el Convenio. Entre otras cosas, las reformas penalizaban expresamente la violencia de género intrafamiliar (aunque sólo si se cometía “de manera sistemática” tras ser documentada repetidamente por la policía como falta administrativa), introducían definiciones jurídicas de la violación y el consentimiento basadas en las normas internacionales y facultaban a la policía y los tribunales para emitir órdenes de protección urgente frente a perpetradores de esta clase de violencia.

En febrero, el Ministerio de Salud publicó un protocolo y unas directrices para la documentación médica de las lesiones resultantes de violencia de género intrafamiliar y la prestación de asistencia médica a las supervivientes. En abril, los ministerios de Política Social e Interior proporcionaron a la policía una plantilla para evaluar el riesgo de violencia de género intrafamiliar. En septiembre, la policía desplegó 45 unidades contra la violencia de género intrafamiliar (POLINA) por toda Ucrania.

Sin embargo, estas medidas jurídicas e institucionales no ofrecían un sistema eficaz para prevenir y abordar la violencia de género en el ámbito familiar. Así, la policía recibía una formación insuficiente o nula para utilizar los nuevos protocolos. En el este de Ucrania, por ejemplo, Amnistía Internacional documentó casos en los que la policía se había mostrado reacia a emitir órdenes de protección urgente ante episodios de violencia de género intrafamiliar. En los casos excepcionales en que la policía emitió órdenes de protección o la judicatura dictó órdenes de alejamiento, tales medidas no se hicieron cumplir eficazmente.

Oksana Mamchenko sufrió malos tratos físicos, psicológicos y de índole económica durante años a manos de su esposo antes de divorciarse de él. Durante el año, el tribunal dictó al menos tres veces una orden de alejamiento que obligaba al hombre a mudarse de casa y le prohibía acercarse a su exesposa y a sus hijos e hijas. Aun así, y a pesar de las actuaciones penales abiertas contra él —por violencia de género intrafamiliar y por incumplimiento de una decisión del tribunal—, había seguido viviendo en la casa familiar y la violencia había continuado. Aunque Oksana Mamchenko la llamó de forma reiterada, la policía se abstuvo sistemáticamente de tomar medidas para hacer cumplir las órdenes del tribunal.

Crimea

Continuó deteriorándose la situación de los derechos humanos en la Crimea ocupada por Rusia. Múltiples derechos, entre ellos la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, seguían sujetos a graves restricciones. Miembros prominentes de la comunidad tártara crimea, activistas afines a Ucrania y destacadas personas críticas con las autoridades de facto sufrieron hostigamiento, intimidación o enjuiciamiento por motivos políticos. Ni periodistas ni medios de comunicación independientes podían desarrollar sus actividades en Crimea, y cada vez había más recursos informativos online bloqueados. Continuó arbitrariamente prohibido el Mejlis, órgano de autogobierno del pueblo tártaro crimeo, por “extremista”. Las represalias contra Solidaridad Crimea, grupo informal de autoayuda formado por miembros de la comunidad tártara crimea en 2016, fueron aún más generalizadas. Decenas de sus miembros sufrieron detención por cargos infundados de terrorismo, en el marco de una campaña coordinada, que incluyó una batida de las fuerzas de seguridad rusas contra la comunidad realizada en un solo día, el 27 de marzo, y durante la cual registraron numerosas viviendas y detuvieron a 24 hombres.[4] En septiembre, Server Mustafayev, fundador de Solidaridad Crimea y preso de conciencia detenido desde mayo de 2018, fue trasladado al suroeste de Rusia para ser juzgado ante un tribunal militar junto a siete personas más.

En noviembre, el Tribunal Militar del Distrito Sur de Rusia condenó a seis presos de conciencia crimeos —Emir-Usein Kuku y otros cinco hombres acusados junto con él— a entre 7 y 19 años de prisión por cargos infundados de terrorismo.

En abril se negó, por tecnicismos, a la parroquia de la iglesia ortodoxa de Ucrania en Crimea su inscripción en registro. Las autoridades de facto la exigieron desalojar la catedral de Simferopol aduciendo que su contrato de alquiler había expirado. También se hostigó a miembros de otras minorías religiosas.

Siguieron sin esclarecerse la suerte y el paradero de todas las personas sometidas a desaparición forzada en Crimea tras su ocupación por Rusia.

Dombás

Los territorios del este de Ucrania controlados por separatistas con el respaldo de Rusia continuaban fuera del alcance de muchos actores humanitarios y de la sociedad civil, y seguía escaseando la información independiente procedente de allí. Entre las personas liberadas por los separatistas y trasladadas al territorio controlado por el gobierno había defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y autores de blogs a quienes se había encarcelado en relación con su labor informativa crítica, como Stanislav Aseyev, “condenado” en octubre a 15 años de prisión por “espionaje”.[5] Las entrevistas ofrecidas por algunas de estas personas ofrecían un relato coherente de represión de toda forma de disidencia, que incluía detención, interrogatorio, tortura y otros malos tratos a manos del “Ministerio de Seguridad del Estado” de las autoridades de facto, así como encarcelamiento, habitualmente en condiciones inhumanas. Muchos expresos y expresas de conciencia presentaban traumas. Entre las preocupantes historias relatadas había casos de explotación y violencia sexual bajo custodia, incluidas violaciones sistemáticas, tanto de mujeres como de hombres.


[1] https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/0159/2019/en/

[2] https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/1077/2019/es/

[3] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/02/ukraine-five-years-after-the-maydan-protests-justice-still-not-attained-for-victims/

[4] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/03/crimea-at-least-20-people-detained-in-a-new-crackdown-against-crimean-tatar-minority/

[5] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/ukraine-de-facto-authorities-in-donetsk-sentence-journalist-aseev-to-15-years-in-jail-for-spying/

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