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Suècia

Suecia 2019

La violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas siguen muy extendidas, la población romaní sigue sufriendo discriminación, y seguía sin castigarse la tortura en el código penal sueco.

Derechos de la mujer

La violencia sexual, particularmente contra mujeres y niñas siguió estando muy extendida y en la estadística penal oficial preliminar de 2019 figuraron 6.256 violaciones contra personas a partir de los 15 años de edad. En 2018, el Parlamento aprobó una ley modificando la definición de violación y basándola en las relaciones consentidas. Sin embargo, Amnistía Internacional señaló en abril las barreras a las que algunas supervivientes seguían enfrentándose para acceder a la justicia y destacó que muy pocas de las investigaciones llevaron a un proceso y una condena. Hubo muchos defectos por la gestión inadecuada de los casos de violación por parte de la policía. La falta de congruencia a la hora de aplicar o no las mejores prácticas de investigación y los retrasos significativos tanto en el interrogatorio de sospechosos como en la obtención de resultados de análisis forenses incidieron en esta problemática.

En junio, la Autoridad Policial anunció una iniciativa para intensificar los esfuerzos de mejora en la calidad y la eficiencia de las investigaciones sobre violaciones, como por ejemplo sumar 350 personas más a estas labores de investigación.

Discriminación

La llamada “ciudadanía europea vulnerable” - principalmente personas procedentes de Rumanía y Bulgaria, la mayoría de las cuales son romaníes que viven en Suecia en la indigencia y sin hogar – seguía sufriendo tratos discriminatorios, durmiendo en muchas casos en tiendas de campaña o en asentamientos temporales en el extrarradio de las ciudades. Se produjeron desalojos forzosos. Buena parte de la “ciudadanía europea vulnerable” recurrió a la mendicidad en la calle, lo que fue declarado por 11 municipios como delito, tras una decisión del Tribunal Superior Administrativo en diciembre de 2018 que permite dichas prohibiciones.

El discurso de los principales políticos y líderes de opinión en todo el espectro político contra la mendicidad alimentó actitudes discriminatorias arraigadas y aumentó el riesgo de violaciones de los derechos humanos de las personas de la Unión Europea de etnia romaní que ya vivían en la indigencia en Suecia. En Estocolmo, la policía seguía acosando y expulsando a estas personas que ejercían la mendicidad. Grupos locales de apoyo informaron sobre un incremento en el número de delitos de odio contra ellas en los municipios que habían prohibido la mendicidad.

Rendición de cuentas de las empresas

Saab, que ha suministrado material militar a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, parte en el actual conflicto en Yemen, fue señalada por Amnistía Internacional como una de las empresas globales del sector de defensa que no cumplieron adecuadamente con su responsabilidad de identificar y abordar los riesgos de derechos humanos que entraña su actividad según lo establecido por los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU).

El gobierno autorizó la presentación por parte de la fiscalía de cargos formales contra dos altos directivos de la empresa petrolera sueca Lundin Petroleum por su presunta complicidad en violaciones graves del derecho internacional en la actual Sudán del Sur. Los cargos no habían sido presentados aún a finales de año

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Suecia siguió la práctica de devoluciones forzadas de personas afganas solicitantes de asilo a pesar del empeoramiento de la situación de la seguridad en ese país. Esta práctica estuvo en línea con el nuevo marco legal de la Agencia Sueca de Migración aprobado en febrero que prevé alternativas internas de vuelos para la reubicación en Afganistán. Amnistía Internacional hizo un llamamiento a Suecia para que pusiera fin a esta práctica.

Tortura y otros malos tratos

La tortura aún no se había tipificado como delito en el Código Penal, a pesar de las críticas de larga data del Comité de contra la Tortura de Naciones Unidas y de otros mecanismos de derechos humanos.

Derechos de los pueblos indigenas

En agosto, el gobierno declaró que trabajaría junto con el Parlamento Sami para establecer una Comisión de la Verdad Sami. Sin embargo, en una vista oral de la Corte Suprema en octubre sobre un caso de los derechos de pesca y de caza de la población Sami, la Abogacía del Estado afirmó que Suecia no tenía la obligación de reconocer los derechos del pueblo indígena Sami, lo que contrasta con la posición de Suecia sobre los derechos de los pueblos indígenas en otros foros. La decisión judicial se esperaba para enero de 2020.

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