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Somàlia

Somalia 2019

El continuado conflicto armado devastó la población civil del país, cobrándose en 2019 más de 1.000 muertes y personas heridas. Las autoridades reprimieron a las personas que criticaban al gobierno, entre ellas periodistas y miembros de la oposición cuyos derechos a la libertad de expresión y de reunión conculcó, en algunos casos mediante una fuerza excesiva que llegó a causar muertes. Al-Shabaab también minó gravemente la capacidad de trabajo de los periodistas. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas siguió siendo generalizada. Los conflictos, las sequías y las inundaciones provocaron el desplazamiento de más de 300.000 personas. Más de 2.600.000 personas desplazadas siguieron expuestas a ser explotadas y maltratadas. La impunidad por violaciones de derechos humanos era generalizada.

Información general

Las tensiones políticas se intensificaron a lo largo de 2018 y 2019. Las autoridades federales y regionales somalíes, junto con sus socios internacionales, se centraron en la lucha contra Al-Shabaab y en la gestión de las elecciones presidenciales, regionales del sudoeste a finales de 2018, parlamentarias y presidenciales de Puntlandia a principios de 2019 y parlamentarias y presidenciales de Jubaland en agosto de 2019. Estas elecciones se vieron empañadas por las luchas políticas internas y las denuncias de fraude, amordazando las autoridades la libertad de expresión y de reunión, en algunos casos mediante una fuerza excesiva que se cobró víctimas civiles.

Conflicto armado

Las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario fueron conculcadas por todas las partes en el conflicto. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM) registró un total de 1.154 víctimas civiles a mediados de noviembre, de las cuales el 67% se atribuyó a ataques indiscriminados y selectivos, principalmente por parte del grupo armado Al-Shabaab. Periódicamente, dicho grupo dirigió ataques contra civiles e infraestructuras, lanzándolos indiscriminadamente y llevando a cabo asesinatos sumarios de periodistas, civiles, y de quienes consideraba vinculados al gobierno. El grupo reivindicó la autoría de una serie de ataques, entre ellos el atentado con camión bomba en diciembre que mató a casi 100 personas e hirió a otras 78 en un control en cruce de carreteras de la capital, Mogadiscio.

Las operaciones militares contra Al-Shabaab se saldaron con docenas de muertos y heridos civiles (a menudo como consecuencia de ataques indiscriminados) por parte de las fuerzas somalíes y aliadas, entre ellas fuerzas militares de los Estados Unidos y la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM).

Otros civiles murieron al quedar atrapados en fuego cruzado durante la violencia entre clanes que continuó en algunas regiones del país.

El mando estadounidense en África (AFRICOM), responsable de las operaciones militares, entre ellas las regionales) siguió utilizando drones y aviones tripulados para llevar a cabo al menos 63 ataques, algunos de los cuales provocaron víctimas civiles. Al menos tres agricultores murieron en un ataque aéreo que alcanzó su vehículo cerca de la aldea de Abdow Dibile, en el Bajo Shabelle, en marzo. Desde finales de 2017, los ataques con drones estadounidenses han causado la muerte de al menos 17 civiles y han herido a otros ocho.

El 5 de abril, tras varios informes sobre las bajas civiles resultantes de los ataques aéreos de los Estados Unidos, entre ellos un informe de Amnistía Internacional, AFRICOM reconoció que había matado a dos civiles en Somalia en 2018 y manifestó que llevaría a cabo un examen de sus ataques aéreos desde 2017. A finales de año, no había proporcionado ninguna información ni conclusión sobre dicho examen

Tampoco proporcionó la AMISOM ninguna información sobre la situación ni el resultado de una investigación que había iniciado sobre la matanza ilegal de cuatro hombres desarmados que habrían perpetrado sus fuerzas en Mogadiscio en noviembre de 2018.

Libertad de expresión

Las autoridades, entre ellas la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, golpearon, acosaron, amenazaron y sometieron a detenciones arbitrarias e intimidación a periodistas en toda la zona centromeridional de Somalia y en Puntlandia. Los periodistas sufrieron violencia, intimidación y amenazas por parte de miembros Al-Shabaab. En julio, dos periodistas fueron asesinados en un ataque de al-Shabaab en Kismayo.

Las autoridades restringieron el acceso a la información y utilizaron nuevas métodos para suprimir la libertad de prensa como el soborno a los medios de comunicación para que se autocensuraran y acosando a periodistas y críticos tanto de medios tradicionales como en Internet. En junio, se cerraron definitivamente y sin previo aviso de Facebook las cuentas de 10 periodistas.

Al menos ocho periodistas huyeron de Somalia entre finales de 2018 y finales de 2019 tras recibir amenazas contra su vida, y permanecieron en el exilio.

Según el Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas, publicado en [octubre], Somalia por quinto año consecutivo, fue el país que menos llevó ante la justicia a personas sospechosas de asesinar a periodistas. Desde 2017, al menos ocho periodistas fueron asesinados en la zona centromeridional de Somalia y Puntlandia, [dos] de ellos en 2019. Con la excepción de un caso en el que un agente de policía fue condenado en rebeldía por el asesinato de un periodista en Mogadiscio en 2018 y otro caso más ninguno de los demás perpetradores fue obligado a rendir cuentas. El agente de policía sigue en libertad.

En enero, el Representante Especial de las Naciones Unidas en Somalia fue expulsado por las autoridades somalíes tras expresar su preocupación por el asesinato, por parte de las fuerzas de seguridad, de manifestantes en Baidoa después de las elecciones presidenciales del estado regional sudoccidental. Tras su expulsión, la ONU suspendió sus informes mensuales sobre derechos humanos en el país.

Libertad de expresión en Somalilandia

Aumentó la censura, el hostigamiento y el enjuiciamiento de los críticos del gobierno en Somalilandia. Las autoridades cerraron al menos tres medios de comunicación y detuvieron y procesaron arbitrariamente a las personas que se consideraban críticas con las políticas del gobierno, entre ellos poetas, periodistas y políticos de la oposición. El Centro de Derechos Humanos, una organización local, informó de que 88 personas, entre ellos 26 periodistas, fueron detenidas por casos relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión.

Políticos de la oposición con altos cargos, entre ellos los miembros del Partido Wadani -- Khadar Hussein Abdi (Secretario General), Barkhad Jama Batun (portavoz) y Mohamed Sidiq Dhame (líder de la rama juvenil) -- fueron detenidos arbitrariamente por criticar las políticas gubernamentales. Posteriormente fueron puestos en libertad, aunque Mohamed Sidiq Dhame se enfrentó a cargos falsos y a un proceso judicial.

En abril, Abdimalik Muse Oldon, periodista independiente, fue arrestado fuera de su casa en Burao por criticar en Facebook al Presidente Muse Bihi Abdi. Se le acusó de "difundir propaganda antinacional" y de "difundir noticias falsas" y, en julio, se le condenó a tres años y medio de prisión donde seguía a finales de año.

Aunque la Constitución de Somalilandia de 2001 garantiza el derecho a la libertad de expresión, y en concreto la libertad de prensa, las autoridades siguieron aplicando el Código Penal de 1964 cuyas disposiciones amplias y vagas sirven para restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión.

Violencia de género

La violencia sexual contra las mujeres y las niñas era generalizada en la zona centromeridional de Somalia y en Puntlandia. Las Naciones Unidas documentaron más de 100 incidentes de violencia sexual contra niñas. A menudo no se denunciaban las agresiones debido al clima de impunidad, al estigma y al miedo que conllevan y que impedían a muchas supervivientes hablar.

Aisha Ilyas Adan, de 12 años de edad, fue violada y asesinada por una pandilla en febrero en la zona norte de Galkayo (Puntlandia). Tras una gran protesta pública, varios sospechosos fueron detenidos y procesados. En febrero de 2020, dos hombres fueron ejecutados por el pelotón de fusilamiento de Puntlandia en la ciudad de Bosaso por su presunta participación en la violación y posterior asesinato de Aisha.

Personas internamente desplazadas

Los conflictos, junto con las recurrentes sequías e inundaciones y las barreras para acceder a la ayuda humanitaria, provocaron el desplazamiento interno de más de 300.000 personas. Más de 2.600 millones de personas internamente desplazadas siguieron corriendo el riesgo de ser explotadas y abusadas, y de ser sometidas a violencia sexual y a desalojos forzosos. Las mujeres, niñas y los niños de los campamentos de desplazados internos eran especialmente vulnerables a los abusos, la marginación y la exclusión.

En noviembre, el presidente ratificó la Convención de la Unión Africana para la protección y la asistencia a los desplazados internos en África, también conocida como la Convención de Kampala.

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