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Síria

Siria 2019

Las partes en el conflicto armado de Siria continuaron cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra y abusos flagrantes contra los derechos humanos. Las fuerzas del gobierno y las aliadas con ellas llevaron a cabo ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles y bienes civiles mediante bombardeos aéreos y de artillería que mataron e hirieron a cientos de personas en Idlib y Hama, en el noroeste de Siria. Las fuerzas del gobierno continuaron restringiendo el acceso a ayuda humanitaria y asistencia médica a la población civil de zonas bajo su control. Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a civiles y a ex combatientes que se habían reconciliado con el gobierno, y siguieron manteniendo bajo custodia a decenas de miles de personas —entre ellas activistas cuya labor era pacífica, personal humanitario, profesionales del derecho y periodistas—, sometiendo a muchas a desaparición forzada y tortura u otros malos tratos y causando muertes bajo custodia. Los grupos armados que actuaban con el apoyo de Turquía continuaron sometiendo a la población civil de Afrín a abusos muy diversos, que incluían confiscación y saqueo de bienes y detención arbitraria. Había indicios de que tanto estos grupos como Turquía fueron responsables de ataques indiscriminados durante las hostilidades en el noreste de Siria. En esa misma región, el gobierno autónomo llevó a cabo varias detenciones arbitrarias. La coalición dirigida por Estados Unidos no investigó las numerosas muertes de civiles causadas por la campaña de bombardeos que había lanzado sobre Raqqa en 2017 contra el grupo armado autodenominado Estado Islámico. Las ofensivas militares lanzadas en el noroeste y el noreste de Siria causaron el desplazamiento interno de 684.000 y de 174.600 personas, respectivamente. Decenas de miles de personas desplazadas continuaron viviendo en campos improvisados de acogida, escuelas y mezquitas, que no ofrecían un nivel de vida adecuado. INFORMACIÓN GENERAL Prosiguió el conflicto armado durante todo el año. En febrero, las fuerzas del gobierno sirio y las fuerzas rusas aliadas con él lanzaron una ofensiva militar contra la gobernación de Idlib, en poder del grupo armado de oposición Hayat Tahrir al Sham, para tomar el control de la estratégica autopista Damasco-Alepo, conocida como M5. En agosto se llegó a un acuerdo de alto el fuego en Idlib tras conversaciones auspiciadas por Rusia y Turquía. El 19 de septiembre, Rusia y China vetaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se pedía un alto el fuego en Idlib porque no excluía los ataques contra Hayat Tahrir al Sham. El 9 de octubre, Turquía y la coalición de grupos armados de oposición llamada Ejército Nacional Sirio lanzaron una ofensiva militar contra el territorio del noreste de Siria controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias, alianza de grupos armados bajo dirección kurda, y tomaron las ciudades de Tel Abyad y Ras al Ain, en la frontera con Turquía. Al mismo tiempo, Estados Unidos retiró sus fuerzas militares del noreste de Siria, pero mantuvo las que tenía destacadas en la base de Al Tanf, en la gobernación de Homs. En un intento de impedir que Turquía y el Ejército Nacional Sirio se hicieran con el control de las zonas restantes del lado sirio de la frontera nororiental, las Fuerzas Democráticas Sirias alcanzaron un acuerdo con el gobierno sirio que permitía a éste desplegar su ejército allí. El 17 de octubre, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence —quien había expresado su apoyo a las Fuerzas Democráticas Sirias—, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, impulsaron un alto el fuego de 120 horas para permitir que las Fuerzas Democráticas Sirias retrocedieran a territorios situados a 32 kilómetros de la frontera con Turquía y crear así una “zona segura”. El 21 de octubre, fecha prevista del fin del alto el fuego, el presidente Erdoğan y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, alcanzaron un acuerdo que establecía lo siguiente: Turquía pondría fin a su operación militar, aunque conservaría el control de Tel Abyad y Ras al Ain; el gobierno sirio y Rusia desplegarían fuerzas cerca de la frontera con Turquía (lo que hicieron el 22 de octubre, entrando en Qamishli, Hasake y Darbasiya) y supervisarían la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias, y fuerzas rusas y turcas vigilarían de forma conjunta una franja de territorio más estrecha —de 10 kilómetros— en la “zona segura” desde el 29 de octubre. Hubo varios ataques aéreos israelíes contra fuerzas iraníes y de Hezbolá presentes en Siria. La ONU hizo algunos avances en sus intentos de impulsar un acuerdo de paz y establecer una comisión encargada de redactar una nueva Constitución de Siria. El 30 de septiembre anunció la formación de una comisión de 150 miembros con representación paritaria del gobierno, la oposición política y la sociedad civil de Siria. Irán, Rusia y Turquía, impulsores de las conversaciones, tenían como objetivo abordar el asunto de las detenciones y los secuestros en Siria, así como la situación en Idlib. La Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la situación en la República Árabe Siria, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, siguió vigilando y denunciando las violaciones del derecho internacional cometidas por las partes en el conflicto, aunque el gobierno continuó prohibiéndole la entrada en el país. En marzo, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmó que se habían usado armas químicas en Duma, gobernación de Damasco Rural, en abril de 2018. FUERZAS DEL GOBIERNO SIRIO Y ALIADAS CON ÉL Ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil y ataques indiscriminados Las fuerzas del gobierno y sus aliados continuaron cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, como ataques indiscriminados y ataques directos contra la población civil y contra bienes civiles. Las fuerzas del gobierno, con el apoyo de Rusia, atacaron repetidamente las gobernaciones de Idlib y Hama, en el noroeste de Siria, y el norte de la gobernación de Alepo, zonas controladas por Hayat Tahrir al Sham. Llevaron a cabo ataques indiscriminados y ataques directos contra viviendas civiles, escuelas, panaderías, operaciones de socorro, hospitales y centros médicos, y sus bombardeos aéreos y de artillería mataron e hirieron a centenares de civiles, incluido personal médico y de socorro. El 26 de marzo, fuerzas del gobierno sirio dispararon cohetes contra una escuela de Sheij Idris, localidad situada al este de la ciudad de Idlib, causando la muerte de un niño de 10 años e hiriendo a otros dos de 9 y 10 años. De abril a septiembre, al menos 51 centros médicos y 59 escuelas sufrieron daños como consecuencia de las hostilidades en Idlib, Hama y el norte de Alepo, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH). Por ejemplo, en un ataque aéreo efectuado el 9 de marzo, las fuerzas del gobierno sirio lanzaron cuatro proyectiles que impactaron en varios lugares situados a 100 metros unos de otros —en concreto, el hospital Al Hayat, un banco de sangre, una unidad de ambulancias y una instalación de las fuerzas de Defensa Civil Siria (los denominados Cascos Blancos)—, así como en barrios residenciales, y causaron la muerte de al menos dos civiles e hirieron a un profesional médico. El 1 de agosto, el secretario general de la ONU estableció una comisión de investigación sobre los “incidentes” en los que se hubieran destruido o dañado “instalaciones incluidas en la lista de zonas de reducción del conflicto e instalaciones apoyadas por la ONU” en Idlib. Restricción del acceso humanitario Las fuerzas del gobierno continuaron restringiendo el acceso de las agencias de ayuda humanitaria de la ONU en toda Siria. Según la ONU, las fuerzas del gobierno no aprobaron alrededor de la mitad de sus solicitudes de autorización para llevar a cabo misiones humanitarias con objeto de vigilar, evaluar y acompañar entregas de ayuda humanitaria y ofrecer apoyo administrativo, de seguridad y logístico. El gobierno continuó poniendo trabas al acceso humanitario al campo de Rukban, próximo a la frontera con Jordania, a pesar de las terribles condiciones que imperaban allí. En todo el año, las fuerzas del gobierno sólo permitieron tres veces que las agencias humanitarias de la ONU acompañaran a sus asociados en la ejecución durante entregas de ayuda humanitaria. El 20 de diciembre, Rusia y China vetaron la renovación del mecanismo establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU en su Resolución 2165 de 2014, que había permitido a la ONU y sus asociados en la ejecución llevar la ayuda humanitaria procedente de países vecinos hasta las zonas controladas por la oposición. Detención arbitraria y desapariciones forzadas Según observadores locales, las fuerzas del gobierno detuvieron arbitrariamente y, en algunos casos, sometieron a desaparición forzada a civiles en zonas bajo su control, especialmente en Deraa y la Guta oriental, gobernación de Damasco Rural. Entre las personas detenidas había ex combatientes que se habían reconciliado con el gobierno, familiares de jefes de grupos armados, personal humanitario y familiares de activistas que se habían desplazado al noroeste de Siria. Muchas sufrieron tortura u otros malos tratos, y algunas murieron bajo custodia por esa razón. Además, las fuerzas de seguridad sirias mantuvieron recluidas sin juicio a miles de personas detenidas en años anteriores, a menudo en condiciones que constituían desaparición forzada. Decenas de miles de personas continuaban en paradero desconocido, la mayoría desde 2011. Entre ellas había personal humanitario, profesionales del derecho, periodistas, activistas cuya labor era pacífica, personas de la oposición o que habían expresado críticas contra el gobierno y personas que habían sido detenidas en lugar de miembros de su familia a quienes las autoridades buscaban. Las familias de las personas desaparecidas padecían las secuelas emocionales y psicológicas de vivir en la incertidumbre, agravadas por las devastadoras consecuencias económicas. TURQUÍA Y GRUPOS ARMADOS ALIADOS CON ELLA Ataques indiscriminados Tras la ofensiva militar lanzada por Turquía y el Ejército Nacional Sirio contra las Fuerzas Democráticas Sirias en el noreste del país el 9 de octubre, las hostilidades se caracterizaron por ataques indiscriminados en zonas residenciales, entre ellos tres efectuados contra una vivienda, una panadería y una escuela. Había indicios convincentes de que la responsabilidad de los ataques era de Turquía y los grupos armados sirios aliados con ella. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, 120 civiles murieron en los ataques entre el 9 y el 20 de octubre. Por ejemplo, un ataque aéreo turco efectuado contra un mercado el 13 de octubre alcanzó a un convoy civil en el que viajaban gran número de periodistas con destino a Ras al Ain. Según la Media Luna Roja kurda, el ataque mató a 6 civiles e hirió a 59. En otro caso, un equipo médico rescató a una niña de ocho años que había resultado herida cuando varios proyectiles de mortero impactaron cerca de donde estaba jugando con su hermano de 11 años junto a su casa, en Qamishli, el 10 de octubre. Su hermano murió ese mismo día a causa de las heridas. Confiscación y saqueo de bienes Fuerzas armadas turcas y grupos armados de oposición que recibían apoyo militar de Turquía —entre ellos Ferqa 55, Al Yabha al Shamiye, Faylaq al Sham, Sultan Mourad y Ahrar al Sharqiye— siguieron controlando Afrín, región predominantemente kurda del norte de la gobernación de Alepo. Se siguió privando a la población de acceso a sus bienes, de los que se habían apropiado miembros estos grupos armados y sus familias, y que, en algunos casos, eran utilizados como instalaciones militares por los diferentes grupos. Según la Comisión de Investigación de la ONU, algunas personas tuvieron que pagar para recuperar vehículos robados y otros bienes, y las familias olivareras pagaban un impuesto sobre sus cosechas a los grupos armados. Detención arbitraria y tortura y otros malos tratos Grupos armados apoyados por Turquía fueron responsables de al menos 54 casos de detención arbitraria de civiles para pedir rescate, según equipos locales de observación, como castigo por reclamar sus bienes o por su presunta pertenencia al Partido de la Unión Democrática (PYD) o a las Unidades de Protección Popular (YPG), dos grupos kurdos de Siria. Por ejemplo, un hombre residente en Afrín fue detenido por Al Yabha al Shamiye en abril tras ser acusado en falso de vinculación con el gobierno civil anterior, dirigido por el PYD. El grupo armado se negó a informar a sus familiares de su suerte y paradero. Según la Comisión de Investigación de la ONU, activistas y otras personas que criticaban la conducta de los grupos armados o a quienes se consideraba partidarias del gobierno anterior de Afrín fueron objeto de detención, tortura y extorsión. Ejecuciones sumarias y secuestros El 12 de octubre, Ahrar al Sharqiye, grupo armado de oposición apoyado por Turquía, tendió una emboscada a vehículos civiles y militares en la autopista internacional Latakia-Saraqeb (M4), controlada por las Fuerzas Democráticas Sirias. Hevrin Khalaf, política kurda y secretaria general del partido político Siria del Futuro, que iba en uno de los vehículos civiles, fue sacada a rastras de él, golpeada y asesinada a tiros. Según el informe médico, su cadáver presentaba diversas lesiones, incluidas múltiples heridas de bala, fracturas en ambas piernas, rostro y cráneo, y pérdida de cabello con desprendimiento de cuero cabelludo por haber sido arrastrada por el pelo. También fue ejecutado sumariamente su guardaespaldas. En esa misma emboscada, el grupo armado capturó y mató a dos combatientes de las fuerzas kurdas y secuestró a dos hombres que trabajaban en una organización médica local y transportaban medicamentos. El grupo armado no reveló la suerte ni el paradero de estos dos civiles secuestrados. GOBIERNO AUTÓNOMO Detención arbitraria El gobierno autónomo dirigido por el PYD siguió controlando parte de la región nororiental de Siria, predominantemente kurda, incluidas Raqqa y Qamishli. En Raqqa sometió a detención arbitraria a ocho personas que trabajaban para organizaciones locales e internacionales de educación y desarrollo activas en la localidad desde 2017. Las ocho sufrieron desaparición forzada a manos del gobierno autónomo y todas quedaron en libertad sin cargos tras permanecer al menos dos meses recluidas sin acceso a asistencia letrada. COALICIÓN DIRIGIDA POR ESTADOS UNIDOS Ausencia de investigaciones sobre muertes de civiles A pesar de la presión creciente, la coalición dirigida por Estados Unidos continuó negando su responsabilidad en la muerte de centenares de civiles en Raqqa durante la campaña de bombardeos emprendida en 2017 para derrotar al autodenominado Estado Islámico, que duró cuatro meses El 28 de febrero, la coalición admitió su responsabilidad en la muerte de 25 civiles en Raqqa, elevando a 180 el total de muertes que había reconocido hasta la fecha. Sin embargo, este reconocimiento no dio lugar a medidas de ninguna clase para investigar posibles violaciones del derecho internacional humanitario ni para indemnizar a las víctimas, y la coalición continuó bloqueando las solicitudes para que se hicieran públicas las circunstancias de los letales ataques. PERSONAS REFUGIADAS Y DESPLAZADAS INTERNAMENTE Al final del año, 6,6 millones de personas se habían visto desplazadas internamente en Siria y más de 5 millones habían buscado refugio fuera del país desde el inicio de la crisis en 2011. Líbano, Jordania y Turquía, países que albergaban a la mayoría de las personas refugiadas, continuaron impidiendo la entrada a las recién llegadas, dejándolas expuestas a sufrir más ataques, abusos y persecución en Siria. El número de plazas de reasentamiento y otras vías seguras y legales para las personas refugiadas que ofrecieron los Estados occidentales y de otras regiones distó mucho de satisfacer las necesidades identificadas por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. De enero a octubre, 82.554 personas refugiadas sirias regresaron a su país y 412.662 personas desplazadas internamente volvieron a su lugar de origen, según el ACNUR y la OCAH, respectivamente. Las terribles condiciones imperantes en los países vecinos, agravadas por la falta de ayuda humanitaria, el desempleo y las trabas administrativas y económicas para obtener o renovar el permiso de residencia, empujaron a algunas personas refugiadas a regresar a Siria, pese al futuro de precariedad que les esperaba allí. La Red Siria de Derechos Humanos informó de que, de 2014 a 2019, las fuerzas gubernamentales habían detenido a unas 1.916 personas refugiadas a su regreso a Siria, de las cuales 638 continuaban sometidas a desaparición forzada al final del año. Según la OCAH, las ofensivas militares llevadas a cabo en el noroeste y el noreste de Siria durante 2019 causaron el desplazamiento interno de 400.000 y 174.600 personas, respectivamente. Decenas de miles de personas desplazadas continuaban viviendo en campos improvisados de acogida, escuelas y mezquitas que no ofrecían un nivel de vida adecuado, y su acceso a ayuda humanitaria, servicios básicos, alimentación, asistencia médica, educación y oportunidades de subsistencia era limitado. Además, 3.122 personas huyeron de las hostilidades en el noreste de Siria y buscaron refugio en la región del Kurdistán de Irak. De enero a marzo, decenas de miles de personas, entre las que había mujeres y niñas y niños de nacionalidad no siria, se vieron desplazadas de sus hogares y tuvieron que instalarse en campos de acogida y en asentamientos informales en el noreste de Siria tras la ofensiva contra el Estado Islámico lanzada por las Fuerzas Democráticas Sirias y la coalición dirigida por Estados Unidos en Deir ez Zor. La población internamente desplazada se repartía entre al menos 10 campos y grandes asentamientos informales. En octubre se cerraron dos campos para personas desplazadas internamente próximos a la frontera con Turquía como consecuencia de la ofensiva militar en el noreste de Siria y se trasladó a sus residentes a otros lugares. El campo de Al Hol, en la gobernación de Deir ez Zor, era el que mayor número de personas internamente desplazadas albergaba, unas 68.000, en su inmensa mayoría mujeres y niñas y niños. A causa de las terribles condiciones que imperaban en Al Hol, al menos 390 personas murieron de neumonía, deshidratación o desnutrición, según la Comisión de Investigación de la ONU. Varios Estados de Europa, África y Asia repatriaron a algunas mujeres y niñas y niños víctimas de desplazamiento que tenían su nacionalidad. De marzo a septiembre, unas 18.787 personas desplazadas internamente que estaban viviendo en Rukban se marcharon del campo y regresaron a Homs, Hama, Latakia, Damasco, Damasco Rural y otros lugares de origen. Unas 12.000 continuaron viviendo en Rukban en terribles condiciones, con limitaciones de acceso a comida y otros artículos esenciales para sobrevivir, así como falta de acceso a asistencia médica y medicamentos. PENA DE MUERTE Continuó en vigor la pena de muerte por numerosos delitos. Las autoridades revelaron escasa información sobre condenas de muerte dictadas y ninguna sobre ejecuciones.

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