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Singapur 2019

El Parlamento aprobó una nueva ley para regular las noticias falsas, empeorando un ya opresivo entorno de libertad de expresión. Los y las defensores de derechos humanos y activistas fueron perseguidos por organizar reuniones pacíficas y por criticar al gobierno. Se seguían dictando sentencias de pena de muerte y se llevaron a cabo ejecuciones, incluso por tráfico de drogas.

Libertad de expresión

Los grupos de derechos humanos criticaron enérgicamente la ley de protección contra las falsedades en Internet y la manipulación (POFMA por sus siglas en inglés), destinada a regular las noticias falsas y que entró en vigor en octubre. Introducida por el gobierno para "proteger a la sociedad" de las falsedades en Internet creadas por "actores maliciosos", la ley dio a las autoridades poderes excesivos y demasiado amplios para poder reprimir las opiniones disidentes. Especialmente preocupante era la falta de una definición clara de lo que establece la ley respecto a la falsedad. Dicha ley prevé severas sanciones penales de hasta 10 años de prisión, y requiere que las empresas de redes sociales, como Facebook, eliminen contenidos o destaquen las rectificaciones en sus plataformas siguiendo las instrucciones del gobierno, so pena de multas de hasta 1 millón de dólares de Singapur (unos 650.000 euros)

Se confirmaron los temores de que la ley se usara para atacar a los críticos del gobierno, cuando sus ministros emitieron cinco instrucciones de rectificación de post en redes sociales amparándose en la POFMA dentro de los tres primeros meses de la promulgación de la ley. Estas instrucciones de corrección se emitieron en respuesta a las publicaciones en Facebook realizadas por voces críticas al Partido de Acción Popular, que está en el gobierno.

Defensores y defensoras de derechos humanos

En septiembre, el primer ministro Lee Hsein Loong demandó a Terry Xu, jefe de redacción del sitio web alternativo de noticias The Online Citizen (TOC), por difamación, basándose en un articulo sobre una disputa por la casa de su padre, el fallecido ex primer ministro Lee Kwan Yew. Terry Xu, junto con Daniel de Costa, también seguían enfrentándose a cargos previos por difamación criminal por un artículo que TOC publicó alegando corrupción en el gobierno.

En el mismo mes de septiembre, los tribunales desestimaron una apelación del activista político y bloguero Leong Sze Hian relacionada con cargos penales por difamación. El activista fue demandado por el primer ministro por compartir una publicación en Facebook, supuestamente difamatoria, acusando al gobierno de corrupción. Su abogado argumentó que el primer ministro abusaba del proceso judicial para silenciar a un destacado crítico gubernamental.

Los ministros de Interior y Defensa insinuaron que el gobierno introduciría legislación "para contrarrestar los intentos de elementos extranjeros de incidir en las políticas y opiniones internas", después de dar a entender que grupos de derechos humanos y el sitio web alternativo de noticias TOC estaban sujetos a injerencias extranjeras.

Libertad de reunión pacífica

En enero, el defensor de derechos humanos Jolovan Wham fue condenado en aplicación de la Ley de Orden Público a una multa de 3.200 dólares de Singapur (Unos 2.070 euros), o, por defecto, a 16 días en prisión por "organizar una reunión pública sin permiso". Dicha decisión fue apelada por Wham. La sentencia y condena se referían al acto "Desobediencia civil y movimientos sociales" que Wham había organizado en 2016 en el interior de un espacio para eventos y librería. Contó con oradores tales como Joshua Wong, activista pro-democracia de Hong Kong, quien se unió al debate vía Skype. Grupos de derechos humanos condenaron la decisión como otro intento de disuadir a los singapurenses de compartir puntos de vista diferentes o de criticar al gobierno. En marzo, la policía investigó a Wham por "reunión ilegal". Había posado para una foto frente al edificio del tribunal instando al gobierno a retirar los cargos de difamación contra el editor Terry Xu y Daniel de Costa. Su condena en 2018, junto con la de un político de la oposición por "escandalizar al poder judicial" seguía en proceso de apelación.

Pena de muerte

Se siguieron imponiendo condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones, entre ellas por tráfico de drogas. Las autoridades continuaron amordazando el debate sobre la pena capital. La policía investigó a una pareja por vestir camisetas contra la pena de muerte en un acto de solidaridad con ex delincuentes, considerándolo una protesta sin permiso. El fiscal general acusó al abogado malayo de derechos humanos N. Surendran de hacer "escandalosas" acusaciones contra el sistema judicial de Singapur. Surendran había hecho declaraciones a los medios de comunicación de Malasia criticando la condena a muerte impuesta a los malayos en el corredor de la muerte en Singapur.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (LGBTI)

En noviembre, comenzó la vista del primero de los tres casos que impugnan la ley que criminaliza las relaciones sexuales entre hombres. La Corte de Apelación del país había dictaminado en 2014 que el artículo 377a del Código Penal malayo era constitucional. La impugnación más reciente renovó las llamadas a poner fin a la criminalización de las personas LGTBI.

Derechos de las personas migrantes

Los grupos pro derechos de las personas migrantes expresaron su preocupación por el trato y las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, incluyendo las personas extranjeras dedicadas al trabajo doméstico. Instaron al gobierno a ampliar las disposiciones de la Ley de empleo con vistas a regular sus horas de trabajo y garantizar su acceso a prestaciones sociales.

Derechos de la mujeres

En noviembre, el gobierno aumentó las penas por tráfico de mujeres y niñas. Los declarados culpables podrían enfrentarse a penas de cárcel de hasta siete años y a una multa máxima de 100.000 dólares de Singapur (unos 64.000 euros) un aumento de diez veces en comparación con las sanciones anteriores. Sin embargo, las mujeres siguieron enfrentándose a arresto y deportación por realizar trabajo sexual.

Derechos de la infancia

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas examinó el historial de Singapur sobre los Derechos de la infancia y elogió las robustas medidas legislativas, institucionales y las políticas establecidas para proteger a los niños y niñas. Entre otras recomendaciones, pidió a Singapur redoblar sus esfuerzos de prevención de la discriminación contra los niños y niñas en situaciones de marginación o vulnerabilidad, y poner fin a los castigos corporales contra los y las menores.

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