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Qatar 2019

Las autoridades anunciaron nuevas reformas para proteger mejor los derechos de la población trabajadora migrante, pero, debido a la deficiente aplicación de reformas anteriores, las personas migrantes generalmente no estaban protegidas en la práctica frente a la explotación y los abusos laborales. Los trabajadores y trabajadoras migrantes que intentaban obtener justicia en conflictos laborales relacionados con el impago de los salarios esperaban durante meses la tramitación de sus casos, y cientos de ellos acabaron viéndose obligados a volver a casa sin haberlos cobrado. La libertad de expresión estaba sujeta a restricciones indebidas, y las mujeres sufrían discriminación en la legislación y en la práctica. Varios cientos de miembros del clan Al Ghufran de la tribu Al Murra, una de las mayores de Qatar, continuaban siendo apátridas. Las leyes qataríes seguían discriminando a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte, pero no se tuvo noticia de ejecuciones.

Información general

Qatar continuó inmerso en una crisis diplomática con Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos que restringía la circulación de población entre estos países.

Varios procedimientos especiales de la ONU visitaron Qatar invitados por el gobierno.

Derechos de las personas migrantes

Como parte del acuerdo de cooperación técnica entre Qatar y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante tres años, las autoridades anunciaron varias reformas destinadas a mejorar la protección de la población trabajadora migrante, que representaba el 90% de la fuerza laboral del país. Sin embargo, a causa de la deficiente aplicación de reformas anteriores, en la práctica las personas migrantes generalmente seguían sin estar protegidas frente a la explotación y los abusos laborales.

El 16 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales se comprometió a abolir el sistema de kafala (patrocinio), que obligaba a los trabajadores y trabajadoras migrantes a depender de su entidad empleadora prácticamente en todos los aspectos de su estancia en Qatar. Sin dar detalles, anunció reformas destinadas a poner fin al requisito del permiso de salida para todos los trabajadores y trabajadoras, excepto el personal militar; permitirles cambiar de entidad empleadora sin el permiso de ésta tras un periodo de prueba, y establecer un salario mínimo no discriminatorio.

Ese mismo mes, el Ministerio publicó un estudio, junto con la OIT y el Comité Supremo de Gestión y Patrimonio de Qatar, que concluía que las personas que trabajaban al aire libre “posiblemente realizaran su trabajo en condiciones de significativo estrés laboral por calor al menos durante cuatro meses al año”. Le precedía otro estudio de un grupo de especialistas en climatología y cardiología, publicado en julio en Cardiology Today, según el cual el aumento del número de trabajadores y trabajadoras migrantes fallecidos por problemas cardiovasculares se debía con toda probabilidad a estrés grave por calor, sobre todo en verano. Posteriormente, el gobierno dijo que había cerrado más de 300 lugares de trabajo por incumplimiento de la normativa que regulaba la actividad laboral al aire libre entre las once y media de la mañana y las tres de la tarde desde mediados de junio hasta el fin de agosto.

Los Comités para la Resolución de Conflictos Laborales —mecanismos dirigidos por miembros de la judicatura, que se habían creado en 2018 para resolver conflictos laborales en el plazo de seis semanas— eliminaron algunas barreras que encontraban los trabajadores y trabajadoras migrantes al tratar de obtener justicia, pero en general no proporcionaron reparaciones por abusos. Los trabajadores y trabajadoras continuaban teniendo que esperar varios meses a que se tramitaran sus casos. Aunque el gobierno concedió una indemnización por impago del salario a algunas personas, esto no fue lo habitual. En tres casos documentados por Amnistía Internacional, cientos de personas esperaron varios meses a que se tramitaran sus reclamaciones de salarios impagados e indemnizaciones. La mayoría volvieron a casa sin haber recibido su salario, aunque algunas se quedaron en Qatar esperando a cobrarlo.[1]

En agosto, cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes se declararon en huelga por el impago de sus salarios atrasados y las precarias condiciones laborales. El gobierno dijo entonces que había detenido a los responsables y culpó de los retrasos al “flujo de caja negativo” de las empresas implicadas, tras lo cual se liquidaron los pagos. Cientos de migrantes más continuaban sufriendo retrasos en el cobro de sus salarios al terminar el año.

El Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales adoptó varias medidas para combatir los abusos sistémicos en la contratación de migrantes. Sin embargo, la aplicación de estas medidas siguió siendo deficiente. Los trabajadores y trabajadoras migrantes denunciaban que el pago de las elevadas tasas de contratación los endeudaba y los ponía en grave riesgo de sufrir abusos laborales, como el trabajo forzoso.

Las personas empleadas en el servicio doméstico, mujeres en su mayoría, estaban especialmente expuestas a sufrir explotación y abusos, a pesar de la ley sobre el trabajo doméstico aprobada en 2017, que no las protegía adecuadamente porque incumplía las normas internacionales y su aplicación era deficiente. Varias contaron a Amnistía Internacional los abusos que sufrían a manos de quienes las empleaban y las duras condiciones de trabajo que soportaban, incluidas largas jornadas laborales, negación de días de descanso y confiscación del pasaporte. Todas temían sufrir represalias si denunciaban su situación a las autoridades.

En septiembre, el experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional instó a Qatar a “hacer extensivas las medidas de protección recién promulgadas a todos los trabajadores y trabajadoras del extranjero, incluidas las personas migrantes que trabajan en el sector doméstico y otras que actualmente no están cubiertas”. En noviembre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria instó a Qatar a garantizar que los trabajadores y trabajadoras podían dejar sus entidades empleadoras sin temor a sufrir detención, y que las denuncias de éstas no daban lugar a su detención automática durante las investigaciones. En diciembre, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, poniendo de relieve “las graves violaciones de derechos humanos que aún persisten, incluidas las basadas en el origen nacional, y la existencia de estereotipos raciales, étnicos y nacionales y de estructuras discriminatorias”, pidió al gobierno que tomara aún más medidas para poner fin a la discriminación racial o basada en el país de origen.

Libertad de expresión

Continuaron las restricciones impuestas a la libertad de expresión en la legislación y en la práctica. Las autoridades conservaban amplias facultades para vigilar a la ciudadanía. Por ejemplo, el artículo 19 de la Ley Núm. 3 de 2004 para Combatir el Terrorismo concedía a las autoridades amplias atribuciones para realizar actividades de vigilancia por cualquier medio durante los 90 días anteriores a un examen judicial, así como para intervenir toda forma de comunicación cuando sirviera para “descubrir la verdad” relativa a “delitos terroristas”. La Ley de Delitos Informáticos contenía disposiciones igualmente amplias e imprecisas que permitían, por ejemplo, encarcelar a cualquiera por crear o gestionar un sitio en Internet que difundiera “noticias incorrectas, con la intención de poner en peligro el orden público o la seguridad interior o exterior del Estado”.

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían discriminadas en la legislación y en la práctica. La legislación relativa a la familia discriminaba a las mujeres, que encontraban muchas más trabas que los hombres para solicitar el divorcio y quedaban en una situación de grave desventaja económica si lo hacían o si sus esposos las abandonaban. Tampoco estaban debidamente protegidas frente a la violencia, incluida la intrafamiliar.

Apatridia

Varios cientos de miembros del clan Al Ghufran de la tribu Al Murra, una de las mayores de Qatar, continuaban siendo apátridas. Como consecuencia, no tenían derecho a trabajar, a recibir asistencia médica y educación, a tener bienes en propiedad ni a circular libremente, entre otras cosas. Algunas personas apátridas pertenecientes a este clan que denunciaron su situación en redes sociales sufrieron detención arbitraria, aunque luego quedaron en libertad sin cargos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

La legislación de Qatar seguía discriminando a las personas LGBTI. El artículo 296.3 del Código Penal, que castigaba con prisión a quien “tiente, induzca o dirija por cualquier medio a un varón a cometer un acto de sodomía o perversión”, penalizaba diversos actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, y el artículo 296.4 criminalizaba a quien “tiente o induzca por cualquier medio a una persona, de sexo masculino o femenino, a cometer actos inmorales o ilegítimos”.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas de muerte. No hubo informes de ejecuciones.


[1] All work, no pay. The struggle of Qatar’s migrant workers for justice (MDE 22/0793/2019)

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