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Polonia 2019

El gobierno continuó realizando cambios jurídicos y políticos que socavaban la independencia del poder judicial. Decenas de miembros de la judicatura se enfrentaron a actuaciones disciplinarias por pronunciarse en contra de dichos cambios. Los tribunales continuaron haciendo valer los derechos de quienes se manifestaban de manera pacífica, incluso en casos de desobediencia civil.

Información general

A lo largo del año, destacadas figuras públicas de la política y los medios de comunicación, entre otras, hicieron frecuentes declaraciones discriminatorias contra minorías, como las personas LGBTI y judías. En septiembre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó al gobierno a tomar medidas para poner fin a la pobreza extrema de la comunidad romaní y a los desalojos forzosos y demoliciones de viviendas de romaníes.

En enero, un hombre apuñaló mortalmente al alcalde de Gdansk, Paweł Adamowicz, durante un acto benéfico anual. El alcalde era conocido por su apoyo a los derechos LGBTI y su apertura hacia las personas refugiadas y migrantes.

Durante el año, autoridades y medios de comunicación públicos atacaron en varias ocasiones al defensor del Pueblo, Adam Bodnar. En febrero, la televisión pública emprendió acciones judiciales contra él para reclamarle una disculpa por haberla acusado de participar en un posible discurso de odio contra el alcalde de Gdansk. En mayo, un tribunal confirmó el derecho de Adam Bodnar a criticar a la cadena de televisión.

El partido gobernante, Ley y Justicia, responsable de los cambios que socavaban la independencia del poder judicial y cuyos miembros usaban cada vez más una retórica contra las minorías, ganó las elecciones parlamentarias en octubre y conservó su mayoría en la Cámara Baja (Sejm), pero perdió frente a la oposición en el Senado.

Sistema de justicia

En abril, la Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento de infracción contra Polonia por su legislación sobre actuaciones disciplinarias contra miembros de la judicatura. En octubre concluyó que la respuesta del gobierno a la preocupación de la CE por el hecho de que el nuevo régimen disciplinario menoscababa la independencia de la judicatura era insatisfactoria, y remitió el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

En junio, el TJUE resolvió que la Ley del Tribunal Supremo, dirigida a expulsar a un tercio de la judicatura, infringía el derecho de la UE. El Tribunal ya había ordenado, en una decisión provisional de diciembre de 2018, que las autoridades polacas restablecieran la composición del Tribunal Supremo anterior a la entrada en vigor de la Ley.

También en junio, el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, supuso la introducción de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en contravención de las obligaciones internacionales contraídas por Polonia en materia de derechos humanos. Ante la preocupación general expresada por especialistas en derecho penal, el presidente remitió la reforma al Tribunal Constitucional para su revisión, que continuaba pendiente al final del año.

El 5 de noviembre, el TJUE resolvió que la reforma de la Ley de Tribunales Ordinarios, que reducía la edad de jubilación de los miembros de la judicatura y establecía una edad diferente según el género, infringía el derecho de la UE, y el 19 de noviembre decidió, en otra causa, que la nueva Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo —cuyos miembros eran elegidos por el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura— debía cumplir el requisito de independencia e imparcialidad, aclarando que correspondía al Tribunal Supremo evaluar si se cumplía. El 5 de diciembre, el Tribunal Supremo resolvió que el sistema de designación de miembros del nuevo Consejo Nacional de la Judicatura no garantizaba su independencia. El 20 de diciembre, la Cámara Baja del Parlamento aprobó otra reforma que socavaba aún más la independencia judicial.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó dos casos al gobierno polaco solicitando respuesta. En ambos, los miembros de la judicatura alegaban violación de su derecho a una vista imparcial en el contexto de la reforma del poder judicial.

Los miembros de la fiscalía y la judicatura que se pronunciaban a favor de un poder judicial independiente continuaban expuestos a sufrir actuaciones disciplinarias politizadas.

Continuó durante todo el año una campaña intensiva de difamación en los medios de comunicación públicos y en las redes sociales contra miembros de la judicatura que defendían el Estado de derecho. En agosto, se revelaron en medios de comunicación conexiones de altos cargos del Ministerio de Justicia con la campaña de ataques personales a miembros de la judicatura. Tras conocerse esta información, el viceministro de Justicia, Łukasz Piebiak, dimitió en agosto.

Libertad de reunión

Decenas de personas que se habían manifestado pacíficamente contra el gobierno y el nacionalismo continuaron enfrentándose a cargos penales o administrativos. En la mayoría de los casos, los tribunales confirmaron su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los tribunales retiraron los cargos presentados contra manifestantes que, entre otras cosas, habían saltado las barreras metálicas colocadas por la policía para impedir su acceso a las inmediaciones del Parlamento en 2017. En un reducido número de casos se impusieron multas por protestar, en aplicación de la legislación que primaba las denominadas “reuniones cíclicas” sobre los intentos de celebrar contramanifestaciones o manifestaciones espontáneas.

En febrero, un tribunal de Varsovia ordenó la reapertura de una investigación sobre el caso de 14 mujeres que denunciaban haber sido víctimas de insultos y agresiones físicas al desplegar una pancarta que decía “Stop Fascismo” durante la marcha del Día de la Independencia celebrada en Varsovia en noviembre de 2017. Las denunciantes habían recurrido la decisión tomada en 2018 por la fiscal de archivar el caso. En otras actuaciones judiciales, recurrieron las multas que les habían impuesto los tribunales por “interferir en una reunión legal”. El 24 de octubre, un tribunal de distrito de Varsovia desestimó todos los cargos contra ellas argumentando que tenían derecho a protestar de forma pacífica y a expresar opiniones contrarias al fascismo. El 20 de diciembre, la fiscal decidió por segunda vez cerrar la investigación sobre la denuncia de las mujeres. Igual que en su decisión de 2018, argumentaba que no había ningún “interés público” que justificara la intervención de la fiscalía en el caso.

Libertad de expresión

En mayo, la activista Elżbieta Podleśna fue detenida y estuvo varias horas bajo custodia como sospechosa de “ofender las creencias religiosas” —delito castigado con hasta dos años de prisión— después de que la policía afirmara que había encontrado copias de carteles en los que se representaba a la Virgen María con el arcoíris de la bandera LGBTI en el halo. Los carteles se habían pegado por toda la localidad de Płock el mes anterior. El caso estaba pendiente al terminar el año.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El Tribunal Regional de Varsovia obligó al periódico Gazeta Polska a suspender su campaña de distribución de pegatinas con el rótulo “zona libre de LGBTI” después de que una de las personas organizadoras de la marcha del Orgullo LGBTI de Lublin viera prosperar una denuncia que había presentado por considerar que las pegatinas eran una afrenta a la dignidad humana. Hasta 64 ayuntamientos de todo el país adoptaron resoluciones en las que declaraban su oposición a la “ideología LGBT” en “defensa de las familias católicas [o] los derechos de las personas católicas”.

En julio, en medio de la retórica utilizada de manera generalizada por figuras políticas y medios de comunicación contra la comunidad LGBTI, se celebró la primera marcha del Orgullo LGBTI en la localidad de Białystok. Según cálculos de la policía, en torno a 1.000 participantes sufrieron ataques de unos 4.000 contramanifestantes, que lanzaron petardos, adoquines y huevos, profirieron insultos y agredieron físicamente a algunas personas. Se expresó preocupación por la falta de una protección policial adecuada de la marcha y por la ausencia de un acceso seguro a su cabecera.

Seguridad y medidas antiterroristas

En mayo, el Tribunal Administrativo Supremo desestimó una demanda presentada por la Fundación Polaca de Helsinki para los Derechos Humanos contra el uso de información clasificada en casos de deportación de solicitantes de asilo y otras personas. El Tribunal sostuvo que las autoridades tenían derecho a no permitir el acceso a la información que sustentaba la decisión si con ello se comprometía la seguridad del Estado. El caso suscitó preocupación por el derecho al debido proceso en los casos de deportación por motivos de seguridad nacional.

Seguía pendiente la investigación criminal sobre la cooperación de Polonia con la CIA y el establecimiento de un centro de detención secreta en territorio polaco. Las sentencias dictadas en 2015 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos de Al Nashiri y Abu Zubaydah no se aplicaron íntegramente. En junio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa señaló la falta de avances tangibles en la investigación nacional sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas, que incluían tortura y detención no reconocida.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

La expulsión sumaria de solicitantes de asilo en el paso fronterizo entre Polonia y Bielorrusia seguía siendo motivo de preocupación. En septiembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación ante los informes que indicaban que los guardias de fronteras habían negado a solicitantes de asilo la entrada en Polonia o el acceso a procedimientos de concesión de asilo.

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