Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Paraguai

Paraguay 2019

El presidente retiró del Congreso un proyecto de ley destinado a ratificar el Acuerdo de Escazú, relacionado con asuntos ambientales. Continuaron la discriminación y la violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). A pesar de algunos avances en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación, los pueblos indígenas continuaron sufriendo desplazamientos y desalojos forzosos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaban siendo criminalizados. Persistía la preocupación en torno a la independencia del poder judicial.

Derechos de los pueblos indígenas

El 3 de marzo, unas 50 personas, algunas de ellas armadas, entraron en las tierras ancestrales de la comunidad Ysati “3 de Julio”, del distrito de Itakyry, y quemaron cosechas y seis casas con todas sus pertenencias dentro. Un total de 55 personas, incluidos 38 niños y niñas, fueron desplazadas y se vieron obligadas a buscar refugio en condiciones precarias en una comunidad cercana. La fiscalía local abrió una investigación sobre dichos ataques que estaba en curso al concluir el año.[1]

El 27 de junio, las autoridades entregaron 140 viviendas y la primera parte de un fondo para desarrollo a la comunidad Sawhoyamaxa, como parte del cumplimiento de la sentencia dictada en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 10 de diciembre, tras la aprobación del Congreso, el presidente promulgó la Ley 6.465/19 para expropiar unos terrenos necesarios para la construcción de una carretera que permitiría a la comunidad indígena Yakye Axa, beneficiaria de una sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acceder a sus tierras.

En julio de 2019, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) denunció ante la Fiscalía General del Estado a una agente fiscal de la Unidad Penal N° 3 de Hernandarias por el presunto uso indebido del sistema de justicia penal contra comunidades indígenas avá guaraní en el distrito de Itakyry, en el marco de una disputa con particulares relativa a títulos de propiedad de tierras. Al terminar el año, la Fiscalía aún no había designado un fiscal para que investigara esta denuncia.[2]

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El 27 de septiembre, el intendente de Hernandarias emitió la Resolución 3076/19, que prohibía la realización de una marcha convocada por el colectivo LGBTI Diversxs Alto Paraná por considerarla contraria a la “moral pública y confirmó la Resolución 036/19, que declaraba Hernandarias “Ciudad ‘Pro Vida y Pro Familia’”.

A pesar de esta prohibición, Diversxs decidió seguir adelante con la marcha. Hubo agresiones verbales y físicas por parte de grupos antiderechos contra miembros del colectivo, sin que la Policía Nacional interviniera para brindarles protección o detener a sus agresores. Algunas personas integrantes de Diversxs presentaron denuncias penales por estos hechos.

El 14 de octubre, Amnistía Internacional y Diversxs, con apoyo de REPADIS y de It Gets Better Paraguay, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra ambas resoluciones por vulneración del derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica, y del derecho a la igualdad de las personas, entre otros.[3]

Independencia del poder judicial

El 13 de agosto, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados decidió sancionar al juez Emiliano Rolón a raíz de una denuncia que la fiscal general, titular del Ministerio Público, había presentado en octubre de 2018 contra él y el juez Arnaldo Martínez por presunto mal desempeño de sus funciones. El 30 de mayo, el juez Arnaldo Martínez renunció a su cargo declarando que dicho proceso era inconstitucional e interfería en la independencia judicial.

En julio de 2018, ambos jueces habían votado a favor de absolver a 11 campesinos condenados previamente en el caso Curuguaty, y a favor de no iniciar un nuevo juicio, tras identificar graves violaciones del debido proceso en la investigación del Ministerio Público. Además, el Ministerio Público únicamente había investigado las muertes de los seis policías, y había excluido las muertes de 11 campesinos, que continuaban impunes al finalizar el año.

En septiembre de 2019, Amnistía Internacional señaló la necesidad de atender con la debida diligencia y de forma independiente e imparcial los casos de acoso sexual denunciados en Paraguay. Esto sucedió a raíz del caso presentado por María Belén Whittingslow Castañé contra su profesor, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que se desestimó sin analizar en profundidad las pruebas que ella ofrecía. La denuncia se rechazó calificando los actos de acoso denunciados como “galanteo y cortejo” y tomando como prueba la palabra del acusado, sin examinar el texto de los mensajes ni la evidente asimetría de poder entre María Belén y el profesor.

Derecho a la vivienda y desalojos forzosos

El 19 de septiembre, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior derogaron el Plan de Acción Conjunta para Casos de Hechos Punibles de Invasión de Inmueble Ajeno. Sin embargo, la alternativa propuesta pretendía que los desalojos se llevaran a cabo con mayor celeridad y sin cumplir las normas internacionales de derechos humanos.

El 27 de agosto, la comunidad indígena Tekoha Sauce recibió la notificación de un proceso de desalojo promovido por la empresa hidroeléctrica Itaipú Binacional (Paraguay y Brasil) contra sus miembros, incluidos el líder Cristóbal Martínez y la lideresa Amada Martínez. La empresa alegaba que la comunidad se había asentado de manera irregular en su propiedad.[4]

Las autoridades aún no habían respondido a la petición de restitución territorial de la comunidad, desplazada en la década de 1970 por la construcción de la hidroeléctrica Itaipú. Sin embargo, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores había propuesto un proyecto de ley para determinar, dentro de la Reserva Limoy, una zona protegida que podría ser utilizada como territorio indígena de conservación, lo cual permitiría a dicha comunidad realizar sus prácticas ancestrales de caza y pesca.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El 12 de julio, el último proceso penal contra Andrés Brizuela, defensor de derechos vinculados a la tierra de la comunidad campesina de Guahory, finalizó a través de un acuerdo judicial. Andrés Brizuela había sido acusado de violar el domicilio de un particular que reclamaba la titularidad de la tierra de la comunidad.

El 28 de agosto, un tribunal absolvió al activista de derechos humanos Ernesto Ojeda de los cargos de “coacción, coacción grave, privación de libertad y resistencia” en la ciudad de Fernando de la Mora. Los cargos estaban relacionados con hechos ocurridos en septiembre 2017, cuando Ernesto tenía 17 años y era coordinador ejecutivo de la Federación Nacional de Estudiantes (FENAES). Dicho proceso fue una respuesta desproporcionada del sistema de justicia penal, que criminalizaba el activismo de derechos humanos.


[1] Paraguay: Más información: Investigación sobre los ataques contra la comunidad Ysati (AMR 45/0734/2019)

[2] Paraguay: La fiscal general debe investigar uso indebido del sistema penal contra comunidades indígenas en Itakyry (AMR 45/0652/2019)

[3] Paraguay: Amnistía Internacional promueve inconstitucionalidad de resoluciones discriminatorias contra personas LGBTI (noticia, 14 de octubre)

[4] Paraguay: Comunidad indígena en peligro de desalojo (AMR 45/0614/2019)

Paraguai

A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.