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Papua Nova Guinea

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Papua New Guinea

 

</head> <h1>Papúa Nueva Guinea</h1>

Estado Independiente de Papúa

Nueva Guinea

Jefe del Estado:

reina Isabel II, representada por

Michael Ogio

Jefa del Gobierno:

Peter Charles Paire

O’Neill

El gobierno

hizo poco por combatir la violencia contra las mujeres y la

violencia relacionada con la brujería.

Siguieron

recibiéndose noticias sobre uso innecesario y excesivo de la fuerza

por parte de la policía y del ejército. Cientos de hombres

continuaban recluidos en el centro de detención para inmigrantes de

la isla de Manus, gestionado por Australia.

Violencia

contra las mujeres y las niñas

La violencia sexual y

de género siguió siendo generalizada. Las reformas jurídicas de los

últimos años, como la revocación de la Ley de Brujería y la

aprobación en 2013 de la Ley de Protección de la Familia, no se

vieron acompañadas de medidas efectivas, como mejorar los servicios

sociales, el acceso a la atención a la salud, los servicios de

asesoramiento y los refugios para mujeres. La policía siguió

careciendo de personal y recursos suficientes para gestionar las

numerosas denuncias de violencia familiar, lo que impidió a las

mujeres acceder a la justicia. La ausencia de instituciones del

gobierno en zonas remotas afectó de forma desproporcionada al

acceso de las mujeres de entornos rurales a servicios de salud y de

otro tipo.

Siguieron

denunciándose actos de violencia, en ocasiones letales, contra las

mujeres y los niños acusados de brujería. En mayo, un grupo de

hombres mató a machetazos a una mujer acusada de brujería. En

octubre salió a la luz un vídeo con la tortura de cuatro mujeres

por ser consideradas sospechosas de brujería. Aunque al concluir el

año no había habido ningún estudio independiente al respecto,

seguía preocupando la elevada incidencia de la violencia

relacionada con la brujería.

La policía y algunos

agentes no estatales siguieron intimidando y amenazando a los

defensores de los derechos humanos que luchaban por la justicia en

cuestiones como la violencia sexual y de género.

Uso

excesivo de la fuerza

A lo largo del año se

denunciaron muchos incidentes de uso excesivo de la fuerza por la

policía. En enero, la policía de la capital, Port Moresby, disparó

de forma indiscriminada en un mercado donde había estallado una

discusión entre vendedores y funcionarios del ayuntamiento y mató a

dos vendedores. Al terminar el año no se había efectuado ninguna

detención.

En noviembre se acusó a dos agentes de policía

de la muerte de un hombre en una celda policial en la provincia de

Nueva Bretaña Oriental.

Otro agente fue suspendido

mientras se investigaba la agresión sexual a una mujer en la celda

policial donde estaba detenida por la muerte de su

marido.

Según las noticias

recibidas, en la provincia de Enga, la policía y soldados de la

Fuerza de Defensa de Papúa Nueva Guinea, tras amenazar a punta de

pistola a los propietarios de dos tiendas, dejaron que la gente

robara artículos.

En diciembre, el

director de la policía de Papúa Nueva Guinea afirmó que estudiaría

las reglas de intervención de este cuerpo para garantizar un uso

responsable de las armas de fuego por parte de los

agentes.

Falta de

rendición de cuentas

Pese a ciertos

intentos de mejorar la rendición de cuentas en casos concretos,

muchos abusos policiales, entre ellos casos de tortura —incluida

violación— y detenciones ilegítimas, quedaron impunes.

Particularmente vulnerables a los abusos policiales bajo custodia

eran ciertos grupos marginados, como los de las personas que

ejercían trabajos sexuales y las personas LGBTI.

Pena de

muerte

La pena de muerte se

mantenía por ley, aunque la última ejecución tuvo lugar en 1954. En

mayo, tras la indignación internacional que provocó la reanudación

de las condenas a muerte en Indonesia, el primer ministro anunció

que el gobierno iba a revisar la decisión que había tomado en 2013

de reanudar las ejecuciones. Quedaban 13 presos condenados a

muerte. En octubre, funcionarios de la Fiscalía General confirmaron

que el gobierno estaba considerando otro planteamiento, y que más

adelante habría una declaración oficial.

Personas

refugiadas y solicitantes de asilo

A 30 de noviembre

había 926 hombres adultos recluidos en el centro de detención para

inmigrantes de la isla de Manus, gestionado por Australia. Pese a

algunas mejoras en las condiciones del centro, seguía preocupando

el carácter prolongado y arbitrario de las detenciones, así como la

seguridad de las instalaciones, tras haber sufrido el centro un

ataque en febrero de 2014. No había planes claros con respecto al

reasentamiento de los internos a largo plazo. Quienes fueron

trasladados al centro de Lorengau, de régimen más 'abierto',

sufrieron ciertas restricciones de derechos humanos. Continuaban

preocupando las devoluciones.

En enero, más de 700

detenidos se declararon en huelga de hambre durante dos semanas.

Preocupó la forma en que los servicios de seguridad gestionaron

estos hechos y sus consecuencias.1

En octubre los

gobiernos de Australia y Papúa Nueva Guinea anunciaron que se iba a

tomar por fin una decisión con respecto al reconocimiento o no de

la condición de refugiado de los detenidos, y que aquellos que

fueran reconocidos como refugiados serían reasentados en Papúa

Nueva Guinea a finales de 2015. Aunque se permitió salir del centro

de detención a unos 40 hombres, que fueron alojados en otros

lugares de la isla de Manus, su libertad de circulación y su

derecho al trabajo siguieron gravemente limitados. Al no haberse

completado aún los procesos políticos y legislativos necesarios

para crear un visado especial para refugiados, éstos recibían sólo

visados temporales de un año de validez.

En marzo empezó el

juicio contra los acusados del homicidio de Reza Berati, detenido

de la isla de Manus, que murió violentamente en febrero de 2014.

Permanecían en búsqueda otros tres sospechosos, dos de ellos

ciudadanos de Nueva Zelanda y de Australia,

respectivamente.

  1. Australian and PNG authorities must respect asylum-seekers’ right to protest (noticia, 19 de enero)

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