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Palestina (Estat de)

Palestina (Estado de) 2019

Las autoridades palestinas, en Cisjordania, y la administración de facto de Hamás, en la Franja de Gaza, detuvieron arbitrariamente a decenas de personas que participaban en manifestaciones o expresaban críticas de manera pacífica. Las autoridades cisjordanas persistieron en la represión de la libertad de expresión en Internet, bloqueando el acceso a decenas de sitios web. En Gaza, las fuerzas palestinas emplearon fuerza excesiva para responder a protestas pacíficas. La tortura y otros malos tratos de las personas detenidas eran prácticas denunciadas con frecuencia que se cometían con impunidad bajo ambas autoridades. En Cisjordania y en Gaza, las mujeres sufrían discriminación y violencia. Según informes, al menos 24 mujeres y niñas fueron víctimas de homicidio en nombre del “honor”. Al menos 8 personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales fueron sometidas a detención arbitraria y malos tratos por su orientación sexual o identidad de género. En Gaza, los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. Se disolvió el Consejo Superior Judicial, órgano establecido para mejorar la independencia de la judicatura. Medidas punitivas impuestas por las autoridades palestinas de Cisjordania exacerbaron la terrible crisis humanitaria en Gaza. Esporádicamente, grupos armados palestinos dispararon cohetes de manera indiscriminada sobre Israel desde Gaza, matando a cuatro civiles israelíes.

Información general

Gaza continuaba sometida al bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí, vigente desde 2007. Egipto mantuvo el cierre casi total del paso fronterizo de Rafá con Gaza. Tales acciones agravaron la ya terrible crisis económica y humanitaria que sufrían los dos millones de habitantes de Gaza.

El 29 de enero dimitió el gobierno de consenso nacional liderado por Rami Hamdallah. El nuevo gobierno, encabezado por el primer ministro Mohamed Shtayeh, asumió el poder el 13 de abril.[1] Mohamed Shtayeh era un alto cargo del partido Fatah; su nombramiento fue visto por Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina como un revés para los esfuerzos de unidad. El 6 de octubre, el presidente Mahmud Abás dijo que hablaría con todas las facciones, incluida Hamás, sobre los planes de celebración de nuevas elecciones parlamentarias.

El 17 de febrero, Israel aprobó una ley para recortar un 5% los fondos que transfería a las autoridades palestinas en función de los impuestos que recaudaba entre la población palestina. Según autoridades israelíes, la suma deducida equivalía a la que las autoridades palestinas pagaban a las familias de palestinos declarados culpables y encarcelados por Israel por “delitos contra la seguridad”. Las autoridades palestinas protestaron negándose a aceptar los envíos parciales de impuestos durante casi ocho meses. Este desacuerdo las obligó a reducir los salarios de decenas de miles de funcionarias y funcionarios públicos.

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades palestinas dirigidas por Fatah, en Cisjordania, y la administración de facto de Hamás, en la Franja de Gaza, detuvieron arbitrariamente a decenas de personas que participaban en manifestaciones o expresaban críticas de manera pacífica, entre las que figuraban periodistas, estudiantes universitarios y activistas de derechos humanos. Las autoridades cisjordanas persistieron en su represión de la libertad de expresión en Internet.

Según el Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de Prensa, en Cisjordania las autoridades fueron responsables de 150 ataques contra la libertad de prensa, que incluyeron detenciones arbitrarias, malos tratos durante los interrogatorios, agresiones físicas, confiscación de material y prohibición de informar. En Gaza, las autoridades de Hamás fueron responsables de 41 ataques similares. En Cisjordania, las fuerzas de seguridad atacaron el 4 de junio, en una mezquita de Hebrón, a miembros de Hizb ut Tahrir, grupo islamista no violento que había anunciado la celebración de una festividad musulmana un día antes del anuncio oficial. Tras rodear el edificio, los agentes agredieron a los fieles y detuvieron arbitrariamente a unos 15, a quienes poco después dejaron en libertad sin cargos.

En Gaza, las autoridades de Hamás detuvieron arbitrariamente el 10 de marzo a 13 activistas del movimiento “Queremos vivir”, que planeaba celebrar cuatro días después manifestaciones contra el aumento del costo de la vida y el deterioro de la situación económica. Las detenciones tuvieron lugar durante la celebración de una reunión privada en una casa propiedad del activista Jihad Salem al Arabeed en la localidad de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en la vivienda sin orden de arresto. Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos, el órgano nacional de derechos humanos de Palestina, los activistas fueron sometidos a tortura y otros malos tratos bajo custodia.

En Cisjordania, las autoridades continuaron reprimiendo la libertad de expresión en Internet mediante la draconiana Ley de Delitos Electrónicos. El Tribunal de Primera Instancia de Ramala bloqueó el acceso a 59 sitios web con arreglo a una decisión judicial tomada el 21 de octubre a petición de la Fiscalía General palestina. Los sitios web fueron bloqueados sobre la base de que, en virtud del artículo 39 de la Ley de Delitos Electrónicos, su contenido “amenazaba la seguridad nacional” y “alteraba el orden público”. Todos ellos compartían contenido que criticaba a las autoridades. Amnistía Internacional pidió la derogación de la Ley de Delitos Electrónicos por considerar que restringía arbitrariamente la libertad de prensa y prohibía la disidencia en Internet.

Uso excesivo de la fuerza

En Gaza, las fuerzas de seguridad palestinas usaron fuerza innecesaria o excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas. Entre el 14 y el 16 de marzo, miles de palestinas y palestinos se manifestaron en toda la Franja de Gaza contra sus terribles condiciones de vida. Las fuerzas de seguridad de Hamás emplearon fuerza excesiva contra decenas de manifestantes no violentos, transeúntes, periodistas y personal de ONG, utilizando granadas aturdidoras, porras, pulverizadores de pimienta y fuego real para dispersarlos.

Tortura y otros malos tratos

En Cisjordania y en Gaza, las fuerzas de seguridad palestinas empleaban de manera habitual la tortura y otros malos tratos con impunidad. Hasta finales de noviembre, la Comisión Independiente de Derechos Humanos recibió 143 denuncias en Cisjordania y 156 en la Franja de Gaza por este motivo.

El periodista y activista Amer Balousha, uno de los organizadores de “Queremos vivir”, denunció que había sido sometido a tortura bajo custodia el 16 marzo por fuerzas de seguridad de Hamás. Afirmó que lo habían obligado a permanecer en posturas en tensión y lo habían golpeado. Los primeros días inició una huelga de hambre para protestar por su detención y por las condiciones de reclusión. El 19 de marzo fue trasladado al hospital Kamal Adwan de Beit Lahia, en el norte de Gaza, para recibir tratamiento médico debido a problemas de salud relacionados con la huelga de hambre. Quedó en libertad el 26 de marzo.

Derechos de las mujeres

Las mujeres y las niñas continuaban estando discriminadas en la ley y en la práctica y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de género, incluidos los homicidios en nombre del “honor”. El Centro de Asesoramiento Jurídico y Orientación para la Mujer documentó al menos 24 casos de mujeres y niñas que, según informes, fueron víctimas de homicidio en nombre del “honor” en Cisjordania y Gaza en 2019, a manos de principalmente de familiares varones.

El 22 de agosto, Israa Ghrayeb, maquilladora de la localidad de Beit Sahour, en el sur de la Cisjordania ocupada, murió tras ser golpeada por miembros de su familia. Su muerte desencadenó protestas en toda Cisjordania y Gaza para exigir mayor protección para las mujeres y la derogación de las leyes discriminatorias. Posteriormente, el 12 de septiembre, la Fiscalía General palestina anunció que había realizado una investigación que concluía que la muerte había sido causada por violencia de género en el ámbito familiar y que tres sospechosos —cuyos nombres no dio a conocer— habían sido acusados formalmente de un delito de homicidio, punible con al menos cinco años de prisión.

Los grupos palestinos de defensa de los derechos de las mujeres continuaron presionando para conseguir una ley integral contra la violencia de género intrafamiliar, campaña iniciada en 2007. En Cisjordania, las autoridades palestinas siguieron examinando un anteproyecto de Ley de Protección de la Familia, proceso que había comenzado en 2016. Tanto en Cisjordania como en Gaza, la violencia de género en el ámbito familiar seguía sin estar tipificada como delito.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Aunque las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no estaban penalizadas en Cisjordania, la policía palestina declaró el 17 de agosto que impediría toda actividad de alQaws para la Diversidad Sexual y de Género en la Sociedad Palestina, ONG palestina que trabajaba sobre cuestiones LGBTI. Esta declaración indignó a los grupos de derechos humanos, pero también desencadenó en las redes sociales una ola de mensajes que incitaban a la violencia contra alQaws y contra miembros de la comunidad LGBTI y que incluían amenazas de muerte. La declaración también vulneraba disposiciones de la reformada Ley Fundamental palestina, así como tratados internacionales ratificados por el Estado de Palestina. La policía palestina se desdijo rápidamente de la declaración.

Mientras tanto, alQaws documentó al menos ocho casos de personas LGBTI detenidas arbitrariamente o maltratadas por las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania por su orientación sexual o identidad de género.

El apartado 152 del Código Penal aplicable en Gaza continuaba penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y las castigaba con hasta 10 años de prisión.

Pena de muerte

Ni las autoridades palestinas en Cisjordania ni la administración de facto de Hamás en Gaza adoptaron ninguna medida para cumplir el compromiso de abolir la pena de muerte, adquirido por el Estado de Palestina en virtud del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En Gaza, los tribunales administrados por Hamás condenaron a muerte al menos a cuatro personas; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

Sistema de justicia

El 19 de julio, el presidente Abás disolvió el Consejo Superior Judicial, órgano con sede en Cisjordania, establecido en 2002 para mejorar la independencia de la judicatura, garantizar la transparencia y la eficiencia de su trabajo, mejorar la actuación de los tribunales y facilitar los procedimientos.

En Cisjordania, las autoridades palestinas emplearon una ley de 1954 para someter a detención administrativa a decenas de personas durante periodos de hasta seis meses en aplicación de órdenes dictadas por los gobernadores regionales, muchas veces por motivos políticos, según las organizaciones palestinas de derechos humanos. Dichas detenciones no requerían presentación de cargos y no respetaban el debido proceso. La Comisión Independiente de Derechos Humanos había documentado 195 detenciones de este tipo al final de noviembre.

Derechos económicos, sociales y culturales

Las autoridades palestinas de Cisjordania continuaron imponiendo medidas punitivas a la población de Gaza, tales como reducir las subvenciones a la electricidad y el agua, restringir la entrada de medicamentos en el territorio y reducir o retener los salarios. Estas medidas exacerbaron la terrible crisis humanitaria provocada en Gaza por los 12 años de bloqueo israelí.

Abusos cometidos por grupos armados

Esporádicamente, grupos armados palestinos dispararon cohetes de manera indiscriminada sobre Israel desde Gaza, matando a cuatro civiles israelíes. Aunque las autoridades de Hamás impedían casi siempre el lanzamiento de cohetes, no emprendían acciones judiciales contra los responsables. La mayoría de los palestinos responsables de apuñalamientos, disparos y otros ataques contra israelíes en Cisjordania e Israel, que mataron a tres civiles israelíes durante el año, no pertenecían a grupos armados palestinos. No obstante, con frecuencia dichos grupos elogiaban estos ataques.


[1] Palestina: El nuevo gobierno debe revertir el deterioro de la situación de los derechos humanos (noticia, 11 de marzo)

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