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Myanmar

Myanmar 2019

El ejército cometió violaciones graves de derechos humanos, entre ellas crímenes de guerra, en los estados de Kachin, Rajine y Shan. El gobierno siguió sin avanzar en la creación de las condiciones necesarias para el retorno seguro, voluntario y digno de las 740.000 personas de etnia rohinyá —hombres, mujeres, niños y niñas— que habían huido a Bangladesh a partir de agosto de 2017. La población rohinyá que permanecía en el estado de Rajine vivía bajo un sistema de apartheid. Continuaron limitándose los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Las autoridades siguieron deteniendo y recluyendo arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y a otras personas dedicadas al activismo pacífico. Los responsables de violaciones de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional continuaron impunes.

Información general

El ejército conservaba un poder económico y político considerable. El gobierno, liderado por la Liga Nacional para la Democracia, anunció en febrero la creación de un nuevo comité encargado de elaborar un proyecto de reforma de la Constitución de 2008, pero al concluir el año no se habían producido avances. El titubeante proceso de paz nacional continuó paralizado. El 27 de septiembre, Myanmar ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

Conflicto armado interno

A partir de enero se intensificaron los combates entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakán (grupo armado de etnia rajine) en el estado de Rajine. El ejército sometió a la población civil a violaciones graves de derechos humanos (ataques ilegítimos, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y trabajos forzados, entre otras) que en muchos casos constituían crímenes de guerra.[1] Asimismo, el Ejército de Arakán cometió abusos, como privación arbitraria de la libertad y amenazas e intimidación contra la población civil. En junio, las autoridades suspendieron la conexión a Internet en nueve regiones de los estados de Rajine y Chin afectadas por el conflicto, y suscitaron así honda preocupación por la seguridad de la población civil.[2] Aunque a finales de agosto la suspensión se levantó parcialmente en algunas zonas, otras continuaban sin Internet al concluir el año.

También en el estado de Shan del Norte el conflicto se cebó con la población civil.[3] Por un lado, el ejército cometió crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, reclusión en régimen de incomunicación en bases militares, tortura y otros malos tratos y ataques ilegítimos. Por otro lado, grupos armados étnicos perpetraron abusos graves contra la población civil, con actos tales como secuestros, tortura y otros malos tratos, trabajos forzados y extorsiones. Los combates aumentaron espectacularmente en agosto, cuando tres grupos armados lanzaron ataques contra instalaciones del ejército y otros objetivos. Esta escalada de violencia provocó nuevos desplazamientos de civiles y dio lugar a abusos graves a manos de todas las partes.[4] Aunque en el estado de Kachin no hubo combates significativos, el ejército sometió a la población civil a detenciones arbitrarias y a tortura y otros malos tratos.

Situación de la población rohinyá

Continuaron cometiéndose crímenes de lesa humanidad contra las aproximadamente 600.000 personas de etnia rohinyá que aún vivían en el estado de Rajine, cuyos derechos a la igualdad, a la nacionalidad, a la libertad de circulación, a asistencia médica adecuada, a la educación y a oportunidades laborales se violaron de manera habitual. Siete años después de verse obligadas a dejar sus hogares, unas 128.000 personas —en su mayoría rohinyás— seguían confinadas en condiciones lamentables en campos de detención del estado de Rajine, dependiendo de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

El gobierno no tomó medidas de calado que permitieran volver al país a cientos de miles de rohinyás que habían huido de Myanmar a partir de 2017 y durante oleadas de violencia anteriores. Pese a las declaraciones oficiales, no hubo avances en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Asesora sobre el Estado de Rajine. Las autoridades restringieron rigurosamente la entrada de personal humanitario y de periodistas independientes.

Desplazamientos y acceso humanitario

El conflicto provocó el desplazamiento de decenas de miles de civiles. En el estado de Rajine, los combates entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakán hicieron huir de sus hogares a más de 30.000 personas. En el estado de Shan del Norte, miles de personas se vieron también desplazadas por los combates; muchas de ellas tuvieron que desplazarse en varias ocasiones, a menudo durante periodos breves, lo que afectó a su acceso a medios de subsistencia y a su seguridad alimentaria a corto y largo plazo. Las personas de más edad sufrieron con especial intensidad los efectos del conflicto y los desplazamientos, sobre todo en lo relacionado con sus derechos a asistencia médica y a medios de subsistencia.[5] Las autoridades, tanto civiles como militares, siguieron imponiendo restricciones al acceso humanitario en todo el país.

Libertad de expresión, asociación y reunión pacífica

Las autoridades siguieron deteniendo y encarcelando a personas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, entre ellas activistas políticos, personal de medios de comunicación y defensores y defensoras de los derechos humanos. El ejército presentó denuncias penales contra personas que mantenían una actitud crítica o que se dedicaban al activismo político. En agosto, el cineasta Min Htin Ko Ko Gyi fue condenado a un año de cárcel. Había sido detenido en abril y acusado de haber criticado en las redes sociales el papel del ejército en la política.[6] En abril y mayo fueron detenidos siete jóvenes contra quienes se presentaron cargos por haber protagonizado un espectáculo satírico en el que criticaban al ejército. Posteriormente, seis de ellos fueron condenados a entre un año y medio y dos años y medio de prisión. Al concluir el año, los siete se enfrentaban a cargos adicionales.[7]

Las autoridades recurrieron a leyes de amplio alcance y redactadas en términos imprecisos para sofocar la disidencia y restringir los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Entre ellas cabe señalar el apartado 66.d de la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Privacidad y la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas, así como disposiciones del Código Penal. Pese a su abrumadora mayoría en el Parlamento, el gobierno de la Liga Nacional para la Democracia se abstuvo de revisar o reformar las leyes que restringían estos derechos.

En mayo, en el marco de una amnistía masiva, quedaron en libertad los periodistas de Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo,[8] que habían sido condenados a siete años de prisión por haber informado sobre las atrocidades cometidas contra la población rohinyá en el estado de Rajine. Pese a estas excarcelaciones, se siguió deteniendo arbitrariamente, procesando y hostigando a periodistas por su trabajo.

Impunidad

Persistía la impunidad por abusos y violaciones de derechos humanos graves, incluidos crímenes de derecho internacional. El gobierno se negó a cooperar con los mecanismos internacionales de investigación. La Comisión Independiente de Investigación —establecida por el gobierno para investigar los abusos cometidos en el estado de Rajine desde agosto de 2017— carecía de competencia, independencia e imparcialidad. Su informe definitivo, previsto para finales de agosto, quedó aplazado hasta enero de 2020. En febrero, el ejército anunció la creación de un “tribunal de investigación” para examinar las denuncias sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en estado de Rajine. Sin embargo, estaba claro que ese tribunal no era independiente ni imparcial, ya que en él eran los propios militares quienes investigaban las violaciones perpetradas por el ejército. Las investigaciones sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en otras partes del país eran poco habituales, y sus presuntos responsables rara vez rendían cuentas.

Pese a la falta de justicia existente en Myanmar, el Consejo de Seguridad de la ONU no remitió la situación a la Corte Penal Internacional (CPI).

Escrutinio internacional

Por segundo año, Myanmar negó el acceso a su territorio a la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. En septiembre, la misión de investigación de la ONU sobre Myanmar presentó su informe final sobre violaciones de derechos humanos graves y continuas. Sin embargo, el gobierno rechazó este informe y otros publicados por la misma misión durante el año, alegando que carecían de fundamento y de pruebas.

En mayo, la ONU publicó las conclusiones de una revisión interna de sus operaciones en Myanmar desde 2011, según las cuales se habían detectado “fallos sistémicos” en la organización de la ONU.[9] En el informe se formulaban diversas recomendaciones para mejorar la comunicación y la cooperación, pero no se tuvo noticia de que se hubiera aplicado.

En noviembre, la CPI abrió una investigación sobre la deportación de personas de etnia rohinyá de Myanmar y sobre otros delitos conexos, ocurridos, al menos en parte, en territorio de Bangladesh. En julio y diciembre, el gobierno de Estados Unidos dictó sanciones contra el general en jefe del ejército de Myanmar Min Aung Hlaing y contra otros tres militares por su implicación en las atrocidades cometidas contra la población rohinyá.

En septiembre se puso en marcha el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar, encargado de recoger y preservar pruebas de delitos graves y de preparar expedientes para facilitar actuaciones penales. En noviembre, el gobierno de Gambia presentó ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia contra Myanmar por genocidio. En una vista judicial sobre medidas provisionales celebrada en diciembre, una delegación encabezada por Aung San Suu Kyi rechazó la acusación de que el país había incumplido sus obligaciones en virtud la Convención sobre el Genocidio.


[1] “No one can protect us”: War crimes and other abuses in Myanmar’s Rakhine State (ASA 16/0417/2019, 29 de mayo).

[2] Myanmar: End internet shut down in Rakhine, Chin States (ASA 16/0604/2019, 25 de junio).

[3] “Caught in the middle”: Abuses against civilians amid conflict in Myanmar’s northern Shan State (ASA 16/1142/2019, 24 de octubre).

[4] Myanmar: Civilians at risk in northern Shan State fighting (ASA 16/0975/2019, 3 de septiembre).

[5] “Fleeing my whole life”: Older people’s experience of conflict and displacement in Myanmar (ASA 16/0446/2019, 18 de junio).

[6] Filmmaker sentenced to one year in prison for Facebook post (artículo, 29 de agosto).

[7] Satire performers who mocked military face prison in “appalling” conviction (artículo, 30 de octubre).

[8] Myanmar: La liberación de los periodistas de Reuters debe ir seguida de auténtica libertad de prensa (artículo, 7 de mayo).

[9] Joint open letter to the UN Secretary General on the inquiry into UN operations in Myanmar (ASA16/1003/2019, 5 de septiembre).

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