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México 2019

Se creó la nueva Guardia Nacional, que, aunque formalmente era un cuerpo policial civil, estaba conformada principalmente por personal militar y dirigida por un general del ejército. La nueva legislación sobre el uso de la fuerza no regulaba adecuadamente el uso de medios letales y armas de fuego por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y suponía una amenaza para el derecho a la libertad de reunión. La aplicación de la prisión preventiva oficiosa (obligatoria) se extendió a nuevos delitos. Hubo acoso, ataques y homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo violencia de género, incluidos homicidios. México prometió adoptar un enfoque de la migración basado en los derechos humanos pero, ante la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles comerciales, cambió su posición, con graves consecuencias para las personas migrantes y solicitantes de asilo. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

Información general

El nuevo ejecutivo adoptó un plan de austeridad que se aplicaba de forma estricta y afectaba a diversos programas del gobierno federal. Las primeras informaciones proporcionadas por profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil señalaban que estas medidas podían poner en peligro el acceso a la atención médica de las personas, en particular, de quienes vivían con el VIH o con cáncer.

En junio, el presidente declinó asistir a la presentación del informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, algo que ningún jefe de Estado había hecho en los 28 años de historia de la Comisión. Ese mismo mes, el gobierno federal rechazó oficialmente la recomendación que la Comisión había formulado en respuesta a la reducción de los servicios de cuidado infantil disponibles para los padres y madres que trabajaban.

En varias ocasiones a lo largo del año, el presidente menospreció públicamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. También prohibió la financiación pública federal de esas organizaciones, lo que afectó, por ejemplo, a los albergues para personas migrantes, los refugios para mujeres víctimas de violencia de género y las organizaciones de derechos humanos.

En marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha un proyecto piloto, ordenado en 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para garantizar el acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar. En abril, el Congreso aprobó una reforma de la Ley Federal del Trabajo en el mismo sentido. Al concluir el año, México no había ratificado el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo).

El gobierno celebró a lo largo del año actos de disculpa pública por casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, como la ejecución extrajudicial de dos estudiantes en 2010 y la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de diversos miembros de una familia en 1977.

Policía y fuerzas de seguridad

El nuevo gobierno federal mantuvo el enfoque militar para las labores policiales que había fracasado en gobiernos anteriores. En marzo, una reforma constitucional instituyó una Guardia Nacional civil. Aunque este cuerpo dependía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana —también civil—, estaba compuesto principalmente por miembros de las fuerzas armadas que no recibían la debida capacitación para actuar como agentes encargados de hacer cumplir la ley. Además, el gobierno designó como comandante de esta institución a un general del ejército.

La Ley de la Guardia Nacional entró en vigor en mayo y otorgaba al nuevo organismo amplios poderes en relación con la aplicación de la ley, el uso de la fuerza, la investigación de delitos —incluida la interceptación de comunicaciones privadas— y el control de los flujos migratorios.

El gobierno disolvió la Policía Federal al final de 2019, y se encargó al ejército la tarea de evaluar a los miembros de ese cuerpo policial para determinar si eran aptos para prestar servicios en la Guardia Nacional o debían ser trasladados a otros órganos federales, tales como el Instituto Nacional de Migración.

En mayo, el Congreso aprobó una ley nacional sobre el uso de la fuerza que no cumplía con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. La ley no incorporaba de manera precisa los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención y protección de la vida, y daba cabida al uso de la fuerza letal en circunstancias no previstas por el derecho internacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó esta ley ante la Suprema Corte, cuya decisión estaba pendiente al terminar el año.

Detención y reclusión arbitrarias

El arresto y la detención arbitraria seguían siendo generalizados y muchas veces derivaban en otras violaciones de derechos humanos, tales como torturas y otros malos tratos. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley seguían sin tener en cuenta los derechos de las personas detenidas; entre otras cosas, no las informaban de los motivos de su detención. No se derogó la disposición constitucional que permitía la detención sin cargos (arraigo).

En abril, una reforma constitucional amplió la lista de delitos a los que era aplicable la prisión preventiva oficiosa (obligatoria). Esta legislación impedía que los jueces evaluaran en cada caso la necesidad de la prisión preventiva y eludía la revisión periódica de la detención, con lo que violaba el derecho a la presunción de inocencia en los procedimientos penales.

En mayo, el Congreso aprobó una ley que exigía la creación de un registro nacional único para consignar todas las detenciones efectuadas por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, el gobierno federal y los gobiernos estatales no habían aplicado plenamente esa ley al concluir el año.

Desapariciones forzadas

Las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo motivo de preocupación, mientras los responsables gozaban de una impunidad casi absoluta. Las autoridades federales declararon que, a 31 de diciembre, había al menos 61.637 personas desaparecidas.

En el curso del año, el gobierno se centró en una estrategia para abordar la falta de capacidad para practicar exámenes forenses a los cadáveres no identificados. En marzo, el presidente anunció el restablecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El gobierno reportó que, de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, se habían encontrado 873 fosas clandestinas con 1.124 cadáveres. El 30 de agosto, el gobierno anunció que México reconocería la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para examinar los casos individuales. Al terminar el año, dicho reconocimiento aún no había tenido lugar.

El gobierno estableció una comisión especial sobre el caso de 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa que habían sido víctimas de desaparición forzada en 2014, y la Fiscalía General de la República creó una unidad especial para investigar el asunto. El presidente ordenó la reanudación de la asistencia internacional sobre el caso. Unos jueces federales ordenaron la liberación de varias personas acusadas que estaban en prisión preventiva en relación con esta desaparición, tras haber descubierto que gran parte de las pruebas en su contra eran inadmisibles y que algunas de las pruebas presentadas se habían obtenido mediante tortura y otros malos tratos.

México no había realizado avances dignos de mención en el cumplimiento de la sentencia de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Alvarado Espinoza, que había concluido que el Estado mexicano era responsable de la desaparición forzada de tres personas a manos del ejército nacional.

En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que México era responsable de la desaparición forzada, cometida en 2010, de Christian Téllez Padilla en el estado de Veracruz. Era la primera vez que un organismo de la ONU emitía una resolución vinculante sobre las desapariciones en México.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo un importante motivo de preocupación. Las investigaciones sobre los informes de tortura eran generalmente defectuosas, y las personas responsables rara vez comparecían ante la justicia.

A partir de abril, el gobierno y las ONG redactaron el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que no se había hecho público al concluir el año.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura publicó sus conclusiones sobre México y expresó su preocupación por el elevadísimo número de casos de tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual, a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y del personal encargado de llevar a cabo investigaciones.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia de género contra mujeres y niñas seguía siendo generalizada. Las autoridades no investigaban esos delitos y los responsables rara vez comparecían ante la justicia. Las autoridades iniciaron 1.006 investigaciones sobre feminicidios.

No se disponía de suficientes datos actualizados sobre los homicidios y la violencia por razones de género. Sin embargo, se publicaron datos oficiales de 2018 que indicaban que a 3.752 mujeres se las consideraba víctimas de homicidio, a falta de investigaciones adicionales. Según las estadísticas oficiales más recientes sobre violencia de género, correspondientes a 2016, se estimaba que un 66,1% de las mujeres y las niñas de más de 15 años habían sido víctimas de violencia de género por lo menos una vez en su vida, y un 43,5% de las mujeres habían sufrido violencia de género a manos de sus parejas.

Las autoridades mantenían en 18 estados 20 protocolos conocidos como “Alertas de violencia de género contra las mujeres”. Esos mecanismos de alerta, establecidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dependían de esfuerzos coordinados para confrontar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Al terminar el año no había ninguna señal de que los mecanismos de alerta hubieran reducido la violencia de género.

En agosto, varios casos de violencia sexual contra mujeres y niñas suscitaron indignación y manifestaciones en la Ciudad de México y otras ciudades. El gobierno de la Ciudad de México hizo inicialmente caso omiso de las protestas, a las que tachó de actos de provocación, y declaró que pondría en marcha investigaciones penales contra manifestantes por daños a edificios. Posteriormente, y al parecer como reacción a la indignación ciudadana, el gobierno cambió su postura y declaró que respetaría el derecho a la libertad de reunión e investigaría los casos de violencia contra mujeres y niñas.

En septiembre, el Congreso del estado de Oaxaca aprobó un proyecto de ley que despenalizaba el aborto durante las 12 primeras semanas de embarazo. En octubre, el proyecto de ley se publicó en la Gaceta Oficial.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las parejas de personas del mismo sexo podían contraer matrimonio en la Ciudad de México y en 18 estados. En los estados en los que la legislación o las prácticas administrativas no permitían el matrimonio entre personas del mismo sexo, estas parejas tenían que promover un juicio de amparo ante los tribunales federales para que se revisaran sus casos y se reconocieran sus derechos. El matrimonio entre personas del mismo sexo se aprobó por medio de cambios legislativos en Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca, y mediante órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los estados de Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa.

En abril, y de nuevo en julio, el Congreso de Yucatán rechazó, mediante una votación secreta ilegal, una reforma legislativa para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En octubre, el Congreso de Puebla también rechazó una reforma legislativa. A partir de mayo, por orden de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las parejas del mismo sexo podían casarse en los consulados y sedes diplomáticas de México.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas que defendían los derechos humanos siguieron sufriendo amenazas, acoso y ataques a causa de su trabajo; según Frontline Defenders fueron asesinadas al menos 23, de las cuales 14 eran defensoras de los derechos al territorio, la tierra y el medioambiente. Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones sobre estos homicidios. Dos hombres estaban detenidos en espera de juicio por el asesinato, cometido en 2018, de Julián Carrillo, defensor de los derechos humanos indígena del estado de Chihuahua.

El 20 febrero, en el estado de Morelos, Samir Flores Soberanes murió por disparos después de haber recibido amenazas de muerte en relación con su trabajo de derechos humanos. Samir era miembro de la organización de base Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

El 3 de agosto, unos hombres armados no identificados secuestraron en el estado de Tamaulipas a Aarón Méndez y Alfredo Castillo, miembros del albergue para personas migrantes Casa AMAR; su suerte y su paradero seguían sin conocerse al concluir el año.

Tras una campaña sostenida realizada por la sociedad civil, la Fiscalía General de la República y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiraron los cargos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos de la Unión de Cooperativas Tosepan, el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) y el Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (COTIC). Esos cargos se habían formulado por la participación de estas personas en manifestaciones públicas contra un proyecto de la CFE que pretendía construir una subestación eléctrica en Cuetzalan, en el estado de Puebla.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas proporcionó medidas de protección a 1.086 personas: 721 defensores y defensoras de los derechos humanos y 365 periodistas. El gobierno mexicano aceptó las recomendaciones de un análisis presentado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre el mecanismo, y formuló el compromiso público de implementarlas.

México no había ratificado aún el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que preveía la protección de los defensores y defensoras de los derechos ambientales.

Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades comenzaron el año proporcionando, como parte de un enfoque de la migración basado en los derechos humanos, miles de visados por razones humanitarias a las personas que llegaban en “caravanas” desde Centroamérica. Sin embargo, en junio esta política se había revertido, y se desplegaron 6.000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera entre México y Guatemala. Este cambio respondió a las amenazas por parte de Estados Unidos de imponer aranceles comerciales a México a menos que se establecieran más controles migratorios. El uso de la Guardia Nacional para controlar la migración fue impugnado ante la Suprema Corte por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que destacaron el riesgo de que las fuerzas de seguridad llevaran a cabo acciones discriminatorias.

Los centros de detención migratoria registraron niveles de hacinamiento sin precedentes, y al menos tres personas —entre ellas una niña de 10 años— murieron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración en circunstancias relacionadas con su detención. A lo largo de 2019 se había recluido al menos a 51.999 niños y niñas en centros de detención migratoria, lo cual constituía una violación tanto de las leyes mexicanas como de las normas internacionales.

Hubo varios casos de arresto y detención arbitraria y masiva, como la detención en junio de aproximadamente 400 personas en una autopista cerca de Tapachula, en el estado de Chiapas. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, órgano federal de atención a la población refugiada, recibió 70.302 solicitudes de asilo, frente a las 29.630 de 2018. El número más elevado de personas solicitantes de asilo procedía de Honduras, seguido de El Salvador, Cuba y Venezuela. Las autoridades no estaban suficientemente preparadas para tramitar las solicitudes, y el tiempo de espera aumentó. México recibió a casi 60.000 personas solicitantes de asilo devueltas por Estados Unidos en virtud de los Protocolos de Protección a Migrantes o plan “Quédate en México”. El gobierno mexicano proporcionó a estas personas unos simples permisos para permanecer en el país, pero devolvió a muchas a sus países de origen en lo que podría constituir una violación del principio de no devolución (non-refoulement). Hasta diciembre, las autoridades migratorias detuvieron a 186.750 personas migrantes en situación irregular y deportaron a 123.239. La inmensa mayoría (98%) de las personas deportadas procedían de Centroamérica, y casi la mitad, de Honduras.

Libertad de expresión y de reunión

Continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones e incluso los homicidios contra periodistas. Al menos 10 periodistas, hombres y mujeres, fueron asesinados. Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones de estos delitos. El gobierno federal no anunció en el curso del año ningún plan sustancial para proteger a este colectivo. Los periodistas expresaron su preocupación por el menosprecio mostrado por el presidente hacia los y las profesionales del sector y los medios de comunicación que criticaban sus políticas, pues dicho menosprecio podía tener un efecto disuasorio.

La ley nacional sobre el uso de la fuerza proporcionaba protección durante las manifestaciones únicamente si los agentes encargados de hacer cumplir la ley consideraban que las protestas tenían un fin legítimo. La ley no indicaba que, en las reuniones públicas, el uso de la fuerza debía limitarse a situaciones en las que fuera necesario contener a personas violentas o dispersar a manifestantes si la violencia se extendía y no había otra alternativa. Tampoco preveía la obligación de intentar reducir la tensión y buscar alternativas para evitar el uso de la fuerza.

En julio, el Congreso del estado de Tabasco aprobó una reforma del Código Penal estatal que penalizaba las manifestaciones públicas y contemplaba largas penas de cárcel por acciones de oposición a la ejecución de cualquier obra o proyecto, de carácter público o privado, y de obstrucción de carreteras u otros medios de comunicación. Diversos cargos públicos, entre ellos el presidente, elogiaron públicamente la ley.

En octubre, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó al periodista Sergio Aguayo al pago de 10 millones de pesos mexicanos (520.000 dólares estadounidenses) en concepto de daños y perjuicios por la publicación en 2016 de un artículo de opinión sobre el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés. La sentencia era una forma de castigo e intimidación, y atentaba de manera impropia contra la libertad de expresión en el debate público.

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