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Marroc i Sàhara Occidental

Marruecos y Sáhara Occidental 2019

Las autoridades hostigaron a periodistas, blogueros y blogueras, artistas y activistas por expresar sus opiniones de forma pacífica; condenaron al menos a cinco hombres a penas de prisión por “insultar” a autoridades y al parecer utilizaron un programa espía contra varias personas. También restringieron el derecho a la libertad de asociación y de reunión al impedir las actividades de algunas asociaciones críticas con las autoridades y hacer uso innecesario o excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones. Tras un juicio sin las debidas garantías, un tribunal confirmó las penas de hasta 20 años de prisión impuestas a 43 personas condenadas en relación con las protestas por la justicia social que habían tenido lugar en 2017 en la región septentrional del Rif. Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas migrantes, que en algunos casos fueron trasladadas a la fuerza al sur del país o expulsadas. Las mujeres seguían sometidas a discriminación, incluida violencia sexual y otros tipos de violencia de género, y se impusieron condenas de prisión por presuntos abortos ilegales. La policía siguió hostigando a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas seguían siendo delito. Una nueva ley confirmó el amazigh como idioma oficial al mismo nivel que el árabe. Las autoridades impusieron condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. El Frente Polisario, que administraba los campos establecidos en Argelia para la población refugiada del Sáhara Occidental, detuvo al menos a dos personas que se habían mostrado críticas.

Información general

En octubre, el Consejo Nacional de Derechos Humanos recomendó la despenalización de las relaciones sexuales entre personas adultas no casadas. Ese mismo mes, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), sin incluir en él un componente de derechos humanos.

En febrero, Marruecos suspendió su pertenencia a la coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en el conflicto armado de Yemen.

Libertad de expresión

Las autoridades siguieron hostigando a periodistas, blogueros y blogueras, artistas y activistas por expresar sus opiniones de forma pacífica. Los tribunales condenaron a prisión al menos a cinco hombres por “insultar” a autoridades. Los cargos se basaban en unas disposiciones del Código Penal que criminalizaban el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

En febrero, un tribunal de la ciudad de Tetuán condenó al bloguero Soufian al Nguad a dos años de prisión por publicar unos comentarios en Internet en los que se criticaba a las autoridades. En noviembre, un tribunal de Salé declaró al rapero Mohamed Mounir (conocido como Gnawi) culpable de “insultar” a las autoridades y lo condenó a un año de prisión y a pagar una multa.[1]

En el Sáhara Occidental, las autoridades marroquíes detuvieron en abril al activista saharaui Ali al Saadouni después de que publicara en Internet un vídeo en el que aparecían activistas izando la bandera del Frente Polisario, que pedía la independencia del Sáhara Occidental y había establecido un gobierno autodeclarado en el exilio. En julio, un tribunal de El Aaiún impuso a la periodista ciudadana Nazha el Khalidi una multa de 4.000 dírhams (400 dólares norteamericanos) por haber transmitido en directo por Facebook una protesta en 2018 sin contar con la debida acreditación. En noviembre, el tribunal de El Aaiún condenó a la activista saharaui Mahfouda Bamba Lefkir a seis meses de prisión por “ofender” a las autoridades tras “decir algo inapropiado” a un juez en los tribunales.

Amnistía Internacional concluyó que desde 2017 se había estado utilizando una tecnología de vigilancia desarrollada por la empresa israelí NSO Group contra dos defensores marroquíes de los derechos humanos, Maati Monjib y Abdessadak el Bouchattaoui.[2] Ambos habían recibido mensajes con enlaces que, al seguirlos, instalaban en secreto el programa Pegasus, que permitía a quien los había enviado tener un control casi absoluto del teléfono. En diciembre, ocho activistas de la sociedad civil contra quienes se había utilizado este programa espía presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Control para la Protección de los Datos Personales. Se sabía que NSO Group sólo vendía sus programas espía a organismos gubernamentales, lo cual hacía temer que los servicios de seguridad marroquíes estuvieran detrás de estas actividades de vigilancia.

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades no investigaban suficientemente las denuncias de tortura y otros malos tratos, lo que daba lugar a juicios sin garantías. Había varios casos registrados de reclusión prolongada en régimen de aislamiento, práctica constitutiva de tortura u otros malos tratos.

En abril, el Tribunal de Apelaciones de Casablanca confirmó las penas de hasta 20 años de prisión impuestas a 43 personas condenadas en relación con las manifestaciones por la justicia social que habían tenido lugar en 2017 en la región septentrional del Rif (las protestas del movimiento Hirak). La sentencia condenatoria se había basado en pruebas obtenidas presuntamente mediante tortura u otros malos tratos. Las autoridades penitenciarias castigaron con reclusión en régimen de aislamiento y restricción de visitas familiares a personas que habían participado en protestas.

Taoufik Bouachrine, ex director del periódico independiente Ajbar al Yaum, llevaba sometido a reclusión prolongada en régimen de aislamiento en la prisión de Ain el Borja desde febrero de 2018. En octubre, el Tribunal de Apelaciones de Casablanca aumentó de 12 a 15 años la condena de prisión que le había sido impuesta por agresión sexual.

Las autoridades mantenían recluidos a 23 saharauis que habían sido condenados en 2013 y 2017 en juicios sin garantías y empañados por la ausencia de investigación adecuada de denuncias de tortura. Habían sido declarados culpables de responsabilidad en la muerte de 11 integrantes de las fuerzas de seguridad durante enfrentamientos que habían estallado al desmantelar éstas un extenso campamento de protesta en Gdeim Izik (Sáhara Occidental) en 2010.

Libertad de asociación y de reunión

Las autoridades restringieron en varias ocasiones el derecho a la libertad de asociación y de reunión.

En abril, el gobierno disolvió Racines, asociación cultural legalmente reconocida que había organizado una conversación online en la que las personas invitadas criticaron a las autoridades.[3]En julio se prohibió a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos organizar un acto previamente autorizado después de que éste tuviera que trasladarse a la sede de la Confederación Democrática del Trabajo en Azrou.

Las autoridades utilizaron un vacío legal para impedir que 62 secciones locales de la Asociación desarrollaran sus actividades legalmente. Se negaron a aceptar la documentación para la renovación de la inscripción en registro presentada por 52 de ellas y no entregaron los recibos de la documentación presentada por otras 10. La legislación marroquí permitía a las asociaciones desarrollar sus actividades desde el momento en que presentaban la documentación para la inscripción en registro a los organismos administrativos locales y recibían el correspondiente recibo, siempre y cuando las autoridades no se opusieran formalmente a su creación.

El 23 de abril, la policía hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza contra una manifestación pacífica de docentes organizada en Rabat para pedir mejores condiciones laborales. La policía utilizó cañones de agua y porras para dispersar a quienes se manifestaban e impedirles llevar a cabo la marcha. En octubre, las autoridades locales prohibieron por “motivos de seguridad” las manifestaciones organizadas en Alhucemas para conmemorar la muerte de Mouhcine Fikri, pescador que había muerto en 2016 en esta ciudad durante una campaña policial contra la pesca ilegal.

En el Sáhara Occidental, la policía hizo el 19 de julio uso excesivo de la fuerza –empleando incluso balas de goma, porras y cañones de agua– contra manifestantes que celebraban la victoria de Argelia en la final de la Copa Africana de Naciones de fútbol. Sabah Njourni murió al ser atropellada por dos vehículos de las fuerzas auxiliares marroquíes. Las autoridades abrieron una investigación, pero los resultados no se habían hecho públicos al finalizar del año. Se estimaba que en esta actuación policial podrían haber resultado heridas hasta 80 personas, pero no se conocía el número exacto porque muchas no acudieron al hospital por temor a sufrir represalias.[4]

Personas migrantes

Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas migrantes. Trasladaron a la fuerza a más de 11.000 al sur del país y devolvieron a más de 1.000 a sus países de origen, al parecer sin seguir el debido proceso en muchos casos. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, las autoridades recluyeron a decenas de hombres, mujeres, niños y niñas subsaharianos en un centro no oficial de detención situado en Arekmane, cerca de la ciudad de Nador, en la región del Rif, antes de trasladarlos a la fuerza a ciudades del sur del país, enviarlos a Argelia —donde podían detenerlos de nuevo—, o devolverlos a países como Camerún, Malí y Senegal.

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían sometidas a discriminación, incluida violencia sexual y otros tipos de violencia de género Marruecos había aprobado en 2018 una ley de prevención de la violencia contra las mujeres, pero los mecanismos para aplicarla seguían siendo débiles. Según una encuesta nacional sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres, realizada entre enero y marzo, más de la mitad de las mujeres marroquíes se habían visto afectadas por la violencia, pero sólo el 6,6% de las sobrevivientes habían presentado denuncias ante las autoridades por falta de confianza en la capacidad de éstas para llevar a cabo las investigaciones adecuadas y hacer rendir cuentas a los responsables. 

El aborto seguía estando penalizado en todas las circunstancias, a menos que la salud de la mujer embarazada corriera peligro y su esposo aceptara el procedimiento, lo que restringía la autonomía de las mujeres para tomar decisiones. En todos los demás casos, las mujeres que buscaban abortar o que se sometían a un aborto, así como las personas profesionales de la salud directamente implicadas en la práctica de abortos, se exponían al encarcelamiento y otras sanciones. El 30 de septiembre, la periodista Hajar Raissouni fue condenada a un año de prisión por someterse presuntamente a un aborto ilegal y mantener relaciones sexuales prematrimoniales. Su novio, Amin Rifaat, también fue condenado a un año de prisión por las mismas acusaciones. Un médico presuntamente implicado en el caso fue condenado a dos años de prisión e inhabilitado para ejercer la medicina durante dos años. A dos profesionales de la salud más les impusieron penas condicionales de prisión. El 17 de octubre, el rey indultó a estas cinco personas por razones de humanidad.[5]

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

La policía siguió hostigando a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en razón de su orientación sexual o identidad de género. Quienes sobrevivían a agresiones homófobas y tránsfobas no acudían a la policía a denunciarlas por temor a ser objeto de detención en virtud del artículo 489 del Código Penal. Las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas seguían siendo un delito punible con hasta tres años de prisión en virtud de ese artículo.

Derechos económicos, sociales y culturales

En abril, el gobierno presentó al Parlamento un anteproyecto de ley para regular las huelgas. El texto contenía estrictas restricciones del derecho a la huelga, garantizado por la Constitución y el derecho internacional, entre ellas medidas por las que se imponían sanciones económicas y penales a los trabajadores y trabajadoras por ir a la huelga de manera pacífica. Tras la presión ejercida por organizaciones obreras internacionales y nacionales, el anteproyecto de ley fue retirado. Sin embargo, su situación quedó sin aclarar.

En junio, tras decenios de trabajo de campaña llevado a cabo por activistas, el Parlamento aprobó por unanimidad un proyecto de ley que confirmaba el amazigh como idioma oficial al mismo nivel que el árabe. Este idioma había sido reconocido por primera vez como tal en la Constitución de 2011, pero el objetivo de la nueva ley era hacer efectiva su condición de lengua oficial en todas las áreas prioritarias de la vida pública, integrándolo en la educación, la legislación, los medios informativos y la comunicación, además de las actividades artísticas y culturales. Según un censo de 2004, un total de 8 millones de personas —la cuarta parte de la población— se expresaban cotidianamente en uno de los tres dialectos principales del amazigh en Marruecos.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones. La última ejecución había tenido lugar en 1993.

Campos del Frente Polisario

Desde junio, el Frente Polisario —que administraba los campos establecidos en Argelia para la población refugiada del Sáhara Occidental— detuvo al menos a dos personas que se habían mostrado críticas, mientras un juez de instrucción investigaba los cargos de traición y otros delitos que pesaban contra ellas.

El Frente Polisario no veló por que las personas responsables de los abusos contra los derechos humanos cometidos en los campos en decenios anteriores rindieran cuentas.


[1] Marruecos: La condena del rapero Gnawi a un año de prisión, un ataque flagrante contra la libertad de expresión (noticia, 25 de noviembre)

[2] Dos defensores de los derechos humanos marroquíes, blanco de un programa espía malicioso de la empresa israelí NSO Group (noticia, 10 de octubre)

[3] Marruecos: Se insta a dejar de intentar disolver asociación cultural (noticia, 18 de enero)

[4] Marruecos y el Sáhara Occidental: Debe investigarse la represión brutal de manifestantes saharauis (noticia, 1 de agosto)

[5] Marruecos: Liberación de una periodista encarcelada tras ser acusada de someterse a un aborto (noticia, 17 de octubre)

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