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Libia

Libia 2019

Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra. Los combates librados en Trípoli y sus alrededores entre el Ejército Nacional Libio y las fuerzas y milicias leales al Gobierno de Acuerdo Nacional mataron a decenas de civiles, hirieron a cientos más y causaron el desplazamiento de decenas de miles. Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a miles de personas, en la mayoría de los casos de forma indefinida y sin proceso judicial. Asimismo, tomaron a algunas como rehenes para pedir rescate u obligar a liberar a una persona detenida o cautiva. La tortura y otros malos tratos eran prácticas generalizadas en cárceles, centros de detención y lugares de detención no oficiales. Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad reprimieron la libertad de expresión, acosando, secuestrando y atacando a figuras políticas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de otros ámbitos. Un periodista fue víctima de homicidio ilegítimo y 10 más sufrieron detención arbitraria. Las autoridades libias no protegían a las mujeres de la violencia de género a manos de milicias y grupos armados. Los actos de intimidación, amenaza y violencia cometidos por grupos armados y milicias contra profesionales de la abogacía y miembros de la judicatura socavaron gravemente el sistema de justicia. La situación continuó siendo desoladora para decenas de miles de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, que estaban expuestas a ser detenidas arbitrariamente y secuestradas por las milicias y eran con frecuencia víctimas de abusos y tráfico de seres humanos cometidos por grupos delictivos. Las autoridades continuaron sometiendo a miles de personas a detención ilegal en centros donde sufrían explotación, trabajo forzado y tortura y otros malos tratos. Se tuvo noticia de numerosos casos de personas perseguidas por fuerzas de seguridad, grupos armados y milicias debido a su orientación sexual. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte, pero no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

Información general

Las milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad afines al Gobierno de Acuerdo Nacional —respaldado por la ONU, dirigido por el primer ministro Fayez al Sarraj y con sede en Trípoli— y el autoproclamado Ejército Nacional Libio —dirigido por el general Jalifa Haftar y vinculado al gobierno provisional establecido en el este de Libia— continuaron actuando al margen de la ley.

En enero, el Ejército Nacional Libio, apoyado por grupos armados locales, lanzó una operación para arrebatar el control de la ciudad de Sabha y de otras zonas del sur de Libia al Gobierno de Acuerdo Nacional y las facciones locales y consolidar así su dominio territorial en el suroeste del país. En abril estallaron combates entre el Ejército Nacional Libio y el Gobierno de Acuerdo Nacional y sus milicias aliadas tras lanzar el primero una ofensiva para tomar el control de la capital, Trípoli, y las zonas circundantes. Este conflicto seguía en curso al terminar el año, sin que ninguno de los bandos hubiera hecho conquistas territoriales significativas. El grupo armado autodenominado Estado Islámico, que mantenía una presencia en el extremo sur de Libia, continuó llevando a cabo ataques esporádicos y sufrió bombardeos aéreos de Estados Unidos.

El proceso político continuó estancado. La ofensiva de abril del Ejército Nacional Libio comenzó días antes de la fecha prevista para la inauguración de una conferencia nacional auspiciada por la ONU. En lugar de acordar una posición común sobre Libia, la comunidad internacional fomentó la disposición y capacidad de ambos bandos para mantener las hostilidades. El Ejército Nacional Libio estaba respaldado por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto, Francia y Rusia, y el Gobierno de Acuerdo Nacional, por Turquía, Qatar e Italia.

Conflicto armado

En el contexto de las hostilidades, milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad continuaron cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra, y violaciones graves de derechos humanos. Según la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) y la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, al menos 284 civiles perdieron la vida y 363 sufrieron lesiones durante el año como consecuencia del conflicto armado. La mayoría de estas muertes y lesiones fueron el resultado de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por el Ejército Nacional Libio y por el Gobierno de Acuerdo Nacional, incluidos ataques indiscriminados con armas explosivas poco precisas en zonas civiles pobladas.[1]

Los ataques aéreos y de artillería del Ejército Nacional Libio y el Gobierno de Acuerdo Nacional alcanzaron viviendas y otras infraestructuras civiles, como escuelas y comercios, en Trípoli y sus alrededores, así como el aeropuerto de Mitiga de la ciudad. El 2 de julio, el Ejército Nacional Libio llevó a cabo un ataque contra un centro de detención de migrantes en Tayura, en el extrarradio oriental de Trípoli, que mató e hirió a decenas de personas refugiadas y migrantes. Amnistía Internacional documentó asimismo varios ataques perpetrados por el Ejército Nacional Libio contra hospitales de campaña y ambulancias. Uno de los más devastadores ocurrió el 27 de julio, cuando el impacto de misiles lanzados contra un hospital temporal de campaña próximo al aeropuerto internacional de Trípoli, en el sur de la ciudad, mató a cinco miembros del personal médico y de socorro e hirió a ocho personas más. Los combates librados en Trípoli y sus alrededores causaron el desplazamiento de más de 140.000 personas, agravaron las necesidades de ayuda humanitaria e interrumpieron el acceso a asistencia médica, suministro eléctrico y otros servicios básicos.

La operación que el Ejército Nacional Libio emprendió en el sur a principios de año causó decenas de muertes y lesiones entre la población civil. Continuaron los enfrentamientos intermitentes en la localidad meridional de Murzuq. El 4 de agosto, al menos 43 personas murieron en una reunión que se celebraba en el ayuntamiento del distrito residencial de Al Qalaa, en Murzuq, que sufrió un ataque aéreo. El Ejército Nacional Libio confirmó que había lanzado un ataque sobre Murzuq en esa fecha pero negó que fuera dirigido contra civiles. A raíz del ataque estallaron intensos combates urbanos entre las comunidades tebu y alahali, se saquearon viviendas y comercios y hubo desplazamientos masivos.

Violando un embargo integral de armas de la ONU que llevaba en vigor desde 2011, terceros países respaldaron al Ejército Nacional Libio y al Gobierno de Acuerdo Nacional con transferencias ilícitas de armas y apoyo militar directo. Turquía, principal patrocinador del Gobierno de Acuerdo Nacional, le suministró vehículos acorazados de combate Kirpi y drones armados Bayraktar TB2. Emiratos Árabes Unidos, principal patrocinador del Ejército Nacional Libio, le suministró drones Wing Loong de fabricación china e hizo uso de ellos en su nombre.

Detención y reclusión arbitrarias

Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad continuaron sometiendo a detención arbitraria a miles de personas. Muchas de ellas estaban privadas de libertad desde 2011, la mayoría sujetas a reclusión indefinida y sin supervisión judicial ni medios para impugnar la legalidad de su detención. En la prisión de Mitiga, situada en el extrarradio oriental de Trípoli y administrada por la Fuerza Especial de Disuasión (RADA) –milicia afín al Gobierno de Acuerdo Nacional e incluida en su nómina–, había cientos de personas sometidas a detención indefinida sin proceso judicial, hacinadas en celdas, sin agua ni alimentos suficientes y sin acceso a servicios médicos.

Tortura y otros malos tratos

Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad practicaban torturas y otros malos tratos de forma generalizada en cárceles, centros de detención y lugares no oficiales de detención. Amnistía Internacional documentó casos de personas detenidas que habían sido sometidas a simulacros de ejecución, palizas y latigazos, y a reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Las personas detenidas eran también víctimas de violación –incluso mediante la introducción de objetos en el ano– y otras formas de violencia sexual.

Toma de rehenes

Actuando por su cuenta o a las órdenes del Ejército Nacional Libio o del Gobierno de Acuerdo Nacional, milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad continuaron secuestrando a personas para utilizarlas como rehenes. Con frecuencia, los secuestros tenían como fin pedir un rescate u obligar a liberar a una persona detenida o cautiva. Normalmente se elegía a las víctimas en función de su origen regional, sus presuntas ideas políticas, su profesión o su supuesta riqueza. Por ejemplo, en octubre, un grupo armado local de la ciudad noroccidental de Zintan sometió a seis trabajadores médicos a secuestro y cautividad durante 12 días con el fin de presionar al Gobierno de Acuerdo Nacional para que pusiera en libertad a un vecino de la ciudad detenido por la RADA.

Libertad de expresión

Fuerzas de seguridad, grupos armados y milicias reprimieron la libertad de expresión hostigando, secuestrando y atacando a figuras políticas y a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de otros ámbitos, que en muchos casos tuvieron que huir del país. Los ataques a periodistas fueron una tendencia especialmente preocupante en 2019. La UNSMIL documentó un homicidio ilegítimo y más de 10 arrestos y detenciones arbitrarios de periodistas. Por ejemplo, en mayo, la Brigada Al Kaniat, grupo armado afín al Ejército Nacional Libio, mantuvo cautivos durante 22 días cerca de Trípoli a Mohamed al Qaraj y Mohamed al Shibani, periodistas de la cadena de televisión libia Alahrar TV.

En toda Libia, quienes de dedicaban al periodismo o trabajaban en medios de comunicación, escribían blogs o utilizaban activamente las redes sociales sufrían también persecución en forma de interrogatorios llevados a cabo por fuerzas de seguridad, milicias y grupos armados como método de intimidación y para silenciar la disidencia. Según el Centro Libio para la Libertad de Prensa, nunca llegaría a conocerse el número real de periodistas y blogueros y blogueras que habían sufrido intimidación o abusos ya que en muchos casos las víctimas se negaban a hablar en público de estos incidentes por miedo a represalias contra ellas o sus familias.

El 6 de mayo, el Ejército Nacional Libio emitió una declaración en la que amenazaba con hacer “caer el peso de la ley” sobre toda figura mediática, periodista, activista o analista de procesos políticos que se opusiera públicamente a su ofensiva contra Trípoli, y afirmaba que tales personas eran culpables de “instigar el odio y el delito contra las fuerzas armadas” y “apoyar el terrorismo”. El 17 de julio, en Bengasi, unos hombres armados irrumpieron por la noche en la casa de la parlamentaria Siham Sergiwa, que ese mismo día había criticado la ofensiva del Ejército Nacional Libio sobre Trípoli en una entrevista televisiva, y la secuestraron. Sus familiares no habían tenido noticia de su paradero al terminar el año.

Derechos de las mujeres

Especialmente en el caso de las periodistas, blogueras y defensoras de los derechos humanos y otras activistas, las autoridades libias no protegían a las mujeres de la violencia de género a manos de milicias y grupos armados ni garantizaban que pudieran expresarse con libertad. Las que alzaban la voz contra la corrupción o las acciones violentas de las milicias, el Ejército Nacional Libio o el Gobierno de Acuerdo Nacional eran objeto de amenazas, secuestro y violencia de género.

En octubre, hombres armados asaltaron dos cafés de Trípoli para intimidar a las mujeres que no estuvieran acompañadas de un familiar varón: exigieron ver los certificados de matrimonio de las personas presentes, sacaron de los establecimientos a los hombres que estaban con alguna amiga para interrogarlos y dijeron a las mujeres que debían ir acompañadas de sus esposos o de familiares varones. Los asaltos desataron una oleada de críticas contra la RADA en las redes sociales, aunque un portavoz negó que esta fuerza hubiera sido la responsable.

Sistema de justicia e impunidad

El sistema de justicia siguió funcionando con una capacidad muy limitada. Aunque el país estaba dividido, la judicatura actuaba oficialmente bajo una sola autoridad, el Consejo Judicial Supremo. Sin embargo, las fiscalías y la judicatura eran en general incapaces de ofrecer un recurso efectivo a las víctimas de delitos, incluidas las violaciones de derechos humanos, debido a las constantes amenazas, intimidaciones y actos de violencia cometidos por milicias y grupos armados contra profesionales de la abogacía y miembros de la judicatura.

En el ámbito internacional, la Corte Penal Internacional continuaba teniendo jurisdicción sobre los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2011, en virtud de una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, siguieron sin ejecutarse las órdenes de detención dictadas contra Saif al Islam Gadafi, Mahmoud al Werfalli y Al Tuhamy Mohamed Khaled, cuyo paradero seguía con conocerse. En el 42º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en septiembre, la alta comisionada adjunta para los derechos humanos y el representante especial del secretario general hicieron hincapié en la necesidad de rendición de cuentas en Libia y pidieron el establecimiento de un mecanismo internacional de investigación para documentar abusos y violaciones de derechos humanos.

Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

La situación continuó siendo desoladora para decenas de miles de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, que estaban expuestas a ser detenidas arbitrariamente y secuestradas por las milicias y eran con frecuencia víctimas de abusos y tráfico de seres humanos cometidos por grupos delictivos. Además, debido a las hostilidades, corrían peligros aún mayores.

Las autoridades continuaban manteniendo a miles de personas recluidas ilegalmente en centros administrados por la Dirección General para la Lucha contra la Inmigración Ilegal, donde las sometían a explotación y trabajo forzado. También las sometían a tortura y otros malos tratos, incluida violación, a menudo para obtener dinero de sus familias a cambio de su liberación.

Las personas detenidas vivían en condiciones inhumanas, soportando hacinamiento y falta de comida, agua y tratamiento médico. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al menos 22 personas migrantes y refugiadas murieron de tuberculosis y otras enfermedades contraídas durante su reclusión en un centro de Zintan entre septiembre de 2018 y julio de 2019. Se siguió recluyendo a personas refugiadas y migrantes en centros de detención próximos a zonas de combate, donde corrían peligro de morir o resultar heridas en ataques indiscriminados o selectivos, como el perpetrado el 2 de julio contra el centro de detención para migrantes de Tayura (véase supra).

En 2019 fueron evacuadas al menos 9.798 personas migrantes por medio de operaciones de “retorno voluntario asistido”, así como 2.427 personas refugiadas acogidas a programas de reasentamiento o con necesidades humanitarias. Sin embargo, los centros de detención libios volvían a llenarse periódicamente, ya que las autoridades marítimas de Libia, en particular la Guardia Costera, interceptaron a lo largo del año al menos a 9.225 personas refugiadas y migrantes cuando cruzaban el Mediterráneo central y devolvieron a ellos a la mayoría. Continuaron las amenazas a las ONG que llevaban a cabo operaciones de búsqueda y salvamento, así como el uso de violencia contra las personas refugiadas y migrantes en el curso de estas operaciones y en los puntos de desembarco. Por ejemplo, en septiembre, las autoridades libias mataron a tiros a un hombre sudanés durante un desembarco en el que un grupo de personas refugiadas y migrantes intentaron evitar ser detenidas. En septiembre, el Gobierno de Acuerdo Nacional adoptó un código de conducta para restringir las operaciones de salvamento de ONG y otras entidades.

A lo largo del año, Italia y otros Estados miembros de la UE continuaron apoyando a las autoridades marítimas de Libia, entre otras, por medios como donar lanchas motoras, formar a tripulaciones y prestar otras formas de asistencia.

Libia, que no era Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, continuó negándose a reconocer plenamente al ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. El Centro de Concentración y Salidas, establecido por el ACNUR y el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular a finales de 2018, estuvo operativo todo el año. El ACNUR dijo que estaba masificado y falto de recursos, con el consiguiente “deterioro de las condiciones de vida”, y en noviembre calificó su situación de “insostenible”. En septiembre, el ACNUR estableció un mecanismo de tránsito de emergencia en Ruanda para evacuar a un número limitado de personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Amnistía Internacional recibió numerosos informes sobre personas chantajeadas, secuestradas, detenidas o perseguidas de alguna otra forma por fuerzas de seguridad, grupos armados y milicias debido a su orientación sexual.

Pena de muerte

Aunque no hubo noticia de ejecuciones, los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte.


[1] Libya’s relentless militia war. Civilians harmed in the battle for Tripoli, April-August 2019 (MDE 19/1201/2019)

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